La Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazos para tres hombres de 25, 22 y 18 años, investigados por un robo calificado cometido en Rafaela.

Los imputados fueron identificados por sus iniciales como JDG, WNM y TTM. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis y dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 16:30, en una vivienda ubicada en Mahatma Gandhi al 2500.

Según expuso la fiscal Korakis, los tres imputados llegaron hasta la vivienda y uno de ellos conocía al propietario.

Cuando el dueño abrió la puerta, el hombre de 25 años habría ingresado apuntándolo con una pistola y le habría exigido dinero y elementos de valor. Ante la negativa, siempre de acuerdo con la acusación, comenzó a golpearlo en la cabeza con el arma.

En ese momento, la víctima se encontraba junto a sus hijos menores de edad, una sobrina y su esposa. La mujer también habría sido amenazada con el arma y le sustrajeron su teléfono celular.

Los tres hombres escaparon con el teléfono y, según la Fiscalía, regresaron minutos después para exigir la contraseña del dispositivo.

Tras el aviso a la Policía, comenzó una persecución de los hombres de 25 y 22 años. Según relató la fiscal, ambos ingresaron sin autorización a una vivienda ubicada en Anduiza al 1500, donde intentaron ocultarse.

Finalmente fueron detenidos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el teléfono que había sido robado y, al hombre de 25 años, le encontraron además 2,17 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios.

El tercer imputado, de 18 años, fue detenido el viernes pasado como resultado de distintas diligencias realizadas durante la investigación.

La Fiscalía sostuvo que existen elementos que permiten vincular inicialmente a los tres imputados con los hechos investigados.

Al fundamentar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta, según informó el MPA, la pena en expectativa, la utilización de un arma de fuego y la violencia ejercida durante el hecho, además de la presencia de dos mujeres y dos menores de edad en la vivienda.

En el caso del hombre de 25 años, también se consideró un antecedente condenatorio previo, debido a que una eventual nueva condena podría ser de cumplimiento efectivo.

El juez Bottero entendió que permanecen vigentes riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, con especial énfasis en el primero y en la eventual pena a cumplir.

Además, consideró necesario preservar las declaraciones de víctimas y testigos y rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa por considerarlas insuficientes.

Los tres hombres fueron imputados como coautores de robo calificado por el empleo de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda, además de amenazas calificadas por el uso de arma.

A los jóvenes de 25 y 22 años también se les atribuyó la coautoría de violación de domicilio.

Por su parte, al hombre de 25 años se le imputó además la tenencia de estupefacientes, a partir de la cocaína secuestrada durante el procedimiento. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional 5, a cargo de la fiscal Lorena Korakis.

La cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis e impuesta en una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. El imputado tiene 35 años y sus iniciales son EMR. Además se le endilgó haber ingresado sin autorización a otros dos domicilios.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años, cuyas iniciales son EMR, que es investigado por un robo cometido con un arma de fuego en una vivienda en Rafaela.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis e impuesta por el plazo de ley por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

Prisión preventiva

Korakis valoró que “al fundamentar su decisión, el juez sostuvo que las evidencias que presentamos eran suficientes para acreditar los hechos atribuidos con el grado de probabilidad requerido en esta etapa de la investigación”.

Asimismo, la fiscal señaló que “el magistrado tuvo en cuenta que el imputado se mantuvo prófugo por meses, por lo que había riesgo de fuga”, y agregó que “también estaba latente el peligro de entorpecimiento probatorio, ya que era necesario resguardar los testimonios de las víctimas y los testigos de los hechos ilícitos”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA destacó que “aunque la Defensa propuso alternativas para la preventiva, el juez las rechazó porque no eran suficientes”.

Arma de fuego

Korakis indicó que “durante los últimos minutos del sábado 28 de marzo de este año, el hombre investigado le sustrajo un teléfono celular a una mujer a la que intimidó con un arma de fuego”. En tal sentido, remarcó que “el ilícito tuvo lugar en la casa de la víctima, localizada en Abele al 800, donde el imputado entró por la puerta principal, que estaba abierta”.

Asimismo, la fiscal manifestó que “en el marco de la investigación del robo se realizaron diligencias que permitieron individualizar al autor”, y mencionó que “se concretaron allanamientos pero no se lo pudo ubicar de esa forma”.

Patios

“El domingo pasado, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el imputado ingresó sin permiso al patio de una vivienda, en Marini al 600, y desde allí trepó tapiales de inmuebles linderos hasta llegar al patio de otro domicilio, en Tucumán al 1.600, donde tampoco estaba autorizado a estar”, relató Korakis.

Finalmente, la fiscal precisó que “momentos después, el investigado fue aprehendido por agentes policiales convocados por las víctimas”.

Calificaciones penales

Al hombre de iniciales EMR se le endilgó la autoría de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada) y violación de domicilio.

