La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 64 años por una presunta estafa vinculada con la comercialización de ganado y logró recuperar 29 animales bovinos valuados en aproximadamente 49 millones de pesos.

El procedimiento se enmarca en una investigación encabezada por el fiscal Mauricio Spinosa, a partir de denuncias realizadas por dos productores agropecuarios que habrían sido perjudicados en distintas operaciones comerciales.

Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, personal de la PDI Distrito San Cristóbal desarrolló diferentes tareas investigativas y medidas judiciales en la provincia de Córdoba, donde finalmente se concretaron los procedimientos.

Uno de los operativos se realizó en un establecimiento ganadero de Jesús María, donde los investigadores inspeccionaron alrededor de 200 animales.

Durante la revisión lograron identificar y secuestrar 29 bovinos pertenecientes a uno de los productores damnificados, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $49 millones.

Los animales quedaron en depósito judicial mientras continúa la investigación.

Posteriormente, los efectivos realizaron dos allanamientos en la ciudad de Monte Cristo. En uno de los domicilios fue detenido W.H.R., de 64 años, señalado en el marco de la causa.

Durante el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, una notebook y documentación con anotaciones relacionadas con las víctimas, cantidades de animales y operaciones comerciales realizadas mediante cheques electrónicos.

El segundo allanamiento, efectuado en una zona rural, arrojó resultado negativo.

Luego de las actuaciones judiciales correspondientes, la Justicia de Córdoba autorizó el traslado del detenido y la entrega de los elementos secuestrados a las autoridades santafesinas.

Finalmente, el 29 de octubre, personal de la PDI Distrito San Cristóbal concretó el traslado del hombre hacia la provincia de Santa Fe.

Tras cumplimentar las diligencias correspondientes, quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII, a disposición de la Justicia.

Los procedimientos realizados en territorio cordobés contaron con la colaboración de efectivos de la División Investigaciones de la Patrulla Rural Norte y de la Patrulla Rural de esa provincia.

La empresa Aguas Santafesinas, conocida como ASSA, emitió una advertencia formal ante la proliferación de publicaciones engañosas que circulan en diversas redes sociales. Estos contenidos fraudulentos prometen beneficios y descuentos especiales, los cuales están dirigidos principalmente a los jubilados. La compañía aclaró que dichas ofertas son totalmente falsas y no forman parte de ninguna campaña institucional vigente para sus clientes.

Además de los anuncios en plataformas digitales, la firma detectó intentos de estafas que se ejecutan mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o a través del envío de correos electrónicos apócrifos. Ante este escenario, la empresa solicitó a los usuarios mantener extrema precaución y evitar interactuar con enlaces sospechosos que busquen captar datos personales o bancarios bajo la promesa de rebajas inexistentes en las tarifas del servicio.

Para evitar caer en estos engaños, ASSA recordó que todas las gestiones vinculadas a los servicios sanitarios deben canalizarse exclusivamente por las vías de contacto oficiales que la entidad dispone. La empresa enfatizó que no utiliza intermediarios ni redes sociales informales para gestionar beneficios económicos. Es fundamental que los usuarios verifiquen siempre la procedencia de la información antes de realizar cualquier tipo de acción que involucre su información personal o financiera.

En caso de detectar hechos de estas características, la empresa sugirió realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Los usuarios pueden comunicarse con el 911 o realizar la presentación formal a través del sitio web del Ministerio Público de la Acusación, ingresando a la dirección https://mpa.santafe.gov.ar/iris/. Resulta vital aportar toda la información disponible para facilitar las investigaciones y prevenir que otros ciudadanos sean víctimas de estos delitos informáticos.

Para consultas legítimas, los usuarios pueden utilizar el número de WhatsApp 341 6 950 008 o ingresar a la Oficina Virtual en el sitio www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones. Asimismo, está disponible la atención telefónica las 24 horas a través del número 0810 777 2000. Finalmente, se recuerda que la factura digital oficial se envía únicamente desde la dirección de correo electrónico facturadigital@aguassantafesinas.com, garantizando así la seguridad de las comunicaciones entre la empresa y sus clientes.

