Una transferencia mal realizada puede convertirse rápidamente en un problema: un alias escrito de forma incorrecta, un contacto equivocado o un dato de CBU o CVU mal cargado pueden enviar dinero a una cuenta distinta de la prevista.

Las transferencias electrónicas se acreditan de manera inmediata y, una vez confirmada la operación, no existe una opción automática para “deshacerla”. Por eso, ante un error, la recomendación es actuar rápido, pero sin tomar decisiones impulsivas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclara que cuando una persona realiza voluntariamente una transferencia y el error está en el destinatario elegido, la entidad financiera no puede revertir la operación de manera automática. En esos casos, la recuperación del dinero depende de la gestión con quien recibió los fondos.

La situación es diferente cuando se trata de una transferencia no reconocida o realizada como consecuencia de una estafa. Allí deben activarse otros mecanismos de reclamo y la entidad financiera debe ser contactada de inmediato.

Ante una transferencia errónea, los especialistas recomiendan seguir algunos pasos:

1. Guardar el comprobante de la operación

Es importante conservar la constancia donde figuren datos como:

También es conveniente guardar capturas de pantalla y toda información relacionada.

2. Contactar al banco o billetera virtual

El usuario debe comunicarse con la entidad desde la que realizó la transferencia e informar que se trató de un error.

Aunque el banco no pueda retirar automáticamente el dinero de la cuenta receptora, dejar asentado el reclamo permite iniciar el procedimiento correspondiente y contar con una constancia del caso.

3. Intentar contactar al destinatario

Si la persona que recibió el dinero puede ser identificada, se puede solicitar la devolución.

Sin embargo, cualquier devolución debe realizarse con precaución y siguiendo las indicaciones de la entidad financiera.

4. Recurrir a vías formales si no hay respuesta

Si el destinatario no devuelve el dinero o se niega a hacerlo, puede ser necesario avanzar con un reclamo formal o asesoramiento legal.

En estos casos, contar con los comprobantes de la transferencia y los registros de los reclamos realizados resulta fundamental.

Uno de los errores más comunes es pensar que una transferencia funciona igual que una compra con tarjeta y que puede cancelarse con un botón.

No es así.

Cuando la operación fue autorizada por el propio usuario, la entidad financiera no puede simplemente eliminarla.

También se recomienda no realizar una segunda transferencia impulsiva para “compensar” el error sin verificar previamente qué ocurrió.

Además, nunca hay que entregar:

El BCRA advierte que una situación de supuesta transferencia equivocada puede ser utilizada para intentar cometer una estafa.

Por ejemplo, una persona puede afirmar que envió dinero por error y pedir una devolución inmediata. Antes de hacer cualquier operación, es necesario comprobar en la propia cuenta que efectivamente exista una acreditación y comunicarse con el banco por canales oficiales.

La situación también puede darse al revés: una persona recibe una transferencia que no reconoce y alguien le pide que la devuelva.

En ese caso, la recomendación es no actuar por apuro.

Lo indicado es:

Los bancos y organismos oficiales no solicitan claves ni códigos de acceso para resolver este tipo de situaciones.

No todas las situaciones tienen el mismo tratamiento.

Error propio:La persona envió el dinero a un destinatario equivocado. La recuperación depende de la colaboración del receptor y de las gestiones correspondientes.

Transferencia no reconocida:El usuario no autorizó la operación. Debe reclamar inmediatamente ante el banco, solicitar medidas de seguridad y dejar constancia formal.

Posible estafa:Puede requerir intervención de la entidad financiera y, eventualmente, de organismos judiciales.

Aunque las transferencias inmediatas facilitan los pagos cotidianos, también exigen atención antes de confirmar una operación.

Antes de enviar dinero conviene revisar:

Una vez realizada la operación, recuperar los fondos puede requerir trámites y la intervención de terceros.

Una fuerte polémica se desató en la Escuela Nº 103 de Fontana, Chaco, luego de que una madre delegada reconociera haber utilizado para gastos personales parte del dinero reunido para pagar los buzos de egresados de alumnos de sexto grado.

La situación quedó al descubierto después de que la empresa encargada de confeccionar las prendas advirtiera demoras importantes en los depósitos correspondientes a uno de los cursos.

El acuerdo comercial contemplaba un esquema de pago en cinco cuotas mensuales y alcanzaba a seis divisiones del establecimiento. La entrega de la indumentaria estaba condicionada a que todos los grupos mantuvieran sus cuentas al día.

Las sospechas surgieron al analizar las cuentas de 6º D. Según trascendió, al revisar la documentación presentada por la delegada, otros padres detectaron presuntas irregularidades en los comprobantes.

De acuerdo con la información difundida, se habrían utilizado números de recibos pertenecientes a pagos realizados por otros cursos para aparentar que las cuotas correspondientes habían sido abonadas.

Cada buzo tenía un costo de aproximadamente $125.000 y el curso estaba integrado por 24 estudiantes, por lo que el monto involucrado ronda los $3 millones.

A esa suma podría agregarse un problema adicional: la empresa habría establecido un recargo del 35% por mora, situación que podría terminar afectando económicamente a las familias de los seis cursos incluidos en el acuerdo.

Ante la preocupación creciente, un grupo de padres se autoconvocó en la Plaza Tacuarí para reclamar explicaciones y buscar una solución.

En ese contexto, la mujer reconoció públicamente lo sucedido. “Admití mi error, necesitaba pagar otras cosas”, expresó.

También aseguró que intentaría encontrar una alternativa para devolver el dinero y regularizar la deuda con la empresa, de manera que los estudiantes puedan recibir finalmente sus prendas de egresados.

El episodio generó malestar entre las familias, que ahora buscan resolver el compromiso económico pendiente y evitar que el conflicto termine perjudicando a los alumnos en la recta final de su ciclo escolar.