La Justicia de Bariloche resolvió extender la prisión preventiva de Facundo Jones Huala, investigado por su presunta participación en hechos de violencia registrados en la Patagonia.

La decisión fue adoptada por el juez Leandro Gómez Constenla, quien hizo lugar al requerimiento formulado por la Unidad Fiscal para prolongar la medida cautelar por otros 90 días.

De acuerdo con la información difundida este viernes, Jones Huala continuará privado de su libertad hasta el 23 de noviembre de 2026. Actualmente permanece alojado en la Unidad 14 de Esquel.

El referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está acusado de los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.

La Fiscalía sostuvo que la investigación cuenta con un plazo de dos años y recordó que Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025.

En ese marco, el Ministerio Público consideró que mantener la prisión preventiva resulta una medida “razonable y proporcional” mientras continúa la producción de pruebas y otras diligencias vinculadas con el expediente.

Otro de los argumentos planteados para sostener la detención está relacionado con la expectativa de pena.

Según la acusación, los delitos investigados contemplan una escala que podría ubicarse entre los 5 y los 20 años de prisión, por lo que, ante una eventual condena, esta sería de cumplimiento efectivo.

Además, la Fiscalía consideró “improbable” que se aplique el mínimo de la escala debido a que Jones Huala registra una condena anterior y podría ser declarado reincidente.

Los abogados del dirigente mapuche se opusieron a la extensión de la prisión preventiva y argumentaron que su defendido no estaría en condiciones de interferir con el avance de la investigación.

La defensa también anticipó que analiza presentar un recurso de impugnación contra la resolución adoptada por el juez Gómez Constenla.

De esta manera, mientras continúa la investigación judicial por los hechos que se le atribuyen, Jones Huala permanecerá detenido en la Unidad 14 de Esquel hasta el 23 de noviembre, salvo que una nueva resolución judicial modifique su situación procesal.

La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó prisión preventiva por seis meses para la madre de un niño de 4 años asesinado y su pareja, ambos imputados por homicidio.

La medida fue resuelta por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. En ese marco, Mariela Altamirano fue imputada por homicidio agravado, mientras que Michel Kevin González enfrenta cargos por homicidio simple.

Durante la audiencia, los fiscales señalaron como elemento central el resultado preliminar de la autopsia, que reveló más de 20 lesiones en la cabeza del niño.

Según la acusación, estas lesiones habrían provocado un edema en la zona del cerebelo, que derivó en un paro cardiorrespiratorio.  El fiscal Cristian Olazábal sostuvo que, en base al análisis global de la prueba, el menor solo estuvo al cuidado de los imputados, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

La investigación también se apoya en testimonios de vecinos, que describieron la situación previa al fallecimiento.

Según el relato expuesto en audiencia, una vecina vio a la madre con el niño en brazos y con signos de gravedad, mientras que la mujer habría manifestado que el menor “había sufrido un ataque”. Además, se indicó que el niño no presentaba patologías previas, lo que llevó a descartar causas naturales como origen del fallecimiento.

Los abogados defensores cuestionaron la calificación legal y sostuvieron que no hay elementos concluyentes para atribuir un homicidio. Argumentaron que el informe forense menciona que la inflamación cerebral podría responder a diversas causas, como traumatismos, pero también a enfermedades como meningitis o tumores.

En esa línea, la defensa de la madre planteó que las lesiones podrían corresponder a golpes de menor intensidad, mientras que la del padrastro insistió en la falta de pruebas directas.

Tras escuchar a todas las partes, el juez resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal al considerar que existen riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Con esta decisión, ambos imputados permanecerán detenidos mientras avanza la causa, que continúa en etapa investigativa para esclarecer completamente lo ocurrido.

 El imputado, cuyas iniciales son GEA, tiene 28 años y actualmente reside en la provincia de Córdoba. Se contactó con la víctima por Tik Tok y por WhatsApp.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años al que se investiga por la autoría de los delitos de grooming y de amenazas coactivas en perjuicio de una niña en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son GEA, transite el proceso judicial privado de su libertad mientras dure el proceso. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por el término de 90 días.

Redes sociales

Odriozola señaló que “entre el 19 y el 31 de octubre del año pasado, el hombre investigado se contactó a través de las redes sociales Tik Tok y WhatsApp con una niña que transita los últimos años de la escolaridad primaria”.

“El imputado mantuvo comunicaciones privadas de índole sexual con la víctima”, afirmó el fiscal en la audiencia y argumentó que “para ello, desplegó una conducta progresiva tendiente a generar un vínculo de confianza y cercanía con la niña, a quien luego le solicitó imágenes íntimas de ella”.