Un mecánico de 61 años, identificado como Omar José Gómez, fue llevado a audiencia imputativa el pasado sábado en el Centro de Justicia Penal. El hombre está acusado de realizar múltiples estafas a clientes que acudieron a su taller ubicado en la calle French al 700, en la ciudad de Rosario.

Según la acusación presentada por el fiscal Fernando Dalmau, el imputado cobraba por reparaciones que nunca efectuaba y por repuestos que jamás compraba. Se estima que el perjuicio económico total para al menos cuatro víctimas asciende a los 16 millones de pesos, una cifra que generó gran preocupación entre los damnificados.

Ante la jueza María de los Ángeles Granato, el fiscal explicó que Gómez operó entre noviembre de 2025 y octubre de este año. El acusado utilizaba un ardid para aparentar capacidad técnica y voluntad de trabajo, logrando así que las víctimas entregaran sus vehículos y grandes sumas de dinero bajo falsas promesas de reparación.

El primer caso denunciado involucró a una clienta que dejó su Fiat Idea para una intervención en el motor. El mecánico solicitó 7.210.000 pesos en diversas entregas, prometiendo devolver el rodado en diez días. Sin embargo, nunca realizó el trabajo y, ante los reclamos, la amenazó asegurando que conocía a "gente pesada", además de bloquearla en WhatsApp.

El operativo realizado el 14 de octubre en el taller permitió secuestrar el Fiat Idea, el cual presentaba el motor desarmado y sin señales de reparaciones. La misma situación se repitió con otros tres vehículos: un Palio Attractive, un Fox y un Onix, cuyos dueños también fueron víctimas de los engaños sistemáticos del mecánico.

En el caso del Fox, el motor del vehículo desapareció del taller sin que el dueño tuviera respuestas sobre su paradero. Por su parte, el Palio Attractive fue hallado en el lugar sin haber recibido ninguna de las intervenciones mecánicas por las cuales el cliente había desembolsado 3.500.000 pesos en concepto de repuestos y mano de obra.

Tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza María de los Ángeles Granato resolvió ordenar la prisión preventiva efectiva para Omar José Gómez. La medida cautelar se mantendrá vigente hasta el próximo 11 de diciembre de 2024, mientras continúa el proceso judicial por las estafas cometidas en su establecimiento.

Los mensajes que prometen beneficios, premios o advierten sobre problemas bancarios pueden esconder un intento de estafa digital. A través de WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales, los ciberdelincuentes buscan engañar a las personas para obtener información confidencial, tomar control de cuentas o acceder a dinero ajeno.

Para evitar caer en estos engaños, los organismos oficiales recomiendan detenerse antes de responder, verificar quién envía el mensaje y evitar ingresar datos personales en enlaces no verificados. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfatiza que ninguna entidad debe solicitar claves o códigos de seguridad por mensajería.

Reconocer un mensaje fraudulento no siempre es sencillo, ya que los delincuentes suelen imitar la identidad visual de empresas conocidas. Sin embargo, existen cinco señales de alerta fundamentales para detectar riesgos. La primera es la solicitud de contraseñas, claves bancarias o códigos de verificación, elementos que nunca deben compartirse con terceros bajo ninguna circunstancia.

La segunda señal es la presencia de un enlace sospechoso. Los estafadores envían links que dirigen a sitios falsos diseñados para robar datos. El Ministerio de Seguridad aconseja no hacer clic y, en su lugar, ingresar manualmente la dirección oficial en el navegador. La tercera alerta es la urgencia o amenazas, tácticas utilizadas para presionar a la víctima a actuar sin verificar.

El cuarto punto es la apariencia del remitente. Una foto de perfil o un logotipo no garantizan la identidad de quien escribe. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por ejemplo, aclara que no contacta a contribuyentes por WhatsApp ni solicita claves fiscales. Finalmente, la quinta señal es un pedido inusual de dinero o datos por parte de un supuesto conocido.

Ante un pedido extraño de un familiar, se recomienda llamar a la persona por otro medio para confirmar su identidad. La prevención también incluye activar la verificación en dos pasos, usar contraseñas seguras y mantener las aplicaciones actualizadas. Estas medidas reducen significativamente las posibilidades de sufrir un acceso no autorizado a las cuentas personales.

