Cinco policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I (URI) fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, cometido en perjuicio de Mauro Daniel González en la ciudad de Santa Fe. Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue imputado por vejaciones en contra de la misma víctima.

          Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Ezequiel Hernández, ante la jueza Cecilia Labanca, en una audiencia desarrollada ayer a la tarde en los tribunales de la capital provincial.

          El fiscal remarcó que “los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento”. Al respecto, indicó que “los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta”.

          Los uniformados del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, cuyas iniciales son LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. Por otra parte, las iniciales del agente de Infantería son JCB.

Agresiones sucesivas

          Hernández relató que “minutos después de las 14:30 del sábado 17 de enero de este año, los imputados de iniciales LGA y MGD fueron hasta las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú, a raíz de que se había pedido presencia policial porque González padecía una crisis subjetiva”.

          “Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”, aseveró el fiscal. “Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas”, sostuvo y agregó que “luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo”.

          El fiscal también indicó que “los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos”. También mencionó que “un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor”.

           “Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás”, afirmó Hernández. “Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo”, manifestó. “Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta”, precisó.

          “Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo”, especificó el fiscal. “A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios”, puntualizó.

          “Más tarde, fueron a la sede de Medicina Legal, en 1° Junta al 2.800, y luego hasta la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7.300”, expuso Hernández. “En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud”, detalló.

          Finalmente, subrayó que “unas horas después, la víctima falleció como consecuencia del accionar delictivo de las personas investigadas”.

Delitos

          A los cinco policías del Comando se les endilgó la coautoría de tortura seguida de muerte. Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas (por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima).

          En tanto, el hombre de iniciales FSA es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

Medidas cautelares

          La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se desarrollará el próximo miércoles, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tal sentido, el fiscal adelantó que solicitará que las seis personas imputadas transiten el proceso judicial en prisión preventiva.

Un tribunal de segunda instancia confirmó por unanimidad la condena a prisión perpetua impuesta a Cirilo Eduardo Bravo, de 60 años, como autor del femicidio de su esposa, Mariel Alejandra Zimmermann, cometido en la localidad de Humberto Primo, departamento Castellanos.

La resolución fue dictada por los camaristas Cristian Pablo Fiz, Matías Drivet y Oscar José Burtnik, quienes ratificaron la sentencia de primera instancia dictada en agosto de 2024, tras un juicio oral.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, responsable de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante las distintas instancias del proceso.

Tras conocerse la confirmación del fallo, Castellano valoró lo resuelto por la Cámara y explicó que los magistrados rechazaron el planteo de arbitrariedad formulado por la defensa.

Según señaló el fiscal, los jueces consideraron que la sentencia de primera instancia estuvo debidamente fundada, fue coherente, congruente y se ajustó a las reglas de la sana crítica racional.

Además, al analizar los cuestionamientos vinculados con la valoración de la prueba, la Cámara concluyó que la autoría y responsabilidad de Bravo quedaron acreditadas con el grado de certeza exigido para una condena.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la valoración del contexto previo al femicidio.

De acuerdo con Castellano, el tribunal destacó que durante el debate oral se demostró la existencia de un contexto sostenido de violencia de género dentro de la relación de pareja.

Esa situación fue respaldada por numerosos testimonios y otros elementos probatorios que dieron cuenta de agresiones, amenazas y conductas de control ejercidas por el condenado sobre su esposa.

Para la acusación, el crimen no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una serie de episodios previos de sometimiento, maltrato y desprecio hacia la dignidad de la víctima como mujer.

La defensa había planteado una hipótesis de legítima defensa, pero los jueces la rechazaron.

Según explicó el fiscal, la Cámara descartó esa versión a partir de las conclusiones médico-forenses, las características de las lesiones constatadas y las evidencias relevadas en la escena del hecho.

Los magistrados entendieron que esos elementos resultaban incompatibles con el relato brindado por el acusado.

También fue rechazado el pedido subsidiario de aplicar circunstancias extraordinarias de atenuación. Para el tribunal, antes del hecho ya estaban acreditadas múltiples manifestaciones de violencia física, psicológica y verbal contra Zimmermann.