Una mujer de 60 años denunció haber sido víctima de una estafa por casi $30 millones luego de mantener durante varios meses una relación virtual con un hombre que decía ser británico y que prometía viajar a la ciudad de Paraná para conocerla personalmente.

El vínculo comenzó en febrero de 2026, cuando la damnificada recibió a través de Facebook un mensaje de un hombre que se presentó como Michael Lawrence Williams. Luego, la conversación continuó por WhatsApp mediante un número con característica del Reino Unido.

Con el paso de los meses, la relación se volvió más cercana y surgió la posibilidad de encontrarse en Argentina. Sin embargo, según relató posteriormente la víctima, nunca llegaron a realizar una videollamada.

De acuerdo con la denuncia, el supuesto ciudadano británico manifestó que necesitaba una autorización y dinero para poder trasladarse desde Reino Unido hasta Entre Ríos.

La mujer decidió ayudarlo y, presuntamente, solicitó créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias para reunir la suma requerida.

Finalmente, realizó transferencias por un total de $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de una persona identificada con las iniciales D. C. M.

El esperado viaje nunca se concretó. Poco después, la persona con la que mantenía contacto desapareció y la mujer decidió presentar la denuncia.

Las actuaciones quedaron en manos de la División Cibercrimen, cuyos investigadores reconstruyeron el recorrido del dinero.

Según las tareas realizadas, los fondos habrían sido derivados posteriormente a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años domiciliada en Concordia.

Con esos elementos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Las Heras al 1044, en esa ciudad entrerriana.

Durante el procedimiento, una mujer fue notificada en el marco de la causa por estafa, mientras que los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos incautados serán analizados para intentar determinar quién estuvo detrás del perfil utilizado para contactar a la víctima y reconstruir el circuito completo de las transferencias.

La investigación también buscará establecer si participaron otras personas en la maniobra y cuál fue el destino final de los casi $30 millones enviados por la damnificada.

El Poder Judicial de Santa Fe advirtió este miércoles sobre una modalidad de fraude que utiliza el nombre de la institución para solicitar información a profesionales que integran las denominadas “Listas de Nombramientos de Oficio”.

Desde la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia aclararon que no realizan llamados telefónicos ni envían formularios o comunicaciones para requerir esos datos.

La advertencia fue difundida por la Oficina de Prensa del Poder Judicial a raíz de la detección de llamadas en las que se solicita información vinculada con la integración de esas listas. La recomendación oficial es no brindar datos ante este tipo de contactos y comunicarse de inmediato con la Justicia a través de sus canales digitales oficiales.

La modalidad advertida tiene como punto de partida un contacto telefónico en el que los autores se presentan, directa o indirectamente, como representantes del Poder Judicial y solicitan información relacionada con las listas de profesionales que pueden ser designados de oficio.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema remarcó que no realiza llamados telefónicos ni remite formularios o comunicaciones para solicitar información a los profesionales que integran las Listas de Nombramientos de Oficio.

El organismo también aclaró que el Poder Judicial no efectúa citaciones mediante WhatsApp. La advertencia alcanza a supuestas comunicaciones provenientes de unidades jurisdiccionales o de cualquier otra dependencia que integre el Poder Judicial de Santa Fe.

De esta manera, un mensaje recibido por esa aplicación que invoque a un juzgado, tribunal u otra dependencia judicial y convoque a una persona a presentarse debe ser considerado sospechoso y verificado por canales oficiales antes de brindar información, ingresar a enlaces o realizar cualquier otra acción que indique el remitente.

Desde el Poder Judicial solicitaron que quienes reciban llamadas o comunicaciones de estas características se comuniquen de inmediato a través de los medios oficiales disponibles.

Para realizar consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0342-4572700, internos 2126, 2127, 2287 y 2288. También se puede utilizar el Chatbot Justina, disponible a través del sitio oficial del Poder Judicial de Santa Fe.

La recomendación apunta especialmente a evitar que información personal o profesional sea entregada a personas que utilizan la identificación de organismos públicos para generar confianza y avanzar con una eventual maniobra fraudulenta.

Brian Lanzelotta atraviesa un difícil momento luego de denunciar que fue víctima de una estafa por $17 millones relacionada con la fábrica de papel higiénico que tiene en La Matanza. El ex Gran Hermano contó lo ocurrido a través de sus redes sociales y mostró su angustia al confirmar en una entidad bancaria que la transferencia que esperaba nunca había sido realizada.

Según relató, todo comenzó cuando un supuesto cliente realizó el pedido más grande que había recibido desde que puso en marcha el emprendimiento: 3.800 bolsones de papel higiénico, una cantidad equivalente a la carga de un semirremolque. Para poder producirlos en apenas una semana, su suegro solicitó un préstamo y le prestó el dinero necesario para comprar papel, conos y bolsas.

Lanzelotta explicó que trabajó junto a su hermano durante varios días prácticamente sin descanso para intentar cumplir con la entrega. Sin embargo, durante la producción tuvieron distintos inconvenientes: parte del papel llegó tarde y en malas condiciones, una de las máquinas se rompió, el galpón se inundó y hasta explotó un vidrio cerca de su rostro. Finalmente consiguieron fabricar 3.100 de los 3.800 bolsones solicitados.

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El acuerdo establecía que el pago debía concretarse mientras se cargaba el camión. Lanzelotta aseguró que detuvo la carga cuando habían colocado aproximadamente la mitad de la mercadería y envió imágenes para avisar al comprador. Luego recibió la confirmación de una supuesta transferencia que primero debía ingresar en la cuenta de su pareja y posteriormente en la suya, aunque el dinero nunca se acreditó.