Si una persona fue víctima de un fraude, debe contactar de inmediato a su banco para informar lo ocurrido. El BCRA indica que es posible realizar denuncias ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), escribiendo al correo denunciasufeci@mpf.gob.ar. También se pueden presentar denuncias en comisarías o fiscalías locales, conservando siempre capturas de pantalla y comprobantes.

El Tribunal rechazó los planteos de la defensa y dio inicio al juicio oral en Rafaela. Cuatro personas están acusadas de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a captar ahorros mediante falsas inversiones.

Tras más de cuatro horas de demora, comenzó en los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público por la causa Grupo Spaggiari, que tiene como principales acusados a los hermanos Fernando Luis y Matías Germán Spaggiari, junto a su madre, Mirta Ofelia Condotto, y la exempleada Carolina Rocío Schaberger.

El inicio del debate estuvo marcado por tres planteos de la defensa, encabezada por el abogado Gustavo Abraham, que solicitó suspender el proceso hasta que se resolviera un recurso presentado ante la Corte Suprema provincial y adquirieran firmeza las condenas de seis exempleados que aceptaron juicios abreviados.

Sin embargo, el Tribunal integrado por Nicolás Stegmayer, Juan Gabriel Peralta y Laura Lencina rechazó los tres pedidos, al considerar que no existían impedimentos legales para avanzar. Además, aclaró que las condenas de los exempleados no serán utilizadas como prueba contra los actuales imputados.

El fiscal Guillermo Nicolás Loyola sostuvo que los acusados integraron una organización dedicada a captar dinero de particulares mediante supuestas inversiones inmobiliarias y productivas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022.

Según la acusación, el grupo ofrecía rendimientos elevados en dólares, euros y pesos, utilizando empresas vinculadas a la construcción para generar confianza entre los ahorristas.

Para la Fiscalía, la operatoria respondía a un esquema Ponzi, mediante el cual los aportes de nuevos inversores eran utilizados para pagar intereses y devolver capital a quienes habían ingresado anteriormente. Los pagos comenzaron a interrumpirse en noviembre de 2022.

Loyola solicitó 25 años de prisión efectiva para cada uno de los hermanos Spaggiari, acusados de liderar una asociación ilícita y cometer nueve estafas reiteradas. Para Mirta Condotto pidió nueve años de prisión, mientras que para Schaberger planteó una pena proporcional a su participación, sin precisar una cifra en la información difundida.

Durante los alegatos, el abogado querellante Pablo Mosconi cuestionó las promesas de rentabilidad realizadas a los ahorristas y remarcó que muchas víctimas entregaron los ahorros de toda su vida.

También puso en duda la existencia de actividades económicas capaces de sostener los rendimientos prometidos y preguntó por qué se continuó recibiendo dinero cuando ya se habían interrumpido los pagos a otros inversores.

Con los alegatos de apertura, el juicio quedó formalmente iniciado y continuará con la producción de pruebas para determinar las responsabilidades penales de los cuatro acusados.

En una resolución judicial alcanzada mediante un juicio abreviado, fueron condenados seis empleados de la inmobiliaria Grupo Spaggiari SRL por su participación en una asociación ilícita dedicada a cometer estafas en la ciudad de Rafaela. La sentencia, dictada por el juez Gustavo Bumaguin, impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional para los involucrados.

Los condenados fueron identificados como Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, cuyas edades oscilan entre los 42 y 59 años. Todos ellos admitieron su responsabilidad penal como coautores de asociación ilícita en carácter de miembros y partícipes necesarios de las maniobras fraudulentas.

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Loyola, determinó que los hechos ilícitos se desarrollaron entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022. Según el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el esquema afectó a más de 550 personas, quienes entregaron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares y euros, bajo la promesa de inversiones inmobiliarias y productivas.

El fiscal Guillermo Loyola explicó que los integrantes de la asociación ilícita se aprovechaban del reconocimiento público que tenía el grupo inmobiliario en la comunidad. "Los condenados ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero, el cual supuestamente iba a ser destinado a actividades como la fabricación de ladrillos y aberturas", detalló el fiscal.

