Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa, se refirió al aumento de ruidos molestos provocados por motociclistas y confirmó que la Comuna avanzará con medidas firmes para desalentar estas conductas.

“Vimos este verano que aumentó el ruido. No es por desperfectos mecánicos: a propósito le ponen caño de escape, cuanto más ruidoso mejor”, explicó. En ese sentido, describió una práctica recurrente. “Tienen una moda que le llaman cortes, que son como disparos. Lo paran y vuelven a arrancar la moto, entonces hace como un disparo”, relató. Según señaló, estas acciones suelen darse en grupo: “Uno hace un disparo, el otro hace tres, el otro hace cuatro, y se miran sonrientes, como si fuera una hazaña para ellos”.

Goyechea indicó que, frente a esta situación, se reforzaron los operativos de control en distintos puntos de la localidad. “Reforzamos los operativos con lo que implica gastos, en lugares claves y rotativos, con una consigna acordada con la policía”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que existe un límite en la forma de actuar ante quienes intentan evadir los controles. “Si vemos que una moto o un grupo esquiva el operativo, no los perseguimos”, explicó, y fundamentó la decisión: “Si los perseguimos a alta velocidad podemos provocar un accidente y que salga lastimado un tercero que no tiene nada que ver”.

En ese marco, sostuvo que la prioridad es evitar riesgos mayores. “Encima a estos que andan arriba de las motos uno los tiene que proteger, porque si se caen hay que llamar a los bomberos, activar el protocolo de seguridad y llevarlos al hospital”, agregó.

El presidente comunal señaló que el monitoreo con cámaras permite identificar a los responsables. “Con las cámaras de videovigilancia vemos dónde están, si están parados en una plaza, en un kiosco o en su casa”, explicó. A partir de esa información, se procede al secuestro de los vehículos. “En este momento, en el depósito de la Comuna tenemos 21 motos secuestradas, que para nuestra localidad es mucho”, indicó.

Además, explicó el nuevo criterio sancionatorio. “Cuando determinamos quiénes son, sin necesidad de pararlos, le vamos a hacer una multa. A los 15 minutos, cuando vuelve a pasar, otra multa. A los 30 minutos, otra multa”, detalló.

Goyechea remarcó que las sanciones no se limitarán a lo económico. “Vamos a cortar toda vinculación que tengan con la Comuna, el que maneja la moto o su familia”, afirmó. Y explicó el alcance de la medida: “Si tienen un comercio, la Comuna no les va a comprar más nada. Si los contratamos para alguna prestación, no los contratamos más, contratamos a otro”.

También señaló que no habrá acompañamiento institucional. “Si por algún motivo requieren un acompañamiento, no se lo vamos a brindar”, sostuvo. Y advirtió sobre las consecuencias administrativas: “Cuando venga a renovar la licencia de conducir, le va a aparecer una chorrera de multas que primero las tiene que pagar”.

Finalmente, el presidente comunal insistió en que estas decisiones buscan terminar con una conducta que afecta a toda la comunidad. “Somos un pueblo chico, nos conocemos todos, y si no nos conocemos, con las cámaras en diez minutos sabemos quiénes son”, concluyó.

Los jueces de falta de Rafaela participaron de una reunión con concejales para evaluar reformas al Código de Tránsito vinculadas al uso de escapes no reglamentarios. En el encuentro, respaldaron la necesidad de actualizar la normativa para facilitar la retención de motos en infracción y remarcaron que los costos para regularizar la situación deben ser asumidos por los propietarios.

“Modificarán la ordenanza que regula la retención de motos con escapes libres o no reglamentarios. Obviamente que estamos sumamente de acuerdo con la solución de la problemática que es real”, afirmó Nicolás Borda Bossana. “Aportamos un poco lo que vemos a diario con respecto a estos temas, y tratamos de facilitar los operativos y los controles, buscando requisitos o cuestiones objetivas que le den herramientas al inspector para actuar en la calle”, agregó.

En cuanto a la detección, el juez consideró que debe trabajarse en criterios técnicos claros. “Los concejales deberán preguntarle específicamente a Protección Vial por las cuestiones más que nada de estructura, la forma del escape, o si eventualmente ven al vehículo llegar y genera ruido o alguna cuestión ambiental”, señaló. Y concluyó: “Debemos buscar criterios objetivos que nos den a entender que ese escape puede ser reglamentario o no cumplir con lo que dice la normativa vigente”.