El hecho fue cometido durante los primeros minutos del 26 de octubre de 2022, en la vivienda que Bravo compartía con su esposa en calle Güemes al 100, en Humberto Primo.

Según la acusación, luego de una discusión, Bravo tomó un cuchillo de la cocina y, con intención de provocar la muerte de su cónyuge, la atacó y le produjo un corte en el lateral derecho del cuello.

El fiscal precisó que el ataque ocurrió ante la presencia de la hija menor de edad de ambos.

Con la resolución de segunda instancia, quedó confirmada la prisión perpetua para Bravo como autor del femicidio de Mariel Zimmermann, en un caso que la Justicia encuadró dentro de un claro contexto de violencia de género.

Gonzalo Riatto tenía 28 años, era padre de dos niños y empleado desde hacía una década en la empresa láctea Verónica. Aquella noche, como tantas otras, volvía caminando a su casa cuando fue interceptado y perseguido por Sphan, su vecino, quien finalmente lo apuñaló en el cuello y el pecho provocándole la muerte minutos después.

El caso conmocionó a la localidad del departamento Castellanos y generó varias marchas en reclamo de justicia. La víctima no tenía conflictos conocidos con el agresor y la familia sostiene que no se conocían más allá de algún cruce en la localidad.

A casi tres años del asesinato de Gonzalo, su familia volvió a reclamar justicia ante la posibilidad de que la condena de 23 años de prisión impuesta al responsable pueda ser reducida. En ese contexto, Verónica, madre de la víctima, expresó su dolor y pidió que la Justicia mantenga firme la pena.

“Estamos muy mal. No es fácil estar acá, más cuando se cumple un nuevo aniversario de un asesinato que, como se dijo en el juicio, fue matar por matar”, sostuvo en diálogo con Radio Rafaela.

La mujer cuestionó duramente la posibilidad de una reducción de la condena y aseguró que la familia se siente desprotegida. “Siento que el sistema le está dando más derechos al asesino que a las víctimas. No nos están cuidando”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del reclamo de la familia está puesto en los hijos de Gonzalo. Al momento del crimen, una de sus hijas tenía apenas ocho meses y su otro hijo era muy pequeño. Hoy, ambos siguen creciendo atravesados por la ausencia de su padre.

“Estoy pidiendo por dos criaturas. Tienen que cuidarnos. Como mamá, no pediría 23 años: tendría que ser perpetua”, expresó Verónica.

En ese sentido, remarcó que el daño provocado por el crimen sigue presente en la vida cotidiana de toda la familia. “Este hombre nos dejó sin vivir tranquilos. Estamos shockeados, traumados, indefensos. Necesitamos tener la seguridad de que no salga más”, agregó.

Durante la entrevista, la madre de Gonzalo también recordó que su hijo era trabajador, padre de familia y sostén de su hogar. “Mató a un trabajador, a un buen padre, a un buen hijo, a un buen hermano, a un buen nieto. Y ahora se le da lugar a pedir menos años”, lamentó.

Además, relató una situación vivida recientemente durante el Día del Padre, cuando una de las niñas participó de una actividad escolar. “Pidieron que los chicos dijeran cómo eran sus papás, y yo pedía que no le preguntaran a ella, porque este asesino la privó de tener un padre”, contó.

La familia asegura que la historia no terminó con la condena, sino que se sigue escribiendo todos los días en la vida de los hijos de Gonzalo, de su pareja y de sus seres queridos.

El asesinato ocurrió el 7 de julio de 2023. Según recordó Verónica, durante el juicio se mencionó que Gonzalo recibió ocho heridas de arma blanca, de las cuales tres fueron mortales.

“El juicio mostró que no fueron solo tres puñaladas. Fueron ocho cortes, tres de ellos mortales. Fue un hecho de una violencia extrema”, señaló.