Las víctimas eran atraídas mediante publicidad y el "boca a boca", bajo la promesa de obtener ganancias superiores a las ofrecidas por el sistema bancario tradicional. Sin embargo, tras un periodo inicial de pagos, los clientes dejaron de percibir los intereses y el reintegro del capital prometido. Los pagos se realizaban de forma personal en las oficinas de la empresa o mediante envíos a los integrantes de la red.

Tras la condena de los empleados, la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela fijó para el jueves 8 de octubre el inicio del juicio oral y público contra los presuntos jefes de la organización y otros dos integrantes. En el banquillo de los acusados se sentarán los propietarios del Grupo Spaggiari SRL, identificados con las iniciales FLS y MGS, junto a su madre, MOC, y una empleada de iniciales CRS.

Para los hermanos, la Fiscalía solicitó penas de 25 años de prisión efectiva por ser considerados jefes de la asociación ilícita y responsables de 560 hechos de estafas reiteradas. En tanto, para la mujer identificada como MOC se pidió una pena de nueve años, mientras que para la empleada CRS la solicitud fue de cinco años de prisión.

El debate oral se extenderá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la participación de más de 600 testigos y víctimas. El tribunal pluripersonal encargado de dictar sentencia estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta. Se espera que los alegatos de clausura se realicen el 21 de diciembre, con la lectura del veredicto final programada para el 28 de diciembre de 2026.

WhatsApp es una de las aplicaciones que más información personal concentra en el teléfono: conversaciones, fotografías, documentos, audios, contactos y datos compartidos en chats privados.

Por eso, descubrir que otra persona podría estar accediendo a la cuenta genera preocupación. Sin embargo, no todos los comportamientos extraños del celular significan que alguien haya ingresado a WhatsApp.

La forma más concreta de comprobarlo es revisar qué dispositivos están vinculados a la cuenta y detectar si aparece alguno que el usuario no reconoce.

La propia plataforma recomienda revisar regularmente los dispositivos asociados. WhatsApp permite utilizar la misma cuenta en el teléfono principal y en otros equipos, como computadoras, tablets o teléfonos complementarios. Esas conexiones son una función legítima, pero también pueden representar un problema si alguien consiguió vincular un dispositivo sin autorización.

Por eso, antes de cambiar contraseñas o instalar aplicaciones para “detectar espías”, hay una comprobación sencilla que se puede hacer directamente desde WhatsApp.

La sección “Dispositivos vinculados” es el primer lugar que conviene revisar cuando existe la sospecha de que otra persona accedió a la cuenta.

WhatsApp permite consultar desde el teléfono cuáles son los dispositivos conectados. Allí pueden aparecer, por ejemplo, una computadora utilizada para WhatsApp Web, una aplicación de escritorio o un dispositivo complementario.

Si el usuario reconoce todos los equipos que aparecen en la lista, no hay en ese registro una señal de acceso desconocido. En cambio, si aparece una computadora, teléfono u otro dispositivo que nunca fue vinculado, conviene cerrar esa sesión. WhatsApp recomienda precisamente controlar periódicamente esta sección y desvincular los equipos que no se reconozcan.

Para revisar la lista, hay que ingresar a WhatsApp y buscar la opción “Dispositivos vinculados”. En Android se accede desde el menú de los tres puntos; en iPhone, desde la configuración de la aplicación. Una vez dentro, se puede seleccionar un dispositivo y cerrar su sesión.

WhatsApp también informa que los dispositivos vinculados se desconectan automáticamente después de un período de inactividad. Esto significa que encontrar un equipo antiguo en la lista no necesariamente indica que alguien esté utilizando la cuenta en ese momento, pero sí es conveniente revisar qué dispositivos siguen asociados.

Una recomendación importante es no esperar a tener una sospecha concreta para hacer esta revisión. Convertirla en un control periódico permite detectar más rápido cualquier conexión que no corresponda.

Hay otros indicios que pueden llamar la atención, aunque ninguno debería interpretarse por sí solo como una prueba definitiva de que alguien ingresó a la cuenta.

Uno de ellos es recibir un código de registro de WhatsApp sin haberlo solicitado. La plataforma explica que este tipo de notificación puede aparecer cuando otra persona introduce el número de teléfono e intenta registrar la cuenta. En ese caso, el código no debe compartirse con nadie.

