Dos exjefes policiales fueron imputados por encubrir el accionar de personas investigadas por la venta de drogas en el sur de la provincia y por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Sus iniciales son DHG y BND y, respectivamente, eran el Jefe y el Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas en dos audiencias que se desarrollaron este miércoles ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué. Por parte del MPA, participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa UFE, Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.

Los dos investigados habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. A pesar de que los fiscales hoy solicitaron la prisión preventiva para ambos, el juez dispuso que transiten el proceso judicial con cautelares no privativas de la libertad.

Al imputado de iniciales DHG se le ordenó constituir domicilio en Elortondo (departamento General López) y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. A su vez, se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con las demás personas investigadas en este legajo penal.

Por su parte, el otro uniformado imputado tendrá que constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales venadenses. También se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con otras personas investigadas.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Lagioia indicó que “al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”. En tal sentido, agregó que “a partir de las evidencias que recolectamos hasta el momento, en la audiencia planteamos que el accionar delictivo comenzó en marzo de este año y continuó hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, el imputado de iniciales DHG le advirtió al vendedor de droga condenado que se iban a realizar allanamientos”. Según señaló, “lo hizo con el objetivo de frustrar las diligencias y favorecerlo garantizándole impunidad”.

En cuanto a los ilícitos atribuidos al Subjefe policial al que se investiga, Stampella precisó que “en un allanamiento que se realizó el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat, el imputado aprovechó que él estaba a cargo de la diligencia y facilitó la huida de un hombre al que se le había impuesto judicialmente una prohibición de ingreso a la ciudad y estaba siendo investigado por la Justicia Federal por la venta de droga”.

La fiscal puntualizó que “antes de que ingrese a la casa el grupo táctico que debía hacerlo, el imputado de iniciales BND entró por sus propios medios, a punta de pistola, diciendo: ‘Afuera o los quemo’”, y añadió que “lo hizo porque sabía que en esa casa estaba la persona investigada por comercializar estupefacientes que él conocía”.

Además, Stampella subrayó que “al exfuncionario policial también se le atribuyó no haber confeccionado el acta en la que debía dejar constancia de la presencia del vendedor de droga y de su fuga”.

Al exjefe policial se le endilgó la autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave), incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.

Por su parte, al exsubjefe se le atribuyó ser autor de encubrimiento agravado (por ser funcionario público) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó nuevos avances luego de la detención de Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes alquilaban la planta alta de la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen.

En ese contexto, Carlos Nayi, abogado de la madre de la víctima, sostuvo que la causa “tiene piso, pero no techo” y advirtió que no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance la producción de pruebas.

CASO AGOSTINA VEGA 🔴Carlos Nayi, abogado de la familia materna de la adolescente, habló sobre las pericias sonoras en la casa de Claudio Barrelier. Las contundentes declaraciones contra los imputados. pic.twitter.com/2g05fSZKQr

Según explicó, luego de 76 días de investigación se logró consolidar una hipótesis sobre la mecánica del crimen, aunque remarcó que las calificaciones legales actuales todavía son provisorias.

Córdoba y Ascarruz fueron imputados por encubrimiento agravado, luego de que la Fiscalía realizara una pericia acústica en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, barrio Cofico.

La medida buscó determinar qué podía escucharse desde distintos sectores del inmueble durante la noche del crimen.

De acuerdo con Nayi, durante la prueba se reprodujo en varias oportunidades la canción “No se va”, de Desakata2, que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizada por Barrelier para ocultar ruidos provenientes de la planta baja.

El abogado señaló que el estudio permitió establecer que el sonido podía percibirse también desde la planta alta e incluso desde viviendas vecinas, una conclusión que puso en duda la versión de los inquilinos, quienes habían manifestado no haber escuchado nada.

La Fiscalía también analizó registros de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de quienes estuvieron en la propiedad.

Según detalló Nayi, Córdoba y Ascarruz ingresaron a la vivienda a las 23.04 del 23 de mayo, mientras que Agostina llegó aproximadamente a las 23.55.

La autopsia preliminar ubicó el momento de la muerte cerca de la 1 de la madrugada, mientras que los dos inquilinos habrían permanecido en el domicilio hasta las 8.54 del día siguiente.

Para la acusación, esa permanencia en el inmueble representa uno de los elementos que deberán ser analizados para determinar qué conocimiento pudieron haber tenido sobre lo sucedido y cuál fue su conducta posterior.

Nayi respaldó las últimas detenciones, aunque insistió en que la investigación todavía no está cerrada.