Por el crimen, el responsable recibió una condena de 23 años de prisión. Sin embargo, la posibilidad de una revisión de la pena volvió a movilizar a la familia, que insiste en que cualquier reducción significaría una nueva vulneración para las víctimas.

Verónica pidió que los jueces tengan en cuenta el daño permanente causado a la familia y, especialmente, a los hijos de Gonzalo. “Los chicos van a crecer y vamos a tener que contarles qué pasó con su papá. Quiero que la Justicia esté presente y se haga cargo de las decisiones que toma”, sostuvo.

También advirtió que, aun si se mantiene la condena de 23 años, la familia ya piensa en el futuro con temor. “Mi nieta va a tener 23 años cuando él pueda salir. Él mató a su padre cuando ella todavía no tenía un año”, expresó.

La resolución sobre el pedido de revisión podría conocerse en las próximas horas. Mientras tanto, la familia de Gonzalo volvió a reclamar que la condena se mantenga firme y que la Justicia priorice la protección de las víctimas.

“Perpetua para mi hijo, perpetua para él. Mi hijo no vuelve. Él tiene una perpetua en el cementerio”, concluyó Verónica.

Cinco personas quedaron en prisión preventiva sin plazo en el marco de una investigación por presunta venta de droga al menudeo en Rafaela, departamento Castellanos.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal María Cecilia Doro y resuelta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos.

Los imputados son cuatro hombres identificados por sus iniciales como W.E.M., de 18 años; T.J.R., de 21; L.A.B., de 32; y P.S.L., de 36. La quinta persona investigada es una mujer de 36 años, identificada como M.A.C.

Según informó la fiscalía, el procedimiento que dio origen a la investigación se realizó el sábado 6 de junio en una vivienda ubicada en calle Gandhi al 2500, donde residían las cinco personas imputadas.

Doro precisó que, al momento del operativo, todos los investigados se encontraban en el lugar.

Durante el allanamiento se secuestraron 33,9 gramos de cocaína, fraccionados en 104 envoltorios de nailon termosellados, además de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación.

Para la fiscal, esos elementos permiten sostener que la tenencia del material estupefaciente tenía como finalidad la comercialización al menudeo.

“La droga estaba bajo la esfera de custodia de las cinco personas investigadas”, señaló Doro.

La fiscal valoró que el juez Bottero tuvo por acreditado el hecho atribuido con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso.

Además, remarcó que el magistrado descartó el planteo de la Defensa, que había sostenido que los estupefacientes estaban destinados al consumo personal.

“El juez también tuvo en cuenta que las penas en expectativa son de ejecución efectiva”, indicó Doro.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación agregó que el magistrado consideró vigentes los riesgos procesales y entendió que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el avance de la investigación y resguardar las declaraciones de testigos.

Tras analizar las particularidades del caso, Bottero también desestimó las medidas alternativas propuestas por la Defensa.

A las cinco personas investigadas se les atribuyó la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Regional 5, en el marco de las investigaciones vinculadas a la venta de drogas al menudeo en la ciudad.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Natalia Giordano, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó el ilícito agravado por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual y haber actuado con conciencia del peligro de contagio.

Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales LNS al que se investiga por abusar sexualmente de una mujer con la que mantenía una relación de pareja en Esperanza (departamento Las Colonias).

La privación cautelar de la libertad fue dispuesta por la jueza Cecilia Labanca en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano está a cargo de la investigación y es quien solicitó la preventiva. “Aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento”, valoró la fiscal.

En cuanto al ilícito, la funcionaria del MPA indicó que “fue cometido el mes pasado en una casa en la que el hombre investigado convivía con la víctima y con una niña que es hija de ambos”. Según afirmó, “el imputado agredió sexualmente a su pareja luego de que ella le manifestó que no quería tener relaciones porque él es portador de una enfermedad de transmisión sexual y podía contagiarla”.

Calificación penal

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y haber existido peligro de contagio).

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inauguró a este martes el nuevo edificio judicial para la ciudad de Casilda, que concentrará todos los fueros con asiento en esa ciudad, y también albergará a los ministerios públicos de la Acusación y la Defensa, e incluso a los Colegios de Abogados y de Magistrados.