Otra señal importante es perder inesperadamente el acceso a la propia cuenta. Si WhatsApp deja de funcionar como antes o aparece una situación que indica que el número está siendo registrado en otro dispositivo, puede ser necesario recuperar el control de la cuenta.

También puede resultar llamativo que contactos avisen que recibieron mensajes que el usuario asegura no haber enviado. En ese escenario, además de revisar los dispositivos vinculados, conviene comprobar inmediatamente la seguridad de la cuenta.

Pero hay que diferenciar estas situaciones de otros problemas habituales. Que el teléfono se caliente, que la batería dure menos, que WhatsApp funcione lentamente o que aparezcan pequeñas demoras no demuestra por sí mismo que alguien esté espiando las conversaciones.

Tampoco es correcto afirmar que cualquier cambio en el estado “en línea” significa que otra persona está utilizando la cuenta. Existen múltiples factores técnicos y de configuración que pueden explicar comportamientos de ese tipo.

La recomendación oficial es concentrarse en las herramientas de seguridad que ofrece la propia aplicación.

Si en “Dispositivos vinculados” aparece un equipo que no reconocés, la primera medida es cerrar esa sesión.

WhatsApp permite seleccionar el dispositivo y utilizar la opción para desconectarlo. De esta manera se elimina ese acceso vinculado a la cuenta. La compañía recomienda hacerlo cuando se detecta un equipo desconocido.

Después, conviene revisar las medidas de seguridad de la cuenta y activar la verificación en dos pasos si todavía no está habilitada.

Esta función incorpora una capa adicional de autenticación para evitar accesos no autorizados. WhatsApp señala que la verificación en dos pasos ayuda a proteger la cuenta mediante una segunda forma de identificación, además del número de teléfono.

La plataforma también ofrece otras herramientas, como llaves de acceso, bloqueo de la aplicación y opciones de recuperación mediante correo electrónico. Estas funciones pueden variar según el dispositivo y la configuración disponible para cada usuario.

Un punto fundamental es que ninguna de estas herramientas reemplaza la recuperación de una cuenta que ya fue tomada por otra persona. WhatsApp advierte que activar determinadas medidas de seguridad no expulsa automáticamente a alguien que ya obtuvo el control de la cuenta. Primero hay que recuperar el acceso y luego reforzar la protección.

La situación es diferente si el usuario directamente perdió el acceso a WhatsApp.

En caso de robo o pérdida del teléfono, o de problemas con la tarjeta SIM, WhatsApp recomienda contactar al operador de telefonía para bloquear la tarjeta y solicitar una nueva con el mismo número.

Después, se debe volver a registrar la cuenta en WhatsApp utilizando ese número. Según la plataforma, al volver a registrar la cuenta se cerrará automáticamente la sesión de WhatsApp en el dispositivo perdido o robado.

La recuperación requiere conservar el control del número telefónico asociado a la cuenta. Por eso, ante una sospecha de robo de la línea, también es importante comunicarse rápidamente con la empresa de telefonía.

WhatsApp dispone además de un procedimiento específico para recuperar cuentas comprometidas y recomienda utilizar sus canales oficiales de ayuda cuando el usuario no puede resolver el problema por sus propios medios.

Una de las medidas de seguridad más importantes no depende de ninguna configuración técnica: no compartir nunca el código de registro recibido por SMS o mediante una llamada.

Los delincuentes pueden intentar engañar al usuario haciéndose pasar por un conocido, un familiar o incluso por el soporte de una empresa. El objetivo suele ser conseguir ese código para registrar la cuenta en otro dispositivo.

Por eso, si llega un código que no fue solicitado, no hay que reenviarlo ni introducirlo en enlaces recibidos por mensajes. La notificación inesperada debe tomarse como una señal para revisar la seguridad de la cuenta.

También es recomendable evitar aplicaciones o sitios no oficiales que prometan funciones especiales para WhatsApp. La propia plataforma advierte que las aplicaciones y sitios no oficiales pueden comprometer la seguridad de una cuenta y no cuentan con las mismas garantías que las herramientas oficiales.

La buena noticia es que revisar la seguridad de WhatsApp no requiere conocimientos técnicos.

El procedimiento básico consiste en:

Abrir WhatsApp.