Las sospechas aumentaron cuando acudió al banco desde el cual supuestamente habían realizado la operación. Allí, según su relato, le informaron que ni la persona con la que había negociado ni el CUIT proporcionado figuraban como clientes de la entidad. Si bien la empresa cuyos datos habían utilizado para facturar existe, Lanzelotta aseguró que desde allí no se había efectuado ninguna transferencia. “Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos”, expresó.

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Para entonces, el camión con la mercadería ya se había retirado y el conductor dejó de responder sus mensajes. El cantante conserva las patentes del vehículo y otros datos del chofer, aunque aclaró que no puede determinar si también estuvo involucrado en la maniobra. La situación dejó además a la fábrica paralizada momentáneamente debido a la rotura de una de sus máquinas.

El impacto económico, aseguró, fue inmediato. Lanzelotta explicó que debe devolver el préstamo que pidió su suegro y afrontar el alquiler del galpón, proveedores, gastos del auto y las cuotas escolares de sus hijos. “Hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca”, reconoció. Entre lágrimas, también contó que al regresar a su casa su hija Roma le ofreció los ahorros que guardaba en su alcancía para ayudarlo a atravesar la situación.

La quiebra del Grupo Spaggiari sumará este martes 28 de julio una nueva instancia clave con el remate judicial de los bienes muebles y un vehículo que permanecen en las oficinas de Ayacucho 56, en Rafaela. La subasta comenzará a las 10:00 en el mismo lugar donde se encuentran los bienes, que pudo visitarse previamente el domingo 26 y lunes 27 de julio, de 10 a 14 horas.

El remate incluirá mobiliario de oficina, equipos informáticos, televisores, aires acondicionados, bibliotecas, herramientas, electrodomésticos, materiales eléctricos y una camioneta Volkswagen Saveiro modelo 2018, que serán ofrecidos sin base y al mejor postor. Los compradores deberán abonar el total del precio en el acto, además de impuestos, IVA y honorarios del martillero.

Esta etapa forma parte de la causa civil de la quiebra, en la que el Juzgado busca transformar los bienes de la firma en fondos para atender a los 289 acreedores verificados. Según resolvió la Justicia, el dinero obtenido de las subastas será depositado en la cuenta judicial de la quiebra para avanzar, a través de la Sindicatura, en la futura distribución entre los damnificados.

Los inmuebles y desarrollos inconclusos representan uno de los principales activos del proceso, luego de que se constatara que varios fideicomisos inmobiliarios del grupo presentaban avances de obra insuficientes para su finalización, lo que hace inviable su entrega en las condiciones originalmente previstas.

La causa Spaggiari, uno de los expedientes por delitos económicos de mayor dimensión que atravesó Rafaela en los últimos años, tendrá este martes un nuevo capítulo, esta vez lejos de las audiencias penales y directamente sobre el patrimonio que quedó detrás del derrumbe del grupo.

La firma había sido constituida por Fernando y Matías Spaggiari con una actividad formal vinculada al negocio inmobiliario, la construcción y el desarrollo de proyectos. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, con el tiempo esa estructura comenzó a ser utilizada para captar ahorros de particulares mediante contratos y promesas de elevados rendimientos en pesos y moneda extranjera. La Fiscalía ubica las maniobras investigadas entre 2019 y 2022 y sostiene que funcionaron bajo una lógica de estafa piramidal. La defensa rechaza esa interpretación y afirma que se trató de un negocio inmobiliario que terminó fracasando, entre otros factores, por la inestabilidad económica.

El caso explotó judicialmente en octubre de 2023. Las primeras imputaciones comprendían 76 víctimas y 152 convenios, con más de US$1,5 millones involucrados. Desde entonces, el expediente creció de manera exponencial. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el MPA, son alrededor de 560 las víctimas , mientras que la acusación que llegó a la etapa previa al juicio comprende 558 hechos de estafa y estima un perjuicio de unos $235 millones, US$9 millones y €11.000.

Fernando y Matías Spaggiari son señalados por la Fiscalía como jefes de una asociación ilícita y autores de múltiples estafas. Ambos permanecen detenidos y el Ministerio Público pidió 25 años de prisión para cada uno. Su madre, Mirta Condotto, cumple arresto domiciliario y enfrenta un pedido de nueve años. Otros siete imputados también deberán afrontar el futuro juicio. Durante la audiencia preliminar fueron admitidos 669 testigos , entre damnificados, contadores, policías y autoridades de localidades de la región.

El juicio, sin embargo, todavía no tiene el camino completamente despejado. El 22 de julio las defensas apelaron la resolución que admitió la acusación y plantearon objeciones al trámite y pedidos de sobreseimiento.

En paralelo avanzó otro expediente determinante para los damnificados: la quiebra de Grupo Spaggiari SRL, declarada por la Justicia Civil y Comercial de Rafaela el 1 de agosto de 2024. La sentencia dispuso el desapoderamiento de la firma, la inhibición de sus bienes y la intervención de la Sindicatura para administrar el patrimonio. Ese proceso tiene hasta ahora 289 acreedores con créditos reconocidos, una cifra que no debe confundirse con el universo de víctimas de la causa penal.

El remate de hoy tiene así un fuerte valor simbólico además de económico: escritorios, computadoras, equipos y vehículos de una estructura empresaria que llegó a captar millones de dólares pasan a convertirse en dinero judicial. Es apenas una parte del patrimonio a liquidar, pero marca el comienzo de una etapa decisiva, transformar lo que quedó del Grupo Spaggiari en fondos con los que, eventualmente y conforme a las reglas de la quiebra, pueda comenzar algún grado de reparación.

Una mujer de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de transferir más de $3,6 millones a una persona que se hacía pasar por el actor estadounidense Kevin Costner.

Según relató ante la Justicia, durante varios meses creyó mantener una relación sentimental con el supuesto artista, con quien comenzó a comunicarse a través de la red social TikTok.