En tanto, se confirmó la fecha del 30 de junio para la inauguración de la nueva ala del edificio de Tribunales de Santa Fe, aunque en este caso en medio de la tensión producida por la negativa de la Corte a habilitar dependencias al MPA y la Defensa, con el argumento de que ya no pertenecen al Poder Judicial.

El acto en Casilda contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, junto a todos los integrantes del Alto Tribunal, que preside Rafael Gutiérrez: los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, junto con la ministra Margarita Zabalza.

Entre las autoridades presentes se encontraban también las titulares de los ministerios públicos de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y la Defensa, Estrella Moreno Robinson, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el senador departamental Eduardo Rosconi.

En su discurso, Gutiérrez resaltó “la sinergia alcanzada” entre todos los sectores involucrados para permitir la conclusión del proyecto, “no obstante las adversidades y dificultades” que debió atravesar durante los tres años y medio que demandó.

El magistrado formuló un minucioso detalle de las características y funcionalidades de la obra, y destacó que viene a reemplazar un servicio que operaba en distintos edificios, algunos alquilados y en condiciones a veces precarias, y con ello a “dar una mejor respuesta a la ciudadanía”.

“Este esfuerzo conjunto traerá en el corto plazo una mejora en las condiciones de trabajo y en la prestación del servicio, pero fundamentalmente una vinculación más estrecha de este Poder Judicial con la comunidad”, enfatizó.

Dentro de la tecnología incorporada, destacó especialmente la incorporación de recursos de Inteligencia Artificial, “bajo estricto control humano”, y en consonancia con la Guía de Buenas Prácticas para el uso de IA generativa”, que la Corte aprobó por acordada en abril de 2025.

En ese marco, se detuvo en apuntar que “empresas como ésta son el resultado del plan edilicio que venimos ejecutando sin pausa desde diciembre de 2006, en la gestión del querido amigo y gobernador Miguel Lifschiz, y que tuvo continuidad en la de Omar Perotti y la de Maximiliano Pullaro, sin cuyo apoyo y acompañamiento no hubiera sido posible alcanzar los objetivos”.

En el mismo plano de “compromiso de este Poder Judicial con sus usuarios”, enumeró las obras en Reconquista, San Cristóbal, Cañada de Gómez, Rosario y Santa Fe, donde, además, mencionó la inauguración del segundo cuerpo del edificio de Tribunales prevista para el 30 de junio.

Tras la bendición a manos del párroco Ivan Beltrán, los presentes, que atestaron el salón de actos, llevaron a cabo una recorrida por las instalaciones.

El flamante e imponente edificio se ubica en Bv. Ovidio Lagos 1350 y su inauguración es considerada un verdadero hito para la administración judicial de la región.

Con todo, es el corolario de un intenso conflicto que comenzó como un debate sobre la ubicación del edificio y derivó en protestas permanentes, acampes, cortes, manifestaciones, enfrentamientos verbales y una fuerte escalada de tensión.

Al punto que las autoridades llegaron a pedir a la Corte la relocalización solicitada por distintos sectores, buscando alternativas que permitieran destrabar el conflicto. Sin embargo, la respuesta del máximo tribunal fue que la obra debía continuar en el lugar previsto originalmente, conforme al convenio suscripto en 2007, y con todas las autorizaciones ambientales vigentes.

El edificio se emplaza en un terreno de 3.650 m², delimitado por Bv. Ovidio Lagos y las calles La Rioja y Carlos Casado. Cuenta con una superficie cubierta de 5.703 m², distribuidos en subsuelo, planta baja, tres niveles superiores y salas técnicas en azotea.

La Corte Suprema destaca que el objetivo de esta obra es concentrar toda la actividad judicial en un mismo espacio, garantizando eficiencia, seguridad y accesibilidad.

El edificio incorpora tecnología de última generación, sistemas de climatización VRF con ahorro energético, videovigilancia con inteligencia artificial, control de accesos biométricos y una subestación transformadora propia que asegura provisión eléctrica estable.

