La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó prisión preventiva por seis meses para la madre de un niño de 4 años asesinado y su pareja, ambos imputados por homicidio.

La medida fue resuelta por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. En ese marco, Mariela Altamirano fue imputada por homicidio agravado, mientras que Michel Kevin González enfrenta cargos por homicidio simple.

Durante la audiencia, los fiscales señalaron como elemento central el resultado preliminar de la autopsia, que reveló más de 20 lesiones en la cabeza del niño.

Según la acusación, estas lesiones habrían provocado un edema en la zona del cerebelo, que derivó en un paro cardiorrespiratorio.  El fiscal Cristian Olazábal sostuvo que, en base al análisis global de la prueba, el menor solo estuvo al cuidado de los imputados, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

La investigación también se apoya en testimonios de vecinos, que describieron la situación previa al fallecimiento.

Según el relato expuesto en audiencia, una vecina vio a la madre con el niño en brazos y con signos de gravedad, mientras que la mujer habría manifestado que el menor “había sufrido un ataque”. Además, se indicó que el niño no presentaba patologías previas, lo que llevó a descartar causas naturales como origen del fallecimiento.

Los abogados defensores cuestionaron la calificación legal y sostuvieron que no hay elementos concluyentes para atribuir un homicidio. Argumentaron que el informe forense menciona que la inflamación cerebral podría responder a diversas causas, como traumatismos, pero también a enfermedades como meningitis o tumores.

En esa línea, la defensa de la madre planteó que las lesiones podrían corresponder a golpes de menor intensidad, mientras que la del padrastro insistió en la falta de pruebas directas.

Tras escuchar a todas las partes, el juez resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal al considerar que existen riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Con esta decisión, ambos imputados permanecerán detenidos mientras avanza la causa, que continúa en etapa investigativa para esclarecer completamente lo ocurrido.

 El imputado, cuyas iniciales son GEA, tiene 28 años y actualmente reside en la provincia de Córdoba. Se contactó con la víctima por Tik Tok y por WhatsApp.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años al que se investiga por la autoría de los delitos de grooming y de amenazas coactivas en perjuicio de una niña en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son GEA, transite el proceso judicial privado de su libertad mientras dure el proceso. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por el término de 90 días.

Redes sociales

Odriozola señaló que “entre el 19 y el 31 de octubre del año pasado, el hombre investigado se contactó a través de las redes sociales Tik Tok y WhatsApp con una niña que transita los últimos años de la escolaridad primaria”.

“El imputado mantuvo comunicaciones privadas de índole sexual con la víctima”, afirmó el fiscal en la audiencia y argumentó que “para ello, desplegó una conducta progresiva tendiente a generar un vínculo de confianza y cercanía con la niña, a quien luego le solicitó imágenes íntimas de ella”.

El funcionario del MPA agregó que “el hombre investigado actuó con pleno conocimiento y voluntad, siempre supo que la niña es menor de edad y también le mintió diciéndole que él tenía 16 años”.

Por último, Odriozola relató que “el 31 de octubre del año pasado, a través de WhatsApp, el imputado le envío mensajes intimidatorios a la niña en los que le manifestaba que si no le enviaba más fotos, haría públicas las que ya tenía de ella”. En tal sentido, concluyó que “también le exigió que le brinde datos personales y contactos de sus amigas para contactarlas con el mismo objetivo”.

Riesgos procesales

Odriozola sostuvo que “en base a las evidencias que presentamos, y con el grado de probabilidad requerido en esta etapa inicial de la investigación, el juez consideró acreditadas la autoría y la materialidad del ilícito”.

“El magistrado también sostuvo que, en caso de que se imponga una eventual condena, podría ser de ejecución efectiva en virtud de las características de los hechos ilícitos investigados”, remarcó el fiscal y agregó que “el juez manifestó que esto impacta de manera directa en los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”.

Finalmente, Odriozola hizo hincapié en que “Bottero entendió que era necesario cautelar las diligencias que aún restan realizar, entre ellas, la entrevista que se realizará a la niña en Cámara Gesell y los testimonios de los testigos”. En tal sentido, el fiscal concluyó que “a pesar del pedido de medidas alternativas que hizo la Defensa del imputado, el juez lo rechazó e hizo lugar a nuestro planteo”.

Calificación penal

Al imputado de 28 años se lo investiga como autor de los delitos de grooming y coacciones.

El dueño de la tarjeta recibió la notificación de la compra por mail y no dudó en interceptar al ladrón. Ahora, la justicia le dictó prisión preventiva en el marco de la investigación de los hechos.

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Quedó en prisión preventiva un hombre de 29 años que es investigado por haber realizado una compra en un local comercial con una tarjeta de débito sustraída en Sunchales (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguín, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son FAC, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

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Los hechos

Castellano relató que “el jueves pasado, aproximadamente a las 21:30, el imputado sustrajo de un automóvil marca Chevrolet modelo Agile una billetera que contenía tarjetas de débito y de crédito, dinero en efectivo y documentación del propietario del vehículo”. Al respecto, aclaró que “el auto estaba estacionado en calle Juan B. Justo al 1.600”.

El fiscal expuso que “luego el hombre investigado se dirigió a un bar ubicado en Avenida Independencia y Ameghino y encargó comida para llevar por 6.300 pesos”. Según remarcó, “pagó con una de las tarjetas de débito de la víctima”.

El representante del MPA explicó que “el titular de la cuenta bancaria recibió en su teléfono celular un alerta de la compra realizada y advirtió el robo cometido en su automóvil”. Entonces, “el hombre y su pareja se dirigieron al local gastronómico, donde les informaron que quien había hecho el pedido debía regresar a retirarlo”, indicó.

“Cuando el imputado llegó, la víctima y su pareja le reclamaron sus pertenencias y él reaccionó violentamente”, aseguró. “Los insultó y agredió físicamente, lo que les provocó lesiones en sus rostros”, detalló.

Castellano planteó que “varias personas que estaban en el bar retuvieron al imputado hasta que actuaron agentes policiales”, y añadió que “quien quedó en prisión preventiva amenazó a los uniformados”.

Además, afirmó que “en la comisaría local, el hombre investigado golpeó e insultó a un integrante de la Guardia Urbana de Sunchales (GUS) que participaba como testigo del procedimiento”, y puntualizó que “no logró herirlo”.

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GarrafaEl fiscal también se refirió a que “el miércoles 11 de enero de este año alrededor de las 3:30, el imputado cometió un hecho ilícito en un comercio localizado en la intersección de la ruta nacional número 34 y la calle San Juan de Sunchales”. En tal sentido, precisó que “se apoderó ilegítimamente de una garrafa de gas de 45 kilogramos a la que previamente le cortó la manguera de conexión”.

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Riesgos procesalesCastellano manifestó que “el juez valoró las evidencias que aportamos desde la Fiscalía y expresó que son suficientes en esta etapa para tener debidamente acreditados los hechos endilgados al imputado y sostener su probable responsabilidad penal”.

Asimismo, señaló que “el magistrado contempló que el hombre investigado cuenta con antecedentes condenatorios y, por lo tanto, la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.

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En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal apuntó que “el peligro de fuga estaba latente en virtud de la falta de arraigo del imputado, ya que no posee residencia fija ni trabajo estable o transitorio”. A su vez, destacó que “el juez ponderó las actitudes violentas desplegadas por el investigado y el temor infundido a las víctimas”.

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Calificación penalAl hombre de 29 años se lo investiga como autor de los delitos de robo, estafa, lesiones leves, amenazas, hurto y atentado contra la autoridad.