La causa quedó a cargo del fiscal Walter Mércuri, quien deberá reconstruir el recorrido del dinero e identificar a la persona o las personas que administraban el perfil falso.

De acuerdo con la denuncia, el primer intercambio ocurrió durante 2025. El usuario comenzó a enviarle mensajes por TikTok y, con el paso del tiempo, le propuso continuar las conversaciones mediante Zangi, una aplicación de mensajería y videollamadas.

La comunicación se prolongó hasta mediados de 2026 y fue adquiriendo un tono afectivo. La mujer sostuvo que llegó a creer que mantenía una relación de pareja con Costner, aunque nunca tuvo contacto presencial con él.

La maniobra encuadraría dentro de las denominadas estafas románticas, en las que los delincuentes construyen un vínculo emocional para ganar confianza y posteriormente solicitar dinero.

La víctima indicó que efectuó dos transferencias bancarias por un total de $3.621.712,35.

El dinero habría sido solicitado para tramitar un supuesto carnet de “socia fanática” del actor. Los pagos fueron dirigidos a una cuenta bancaria cuyos datos serán analizados dentro de la investigación.

El falso Costner también habría intentado convencerla de vender su vivienda, bajo la promesa de comprarle una nueva propiedad en Santa Marta, California.

La mujer comenzó a desconfiar después de leer mensajes de otros usuarios que advertían que el perfil no pertenecía al verdadero actor.

A partir de esas publicaciones, revisó los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y descubrió que tenía sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación que incrementó sus sospechas.

Finalmente realizó la denuncia y entregó a la Justicia las conversaciones, comprobantes de transferencias y demás elementos que podrían permitir identificar a los responsables.

Este tipo de engaño se basa en la utilización de nombres, fotografías y videos de celebridades para construir perfiles falsos y establecer relaciones de confianza con las víctimas.

En algunos casos, los estafadores utilizan herramientas de edición, audios manipulados o videollamadas breves para sostener la falsa identidad.

Las autoridades recomiendan no transferir dinero a personas conocidas únicamente por redes sociales, verificar los perfiles mediante fuentes oficiales y desconfiar ante pedidos económicos relacionados con carnets exclusivos, viajes, inversiones o emergencias personales.

También resulta importante conservar los mensajes y comprobantes de pago, evitar nuevos contactos con el estafador y realizar la denuncia de manera inmediata.

La Justicia santafesina condenó a Diego Martín Castillo (39 años) y Verónica Lucía Churi (29 años), ambos oriundos de la provincia de Neuquén y residentes en CABA, por estafar a una adulta mayor en Venado Tuerto. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2026, cuando ambos se hicieron pasar por personal de la ANSES y engañaron a la víctima para que les entregara 9.000 dólares.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal en un juicio abreviado, donde se estableció la prisión condicional de los acusados y la obligación de devolver el dinero sustraído. La víctima ya recibió los fondos, mientras que los condenados debieron fijar domicilio en CABA y tienen prohibición de ingresar a Venado Tuerto por dos años.

El fiscal Damián Cassullo explicó que los condenados actuaron con la modalidad del “cuento del tío”, dividiendo tareas entre su grupo. Convencieron a la víctima de que debía reemplazar sus billetes de dólares para evitar su pérdida de valor y que un agente del organismo pasaría a retirarlos de su casa. Posteriormente, Castillo ingresó al domicilio, se aprovechó de la confianza de la mujer y se llevó el dinero. Allanamientos en el barrio de Floresta, en CABA, permitieron secuestrar elementos que comprometieron su situación procesal.

Castillo reconoció ser coautor de estafa, mientras que Churi admitió ser partícipe principal. Ambos aceptaron los términos del procedimiento abreviado junto con sus defensores. La víctima fue informada de la resolución judicial y manifestó su conformidad.

Una pareja de San Juan fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional luego de haber recibido por error una indemnización duplicada de una empresa minera y no restituir el dinero.

Los condenados son Dany Roberto Sarmiento y Myriam Mabel Muñoz, quienes fueron hallados culpables en el marco de un juicio abreviado por una maniobra de estafa contra la firma Minera Andina S.R.L.

El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue despedido de la empresa minera en la que había trabajado durante 15 años, desempeñándose en el yacimiento Veladero, ubicado en el límite entre San Juan y Chile.

Como parte de su desvinculación laboral, el exempleado recibió 107 millones de pesos en concepto de indemnización.

Sin embargo, por un error administrativo, la firma realizó una segunda transferencia por el mismo monto a su cuenta bancaria pocos días después. De esa manera, Sarmiento terminó recibiendo más de 200 millones de pesos.

Según determinó la investigación, lejos de informar la equivocación o reintegrar los fondos, el hombre dejó de responder llamados, mensajes e intimaciones formales de la empresa.

De acuerdo con la acusación fiscal, Sarmiento comenzó a mover el dinero para evitar su devolución. Parte de la suma fue transferida a Muñoz, quien entonces era su pareja.

Esas operaciones motivaron la denuncia de la minera y dieron origen a una causa por defraudación.

“El imputado jamás tuvo la intención de reintegrar el dinero duplicado y la prueba palmaria de su dolo fue el desvío inmediato de los fondos hacia la cuenta bancaria de su esposa”, sostuvo el fiscal Guillermo Heredia durante la investigación.

Durante el proceso, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre el patrimonio de ambos acusados. Entre ellas, ordenó un embargo por 140 millones de pesos, que alcanzó vehículos, cuentas bancarias y un inmueble.

El objetivo era garantizar una eventual reparación económica a favor de la empresa damnificada.

En paralelo, la minera inició una demanda de ejecución civil ante el Juzgado Federal con competencia civil para intentar recuperar el dinero.