Ingresar a “Dispositivos vinculados”.

Revisar todos los equipos que aparecen en la lista.

Cerrar la sesión de cualquier dispositivo que no se reconozca.

Activar la verificación en dos pasos.

No compartir nunca códigos de registro.

Mantener actualizada la aplicación.

Utilizar únicamente las versiones oficiales de WhatsApp.

WhatsApp mantiene además el cifrado de extremo a extremo para los mensajes y llamadas personales, lo que significa que el contenido de esas comunicaciones está protegido mientras se transmite entre los participantes.

Por eso, ante la duda, no hace falta instalar aplicaciones de terceros que prometan descubrir quién está “espiando” el teléfono. El primer paso es mucho más sencillo: revisar los dispositivos vinculados y las herramientas de seguridad disponibles dentro de la propia aplicación.

Si aparece un equipo desconocido, hay que desconectarlo. Si se perdió el acceso a la cuenta, corresponde iniciar el proceso de recuperación. Y si no hay ninguna conexión extraña, pero persiste la preocupación, reforzar la cuenta con verificación en dos pasos y otras medidas de seguridad permite reducir el riesgo de accesos no autorizados.

La clave es no confundir una falla común del teléfono con una intrusión. La señal más concreta está dentro de WhatsApp: quién tiene una sesión vinculada a tu cuenta y qué dispositivos reconoce realmente el usuario.

Continúa la búsqueda de la propietaria del "geriátrico del horror" quien permanece con paradero desconocido y acumula un antecedente judicial que ahora vuelve a cobrar relevancia: en 2025 ya había sido imputada por una presunta maniobra de estafas mediante la retención de tarjetas bancarias y documentación de ancianos alojados en otros establecimientos que también funcionaban de manera irregular.

La mujer, es considerada una de las principales responsables del hogar ubicado en José Gollán al 10100, donde el lunes un interno inició un incendio para pedir auxilio y denunciar las condiciones en que convivían quienes residían allí.

La causa, que instruye el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Manuel Cechini, investiga los presuntos delitos de Abandono de persona, Estafas por retención indebida y otros hechos que podrían incorporarse conforme avance la pesquisa.

Pero la situación procesal de la mujer en cuestión no comenzó con este expediente.

De acuerdo con fuentes judiciales, durante 2025 fue imputada en otra investigación por la supuesta administración de hogares para adultos mayores que funcionaban sin la correspondiente habilitación. La acusación sostuvo que retenía la documentación personal y las tarjetas donde los residentes percibían jubilaciones y pensiones, apropiándose de manera indebida de esos ingresos.

Ahora, los investigadores procuran establecer si esa modalidad volvió a repetirse en el establecimiento de José Gollán, donde varios residentes denunciaron que tampoco tenían en su poder sus documentos de identidad ni los plásticos con los que cobraban sus haberes previsionales.

Los testimonios incorporados al expediente indican además que los alojados sufrían maltratos físicos y psicológicos y que permanecían en condiciones incompatibles con un lugar destinado al cuidado de personas vulnerables.

En un dramático relato uno de los residentes confesó que estaban solos y que hacía cinco días no les daban de comer, además de haberles retenido sus tarjetas de cobro.

En este contexto durante la tarde lunes efectivos policiales realizaron un allanamiento en barrio Sur de Santa Fe, en un domicilio donde se presumía que podía encontrarse la mujer, aunque no fue hallada. Su localización pasó ahora a ser una de las prioridades del Ministerio Público de la Acusación.

Mientras continúa la búsqueda de la propietaria, la investigación derivó en la detención de un hombre, de 45 años, quien se presentó ante los investigadores como encargado del hogar.

Las actuaciones también incluyeron entrevistas a los siete adultos mayores que permanecían alojados en el lugar. Todos coincidieron en describir situaciones de abandono, violencia física y psicológica, además de la falta de alimentación y de cuidados básicos.

Posteriormente fueron examinados por un médico de la Dirección de Medicina Legal y trasladados por personal del área de Salud de la Municipalidad al Parador Municipal Beata Clara, donde quedaron bajo asistencia del Estado.

El incendio que permitió descubrir el funcionamiento del geriátrico clandestino dejó de ser el hecho central del expediente para dar paso a una investigación mucho más amplia.