Por su parte, Claudio Nicola destacó el equilibrio entre el accionar estatal y el derecho de defensa. “En cuanto a si el vehículo está bien retenido o no, por esa causal, a su vez se le tiene que dar al particular el derecho de defensa”, explicó. Sin embargo, aclaró: “Si no presenta prueba que acredite que el escape es reglamentario, se le solicita que, para retirar el vehículo, cambie en el depósito el escape por uno original o reglamentario para poder volver a circular”.

Nicola remarcó que el municipio no puede devolver motos con escapes antirreglamentarios: “No se puede estar devolviendo un vehículo en las mismas condiciones que fue secuestrado. Eso es lo que estamos exigiendo, que el escape antirreglamentario sea sustituido por uno que cumpla con las normas que están en vigencia. Todo es a costa del particular”.

Finalmente, Alejandro Chiavassa sostuvo que la medida apunta a reforzar la responsabilidad de los conductores. “Acá estamos viendo la responsabilidad de las personas que utilizan cañones de escapes no reglamentarios en los vehículos. Las personas que circulen como corresponde no van a tener problemas”, afirmó.

También destacó que la retención por escapes irregulares puede sumarse a otras infracciones. “Cuando hay operativos, hay muchas causales de retención del vehículo. Se suman al caño de escape la falta de documentación, falta de casco, alcoholismo, circular en contramano. Hay actas que tienen un montón de faltas”, concluyó.

En el marco del debate por los escapes antirreglamentarios que generan reiteradas quejas vecinales en Rafaela, el presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, brindó detalles sobre los avances del proyecto que busca endurecer los controles y sanciones. La iniciativa tuvo una nueva instancia de análisis con la participación de los jueces de falta de la Municipalidad.

“Agradecemos que han venido con un espíritu y ganas de avanzar con esto, y eso es lo que yo quiero rescatar”, expresó Mársico. Según explicó, el proyecto en tratamiento “busca que se puedan retener las motos con escapes antirreglamentarios libres que estén detenidas, y no solamente en movimiento, que ya el municipio viene reteniendo”.

Durante la reunión, los jueces plantearon observaciones técnicas para dotar de mayor precisión a la norma. “Nos hicieron alguna observación, en la ordenanza debemos detallar algunas características de los escapes antirreglamentarios para que le demos mayor objetividad a la norma”, indicó. Para ello, el Concejo se pondrá “en contacto con gente de Protección Vial y Comunitaria, y también con talleristas, que nos den algunas características objetivas para hacer más específica la norma”.

Mársico remarcó que el enfoque está puesto en proteger a los vecinos. “Hay ciertos sectores de la ciudad que están siendo víctimas del uso de motos antirreglamentarias que afectan la salud pública, afectan la normal convivencia, el normal descanso que ellos merecen”, dijo. Y agregó: “Todo esto tiene que ver con la salud pública, esencialmente, y ahí queremos atacar la causa con la mayor dureza. No vamos a ceder ni un centímetro en el proyecto”.

El edil denunció casos específicos: “¿Cómo puede ser que haya personas que se paren enfrente de las casas y aceleren a propósito? Y esto es normal, sobre todo en el cartel de Rafaela, sobre todo a la altura de la Colectora donde está la Universidad Pública”.

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Además, anticipó que se incorporarán definiciones técnicas para facilitar la fiscalización: “Vamos a agregar condiciones objetivas que debe tener el caño de escape, de acuerdo a lo que nos digan los mecánicos, el mismo personal de Protección Vial, para que sea más fácil la identificación”.

Según explicó, si se detecta una infracción, la moto será retenida. “La prueba pasa por cuenta del infractor o el presunto infractor, que la tendrá que aportar en el momento de hacer su descargo. Pero la moto se lleva”, subrayó. La reparación y adecuación correrán por cuenta del propietario. “Va a correr por cuenta del infractor asistir a recuperar su moto con un caño de escape reglamentario, poder hacer el cambio ahí, más allá de la multa”, señaló.

En cuanto a las sanciones económicas, indicó: “Cada unidad de multa son 25 litros de nafta súper YPF. O sea que el máximo más o menos de multa sería un millón de pesos. El valor final lo va a merituar el Juez de Faltas de acuerdo a las circunstancias”.

En ese sentido, Mársico concluyó: “Desde nuestra parte, los vecinos van a tener todo el apoyo para llevar adelante esta norma. Son herramientas que estamos brindando para la solución a este grave problema”.

Este viernes por la mañana, concejales de Rafaela se reunieron con jueces de faltas y autoridades municipales para profundizar el abordaje sobre el uso de escapes antirreglamentarios. Se trata de una problemática en agenda que afecta la convivencia urbana por los altos niveles de ruido y la alteración del orden público.

