Por la guerra de Medio Oriente, aumentaron insumos claves como la urea y el combustible, se redujo la rentabilidad y se elevó el peso de los impuestos, con el trigo como el cultivo más afectado, en el marco de una suba de 6 puntos de la renta agrícola que se apropia el Estado.

Estos resultados mostraron un fuerte impacto del conflicto y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 50% de la urea a nivel mundial, un fertilizante clave en la producción agrícola, especialmente para trigo.

El foco de la preocupación del sector agrícola se centra en "el alza de los costos como el del combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, como explica Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).

El Índice FADA de marzo 2026 marca que el 62,5% de la renta se va en impuestos, 6,1 puntos porcentuales más que diciembre de 2025.

Esto significa que, de cada $100 que genera una hectárea agrícola, $62,5 se destinan a impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Mientras el promedio nacional es de 62,5%, Córdoba registra un 60,2%, Buenos Aires 60,4%, Santa Fe 57%, La Pampa 60,4%, Entre Ríos 67,6% y San Luis 55,7%.

“El aumento del Índice es una combinación de 2 cosas: la suba de los costos de producción, que hace achicar la renta agrícola, y la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, que hace que haya más pesos a pagar por cada hectárea. Así, cuando la renta se achica, los impuestos representan una porción más grande, explica Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA.

Por un lado, se registró un fuerte aumento de los costos de producción.

Por otro, como pasa habitualmente a comienzos de año, se actualizaron impuestos provinciales y municipales, lo que también suma presión.

“Este combo de costos en alza, ingresos ajustados y actualización de tributos provinciales, genera un efecto claro: aunque los impuestos que nos cobran no cambien estructuralmente, pesan más sobre una renta que es menor”, agrega Antonella Semadeni, economista de FADA.

“El análisis por cultivo muestra realidades muy distintas, pero con un denominador común: la disminución de la rentabilidad”, advierte Fiorella Savarino, economista FADA.

En soja, el Estado participa con el 61,6% de la renta, mientras que en maíz el indicador alcanza el 56,8%.

En girasol, el porcentaje trepa al 80,3%, reflejando una situación más complicada.

Sin embargo, el dato más crítico es el que arroja el trigo, el cual llega al 104,4%. “Esto significa que la carga impositiva es mayor a la renta generada, en otras palabras, que el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir el pago de los impuestos”, señala Savarino.

Este escenario deja al trigo en una situación particularmente delicada, fuertemente condicionada por el aumento de costos y la dependencia del cultivo a insumos clave.

Uno de los factores que explica este escenario es el fuerte aumento en el costo de los fertilizantes, especialmente la urea, un insumo fundamental para la producción agrícola.

El conflicto en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica por donde circula una porción significativa del comercio mundial de energía y fertilizantes, generó tensiones en los mercados internacionales.

Por esa vía transita aproximadamente el 20% del petróleo, el 25% del gas y el 50% de la urea a nivel global.

En este contexto, el precio de la urea registró un aumento del 43% respecto a diciembre y del 39% en términos interanuales.

Este incremento impacta de manera directa en los costos productivos, especialmente en cultivos como el trigo y el maíz, que tienen una alta dependencia de la fertilización.

“El encarecimiento de los insumos no es el único factor que presiona sobre los costos.

También se registraron aumentos en otros componentes claves”, revela Luz Silvetti, economista FADA.

A inicios de año los impuestos provinciales y municipales sufren actualizaciones por lo que incrementan su peso relativo sobre el total en las mediciones de marzo de cada año, pasando de explicar el 6,4% del total de impuestos que pagaba el productor a fin de 2025, a un 9,7% (o casi 10%) a inicios de 2026.

En particular se registran aumentos de Inmobiliario Rural que promedia a nivel nacional el 79%, empujado principalmente por Buenos Aires.

A nivel municipal, rondan el 32%.

Las labores o salarios agrícolas aumentaron un 33% desde diciembre, muy por encima de la inflación estimada para el mismo período (8,6%), lo que refleja un desfasaje importante en los costos operativos.

Por otro lado, los fletes también muestran subas, impulsadas en gran parte por el aumento del combustible, producto de la guerra: un 8,4% en pesos y un 12% en dólares respecto a la medición anterior, lo que impacta directamente en la competitividad, especialmente en regiones alejadas de los puertos.

A esto se suma el deterioro en la relación insumo-producto. Hoy, para adquirir una tonelada de urea se necesitan 3,9 toneladas de maíz o 3,8 toneladas de trigo, una relación menos favorable que la de un año atrás.__IP__

“Todo esto configura un escenario en el que producir requiere cada vez más recursos, reduciendo los márgenes del productor”, agrega Silvetti.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

Esta entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020. 