El funcionario del MPA agregó que “el hombre investigado actuó con pleno conocimiento y voluntad, siempre supo que la niña es menor de edad y también le mintió diciéndole que él tenía 16 años”.

Por último, Odriozola relató que “el 31 de octubre del año pasado, a través de WhatsApp, el imputado le envío mensajes intimidatorios a la niña en los que le manifestaba que si no le enviaba más fotos, haría públicas las que ya tenía de ella”. En tal sentido, concluyó que “también le exigió que le brinde datos personales y contactos de sus amigas para contactarlas con el mismo objetivo”.

Riesgos procesales

Odriozola sostuvo que “en base a las evidencias que presentamos, y con el grado de probabilidad requerido en esta etapa inicial de la investigación, el juez consideró acreditadas la autoría y la materialidad del ilícito”.

“El magistrado también sostuvo que, en caso de que se imponga una eventual condena, podría ser de ejecución efectiva en virtud de las características de los hechos ilícitos investigados”, remarcó el fiscal y agregó que “el juez manifestó que esto impacta de manera directa en los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”.

Finalmente, Odriozola hizo hincapié en que “Bottero entendió que era necesario cautelar las diligencias que aún restan realizar, entre ellas, la entrevista que se realizará a la niña en Cámara Gesell y los testimonios de los testigos”. En tal sentido, el fiscal concluyó que “a pesar del pedido de medidas alternativas que hizo la Defensa del imputado, el juez lo rechazó e hizo lugar a nuestro planteo”.

Calificación penal

Al imputado de 28 años se lo investiga como autor de los delitos de grooming y coacciones.

El dueño de la tarjeta recibió la notificación de la compra por mail y no dudó en interceptar al ladrón. Ahora, la justicia le dictó prisión preventiva en el marco de la investigación de los hechos.

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Quedó en prisión preventiva un hombre de 29 años que es investigado por haber realizado una compra en un local comercial con una tarjeta de débito sustraída en Sunchales (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguín, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son FAC, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

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Los hechos

Castellano relató que “el jueves pasado, aproximadamente a las 21:30, el imputado sustrajo de un automóvil marca Chevrolet modelo Agile una billetera que contenía tarjetas de débito y de crédito, dinero en efectivo y documentación del propietario del vehículo”. Al respecto, aclaró que “el auto estaba estacionado en calle Juan B. Justo al 1.600”.

El fiscal expuso que “luego el hombre investigado se dirigió a un bar ubicado en Avenida Independencia y Ameghino y encargó comida para llevar por 6.300 pesos”. Según remarcó, “pagó con una de las tarjetas de débito de la víctima”.

El representante del MPA explicó que “el titular de la cuenta bancaria recibió en su teléfono celular un alerta de la compra realizada y advirtió el robo cometido en su automóvil”. Entonces, “el hombre y su pareja se dirigieron al local gastronómico, donde les informaron que quien había hecho el pedido debía regresar a retirarlo”, indicó.

“Cuando el imputado llegó, la víctima y su pareja le reclamaron sus pertenencias y él reaccionó violentamente”, aseguró. “Los insultó y agredió físicamente, lo que les provocó lesiones en sus rostros”, detalló.

Castellano planteó que “varias personas que estaban en el bar retuvieron al imputado hasta que actuaron agentes policiales”, y añadió que “quien quedó en prisión preventiva amenazó a los uniformados”.

Además, afirmó que “en la comisaría local, el hombre investigado golpeó e insultó a un integrante de la Guardia Urbana de Sunchales (GUS) que participaba como testigo del procedimiento”, y puntualizó que “no logró herirlo”.

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GarrafaEl fiscal también se refirió a que “el miércoles 11 de enero de este año alrededor de las 3:30, el imputado cometió un hecho ilícito en un comercio localizado en la intersección de la ruta nacional número 34 y la calle San Juan de Sunchales”. En tal sentido, precisó que “se apoderó ilegítimamente de una garrafa de gas de 45 kilogramos a la que previamente le cortó la manguera de conexión”.

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Riesgos procesalesCastellano manifestó que “el juez valoró las evidencias que aportamos desde la Fiscalía y expresó que son suficientes en esta etapa para tener debidamente acreditados los hechos endilgados al imputado y sostener su probable responsabilidad penal”.

Asimismo, señaló que “el magistrado contempló que el hombre investigado cuenta con antecedentes condenatorios y, por lo tanto, la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.

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En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal apuntó que “el peligro de fuga estaba latente en virtud de la falta de arraigo del imputado, ya que no posee residencia fija ni trabajo estable o transitorio”. A su vez, destacó que “el juez ponderó las actitudes violentas desplegadas por el investigado y el temor infundido a las víctimas”.

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Calificación penalAl hombre de 29 años se lo investiga como autor de los delitos de robo, estafa, lesiones leves, amenazas, hurto y atentado contra la autoridad.