El encuentro tuvo lugar en la sala de sesiones del Concejo Municipal, donde participaron los jueces Nicolás Borda Bossana, Claudio Nicola y Alejandro Chiavassa, junto al secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero. En ese marco, compartieron sus perspectivas sobre la aplicación de las normativas vigentes.

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La reunión se enmarcó en un proyecto de ordenanza impulsado por la totalidad del cuerpo legislativo, que busca modificar artículos claves del Código de Tránsito local para otorgar mayor claridad normativa y herramientas efectivas para sancionar esta conducta.

Entre los principales cambios se encuentra la reforma del artículo 65 inciso b) 6 de la ordenanza Nº 2969, donde se establece que, ante la falta de silenciador o su alteración en violación de las normas vigentes, los vehículos podrán ser retenidos aun cuando estén detenidos o estacionados en la vía pública. La condición para recuperarlos será el reemplazo obligatorio del caño de escape por uno original o reglamentario, a cargo del titular.

Además, se prevé que el escape antirreglamentario será decomisado y destruido por la autoridad de aplicación, lo que implicaría el retiro definitivo de estos elementos del circuito urbano.

El proyecto también contempla la modificación del artículo 26, inciso a) del Decreto-Ordenanza Nº 5088, en relación a las sanciones económicas. En caso de aprobarse, las multas pasarían a oscilar entre 7 y 30 unidades fijas, lo que representa un incremento respecto a los valores actuales.

La iniciativa busca desalentar el uso de escapes libres o modificados, que no solo generan contaminación sonora, sino que en muchos casos están asociados a maniobras peligrosas y situaciones de inseguridad vial. La propuesta será evaluada en las próximas sesiones del cuerpo legislativo, con vistas a su aprobación en el corto plazo.

Con el objetivo de frenar el uso de escapes libres o modificados en motocicletas, el presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, anunció que ya fue presentado un proyecto de ordenanza que busca ampliar las herramientas legales para sancionar esta práctica, incluso cuando los vehículos estén detenidos o estacionados.

"No solamente hay desaprensión, hay mala intención. Pararse frente a una casa y meterle al acelerador para que ese caño de escape modificado haga el ruido que hace, no es casual. Es bronca y genera impotencia", afirmó Mársico en diálogo con Radio Rafaela.

Según el concejal, los focos más conflictivos se concentran especialmente en la zona del cartel de Rafaela y la colectora frente a la UNRaf, donde se producen “juntadas” los fines de semana que dificultan los controles. "Hacer un operativo con 25 motos que salen en manada es inviable. Si ocurre un accidente, el municipio o las fuerzas terminan siendo responsables", explicó.

Si bien desde la gestión actual se han retenido 340 motos con caños de escape modificados, el concejal Mársico admitió que “las medidas hasta ahora no dieron los resultados esperados”. Por eso, el proyecto plantea una nueva normativa que permita actuar también sobre las motos estacionadas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la interpretación de la Ley Nacional de Tránsito, que autoriza la retención de vehículos que no cumplen con condiciones de seguridad activa o pasiva, o de emisión de contaminantes. “La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya ha opinado que el caño de escape forma parte del sistema de seguridad de la moto. Y si está modificado, no cumple. Entonces, puede ser retenida aunque esté detenida”, explicó el concejal.

Este punto busca zanjar una laguna legal que hasta ahora limitaba la acción municipal a los vehículos en movimiento, dificultando los controles y el decomiso.

El proyecto también eleva el rango de la multa de 7 a 30 unidades de multa, donde cada unidad equivale a 15 litros de nafta súper YPF, y dispone que el escape ilegal sea decomisado y destruido.

"No es solo pagar la multa. El infractor deberá ir a Control Público con el escape reglamentario, hacer el cambio y el escape ilegal será destruido por el municipio", detalló Mársico.

Mársico hizo hincapié en el daño colateral que este tipo de ruidos provoca. “Nos lo dicen los vecinos: hay personas enfermas, con discapacidad, animales que padecen esas explosiones que hacen con los escapes modificados”, señaló. Y agregó: “Estos efectos que generan ruidos ensordecedores tienen a maltraer a toda la ciudad”.

Esta semana se llevó a cabo la destrucción de 100 escapes de motocicletas secuestradas en la ciudad de Casilda. Son aquellos dispositivos adulterados que generan detonaciones y perjudican a todos los vecinos.

“Es una parte del cumplimiento del deber, hay ordenanzas que son bastantes claras. Obligadamente tenemos que destruir los escapes que no son legales. Casilda no es una pista de carrera”, expresó el intendente Guillermo Franchella, en diálogo con este medio.