En un primer momento, la causa había avanzado bajo la figura de apropiación indebida. Sin embargo, con el avance de la investigación, fue recaratulada como defraudación por engaño y la pareja quedó acusada como coautora de la maniobra.

Ante la posibilidad de enfrentar una pena mayor en un juicio oral, la defensa acordó un procedimiento abreviado.

El acuerdo derivó en una condena de tres años de prisión condicional para ambos imputados. Esto significa que no deberán cumplir la pena en prisión, siempre que respeten las reglas de conducta fijadas por el tribunal.

Entre esas condiciones figuran constituir domicilio, someterse al control del Patronato y abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos de Estafas.

Un caso insólito sorprendió a la ciudad de Joinville, en el sur de Brasil, luego de que una mujer de 37 años fuera detenida acusada de hacerse pasar por una nena de 12 y engañar durante meses a una familia, a la que convenció de adoptarla.

La detenida fue identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, quien habría utilizado el nombre falso de Gabriele para acercarse a sus víctimas. Según la investigación, para sostener el engaño usó chupetes, mamaderas, muñecos de peluche para dormir y hasta simuló tener autismo y secuelas de supuestos tratamientos hormonales en la infancia.

De acuerdo con la Policía, la mujer también fingió crisis de pánico, modificó su voz y simuló carencias afectivas para ganarse la confianza de la familia.

El contacto inicial se produjo a través de un pastor de una iglesia local. En un primer momento, Amanda dijo tener 18 años, aseguró contar con experiencia en panadería y pidió ayuda para conseguir trabajo. Con el paso del tiempo, comenzó a relatar graves problemas de salud y una situación económica desesperante, lo que sensibilizó a la familia, que finalmente la invitó a vivir en su casa.

Una vez instalada, la acusada cambió su versión y aseguró que en realidad tenía 11 años y que era víctima de abusos. Incluso convenció a la familia de no enviarla a la escuela, con el argumento de que su supuesto padre abusador podía encontrarla si la inscribían.

El delegado Rodrigo Bueno Gusso, a cargo de la investigación, sostuvo que la mujer “consiguió secuestrar emocionalmente a la familia” y que, durante el tiempo que permaneció con ellos, llevó una “vida de adolescente muy buena”.

La investigación reveló que Amanda no habría actuado una sola vez. Según la Policía, ya había aplicado un modus operandi similar en al menos otros cinco estados de Brasil: San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Goiás.

En Nova Iguaçu, en el estado de Río de Janeiro, incluso llegó a ser detenida tras engañar a la coordinadora de un proyecto social.

Los investigadores señalaron que la mujer estudiaba comportamientos infantiles y de personas con autismo para hacer más creíble su personaje. Una de sus víctimas afirmó que “ella investigaba cómo comportarse como autista y cómo dibujar cosas que indicaran abuso sexual”.

El engaño comenzó a desmoronarse cuando una tía de la familia, que nunca creyó del todo la historia, empezó a investigar por su cuenta. Al buscar información en internet, encontró un caso similar ocurrido en Río de Janeiro, con el mismo modus operandi y el mismo nombre.

Tras ese hallazgo, alertó al padre adoptivo, quien decidió realizar la denuncia ante la Policía. Amanda fue detenida la semana pasada y quedó a disposición de la Justicia, con prisión preventiva.

Mientras avanza la causa, se ordenó la realización de un examen de salud mental para determinar su estado psíquico.

El defensor oficial de la mujer explicó que solicitó una pericia psiquiátrica, pedido que fue aceptado por el juez. La defensa aguarda los resultados del estudio para definir los próximos pasos procesales y aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular mediante audios de WhatsApp, en la que los delincuentes se hacen pasar por supuestos integrantes del área de soporte técnico de la aplicación.

En el mensaje, aseguran que existirían dos cuentas de WhatsApp asociadas al mismo número telefónico y advierten sobre la necesidad de dar de baja una de ellas por “seguridad”. El objetivo es generar preocupación en la víctima para que entregue el código de verificación que recibe por mensaje de texto, lo que permite a los estafadores tomar el control de la cuenta.

Uno de los audios difundidos señala: “Buenas noches. Me estoy comunicando del área de soporte técnico. Quería hablar con usted porque me está figurando que hay dos plataformas de WhatsApp con este mismo número. ¿Usted considera el acceso a su plataforma a la señora xxx? Por política de seguridad de la empresa, prohíbe que haya dos con el mismo número. Debemos dar la baja del dispositivo y la línea errónea cuanto antes. Es por una cuestión de seguridad”.

Mediante esta maniobra, los estafadores intentan que la persona comparta el código que llega a su teléfono. Con esa información, activan la cuenta en otro dispositivo y luego la utilizan para solicitar dinero a los contactos de la víctima o realizar otras maniobras fraudulentas.

Se recomienda no compartir códigos de verificación, no responder este tipo de mensajes y activar la verificación en dos pasos dentro de la aplicación para reforzar la seguridad.

En la mañana de este miércoles, el jefe de Bomberos Voluntarios recibió un llamado telefónico de personas que se hicieron pasar por empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en lo que luego se confirmó como una maniobra de estafa.

El contacto se realizó al teléfono del cuartel, que se encuentra derivado a un celular. Durante la comunicación, los interlocutores aseguraron que en un plazo de 48 a 72 horas se efectuaría un corte de suministro eléctrico por un supuesto inconveniente, aunque afirmaron que podían anularlo mediante la generación de un código que enviarían por WhatsApp.

Los estafadores enviaron un código y solicitaron que se lo reenviaran para “anular el corte”. En realidad, se trataba de una estrategia para tomar el control de la cuenta de WhatsApp.

Tras obtener el código, ingresaron a la cuenta y comenzaron a enviar mensajes a los contactos del jefe de Bomberos solicitando dinero en su nombre.