“Las imputaciones son provisorias”, señaló, y explicó que las nuevas evidencias podrían modificar la situación procesal de algunos de los involucrados.

Por el momento, la acusación más grave continúa recayendo sobre Claudio Barrelier, aunque el abogado advirtió que no puede descartarse que otros imputados enfrenten calificaciones más severas si aparecen pruebas que indiquen una participación distinta a la actualmente atribuida.

La investigación continuará con nuevas medidas destinadas a determinar si existieron personas que conocieron lo ocurrido, omitieron comunicarlo o colaboraron posteriormente para dificultar el avance de la causa.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba ordenó la detención de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal imputado en la causa. La mujer fue arrestada en la vivienda de la madre de Barrelier, donde se encontraba alojada junto a la hija que tiene en común con el acusado.

La detención fue concretada por efectivos de la Policía de Córdoba y se enmarca en las actuaciones que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el crimen ocurrido el pasado 23 de mayo en el barrio Cofico.

Palmero está imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado, tras el avance de la investigación que intenta reconstruir la secuencia posterior al asesinato de la adolescente.

Según la hipótesis fiscal, la mujer no habría participado directamente en el homicidio ni en el posterior ocultamiento del cuerpo, pero sí habría colaborado en maniobras posteriores vinculadas a la presunta ocultación del hecho.

El día del crimen, Barrelier habría ingresado a la vivienda junto a la víctima cerca de las 23 horas, mientras en el domicilio se encontraban Palmero y su hija menor de edad. A partir de allí, la reconstrucción judicial analiza los movimientos del acusado en las horas posteriores y las contradicciones en las declaraciones de la ahora detenida.

En su testimonio previo como testigo, Palmero aseguró que esa noche el imputado cenó con ella y la niña, salió brevemente del domicilio y luego regresó, permaneciendo luego en actividades domésticas. Sin embargo, la fiscalía sostiene que existen inconsistencias en esa versión y se intenta determinar qué ocurrió con la víctima durante ese lapso.

Con esta nueva detención, la causa ya cuenta con cuatro personas imputadas: el principal acusado, Claudio Barrelier; Marianela Palmero; y otras dos personas señaladas como presuntos colaboradores en el encubrimiento del hecho.

La investigación también involucra a un amigo del imputado y a la propietaria del vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado, según la reconstrucción judicial.

El fiscal Garzón continúa tomando declaraciones y no se descartan nuevas imputaciones a partir del análisis de pruebas, testimonios y cruces de información.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona a la provincia de Córdoba y al país, sumó capítulos determinantes este lunes. Claudio Gabriel Barrelier (33), único imputado como autor material del crimen, recibió el alta médica tras permanecer varios días internado en el centro de salud del Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, en la localidad de Bouwer.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) confirmaron que el detenido se encuentra en buen estado de salud general y fue trasladado nuevamente a su celda común, bajo estrictas medidas de seguridad. Su internación se había dispuesto luego de que los equipos de salud mental detectaran "la presencia de ideas y pensamientos suicidas" durante las evaluaciones de rutina aplicadas a internos catalogados como presos de "alto perfil".

Durante su estadía en el hospital modular, Barrelier estuvo bajo la estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica de élite de la fuerza penitenciaria. Con esta alta médica, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, cuenta con el aval técnico para ordenar una nueva indagatoria del principal sospechoso en los próximos días.

En paralelo, la investigación avanza sobre el entorno de la vivienda de barrio Cofico donde se habría perpetrado el asesinato. El jueves pasado, la fiscalía ordenó la detención de Osvaldo Fassetta (47), quien alquilaba una habitación dentro de la misma propiedad de Barrelier, imputándolo por presunto "encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género".

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, rompió el silencio y aportó detalles clave sobre el comportamiento de Fassetta en las horas posteriores a la desaparición de la menor. Según su testimonio, el segundo detenido intentó mostrarse colaborativo desde el primer momento, una actitud que la familia hoy lee con extrema sospecha.

“Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, afirmó Elizabeth, confirmando que Fassetta estuvo al lado de Melisa Heredia, madre de la víctima, en la comisaría.

Asimismo, la mujer precisó que el imputado de 47 años estuvo presente cuando los efectivos policiales realizaron las primeras inspecciones en la vivienda. “Sé que a él le prestaban o le alquilaban en lo de Barrelier y él fue quien le habilitó a la Policía para que entraran a la casa”, añadió la abuela.