En esa línea, representantes del grupo Prohibido Olvidar, protectoras de animales y familias de personas con autismo, participaron de la aniquilación de los escapes defectuosos, quienes expresaron su apoyo y pidieron mayor respeto y conciencia hacia los más afectados.

Por su parte, Carina Galip es madre de un niño con autismo y señaló que “hay mucha gente que sufre con estos ruidos. Las personas con autismo tienden a golpearse y a llorar mucho. Hay que ponerse en el lugar de aquellos que tienen dificultades a raíz de todo esto”.

El ruido excesivo generado por estos dispositivos no sólo representa una molestia, sino que también tiene graves consecuencias para la salud. Estudios han demostrado que la exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede provocar estrés, alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares y dificultades de concentración.

Además, impacta especialmente en personas con sensibilidad auditiva, niños con autismo, adultos mayores y animales, quienes pueden sufrir ansiedad, irritabilidad e incluso daños fisiológicos debido a la sobrecarga sensorial que produce el estruendo.

Las ciudades de Santa Fe y Firmat también ampliaron su regulación para sancionar a vehículos que generan ruidos fuertes y molestos, prohibiendo la circulación de motos o autos con caños de escape libre o sin silenciador, y aquellos que utilicen sistemas de parlantes que exceden los niveles permitidos.

Sur24.-

Esta semana se llevó a cabo la destrucción de 100 escapes de motocicletas secuestradas en la ciudad de Casilda. Son aquellos dispositivos adulterados que generan detonaciones y perjudican a todos los vecinos. “Es una parte del cumplimiento del deber, hay ordenanzas que son bastantes claras. Obligadamente tenemos que destruir los escapes que no son legales. Casilda no es una pista de carrera”, expresó el intendente Guillermo Franchella, en diálogo con el Litoral.

En esa línea, representantes del grupo “Prohibido Olvidar”, protectoras de animales y familias de personas con autismo, participaron de la aniquilación de los escapes defectuosos, quienes expresaron su apoyo y pidieron mayor respeto y conciencia hacia los más afectados.

Por su parte, Carina Galip es madre de un niño con autismo y señaló que “hay mucha gente que sufre con estos ruidos. Las personas con autismo tienden a golpearse y a llorar mucho. Hay que ponerse en el lugar de aquellos que tienen dificultades a raíz de todo esto”.

El ruido excesivo generado por estos dispositivos no solo representa una molestia, sino que también tiene graves consecuencias para la salud. Estudios han demostrado que la exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede provocar estrés, alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares y dificultades de concentración. Además, impacta especialmente en personas con sensibilidad auditiva, niños con autismo, adultos mayores y animales, quienes pueden sufrir ansiedad, irritabilidad e incluso daños fisiológicos debido a la sobrecarga sensorial que produce el estruendo.

Las ciudades de Santa Fe y Firmat también ampliaron su regulación para sancionar a vehículos que generan ruidos fuertes y molestos, prohibiendo la circulación de motos o autos con caños de escape libre o sin silenciador, y aquellos que utilicen sistemas de parlantes que exceden los niveles permitidos.

redacción EL

Fue durante los operativos de tránsito que se desarrollan diariamente desde el área de Protección Vial y Comunitaria del municipio. Recordemos que el Decreto Nº 36.174 establece que el nivel máximo de ruidos producidos por motocicletas no puede superar los 110 decibeles.

El área de protección Vial y Comunitaria que depende de la Secretaría de Gobierno y Participación del municipio, desarrolla operativos de tránsito diariamente en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y, de esta forma, reducir el número de accidentes en las calles.

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Esta semana, en estos procedimientos se detectaron tres motos que circulaban haciendo uso de los escapes libres, motivo por el cual fueron retenidas y trasladadas a los depósitos municipales, además de labrar el acta de infracción a sus conductores.

Recordemos que esta normativa se encuentra reglamentada por el Decreto Nº 36.174 y establece que el nivel máximo de ruidos producidos por motocicletas no puede superar los 110 decibeles. Cabe aclarar que el incumplimiento del valor máximo establecido será sancionado de conformidad a las disposiciones del Código Municipal de Faltas, es decir, con el secuestro del vehículo.

“Solicitamos a la ciudadanía tener especial cuidado en el uso de los elementos obligatorios en estos vehículos para contribuir a una convivencia armónica, sin contaminación acústica, que también hace a la calidad de vida de nuestra ciudad”, señaló el secretario de Gobierno y participación, Jorge Muriel.