La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.

La adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.

En función de ese resultado, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación tanto a la OA como a la SIGEN y recomendó la adopción de un “mecanismo adicional de transparencia”, que en este caso fue la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada. Según consta en el expediente, la OA solicitó que, una vez firmado el instrumento, se le remitiera copia; posteriormente, Cancillería dejó asentado que el pacto fue efectivamente incorporado y comunicado a ese organismo.

El Pacto de Integridad es un acuerdo formal y obligatorio entre la entidad estatal contratante y la entidad contratada, diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.

La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista en el régimen de contrataciones del Estado para servicios considerados específicos. Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.

Además del expediente 2025/2026, el portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 que, según la ficha pública, fue autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024.

El objeto consignado es un “curso de capacitación”, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.

El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye:

Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.

Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.

Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El servicio incluye, además, plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como la provisión de bibliografía 2026, con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.

El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.

Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros, al inicio del ciclo lectivo 2026.

En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.

El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.

Con la incorporación del Pacto de Integridad y la comunicación a la Oficina Anticorrupción, Cancillería dio por cumplido el procedimiento previsto para los casos en los que se detectan vínculos personales relevantes entre funcionarios y proveedores del Estado. La adjudicación quedó firme y el contrato, habilitado para su ejecución por el plazo establecido.

Agencia Noticias Argentinas contactó al ministro Federico Sturzenegger y a Cancillería para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la contratación. Al cierre de esta nota no hubo contestación oficial.

AgenciaNa

A 23 años del crimen de María Marta García Belsunce, su esposo, Carlos Carrascosa, avanza en una demanda contra el Estado argentino y la provincia de Buenos Aires por la condena errónea que lo llevó a pasar más de seis años en prisión.

El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Canto, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que la presentación ya fue formalizada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

“Pedimos que se condene al Estado y a la provincia a reparar el daño que se le ha hecho con una condena injusta y sin sustento”, afirmó el letrado.

El asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country El Carmel de Pilar, es considerado uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal argentina.

Durante años, Carrascosa fue señalado como el principal sospechoso. En 2009 fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y pasó seis años detenido en el penal de Campana, hasta que en 2015 obtuvo prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un country de Escobar.

En 2016, tras una revisión judicial, el Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena y lo absolvió, al no hallarse pruebas que acreditaran su participación en el crimen.

Recién en 2024, más de dos décadas después del hecho, la Justicia condenó a Nicolás Pachelo, vecino del matrimonio en el country, a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego, además de robo agravado.

La sentencia confirmó que el móvil del crimen fue el robo y no un conflicto familiar, desbaratando la hipótesis inicial que había llevado a Carrascosa a prisión.

El pedido de Carrascosa busca una indemnización por los años de prisión y el daño moral ocasionado por la investigación errónea.

“El monto de la reparación aún no está determinado”, explicó Díaz Canto, quien agregó que su defendido “se encuentra bien y con expectativa de que el reclamo prospere”.

El “caso García Belsunce” no solo generó un impacto mediático sin precedentes, sino que expuso fallas en el sistema judicial, irregularidades periciales y un manejo cuestionado de la investigación inicial.

A más de dos décadas del crimen, el pedido de Carrascosa apunta a que el Estado reconozca su responsabilidad en una de las condenas más controvertidas de la historia judicial argentina.

La exdiputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su apoyo a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que realizarán un “abrazo simbólico” en defensa del organismo, y lanzó duras críticas al Gobierno nacional.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Carrió afirmó que no podrá asistir personalmente a la manifestación, pero aseguró que su “corazón está con sus trabajadores”, y denunció que estos deben volver a “defenderse de los soldaditos de una batalla cultural”.

“Les interesa más que les cierre el Excel, antes que cuidar a las personas”, escribió la exlegisladora, en referencia a la lógica de ajuste y recorte impulsada por el oficialismo.

En el tramo más contundente de su mensaje, Carrió advirtió: “Están demoliendo el Estado desde adentro y con él nos están demoliendo a todos”.

La exdiputada se suma así a un creciente grupo de dirigentes y sectores sociales que vienen manifestando su rechazo a las políticas de achicamiento del sector público impulsadas por el presidente Javier Milei y su equipo económico.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este jueves 18 de julio, con el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en medio de un escenario que ubica al sueldo básico como el menor en 30 años.

El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevará a cabo esta tarde, primero en comisión, dónde tendrá lugar la discusión técnica en busca de elevar una propuesta de actualización, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, para dar paso al debate central.

El último encuentro entre las partes, en la Secretaría de Trabajo, fue a fines de abril. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, al igual que en la primera convocatoria del año, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 15% en el piso salarial en dos tramos (abril y mayo).