La Fiscalía intenta determinar si detrás del establecimiento existía un mecanismo sistemático de captación de adultos mayores, retención de documentación, administración irregular de sus ingresos previsionales y sometimiento a condiciones de vida incompatibles con cualquier institución dedicada a su cuidado.

Con la propietaria aún prófuga y el encargado detenido, la pesquisa avanza ahora sobre la reconstrucción del circuito económico del hogar y la eventual existencia de nuevas víctimas vinculadas a otros establecimientos administrados por la misma mujer.

El Litoral

Clientes de Litoralgas reportan intentos de estafas a través de redes sociales como Facebook e Instagram. Con perfiles falsos, los delincuentes realizan publicaciones de descuentos en la factura, seduciendo a los usuarios quienes, para acceder, se contactan vía mensaje o comentario y así les roban información.

“Recordamos que no nos contactamos con nuestros clientes para ofrecer promociones ni descuentos en la factura. Solicitamos desestimar esos mensajes y reportar al contacto desde el que escriben”, remarcaron desde la empresa.

Otra maniobra utilizada es la de requerir a los clientes un código para obtener acceso a las cuentas de WhatsApp y estafar a sus contactos pidiéndoles dinero.

Desde la compañía insistieron en que los avisos de interrupción del servicio por deuda o por seguridad son entregados en el domicilio, y que “en caso de comunicarnos vía WhatsApp nunca pediremos un código”.

Por su parte Litoralgas realiza denuncias de manera permanente ante el Ministerio Público de la Acusación por el uso indebido de su identidad con fines delictivos con los detalles de las publicaciones para que sea investigada.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) recomiendan a la población que hubiera sufrido estafas de estas características, hacer la denuncia, que es fundamental para la investigación. Puede realizarse en la Fiscalía, Centros Territoriales de Denuncia, dependencias policiales o a través de la página web www.mpa.santafe.gov.ar

La causa por las presuntas estafas con paquetes turísticos que perjudicó a decenas de familias de Santa Fe y la región sumó un nuevo capítulo judicial.

El fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, amplió la atribución imputativa contra Analía Capalbo, de 43 años, quien permanece detenida desde fines de marzo por ofrecer viajes que luego no se habrían concretado.

La audiencia se desarrolló ante el juez penal de primera instancia Sergio Carraro. Antes de la formalización de la nueva imputación, el magistrado habilitó la intervención de tres personas damnificadas, quienes relataron el impacto emocional y familiar que les provocó la maniobra investigada.

La imputada compareció asistida por la abogada defensora Abril Rico, quien no formuló observaciones a la ampliación de la atribución delictiva.

Hasta el momento, Capalbo estaba imputada por 19 hechos de estafa. Con la incorporación de otras 18 denuncias, la acusación alcanza ahora un total de 37 episodios bajo una modalidad similar.

Según la investigación, las maniobras se habrían realizado a través de redes sociales, principalmente por Instagram y WhatsApp, donde se ofrecían paquetes turísticos que luego no se concretaban.

La mayoría de las personas afectadas había contratado viajes a Camboriú, Brasil, para la temporada de verano.

Durante la audiencia, tres víctimas expusieron ante el juez las consecuencias personales y familiares que les generó la situación.

La primera en declarar fue Marisel, una vecina de Paraná que participó de manera remota. Contó que durante 2025 había viajado con la empresa de Capalbo y que la experiencia había sido satisfactoria, motivo por el cual decidió volver a contratar un paquete para el verano de 2026.

La mujer explicó que la relación con la imputada había trascendido lo comercial y que incluso sus hijas habían compartido actividades durante vacaciones anteriores.

“Jugó con nuestras ilusiones”, expresó al relatar que su familia perdió las vacaciones que había organizado desde noviembre. También señaló que todavía continúa pagando servicios vinculados a un viaje que nunca se realizó.

Además, lamentó haber recomendado la contratación a amigos que luego terminaron atravesando la misma situación.

El segundo testimonio fue el de Raúl, oriundo de San Benito, Entre Ríos, quien explicó que contrató el viaje por recomendación de Marisel.

