Personal de la Unidad Operativa Regional 6 secuestró una motocicleta este martes por la noche tras detectar anomalías en su número de chasis. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 20.15 sobre la Ruta Provincial N.º 13, frente a la Escuela Agrotécnica de San Cristóbal, en el marco de un control vehicular de rutina.

Los efectivos interceptaron una Yamaha YBR 125 conducida por un ciudadano identificado como G. W. Al inspeccionar el rodado con instrumental óptico y lumínico, constataron que el número de chasis presentaba signos de supresión, con rayados visibles en la base de aluminio y características que no coincidían con la alineación, morfología ni distancia habitual de los caracteres alfanuméricos.

A pesar de que la consulta en el sistema SIFCOP no arrojó impedimentos legales sobre el conductor ni sobre el dominio, motor o chasis, la alteración detectada fue considerada suficiente para dar intervención al fiscal de turno.

El funcionario judicial dispuso la imputación en libertad del conductor bajo la figura de encubrimiento, según lo previsto en el artículo 277, inciso 1° C del Código Penal. Además, ordenó el secuestro formal de la motocicleta, su documentación y la licencia nacional de conducir del implicado.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este lunes en Rafaela tres requisas domiciliarias en el marco de una causa por robo de motocicleta ocurrido el pasado 11 de octubre.

El hecho fue denunciado por la víctima, quien informó la sustracción de una moto marca Corven. Durante las primeras diligencias, se identificó a un menor de 15 años, de iniciales T. I. B., como presunto autor del robo.

En las últimas horas, la PDI secuestró diversas partes del rodado sustraído y, por disposición del fiscal interviniente Dr. Guillermo Loyola, procedió al traslado e identificación de S. M. T. y M. J. A. por el delito de encubrimiento.

Ambos fueron notificados en sede policial mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el hecho.

Este martes imputaron por encubrimiento a las dos personas que vendieron el celular de Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa que a mediados de septiembre apareció asesinado en Laguna Paiva, a la vera de la Ruta Provincial N°2.

Los hermanos Maximiliano Ezequiel y Rocío Belén E., de 23 y 19 años, fueron imputados como coautores del delito de “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”. La audiencia se realizó este martes a primera hora en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, ante el juez penal Leandro Lazzarini.

La investigación del crimen está a cargo del fiscal Alejandro Benítez, quien tras la atribución delictiva acordó con la defensora pública Betina Dongo que los imputados recuperen la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

El magistrado dispuso la excarcelación, e impuso a los hermanos una serie de restricciones, entre las que se encuentra la obligación de presentarse mensualmente ante la comisaría de Monte Vera -donde residen-, fijar domicilio y la prohibición de contactar a la familia de Strada.

En el marco del proceso judicial, dos personas fueron imputadas por el “homicidio triplemente calificado” del joven de María Luisa, y quedaron en prisión preventiva. Se trata de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

La desaparición fue denunciada el 14 de septiembre, y dos días después Strada fue hallado sin vida en una zona de monte a la vera de la RP2, cerca de Laguna Paiva. Presentaba signos de haber sido prendido fuego y tenía un cinturón en su cuello, y la autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia.

La fiscalía dispuso la detención de la expareja de Strada, Tacundo, y del actual novio de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Iván Carrión sostuvieron que existió un plan común en el que ambos participaron activamente.

Para los acusadores, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a solicitar transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Estos llamados, en los que la madre de la víctima notó su voz de desesperación, se hicieron desde el lugar donde fue asesinado.

"Lo mataron, sabemos quiénes y cuándo lo mataron, en qué horario, cómo y por qué", señaló el fiscal cuando pidió la prisión preventiva para Tacundo y Roberts. En su acusación, sostuvo que, al no conseguir las transferencias solicitadas y no lograr consumar el delito de extorsión, ahorcaron a Strada y luego quemaron su cuerpo en un intento de lograr la impunidad.

Un análisis del impacto de antenas de telecomunicaciones localizó el teléfono de la víctima cerca del lugar del hecho. Además, se descubrió que después del crimen Roberts introdujo su chip en el celular de Strada y lo utilizó.

A través de cámaras de seguridad de la zona, se constató que los imputados circularon con Strada en la moto de él, camino al lugar donde fue asesinado. Regresaron sólo ellos dos.

El juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva sin plazos de Tacundo y Roberts, quienes continuarán tras las rejas mientras la investigación judicial avanza.

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La intervención se produjo durante un control vehicular de rutina, cuando los efectivos policiales hicieron detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok e identificaron al conductor. Al verificar el dominio en el sistema 911, confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por robo ocurrido el 27 de julio de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Tras el hallazgo, se dio aviso al fiscal en turno, quien ordenó el traslado de las actuaciones a la Subcomisaría 6ª de El Sombrerito, dependiente de la Unidad Regional IX. El hombre quedó a disposición de la justicia por el delito de encubrimiento de robo, mientras que la camioneta fue secuestrada.

Un operativo policial realizado en la madrugada de este sábado en Rafaela permitió la detención de tres personas y la recuperación de una bicicleta robada, tras una rápida intervención de personal de la Comisaría N° 15 y de Agrupación Cuerpos.