Ante la sospecha, la autoridad del cuartel se dirigió personalmente a la oficina local de la EPE para verificar la situación. Allí le confirmaron que se trataba de una estafa y que la empresa no realiza ese tipo de llamados ni solicita códigos por WhatsApp.

Mientras se encontraba en la sede de la empresa, comenzó a recibir consultas de familiares y conocidos que le preguntaban por qué estaba pidiendo dinero, cuando en realidad eran los delincuentes quienes utilizaban su cuenta intervenida.

El hecho expone una modalidad de estafa telefónica, esta vez utilizando el nombre de la EPE para generar confianza y obtener códigos de verificación que permiten hackear cuentas de mensajería.

En las últimas horas se registraron nuevos intentos de estafa telefónica denunciados por vecinos que advirtieron a este medio sobre llamados sospechosos provenientes de números desconocidos.

“Cuidado. Ayer me quisieron estafar. Números desconocidos de presunta ‘área de seguridad’ queriendo estafar de nuevo”, señalaron en el mensaje enviado a la redacción.

Según indicaron, los contactos tenían característica 351, correspondiente principalmente al código de área de la ciudad de Córdoba, Argentina. En este caso puntual, se desconoce si efectivamente intentaron hacerse pasar por empleados de Mercado Pago, ya que la persona damnificada no atendió la llamada y no llegó a interactuar con los interlocutores.

Días atrás, una vecina de Rafaela relató que recibió un llamado por WhatsApp desde un número con característica 351. En esa oportunidad, un hombre se presentó como integrante del “área de seguridad” de Mercado Pago y le aseguró que estaban intentando realizar una compra a su nombre.

La mujer comenzó a sospechar cuando el interlocutor le solicitó realizar una serie de pasos de verificación y no pudo brindar datos precisos sobre la supuesta oficina desde donde llamaba. Finalmente, cortó la comunicación, bloqueó el número y luego recibió otro llamado con número privado que decidió no atender.

De acuerdo al testimonio difundido en ese momento, un familiar se comunicó con la empresa y desde Mercado Libre y Mercado Pago aclararon que no cuentan con un “área de seguridad” que realice llamados telefónicos para validar operaciones.

Ante la reiteración de estos intentos, recomiendan no brindar datos personales, no compartir códigos de verificación y cortar inmediatamente la comunicación ante cualquier sospecha. 

Una oyente de este medio, identificada como Silvana, compartió su experiencia tras ser víctima de un intento de estafa telefónica el sábado alrededor de las 19:14.

Según relató, recibió una llamada de WhatsApp desde un número con característica 351, correspondiente a Córdoba capital. Un hombre con tonada cordobesa se presentó como integrante del área de seguridad de Mercado Pago y le aseguró que una mujer —a la que mencionó con nombre y apellido— estaba intentando realizar una compra a su nombre, por lo que necesitaba verificar si autorizaba la operación.

La denunciante explicó que el interlocutor intentó indicarle una serie de pasos para la supuesta verificación, pero comenzó a sospechar y le pidió la dirección de las oficinas desde donde la llamaban. En ese momento, según su testimonio, el hombre proporcionó una dirección de Buenos Aires, lo que incrementó sus dudas.

Silvana le respondió que no tenía cuenta en Mercado Pago ni en Mercado Libre, que trabajaba desde hace 20 años en el área de seguridad y que no brindaría ningún dato personal. Tras esa conversación, cortó la llamada y bloqueó el número. Minutos después recibió otra llamada con número privado, que decidió no atender.

De acuerdo a lo que indicó la oyente, un familiar que sí utiliza esa billetera virtual se comunicó con la empresa para informar lo sucedido. Según la respuesta recibida, Mercado Libre y Mercado Pago no cuentan con un “área de seguridad” que realice llamados telefónicos a usuarios ni se comunican por ese medio para validar operaciones.

La mujer solicitó la difusión de su caso con el objetivo de advertir y prevenir a toda la ciudad y la región sobre este tipo de maniobras.

Vecinos de la ciudad se comunicaron con Radio Rafaela para advertir sobre un intento de estafa telefónica que se registró en las últimas horas.

Según los testimonios, personas desconocidas realizan llamados desde números con característica de Rafaela para informar supuestas inspecciones de conexiones eléctricas vinculadas a la EPE.

De acuerdo al relato de los vecinos, durante las comunicaciones se les notifica que personal de la empresa realizará controles en los domicilios, lo que encendió las alertas ante la posibilidad de una maniobra fraudulenta.

En paralelo, desde la Empresa Provincial de la Energía confirmaron que este tipo de llamados constituyen una estafa. Indicaron que la empresa no realiza notificaciones de inspecciones por vía telefónica.

Ante esta situación, se recomienda no brindar datos personales ni información sensible, y realizar la denuncia correspondiente en caso de recibir este tipo de comunicaciones.

Una jubilada de 85 años fue víctima de un brutal cuento del tío en pleno mediodía. La estafa, ejecutada con precisión quirúrgica, terminó con la pérdida de todos los ahorros familiares: más de 100 mil dólares entre euros y moneda estadounidense. El relato, estremecedor, lo hizo su hijo Alejandro, todavía incrédulo por lo ocurrido y desesperado por la lentitud de la investigación.

Todo comenzó con una llamada telefónica al número fijo de la vivienda ubicada en plena zona céntrica de Santa Fe (a pocas cuadras de la Seccional 1ra.). Del otro lado de la línea, una mujer que se presentó como empleada de Ansess. No improvisó: sabía el nombre de la jubilada, su domicilio y hasta el nombre de sus hijos.

Con paciencia, la supuesta funcionaria fue tejiendo una conversación larga, amable, de esas que generan confianza. “Mi mamá es grande y le gusta hablar. Estuvieron bastante tiempo”, relató Alejandro.