La distribución interna contempla dependencias para los Juzgados Civiles, Comerciales y Laborales, el Juzgado de Familia y salas de Oralidad Civil; áreas del Sistema de Justicia Penal (salas adaptadas para IPP, Juicios Orales y Juicios por Jurados), Defensorías y Fiscalías Extrapenales, el Colegio de Abogados y de Magistrados.

Además, incluye espacios complementarios como biblioteca, auditorio, salas de audiencia y Alcaidía con circulación independiente para detenidos.

Asimismo, el edificio cumple con todos los requisitos de accesibilidad universal, incluyendo rampas, ascensores, sanitarios adaptados y servicios complementarios como lactario, dispensers de agua y circulación de emergencia.

La Corte subrayó que el Nuevo Edificio Judicial de Casilda se constituye como un hito arquitectónico y funcional, diseñado para fortalecer el servicio de justicia, acercarlo a la comunidad y consolidar un modelo institucional moderno y transparente.

La ceremonia de inauguración podrá seguirse en vivo desde las 11:00 por el canal de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Laura Gerard y dictada por el juez Leandro Lazzarini durante una audiencia realizada esta mañana en los tribunales locales. La investigación está a cargo de la fiscal Luciana Escobar Cello.

Durante la audiencia, Gerard explicó que los ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre 2022 y el 16 de abril de 2026, último contacto del imputado con la víctima. Además, detalló que la víctima era amigo del hijo del hombre investigado, por lo que acudía frecuentemente a su domicilio.

Los abusos se perpetraron mientras el imputado estaba al cuidado del niño y de su hijo, por lo que el delito se considera agravado por la guarda. Según la fiscalía, el acusado amenazaba al menor para que no contara los hechos, advirtiéndole que dañaría a su familia.

El defensor del imputado había solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva, pero el juez rechazó la propuesta y dio lugar al planteo de la fiscalía, considerando que persisten riesgos procesales, principalmente porque aún resta entrevistar al niño en Cámara Gesell.

El sindicato de trabajadores judiciales de Rafaela realizó una asamblea en protesta por la falta de decretos firmados por el gobernador.

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Este jueves desde las 11:00hs trabajadores judiciales de Rafaela llevaron a cabo una asamblea y jornada de protesta en el hall de los edificios tribunales. A través de una comunicación oficial solicitaron un “pedido de audiencia al gobernador, carrera judicial, firma de decretos, política salarial, retroactivos e impacto de la reforma previsional”.

Andrés Rachella, delegado del sindicato de trabajadores judiciales, explicó que la principal preocupación es la falta de acción del gobernador Maximiliano Pullaro, quien no ha firmado los decretos de nombramientos y promociones del personal judicial, lo cual generó “un estado de incertidumbre para muchos trabajadores”.

“La actitud del gobernador de no firmar los decretos afecta a personas que han rendido exámenes para ingresar al Poder Judicial y que, por méritos propios, han accedido a promociones y ascensos en la carrera judicial”, señaló Rachella.

Según explicó, esta medida también impacta negativamente en el normal desarrollo de la justicia, ya que muchos de los cargos que deberían ser ocupados, como el de oficiales de justicia y secretarios letrados, permanecen vacantes.

En esa línea, Andrés destacó que no solo se trata de una reivindicación de derechos laborales, sino también de un tema que afecta a la población en general, ya que la falta de cobertura de los cargos perjudica el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia en Rafaela y en toda la provincia.

La asamblea tuvo lugar en el hall de Tribunales, donde se concentraron empleados de diversas áreas, como el Juzgado de Menores, el Ministerio Público de la Acusación y los juzgados civiles, entre otros. Durante la protesta, que se realizó de 11 a 11:30, no hubo atención al público.

Si la situación persiste, el sindicato tiene planeado continuar con medidas de protesta la semana siguiente, con nuevas asambleas los días martes y viernes, en las cuales tampoco se brindaría atención al público durante dos horas.