Para los investigadores liderados por el fiscal Garzón, la aparente colaboración inicial de Fassetta habría sido una maniobra para desviar la atención y ocultar información vital mientras la adolescente permanecía cautiva o se alteraba la escena del crimen. El perfil trazado por los pesquisas señala que el hombre, padre de dos hijos y vinculado a la construcción, atravesaba una severa crisis económica y laboral, lo que lo llevó a aceptar la cohabitación con Barrelier.

La hipótesis judicial apunta a que Fassetta cooperó activamente o calló detalles críticos sobre el recorrido de un automóvil Ford Ka negro y las maniobras de personas encapuchadas captadas por cámaras de seguridad retirando bultos de la finca. La querella del caso ya solicitó que se amplíen las imputaciones hacia el entorno del dueño del auto prestado a Barrelier, mientras se esperan pericias biológicas clave para determinar si existió una limpieza profunda del lugar.

Una mujer de 86 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de Carapachay, partido de Vicente López, y la investigación derivó en un dato tan inesperado como estremecedor: el principal acusado es un familiar cercano, el mismo hombre que al día siguiente la trasladó en auto hasta la comisaría para realizar la denuncia.

El hecho ocurrió durante la madrugada de la semana pasada, alrededor de las 4:00, cuando la víctima dormía en su casa. Según consta en la denuncia, un hombre ingresó al domicilio, la despertó, la amenazó con un arma blanca, la redujo, la maniató y le exigió dinero mientras la golpeaba. Finalmente, escapó con dos mil dólares, que eran los ahorros de la mujer.

La causa quedó en manos de la SubDDI de Vicente López, bajo la órbita de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi. Los investigadores comenzaron a reconstruir el episodio y advirtieron un primer dato clave: la puerta de ingreso a la vivienda no había sido forzada.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad de la cuadra, los detectives observaron que el ladrón había ingresado con el rostro cubierto, pero utilizando una llave. Luego siguieron el recorrido del vehículo usado para escapar: un Peugeot 208.

Ese dato terminó siendo determinante. El auto señalado por los investigadores era el mismo en el que la víctima había llegado a la comisaría para denunciar el robo, acompañada por su sobrino político.

Con ese avance, la Policía Bonaerense detuvo a Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, señalado como principal sospechoso. El arresto se concretó en un almacén familiar de la zona de Del Viso, donde los efectivos lo redujeron. En el procedimiento secuestraron, entre otros elementos, un arma blanca tipo navaja, que podría haber sido utilizada durante el ataque.

En paralelo, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del hijo del acusado, de 25 años, quien también fue detenido, en su caso por presunto encubrimiento. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron alrededor de un millón de pesos, suma que podría estar vinculada al cambio de parte del dinero robado.

Según trascendió, Guevara atravesaba una situación económica compleja. Registra deudas recientes con financieras y bancos por más de 12 millones de pesos. Además, figura como remisero, percibiría un plan social, tendría empleo registrado y habría trabajado anteriormente para municipios de la zona.

El acusado fue indagado el sábado y se negó a declarar. Los investigadores remarcaron que el vínculo con la víctima era estrecho: la mujer incluso habría ayudado al hombre a comprar su casa.

La causa continúa en investigación, mientras la Justicia busca determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y el destino del dinero sustraído.

Personal de la Unidad Operativa Regional 6 secuestró una motocicleta este martes por la noche tras detectar anomalías en su número de chasis. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 20.15 sobre la Ruta Provincial N.º 13, frente a la Escuela Agrotécnica de San Cristóbal, en el marco de un control vehicular de rutina.

Los efectivos interceptaron una Yamaha YBR 125 conducida por un ciudadano identificado como G. W. Al inspeccionar el rodado con instrumental óptico y lumínico, constataron que el número de chasis presentaba signos de supresión, con rayados visibles en la base de aluminio y características que no coincidían con la alineación, morfología ni distancia habitual de los caracteres alfanuméricos.

A pesar de que la consulta en el sistema SIFCOP no arrojó impedimentos legales sobre el conductor ni sobre el dominio, motor o chasis, la alteración detectada fue considerada suficiente para dar intervención al fiscal de turno.

El funcionario judicial dispuso la imputación en libertad del conductor bajo la figura de encubrimiento, según lo previsto en el artículo 277, inciso 1° C del Código Penal. Además, ordenó el secuestro formal de la motocicleta, su documentación y la licencia nacional de conducir del implicado.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este lunes en Rafaela tres requisas domiciliarias en el marco de una causa por robo de motocicleta ocurrido el pasado 11 de octubre.

