La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Martín Kunz, el exliceísta que en 2022 atacó a un grupo de cadetes del Liceo Militar General Belgrano y asesinó al chofer que los trasladaba.

La resolución, fechada el 24 de febrero pasado, desestimó todos los agravios presentados por la defensa pública y ratificó que el imputado actuó con una "ultra finalidad" delictiva. Los jueces Martha Feijoó, Roberto Prieu Mántaras y Jorge Andrés concluyeron que la sentencia de primera instancia fue debidamente fundada y que no se vulneraron garantías constitucionales durante el proceso.

El caso, que se remonta al mediodía del 19 de agosto de 2022, dejó una huella imborrable tanto en las víctimas y sus familiares como en la comunidad toda. Kunz fue hallado culpable de “homicidio calificado criminis causa” por la muerte de Rubén Walesberg, además de cuatro “tentativas de homicidio” y siete “privaciones ilegítimas de la libertad” de los cadetes que viajaban en el transporte escolar.

Con esta sentencia confirmatoria, la Justicia reafirmó que el asesinato del transportista no fue un hecho aislado, sino el medio necesario que el atacante eligió para tomar el control total del vehículo y de sus jóvenes ocupantes.

A pesar de los intentos de la defensa por anular el juicio o reducir la calificación a un homicidio simple, la alzada fue contundente en su análisis. Los magistrados consideraron que la prueba producida, que incluyó registros fílmicos, testimonios de las víctimas y pericias forenses, es abrumadora y no deja lugar a dudas sobre la autoría y la intención de Kunz.

La reconstrucción de los hechos plasmada en el fallo judicial describe una secuencia de terror que se inició en la parada habitual de la panadería "La Perla de Colastiné", en el kilómetro 1 de la Ruta Provincial N° 1. Según los testimonios coincidentes, el transporte que trasladaba a los cadetes del Liceo Militar de Santa Fe hacia San Javier se detuvo allí para que compraran el almuerzo.

Fue en ese momento cuando Kunz ingresó de forma intempestiva al vehículo y, sin mediar palabra, atacó a Walesberg con un cuchillo de 27 centímetros de largo. El chofer, herido de muerte en la zona auricular, alcanzó a descender de la camioneta antes de desplomarse ensangrentado sobre la vereda, a la vista de todos.

Con el conductor fuera de combate, Kunz inició un segundo ataque dentro del habitáculo contra los menores de edad. Las heridas no fueron superficiales: uno de los cadetes sufrió lesiones de tal gravedad que perdió la consciencia y sufrió una parálisis facial como resultado del ataque.

Tras herir a otros jóvenes y darse cuenta de que tres cadetes habían logrado escapar, Kunz cerró las puertas, impidiendo la salida del resto de los pasajeros. Bajo amenazas de muerte y con una frase que quedó grabada en las víctimas -"recen, recen para que no los mate"-, obligó a un chico de 14 años a conducir el vehículo por varios kilómetros, hasta que fueron interceptados por la policía.

Durante la apelación, la defensa de Kunz intentó invalidar el proceso cuestionando la falta de presencialidad física del acusado -quien siguió el juicio por Zoom- y la supuesta irregularidad en la cadena de custodia de una bolsa con evidencias.

Sin embargo, la jueza Feijoó fue clara al señalar que el sistema de videoconferencia permitió a Kunz observar todo lo ocurrido y comunicarse con su abogada en todo momento, garantizando así su derecho de defensa.

El tribunal también rechazó la teoría del "fruto del árbol envenenado", argumentando que la condena no dependía exclusivamente de la prueba cuestionada por la defensa, sino de un plexo probatorio sólido y autónomo.

Respecto a la calificación legal, el tribunal ratificó el criminis causae. Los jueces explicaron que para que exista esta figura debe haber una conexión ideológica en el agente: Kunz mató al chofer para "sacárselo de encima" y así poder privar de la libertad a los alumnos y llevárselos a otro lugar.

"La muerte de Walesberg fue el medio elegido por Kunz para tomar el control del vehículo", sentencia el fallo.

Finalmente, la Cámara desestimó la conjetura defensiva sobre una supuesta agresión inicial por parte de los cadetes, aclarando que los sables que portaban eran netamente ornamentales y carecían de capacidad lesiva frente al arma blanca utilizada por el condenado.