De esta manera, el ingreso básico pasó de $202.800 a $221.052 en abril para los trabajadores mensualizados, mientras que en mayo alcanzó los $234.315,12. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $1.014 a $1.105,26 en el cuarto mes del año y a $1,171,58 en el quinto.

Con el actual valor, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado, ya que “los aumentos nominales sumaron 60,5% respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136%”, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).

Además, precisó que en lo que va del año, el sueldo mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y está en el nivel “más bajo de las últimas tres décadas”. En ese sentido, el reporte señaló que “el valor es inferior incluso al vigente durante la mayor parte de la década de 1990”.

Al respecto, desde el CIFRA sostuvieron que “en ese entonces, como ahora, el nivel era tan bajo que este instrumento había perdido su rol como piso salarial, tal como se buscaba desde un gobierno que bregaba por la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo”.

El análisis también aseguró que “el retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia”, indicando que “este salario sólo sería suficiente en julio para comprar el 56,8% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y un 25,6% de la canasta de pobreza, relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002”.

Asimismo, el área de investigación de la CTA remarcó que “si no hubiese tenido lugar la pérdida de poder de compra del salario mínimo sucedida desde fines de 2015 a la fecha, en el actual mes de julio este salario hubiera sido prácticamente de $540.000 y hubiese representado más del 143% sobre la canasta básica alimentaria aludida”.

Ante este escenario, los gremios buscarán conseguir un aumento que compense el impacto de la variación de precios en los salarios. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, lauda el Gobierno al igual que en las dos reuniones que se llevaron a cabo este año.

El abogado brindó un pormenorizado relato sobre lo que ocurrió con el futbolista.

La internación de Ezequiel “Pocho” Lavezzi en el Sanatorio Cantegril en Punta del Este suscitó todo tipo de versiones que circularon por los ciclos de espectáculos y noticieros del país, pero solo Mauricio D´Alessandro, esposo de la abogada del exfutbolista, dio un panorama pormenorizado sobre el hecho.

El hermetismo que cubrió la internación de Lavezzi, y su posterior traslado a Rosario para estar con su madre y su hijo adolescente, generó molestia en algunos medios que necesitaban la versión más clara de lo sucedido, y sobre eso dio su versión D´Alessandro, el marido de Mariana Gallego.

En Bendita, Beto Casella habló sobre la versión del “accidente casero” en el que Lavezzi se rompió la cadera y D´Alessandro contó que el exfutbolista “se despertó a la noche sorprendido”. “Pensó que había alguien en la casa, y salió armado con una tijera”, añadió.

“Es un accidente casero porque ocurrió en su casa”, explicó el letrado, que sentenció que “no hubo ninguna fiesta”. “Estaba con el hermano que, al verlo corriendo con la tijera, se le tiró encima. Y él había tenido una lesión en el omóplato, se lo había sacado y quedó flojo de esa parte”, agregó.

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“El hermano se le tiró encima, es un muchacho pesado, y ahí se produjo el accidente”, cerró, aunque más tarde Beto retomó el tema aduciendo que “los medios fueron piadosos con Lavezzi”. “La información que creemos que es la real circula entre los periodistas, pero no la queremos desarrollar del todo porque hay temas personales y familiares”, explicó.

“Hay como una línea que el periodismo no quiere cruzar”, agregó Casella, y ahí D´Alessandro habló de “una declaración oficial” hecha ante la policía de Uruguay. “Esta historia de que estaba cambiando un foquito no es verdad. Es una situación que se dio dentro de la casa”, explicó.

“No es que hay una pelea familiar, sino que tuvo un shock nervioso y el hermano lo quiso contener. Y en el forcejeo, Pocho, que ya tiene un antecedente de una lesión, es propenso a volver a lesionarse en el mismo lugar”, cerró el letrado.(Ciudad)

El Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por Javier Milei en Cadena Nacional y sobre todo el punto 27 del paquete de medidas, donde le abrió las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas mediante la modificación de la ley de Sociedades, causó en AFA cierta sorpresa.

En el mismo se especifica: “Sustituyese el artículo 30 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias, por el siguiente: “ARTÍCULO 30.- Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Las asociaciones y entidades sin fines de lucro sólo pueden formar parte de sociedades anónimas. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo.” y además: ”Sustituyese el inciso 1) del artículo 77 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias por el siguiente: “1) Cuando se tratare de sociedades comerciales, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Cuando se tratare de asociación civil que se transformare en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los dos tercios de los asociados;”

Lo cierto es que si bien el DNU ya fue publicado en el Boletín Oficial deben cumplimentarse pasos institucionales correspondientes. En primer lugar pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en la que se analizará solamente si existe necesidad y urgencia en el DNU publicado. Si la Comisión emite dictamen positivo, le alcanzará al Ejecutivo con la aprobación de una de las dos cámaras (senadores o diputados) para que quede vigente.