El hecho fue denunciado por la víctima, quien informó la sustracción de una moto marca Corven. Durante las primeras diligencias, se identificó a un menor de 15 años, de iniciales T. I. B., como presunto autor del robo.

En las últimas horas, la PDI secuestró diversas partes del rodado sustraído y, por disposición del fiscal interviniente Dr. Guillermo Loyola, procedió al traslado e identificación de S. M. T. y M. J. A. por el delito de encubrimiento.

Ambos fueron notificados en sede policial mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el hecho.

Este martes imputaron por encubrimiento a las dos personas que vendieron el celular de Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa que a mediados de septiembre apareció asesinado en Laguna Paiva, a la vera de la Ruta Provincial N°2.

Los hermanos Maximiliano Ezequiel y Rocío Belén E., de 23 y 19 años, fueron imputados como coautores del delito de “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”. La audiencia se realizó este martes a primera hora en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, ante el juez penal Leandro Lazzarini.

La investigación del crimen está a cargo del fiscal Alejandro Benítez, quien tras la atribución delictiva acordó con la defensora pública Betina Dongo que los imputados recuperen la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

El magistrado dispuso la excarcelación, e impuso a los hermanos una serie de restricciones, entre las que se encuentra la obligación de presentarse mensualmente ante la comisaría de Monte Vera -donde residen-, fijar domicilio y la prohibición de contactar a la familia de Strada.

En el marco del proceso judicial, dos personas fueron imputadas por el “homicidio triplemente calificado” del joven de María Luisa, y quedaron en prisión preventiva. Se trata de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

La desaparición fue denunciada el 14 de septiembre, y dos días después Strada fue hallado sin vida en una zona de monte a la vera de la RP2, cerca de Laguna Paiva. Presentaba signos de haber sido prendido fuego y tenía un cinturón en su cuello, y la autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia.

La fiscalía dispuso la detención de la expareja de Strada, Tacundo, y del actual novio de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Iván Carrión sostuvieron que existió un plan común en el que ambos participaron activamente.

Para los acusadores, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a solicitar transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Estos llamados, en los que la madre de la víctima notó su voz de desesperación, se hicieron desde el lugar donde fue asesinado.

"Lo mataron, sabemos quiénes y cuándo lo mataron, en qué horario, cómo y por qué", señaló el fiscal cuando pidió la prisión preventiva para Tacundo y Roberts. En su acusación, sostuvo que, al no conseguir las transferencias solicitadas y no lograr consumar el delito de extorsión, ahorcaron a Strada y luego quemaron su cuerpo en un intento de lograr la impunidad.

Un análisis del impacto de antenas de telecomunicaciones localizó el teléfono de la víctima cerca del lugar del hecho. Además, se descubrió que después del crimen Roberts introdujo su chip en el celular de Strada y lo utilizó.

A través de cámaras de seguridad de la zona, se constató que los imputados circularon con Strada en la moto de él, camino al lugar donde fue asesinado. Regresaron sólo ellos dos.

El juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva sin plazos de Tacundo y Roberts, quienes continuarán tras las rejas mientras la investigación judicial avanza.

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La intervención se produjo durante un control vehicular de rutina, cuando los efectivos policiales hicieron detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok e identificaron al conductor. Al verificar el dominio en el sistema 911, confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por robo ocurrido el 27 de julio de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Tras el hallazgo, se dio aviso al fiscal en turno, quien ordenó el traslado de las actuaciones a la Subcomisaría 6ª de El Sombrerito, dependiente de la Unidad Regional IX. El hombre quedó a disposición de la justicia por el delito de encubrimiento de robo, mientras que la camioneta fue secuestrada.

Un operativo policial realizado en la madrugada de este sábado en Rafaela permitió la detención de tres personas y la recuperación de una bicicleta robada, tras una rápida intervención de personal de la Comisaría N° 15 y de Agrupación Cuerpos.

El hecho se inició cuando un menor de edad se acercó a los agentes en calle Jauretche y J.P. López, denunciando que le habían robado su bicicleta SLP 5PRO, rodado 29, que había dejado con medidas de seguridad en la puerta de la casa de un amigo ubicada en esa misma cuadra.

Durante las recorridas preventivas por calle J.P. López, los efectivos divisaron un vehículo de remís que transportaba en el baúl una bicicleta con características idénticas a la denunciada.

El chofer del remís indicó que había sido subido a tres personas —dos hombres de 22 y 25 años y una mujer de 33 años— para realizar un viaje hacia el barrio 2 de Abril, y que debía llevar también la bicicleta en el baúl.