Con el rechazo de todos los agravios y la confirmación de su condena, Kunz permanecerá en prisión cumpliendo la pena máxima.

El hermetismo del Penal de Magdalena se vio sacudido por la actividad digital de su interna más mediática. Morena Rial (27), quien permanece detenida tras una dura resolución judicial, logró burlar las restricciones de comunicación para enviar un mensaje directo.

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un video que marca su "regreso" mediático, aún habitando un pabellón del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La situación procesal de Morena es crítica. La joven se encuentra tras las rejas luego de que la Justicia decidiera revocarle la excarcelación de la que gozaba.

El motivo fue el incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas en la causa que la investiga como presunta integrante de una banda dedicada a robos en viviendas (modalidad "escruche") en la zona de San Isidro. Ante las faltas de la mediática, la justicia ordenó su detención efectiva mientras espera el inicio del juicio oral.

En su perfil de Instagram, Morena actualizó su biografía con una frase cortante: “Volví, ya fue. Única cuenta. Mamá de Fran y Amadeo”. Sin embargo, lo que encendió la polémica este miércoles fue una historia donde se la ve en primer plano, utilizando un filtro que le suma pecas al rostro.

En el clip, Morena hace lip-sync del tema "Cuando no era cantante", de El Bogueto y Yung Beef. La elección de la letra, cargada de jerga urbana y referencias a la resistencia, parece ser un mensaje para sus detractores y para su propio entorno familiar.

A pesar de la gravedad de la acusación —integrar una asociación ilícita para delinquir—, la hija de Jorge Rial se mostró relajada y desafiante ante la cámara.

La publicación disparó una alerta inmediata en la Unidad 51 de Magdalena. Si bien el uso de celulares en las cárceles bonaerenses está permitido bajo protocolos específicos para mantener vínculos familiares, el acceso a redes sociales y la generación de contenido público están prohibidos.

Las autoridades investigan si el dispositivo fue ingresado de forma ilegal o si Morena utilizó de manera indebida el teléfono autorizado. La frescura del video y el uso del filtro sugieren que fue capturado en tiempo real dentro de la celda, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias que compliquen aún más su situación procesal ante el juzgado de San Isidro.

En su feed, las selfies de sus días de libertad conviven con esta nueva realidad de encierro. Mientras su padre mantiene un silencio absoluto y se enfoca en su carrera, Morena parece haber decidido que su mejor defensa es la provocación digital.

Para la joven de 27 años, el "volví" de su biografía es un aviso de que no piensa pasar desapercibida, incluso cuando la acusación de liderar una banda de delincuentes la tiene a las puertas de un juicio que podría terminar en una condena de cumplimiento efectivo por varios años.

La Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (UFE Ge.Fa.S.) de la Fiscalía Regional I de Santa Fe elevó la requisitoria de acusación contra Eduardo Aguirre, un hombre de 51 años oriundo de la ciudad de Vera, imputado por haber abusado sexualmente de su hijastra, una joven con discapacidad intelectual, mientras ambas acompañaban a la madre internada en una clínica privada de la capital santafesina.

Según la fiscal Jorgelina Moser Ferro, el hecho tuvo lugar en febrero de 2025 en la habitación 105 del sanatorio, donde se encontraba internada la madre de la víctima. Durante la noche, la joven –bajo los efectos de una fuerte medicación– fue atacada por Aguirre mientras dormía en un sillón, al lado de la cama de su madre. El ataque fue interrumpido cuando la mujer despertó y enfrentó al agresor: “Dejala, dejala”, le habría gritado.

La conducta fue encuadrada como abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda, lo que motivó el pedido de una pena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas. La fiscal fundamentó su solicitud en la vulnerabilidad de la víctima, el vínculo de confianza con el acusado y la reincidencia, ya que Aguirre había sido condenado en 2017 por abuso sexual simple agravado contra otra menor del mismo entorno familiar.

Durante la investigación, se incorporaron como prueba los mensajes enviados por Aguirre en los que obligaba a la víctima a viajar a Santa Fe para cuidar a su madre. La denuncia fue impulsada por una tía de la joven, y se sumaron testimonios de familiares, personal médico y profesionales del Centro de Día “Joaquín Paz” de Vera, donde la víctima recibe atención desde hace años.