El hecho se inició cuando un menor de edad se acercó a los agentes en calle Jauretche y J.P. López, denunciando que le habían robado su bicicleta SLP 5PRO, rodado 29, que había dejado con medidas de seguridad en la puerta de la casa de un amigo ubicada en esa misma cuadra.

Durante las recorridas preventivas por calle J.P. López, los efectivos divisaron un vehículo de remís que transportaba en el baúl una bicicleta con características idénticas a la denunciada.

El chofer del remís indicó que había sido subido a tres personas —dos hombres de 22 y 25 años y una mujer de 33 años— para realizar un viaje hacia el barrio 2 de Abril, y que debía llevar también la bicicleta en el baúl.

Ante la coincidencia con el objeto sustraído, el personal detuvo a los tres pasajeros y los trasladó a la sede policial, donde quedaron a disposición del fiscal en turno.

Desde la Fiscalía se ordenó que los tres detenidos sean imputados por el delito de encubrimiento y permanezcan detenidos. Además, se dispuso la restitución inmediata del birrodado al menor damnificado.

La mujer, junto a su esposo -también detenido-, vendía motos secuestradas que se encontraban en la dependencia policial donde ella trabajaba. Además detuvieron a dos hombres involucrados en la causa.

La Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, a través de la Unidad Especial de Asuntos Internos, detuvo a una empleada policial, a su pareja y otras dos personas en el marco de una investigación por el delito de encubrimiento.

La investigación se inició a raíz de una denuncia que detallaba que la funcionaria policial ofrecía a la venta las motos secuestradas que estaban en la dependencia policial donde prestaba servicio, en la ciudad de Santa Fe. El denunciante había agregado que el esposo de la mujer policía era el encargado de ofrecer los vehículos en el barrio.

La Delegación Centro Norte de Asuntos Internos allanó la vivienda de la pareja, donde secuestraron tres motos: una marca Motomel 110 cc, una marca Honda Wave, y una marca Suzuki 110cc.; todas con indicios de haber estado secuestradas en sede policial. También se incautaron actuaciones penales de las cuales la involucrada era responsable de llevarlas adelante en su función de Responsable de la Investigación Penal (RPI), a las que no les había dado trámite o que ni siquiera se encontraban registradas de la dependencia.

También descubrieron que la imputada utilizaba para su uso particular una moto con pedido de secuestro.

Asimismo, y de forma simultánea, se allanó la vivienda de un familiar de la actual pareja de la empleada policial, donde los efectivos secuestraron varias motopartes, documental de interés y una motocicleta marca Yamaha Criptón que registraba pedido de secuestro activo por “Robo”, siendo la detenida la Responsable de la Investigación Penal mientras desempeñaba funciones.

Además fue allanado un taller mecánico de norte de la capital provincial, donde lograron secuestrar motopartes de dudosa procedencia y su propietario quedó detenido por la causa de encubrimiento.

El personal policial también allanó el domicilio contiguo al taller donde secuestraron motopartes, algunas provenientes de con pedido del vehículo que conducía la policía detenida y que fue secuestrada en su domicilio. Desde este último domicilio también incautaron un revólver calibre 38 y detuvieron a un hombre por “tenencia indebida de arma de fuego”.

Todos los involucrados fueron imputados este viernes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe por el fiscal a cargo, Dr. Ezequiel Hernández.

Esto se da tras la pena de un año en prisión para Jorge Martínez, quien fuera DT de "Las Gladiadoras", luego de la denuncia por abuso sexual de la ex jefa de prensa del plantel femenino, Florencia Marco. Se apunta a Jorge Bermúdez y a Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol.

Un fiscal abrió una investigación preliminar por supuesto encubrimiento en Boca Juniors. Esto se da en el marco del abuso sexual que sufrió la ex jefa de prensa del plantel femenino, Florencia Marco, y se averiguará si también hubo otras víctimas en la institución. Jorge Martínez, quien fuera DT del primer equipo, recibió una condena de un año de prisión.

El caso de Florencia Marco todavía sigue resonando puertas para adentro en el mundo Boca. Es que, pese a que Jorge Martínez, quien dirigió a “Las Gladiadoras”, recibió una pena de un año de prisión por abuso sexual parece que aún quedan asuntos por resolver.

En esta oportunidad un fiscal abrió una investigación preliminar por supuesto encubrimiento y los apuntados son Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol, quienes testificaron en la causa a favor del ahora ex técnico.

Lo que se intentará saber es si hubo otras víctimas, como Marco, y que desde el club no estén interfiriendo en este sentido.

La empleada, que aún está de licencia sin goce de sueldo, habló hace días al respecto y sentenció: "los testigos de repente se empezaron a olvidar situaciones que habían vivido y esas personas siguen estando en la institución hoy. Eso condiciona a las jugadoras”.

Esta primera condena, que tiene un año de prisión (excarcelable), una orden de restricción de acercamiento, tres años de tareas comunitarias e inscripción en el banco genético de abusadores, fue dada por el juez Dr. Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22 tras los alegatos de las partes y de la Fiscalía.(DA)