Lo cierto, es que más allá de lo firmado por Javier Milei, la Asociación del Fútbol Argentino no contempla en su estatuto que sus miembros sean Sociedades Anónimas. Sin embargo, con el decreto anunciado, se plantea la duda: ¿Qué puede pasar si un club se convierte en SAD?

Hasta tanto AFA no lo permita en su estatuto (algo hoy poco probable), si alguna institución decide "cambiar", quedará inhabilitada para disputar competencias nacionales e internacionales (CONMEBOL y FIFA) y perderá la afiliación.

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En contrapartida, el artículo 19 del DNU dado a conocer esta tarde-noche por Milei tiene un apartado bastante “particular” y que parece estar dirigido directamente a esta situación: "No podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una

organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias", reza el texto. En simples palabras, desde el Gobierno le estarían “prohibiendo” a AFA, “prohibirle” participar o jugar a algún club que quiera ser SAD.

Sin embargo, según pudo saber este portal, en AFA entienden que no se le está prohibiendo o discriminando a las instituciones en caso de llegar a ese punto. Al igual que sucedería en un club, donde ⅔ de sus socios deberían votar a favor del cambio de Asociación Civil a Sociedad Anónima para que se concrete, en la Asociación del Fútbol Argentino debería pasar con los asambleístas en las diferentes Asambleas donde se reforma el estatuto.

Dato no menor es que FIFA condena cualquier intervención gubernamental sobre las Asociaciones Miembro y en caso que el actual Gobierno quisiera sobrepasar el reglamento o estatuto de AFA, podría derivar en una intervención y las sanciones que eso conlleva.

QUÉ DICE EL ESTATUTO DE AFA

En el Glosario de la carta magna de la casa madre se identifica: a un club como: asociación civil con personería jurídica en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, Libro I, Título II, Capítulo 2, y la autoridad de contralor de la respectiva jurisdicción que ha sido admitida por la Asamblea como miembro de la AFA o de una liga reconocida por la AFA y con al menos un equipo que participa en una competición.

Y en el mismo apartado se explica que un Miembro debe ser: asociación civil con personería jurídica (club o liga) en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, Libro I, Título II, Capítulo 2, y la autoridad de contralor de la respectiva jurisdicción, que ha sido admitida por la Asamblea como tal. Justamente en este punto es que el debería modificarse según Javier Milei.

Dentro de las DISPOSICIONES GENERALES en el Artículo 1 se detalla: “La Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil, constituida con arreglo a la legislación de Argentina e inscripta en la Inspección General de Justicia. Su duración es indefinida”

Mientras que en el capítulo II. MIEMBROS, en el Artículo 9 explica: “los clubes a incorporarse en carácter de invitados por la AFA deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro”

Mientras que el Artículo 10 detalla los pasos y los requisitos para la admisión dentro de la AFA: “Toda asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica que desee convertirse en miembro de la AFA presentará una solicitud por escrito ante la secretaría general de la AFA.

El cuestionamiento por parte del “mundo fútbol”, es porqué Milei que está en contra de las “intervenciones del estado” tiene que meterse dentro de las decisiones del fútbol. Hay quienes están convencidos que este decreto es una devolución de favores a Mauricio Macri.

El ex presidente de Boca y de la Nación, apoyó sustancialmente la candidatura de Milei y estas medidas son parte de una retribución por aquella “banca”. Durante todos estos días donde estaba instalado el rumor, varios dirigentes se preguntaron sobre la “necesidad y urgencia” tiene sobre el fútbol y los intereses de Macri-Milei al respecto: ¿Qué le molesta o qué quiere manejar? son algunos de ellos.

Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre, la Liga Profesional de Fútbol expresó su postura en contra de las sociedades anónimas tras los dichos del por entonces candidato a presidente por ‘La Libertad Avanza’ de Javier Milei y además le apuntó a Mauricio Macri por cuestionar el formato de competencia de la Primera División.

“No a las SAD”, tituló la LPF al momento de hacer trascender este comunicado, publicado en su sitio web oficial. Tras esto, agregaron: “Los clubes de Primera División del fútbol argentino renuevan su postura histórica de afianzar y sostener el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y rechazar de plano el formato de sociedades anónimas”.

El por entonces candidato libertario se expresó varias veces a favor de las sociedades anónimas y días después, en el marco de su presentación por la candidatura para ser vicepresidente 1° de Boca por la oposición, Mauricio Macri reforzó estos conceptos diciendo que "cada club debe decidir cómo se quiere organizar”.

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