Además, la declaración en Cámara Gesell de la propia joven incluyó no solo el relato del abuso en la clínica, sino también hechos de abuso sufridos durante su infancia cuando convivía con Aguirre y su madre en Vera. Otros testimonios incluso refieren que los episodios de violencia sexual fueron conocidos por trabajadores de la Subsecretaría de Niñez.

Actualmente, Eduardo Aguirre se encuentra detenido por orden de la fiscal. Se espera que en el plazo de un mes se convoque a la audiencia preliminar, previa al juicio oral, que podría desarrollarse durante la primera mitad de 2026.

El vecino de barrio Fonavi San Jerónimo, Oscar Pain, quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por exhibiciones obscenas agravadas y amenazas calificadas con arma. La medida fue dispuesta por el juez Sergio Carraro a pedido de la fiscal Luciana Escobar Cello.

La semana pasada, Pain siguió a una adolescente hasta la escuela, la tomó del brazo y forcejeó con ella. Fue detenido pero recuperó la libertad por falta de pruebas. Al día siguiente, según la acusación fiscal, realizó exhibiciones obscenas frente a vecinos del barrio, entre ellos menores de edad, lo que derivó en una nueva detención.

Durante la investigación también surgió un antecedente del 3 de enero, cuando un vecino denunció que fue amenazado con un machete tras cuestionarle su conducta hacia las niñas.

En la audiencia, madres de dos niñas declararon que sus hijas sufren hostigamiento desde hace tiempo y temen salir a la calle. También remarcaron que el acusado conoce las rutinas de las menores.

La fiscal sostuvo que Pain persistió en sus conductas incluso tras haber sido notificado de una medida de distancia. Argumentó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que los vecinos temen denunciarlo y las víctimas aún no declararon en cámara Gesell.

La defensora pública Soledad Estrada pidió la libertad de Pain y planteó que padece esquizofrenia, por lo que debe ser evaluado por organismos de salud mental. Solicitó determinar si corresponde una internación involuntaria.

El juez Carraro ordenó que el acusado sea sometido a estudios en el Hospital Mira y López para definir diagnóstico y tratamiento. Posteriormente, una Junta Especial de Salud Mental evaluará si está en condiciones de enfrentar el proceso penal.

Carraro dispuso la prisión preventiva, por lo que Pain permanecerá bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial hasta que se completen las evaluaciones psiquiátricas.

El juzgado a cargo de investigar al futbolista brasileño Dani Alves por presuntamente haber violado a una joven en una discoteca de Barcelona acordó mantenerlo en prisión luego de dudar de su última versión en la que se exculpa de los hechos.

Según indicaron fuentes jurídicas a la Agencia EFE, la titular del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona también considera que persiste el riesgo de fuga por parte del exjugador de Pumas.

Tras ser detenido en enero, Dani Alves continúa recluido en la Cárcel Brians 2 de Barcelona, y le había solicitado a la jueza que le permitiera enfrentar el juicio en libertad el pasado 20 de abril, luego de comparecer para dar una cuarta versión de lo ocurrido en la discoteca Sutton la noche del 30 de diciembre del 2022.

Durante esa última presentación el brasileño admitió por primera vez haber mantenido relaciones sexuales con la presunta víctima, pero aseguró que todo fue de manera consentida, y dijo que había mentido en sus confesiones anteriores para evitar mostrar la infidelidad a su esposa.

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La jueza puso en duda el informe que la defensa de Alves presentó como prueba de su inocencia, y a su parecer, es una prueba documental a modo de reconstrucción, y que sus afirmaciones “nada tienen que ver con los hechos.

Para la jueza instructora, transcurridos casi cuatro meses desde la detención de Alves se mantienen los indicios de criminalidad que lo involucran en la violación, por lo que no ve motivos para modificar su situación personal.

En ese sentido, la magistrada contrapone la “persistencia” de la declaración de la víctima con las distinta versiones que el futbolista ha dado de lo sucedido y recuerda que la última de ellas, en la que reconoció por primera vez una penetración vaginal, la ofreció cuando ya disponía de los resultados de las pruebas biológicas, que hallaron restos de semen de Alves en las partes íntimas de la joven.

EFE