El argumento fue el de siempre, pero adaptado al contexto: un supuesto cambio obligatorio de dólares y la urgencia de hacerlo “ese mismo día”. La estafadora remató la escena con un dato clave: un “contador, amigo de su hijo”, pasaría a retirar el dinero.

El libreto estaba cerrado. El delincuente ya tenía nombre, rol y coartada. Cerca de las 12.30, el hombre llegó a la casa. Joven, alto, vestido completamente de blanco, con mangas largas pese al calor agobiante y una gorra clara. Todo calculado. Todo cubierto.

“Le abrió la puerta. Eso es lo que no puedo entender”, dijo Alejandro, con bronca y dolor. A pesar de haberle repetido mil veces que no atendiera a desconocidos, su madre fue convencida. Le mostró dónde guardaba el dinero. Y se lo llevó todo.

El botín fue demoledor: 40.000 euros; además de entre 43.000 y 45.000 dólares. Dinero ahorrado durante décadas, gran parte mientras Alejandro vivía en Europa y Uruguay, con un objetivo concreto: comprar una casa. “Nos dejó en cero. Nos mató”, resumió.

Alejandro se enteró mientras trabajaba. Un mensaje de su madre: “Vino tu amigo y se llevó los ahorros”. Pensó que era una confusión. No lo era. Volvió desesperado. Su madre estaba en shock, al borde del desmayo. “Yo le creí todo”, repetía ella.

El 911 respondió y un móvil llegó al lugar. Tomaron fotos, pero según el denunciante, sin resguardar la escena. “Pisaron, tocaron cosas que no tendrían que haber tocado”, cuestionó.

Las cámaras de seguridad tampoco ayudaron: algunas estaban fuera de servicio y otras sólo registraron imágenes parciales del sospechoso.

La denuncia quedó radicada en la Seccional Primera, a pocas cuadras del domicilio. Recién al día siguiente, ya con horas clave perdidas, intervino Policía de Investigaciones.

“Nos dijeron que las huellas se pierden rápido, que tendrían que haber estado a las dos horas”, contó Alejandro. Para entonces, el tiempo ya jugaba a favor del estafador.

Cámaras, llamadas y rastreos que no llegaron. Lo que más indigna a la familia es lo que no se hizo: No se pidió de inmediato el registro de llamadas del teléfono fijo. No se avanzó con rapidez sobre las cámaras cercanas. No hubo urgencia acorde al monto robado. “Es como si te robaran una billetera. Da lo mismo”, lamentó Alejandro

“Por eso llamé a los medios”, dijo el damnificado. Desbordado por la impotencia, Alejandro decidió hacer público el caso. No sólo para intentar recuperar el dinero, sino para alertar a otros adultos mayores.

“Es una fortuna, son los ahorros de una vida. Y todo avanza con una lentitud desesperante”, concluyó.

EL

El uso de una imagen falsa en una estafa ocurrida en la localidad de Santa Clara del Mar derivó en un fuerte descargo público de Gastón Russo, el ex interno del penal de Villa Devoto que aparece en la fotografía viralizada por los delincuentes. El empresario aseguró que la difusión del material “daña directamente” su nombre y su reputación.

La imagen en cuestión comenzó a circular luego de que una familia denunciara haber sido víctima de una estafa por más de 200 mil pesos, tras pagar una seña para alquilar una casa que no estaba disponible. Como burla, los estafadores enviaron por WhatsApp una selfie grupal tomada dentro de una cárcel, insinuando que operaban desde una prisión.

Sin embargo, la foto no corresponde a los autores del fraude. En primer plano aparece Russo, quien explicó que se trata de una selfie tomada en 2020, durante la pandemia, cuando estaba detenido en la Cárcel de Villa Devoto y participaba de un reclamo colectivo por las condiciones sanitarias de los internos.

“La imagen fue empleada sin mi autorización y sin la mínima verificación de su origen. Aclaro de manera categórica que no tengo ninguna vinculación con la estafa ni con las personas involucradas”, sostuvo Russo en declaraciones periodísticas.

Russo explicó que la selfie fue tomada durante una protesta interna en el penal, motivada por la falta de insumos sanitarios en plena emergencia por Covid-19. En ese momento, según relató, actuaba como referente de pabellón e interlocutor ante autoridades nacionales para reclamar mejores condiciones de salud, especialmente para los internos de riesgo.

“La foto corresponde a un reclamo humanitario y sanitario. No tiene ninguna relación con actividades delictivas actuales ni con hechos ocurridos fuera de ese contexto”, remarcó.

El empresario, que hoy reside en Palma de Mallorca, señaló además que ya cumplió la condena que le fue impuesta en una causa por drogas en 2018 y que actualmente espera una resolución judicial favorable tras haber apelado la sentencia.

Ante la viralización de la imagen y su asociación con un delito que no cometió, Russo confirmó que iniciará acciones legales. “Mi abogado va a avanzar por la utilización no autorizada de mi imagen y por el daño reputacional causado. Se intimará a retirar el contenido y a rectificar la información falsa”, adelantó.

También indicó que otros ex internos que aparecen en la selfie —quienes hoy se encuentran en libertad— se comunicaron con él al enterarse de la difusión del material.

La maniobra fraudulenta se concretó cuando una familia santafesina transfirió más de 200.000 pesos como adelanto por el alquiler de una vivienda en Santa Clara del Mar. Al llegar al lugar, una vecina les informó que la casa no estaba en alquiler. Tras bloquearlos en todos los contactos, los estafadores enviaron la imagen carcelaria como burla final.

La difusión de la selfie generó confusión pública y llevó a que se atribuyera erróneamente la estafa a personas que nada tuvieron que ver con el hecho, entre ellas Gastón Russo.

