Walter Federico Klix, socio de Boca Juniors y funcionario del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia penal contra Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, por presunta administración fraudulenta. La presentación quedó radicada ante la Justicia y solicita que se investigue un supuesto circuito irregular vinculado a la venta y distribución de entradas.

Según trascendió en medios nacionales, la denuncia también menciona a integrantes de la Comisión Directiva y describe presuntas maniobras internas, entre ellas la manipulación del padrón de socios, la subdeclaración de ingresos y fallas deliberadas en los controles de acceso al estadio.

El denunciante afirmó que el objetivo de la presentación es que se investiguen posibles delitos en la gestión del club, con especial foco en el sistema de tickets y abonos. A través de un posteo en la red social X, Klix sostuvo que existiría un “mercado negro” de entradas que perjudicaría tanto a socios como al público en general.

En ese marco, aseguró contar con distintos elementos probatorios para respaldar su acusación, como mensajes, imágenes y testimonios, que pondría a disposición de la Justicia en el avance de la causa.

Con la denuncia ya instalada en la agenda pública, la situación generó repercusiones dentro de la institución. De acuerdo a distintas versiones, en Boca se analizó el encuadre disciplinario del caso y la eventual aplicación de sanciones internas al socio denunciante, en función de los mecanismos previstos en el estatuto del club.

El episodio se da en un contexto de fuerte tensión política e institucional en el club, donde las disputas de gestión suelen trasladarse al ámbito judicial y a la exposición pública, especialmente en un año clave para la conducción de Boca.

Un tribunal de alzada procesó sin prisión preventiva a Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, junto a su cuñado Maximiliano Pomargo y dos hermanas del astro, Rita y Claudia Maradona, por el delito de defraudación por administración fraudulenta.

La resolución incluyó además un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir $2000 millones en cada caso.

El fallo judicial

La decisión fue adoptada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani, integrantes de la Sala IV de la Cámara del Crimen. El expediente fue iniciado por Dalma y Gianinna Maradona, en representación de los herederos, por la disputa en torno a la marca “Maradona”, administrada por la empresa Sattvica SA.

El tribunal consideró a Morla y Pomargo como “coautores del delito”, mientras que las hermanas del Diez fueron calificadas como “partícipes necesarias”.

El trasfondo de la causa

Tras el fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, sus herederos reclamaron que las marcas vinculadas al apellido les correspondían como parte del patrimonio sucesorio. Sin embargo, desde Sattvica SA se respondió que el propio Diego había dispuesto la cesión en vida, con consentimiento expreso, lo que dio origen al conflicto judicial.

En primera instancia, los acusados habían sido sobreseídos, pero las hijas del ídolo apelaron y lograron revertir la decisión.

En el fallo, los camaristas destacaron que “ni Morla ni sus socios en Sattvica fueron constituidos como herederos o legatarios, tampoco las hermanas de Maradona”, y remarcaron que el patrimonio del Diez pasó directamente a sus hijos desde el momento de su muerte.

Al mismo tiempo, señalaron que las cesiones a Sattvica representaban un “ropaje simulado”, aunque aclararon que las consecuencias patrimoniales deberán dirimirse en el juicio sucesorio.

La defensa de Morla

En abril, el abogado declaró en indagatoria ante la jueza Rita Acosta y presentó un escrito de 60 páginas en el que sostuvo que cedió las marcas por pedido del propio Maradona, quien quería que quedaran en manos de sus hermanas.

Su defensor, Rafael Cúneo Libarona, reiteró que Morla “no obtuvo beneficios económicos” y que solo cumplió la voluntad de su amigo.

José Raúl González fue sentenciado a prisión domiciliaria por estafa y administración fraudulenta, al haber utilizado el dinero recaudado para el tratamiento de su hijo, quien falleció en 2020.

El Tribunal de Salta dictó una condena de tres años y seis meses de prisión domiciliaria contra José Raúl González, acusado de estafa y administración fraudulenta. El hombre desvió fondos de una colecta organizada para cubrir los gastos del tratamiento médico en Estados Unidos de su hijo Ignacio, quien padecía leucemia linfoblástica aguda y murió en 2020.

En 2019, González inició una campaña para reunir 20 mil dólares con el fin de que su hijo, de 14 años, pudiera recibir atención médica especializada en el extranjero, pues se trataba de su "última esperanza". La campaña se hizo viral, pero en junio de 2020, la enfermedad de Ignacio avanzó rápidamente y falleció.

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No obstante, tras la tragedia, se descubrió que el dinero recaudado no se destinó al tratamiento de Ignacio, sino que fue utilizado por González para comprar una casa y un auto. La denuncia fue presentada por María Soledad Serrano, ex pareja del acusado y madre del menor, quien relató que fue su hijo quien le pidió investigar el destino de las donaciones.

Las pruebas de las compras fueron confirmadas por informes bancarios y testimonios que señalaron que, antes de la muerte de Ignacio, González retiró más de un millón de pesos para adquirir una vivienda, y después de su fallecimiento, compró un auto.

Además, durante la investigación, se imputó a Natalia Cuadri, quien fue cómplice de González, y en el juicio, se la condenó a tres años de prisión en suspenso.