Ante la coincidencia con el objeto sustraído, el personal detuvo a los tres pasajeros y los trasladó a la sede policial, donde quedaron a disposición del fiscal en turno.

Desde la Fiscalía se ordenó que los tres detenidos sean imputados por el delito de encubrimiento y permanezcan detenidos. Además, se dispuso la restitución inmediata del birrodado al menor damnificado.

La mujer, junto a su esposo -también detenido-, vendía motos secuestradas que se encontraban en la dependencia policial donde ella trabajaba. Además detuvieron a dos hombres involucrados en la causa.

La Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, a través de la Unidad Especial de Asuntos Internos, detuvo a una empleada policial, a su pareja y otras dos personas en el marco de una investigación por el delito de encubrimiento.

La investigación se inició a raíz de una denuncia que detallaba que la funcionaria policial ofrecía a la venta las motos secuestradas que estaban en la dependencia policial donde prestaba servicio, en la ciudad de Santa Fe. El denunciante había agregado que el esposo de la mujer policía era el encargado de ofrecer los vehículos en el barrio.

La Delegación Centro Norte de Asuntos Internos allanó la vivienda de la pareja, donde secuestraron tres motos: una marca Motomel 110 cc, una marca Honda Wave, y una marca Suzuki 110cc.; todas con indicios de haber estado secuestradas en sede policial. También se incautaron actuaciones penales de las cuales la involucrada era responsable de llevarlas adelante en su función de Responsable de la Investigación Penal (RPI), a las que no les había dado trámite o que ni siquiera se encontraban registradas de la dependencia.

También descubrieron que la imputada utilizaba para su uso particular una moto con pedido de secuestro.

Asimismo, y de forma simultánea, se allanó la vivienda de un familiar de la actual pareja de la empleada policial, donde los efectivos secuestraron varias motopartes, documental de interés y una motocicleta marca Yamaha Criptón que registraba pedido de secuestro activo por “Robo”, siendo la detenida la Responsable de la Investigación Penal mientras desempeñaba funciones.

Además fue allanado un taller mecánico de norte de la capital provincial, donde lograron secuestrar motopartes de dudosa procedencia y su propietario quedó detenido por la causa de encubrimiento.

El personal policial también allanó el domicilio contiguo al taller donde secuestraron motopartes, algunas provenientes de con pedido del vehículo que conducía la policía detenida y que fue secuestrada en su domicilio. Desde este último domicilio también incautaron un revólver calibre 38 y detuvieron a un hombre por “tenencia indebida de arma de fuego”.

Todos los involucrados fueron imputados este viernes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe por el fiscal a cargo, Dr. Ezequiel Hernández.

Esto se da tras la pena de un año en prisión para Jorge Martínez, quien fuera DT de "Las Gladiadoras", luego de la denuncia por abuso sexual de la ex jefa de prensa del plantel femenino, Florencia Marco. Se apunta a Jorge Bermúdez y a Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol.

Un fiscal abrió una investigación preliminar por supuesto encubrimiento en Boca Juniors. Esto se da en el marco del abuso sexual que sufrió la ex jefa de prensa del plantel femenino, Florencia Marco, y se averiguará si también hubo otras víctimas en la institución. Jorge Martínez, quien fuera DT del primer equipo, recibió una condena de un año de prisión.

El caso de Florencia Marco todavía sigue resonando puertas para adentro en el mundo Boca. Es que, pese a que Jorge Martínez, quien dirigió a “Las Gladiadoras”, recibió una pena de un año de prisión por abuso sexual parece que aún quedan asuntos por resolver.

En esta oportunidad un fiscal abrió una investigación preliminar por supuesto encubrimiento y los apuntados son Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol, quienes testificaron en la causa a favor del ahora ex técnico.

Lo que se intentará saber es si hubo otras víctimas, como Marco, y que desde el club no estén interfiriendo en este sentido.

La empleada, que aún está de licencia sin goce de sueldo, habló hace días al respecto y sentenció: "los testigos de repente se empezaron a olvidar situaciones que habían vivido y esas personas siguen estando en la institución hoy. Eso condiciona a las jugadoras”.

Esta primera condena, que tiene un año de prisión (excarcelable), una orden de restricción de acercamiento, tres años de tareas comunitarias e inscripción en el banco genético de abusadores, fue dada por el juez Dr. Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22 tras los alegatos de las partes y de la Fiscalía.(DA)