Marta Fort arrancó el 2026 con el pie izquierdo y lo contó abiertamente en un programa de streaming. Viajó a Punta del Este, una de sus ciudades favoritas, para celebrar el Año Nuevo en una megafiesta top, pero todo fue un fracaso y ahora exige que le devuelvan los 20 mil dólares que pagó para ser parte del evento.

“Me cag... la fiesta. ¡Devuélvanme la plata! Me chorearon 20 lucas. Llegué, tomé un champagne y empezó a llover. Éramos 18. A la media hora apagaron la música y te tenías que ir. Estaban todos a las puteadas. No te dejaban llevarte ni el trago“, explicó en All Access (DGO) tras sentirse estafada.

La hija del recordado Ricardo Fort intentó tomarse la situación con gracia, pero se puso seria a la hora de reclamar el dinero que abonó. También sostuvo que su entrada era una de las más caras, ya que la “plebe” o “popular” tenía un costo de mil dólares. Hasta el momento, la influencer no tuvo noticias sobre un reintegro y su enojo sigue a flor de piel.

Antes de su viaje a Uruguay, Marta Fort reveló a qué huele y causó sensación en las redes sociales: contó que usa un perfume importado de primer nivel y que se lo pone para ir a la playa.

La heredera del “Comandante” Ricardo Fort es fanática de Mandarino Di Amalfi, una de las fragancias más exclusivas de Tom Ford. Se trata de una explosión de cítricos como mandarina, limón y pomelo. Además cuenta con un delicado corazón de azahar y jazmín que agregan una dulzura suave y floral en sus notas.

Marta Fort avanza con su carrera de modelo. (Foto: @matiasjsalgado)

El aroma también está anclado por una sutil base de ámbar y almizcle, proporcionando profundidad y calidez. En la Argentina, la versión de 50 mililitros cuesta alrededor de 700 mil pesos y solo está disponible en tiendas exclusivas, aunque también existe la posibilidad de traerlos del exterior mediante algunas páginas web.

Un argentino de 41 años, residente en los Países Bajos, fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro. El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas de la ciudad y puso nuevamente en evidencia una modalidad delictiva frecuente en destinos turísticos.

El episodio se registró el lunes en el Posto 9 de la playa de Ipanema. Según el relato del damnificado, un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales. Al aceptar la compra, el hombre decidió pagar mediante el sistema de tarjeta sin contacto.

Mientras acercaba la tarjeta al posnet, otro vendedor se aproximó y comenzó a distraerlo con una conversación. Esa situación fue aprovechada por los estafadores para ingresar un monto muy superior al acordado en el dispositivo de cobro.

La víctima no advirtió la maniobra en el momento y recién tomó dimensión de lo ocurrido tras finalizar la transacción.

Al revisar el comprobante, el turista constató que le habían debitado más de 19.000 reales, una suma equivalente a unos 3.400 dólares, por la compra del paquete de cigarrillos.

En estado de shock, solicitó asistencia al Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guardia Municipal, que se encontraba en la zona. Los agentes lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde pudo radicar la denuncia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no informaron si los responsables fueron identificados o detenidos, aunque la investigación quedó a cargo de la policía local.

La modalidad utilizada es conocida como “golpe de la maquinita” y se repite con frecuencia en playas, ferias y espacios turísticos. Generalmente participan al menos dos personas: una que manipula el posnet y otra que distrae a la víctima, ingresando montos muy superiores a los pactados.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda realizar la denuncia de inmediato y contactar al banco emisor de la tarjeta para intentar desconocer la operación y bloquear futuros débitos.

Una grave denuncia por presunta estafa conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado, en la provincia de Misiones, luego de que se detectara la desaparición de más de 17 millones de pesos recaudados para la fiesta de egresados.

El dinero estaba bajo la administración de una madre de alumnos, quien es intensamente buscada por la Policía, tras comprobarse que habría gastado los fondos en el casino.

Según se pudo reconstruir, la recaudación comenzó en abril y correspondía a dos cursos, con un total de 35 estudiantes. Las familias abonaban cuotas mensuales que se depositaban en una billetera virtual, con el objetivo de cubrir salón, catering, DJ, sonido, iluminación, fotografía y otros servicios vinculados a la recepción.

La situación salió a la luz cuando, a pocos días del evento, los padres intentaron cerrar los pagos finales y advirtieron que la mayoría de los proveedores no había cobrado. Solo se encontraba abonada la seña del salón. Al exigir explicaciones, la mujer —identificada como Romina E.— habría dado versiones contradictorias: primero habló de un robo y luego reconoció, mediante mensajes, que atravesaba problemas de ludopatía, lo que generó aún más indignación entre las familias.

Mónica B., madre de una alumna, relató que durante meses solicitaron rendiciones, comprobantes y contratos, pero siempre recibieron evasivas. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, sostuvo. La denuncia penal fue radicada el viernes pasado y la Justicia investiga el caso mientras continúa la búsqueda de la mujer, cuyo paradero permanece desconocido.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, calificó el hecho como “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado” y explicó que las familias aportaban alrededor de 68.000 pesos mensuales. “Lo urgente era que los chicos tuvieran su recepción. Después veremos cómo afrontamos la deuda”, afirmó.

Desde el lado de los estudiantes, el impacto fue inmediato. La situación se conoció el mismo día de la fiesta, al mediodía. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer”, relató una de las egresadas. Sin embargo, ante el riesgo de suspensión, los padres se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide y, con el acompañamiento del intendente local, lograron reunir 8.300.000 pesos adicionales, lo que permitió que el evento finalmente se realizara.

En medio de la conmoción, hubo un gesto que conmovió a toda la comunidad: los propios alumnos decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la fiesta. “Dijeron que ella no tiene la culpa y que también merecía vivir su noche”, destacaron los padres.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras la Policía intenta dar con el paradero de la mujer acusada de haber desviado los fondos destinados a la recepción.