Según relató, las negociaciones comenzaron en noviembre del año pasado y, a medida que se acercaba la fecha prevista de salida, recibió sucesivas postergaciones y explicaciones contradictorias.

El viaje estaba programado para el 20 de enero, pero fue diferido en varias oportunidades hasta ser finalmente cancelado. Cuando pidió la devolución del dinero para poder organizar otras vacaciones con su familia, le respondieron que debía reclamar a terceros proveedores.

El hombre afirmó que mantuvo contacto con Capalbo hasta el 30 de marzo, un día antes de que fuera detenida. Sin embargo, lo que más destacó ante el juez fue la frustración de su hijo de ocho años, quien todavía le reclama el viaje que nunca pudo realizar.

La tercera declaración correspondió a Luciano, de Santo Tomé, quien también había viajado con la misma empresa durante 2025 y, por esa experiencia previa, decidió contratar un paquete a Brasil para cinco integrantes de su familia.

Al igual que los otros damnificados, aseguró haber abonado la totalidad del viaje y haber recibido luego excusas y postergaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia se produjo cuando recordó que, ya frustradas las vacaciones, una de sus hijas debió realizar en la escuela un dibujo sobre las actividades del verano.

“Mi nena dibujó un televisor”, contó.

Para el denunciante, la acusada construyó deliberadamente una relación de confianza con sus clientes. “Generó un vínculo para después estafarnos”, afirmó.

Finalizadas las declaraciones de las víctimas, el juez dispuso el ingreso de Capalbo a la sala para formalizar la ampliación de la imputación.

El fiscal Nigro recordó que dos meses atrás la mujer había sido acusada por 19 hechos de estafa y que, como consecuencia de esa investigación, se le impuso la prisión preventiva.

A partir del avance de la pesquisa, se incorporaron nuevas denuncias hasta alcanzar los 37 hechos investigados.

También se actualizó el monto del perjuicio económico atribuido. Mientras que en marzo la suma denunciada rondaba los $16 millones, actualmente asciende a aproximadamente $33.200.000.

En función de ello, la Fiscalía le atribuyó a Capalbo la autoría del delito de estafas reiteradas en 37 oportunidades, ampliación que fue formalmente admitida por el magistrado.

La situación procesal de la imputada volverá a discutirse esta semana.

El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia fijó para este martes una audiencia destinada a analizar la apelación presentada por la defensa contra la prisión preventiva que Capalbo cumple desde el 31 de marzo.

La revisión estará a cargo de un tribunal de alzada, que deberá resolver si mantiene la medida cautelar dispuesta durante la etapa inicial de la investigación o si corresponde evaluar alternativas menos gravosas mientras continúa el proceso penal.

El humorista Felipe Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en una causa que tramita en los tribunales nacionales. La resolución judicial fue dictada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además dispuso que Pettinato cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo satelital GPS a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.

Según la causa, Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en hechos de falsificación de documentos, delitos que concurren de forma ideal. La investigación se desprende del expediente por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ya que el imputado habría falsificado recetas médicas a nombre de la víctima, lo que derivó en esta pesquisa paralela.

El arresto domiciliario contempla que Pettinato solo podrá salir para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, previamente impuestos por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 durante su condena por la muerte de Rodrigo. Asimismo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país y ordenó un embargo sobre bienes y dinero del imputado hasta cubrir 1.500.000 pesos.

La situación judicial de Pettinato no es nueva. En abril pasado fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, ocurrido en el departamento que ocupaba en Belgrano. La fiscalía había solicitado una pena de 4 años y 7 meses, mientras que la querella reclamó una condena más severa, y la defensa argumentó el contexto de consumo problemático de sustancias.

Con esta nueva resolución, la justicia apunta a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, preservar la integridad del imputado y asegurar que continúe con sus tratamientos de rehabilitación, mientras se desarrollan los pasos procesales en la causa por estafas.

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Operativo de Investigaciones Región I, Distrito San Martín, a raíz de un pedido de colaboración emitido por la Sección Delitos Económicos de la Policía de La Rioja.

La investigación se originó tras la denuncia radicada por un hombre en la ciudad de La Rioja, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra fraudulenta por parte de un transportista de confianza. Según consta en la causa, el imputado habría incumplido la entrega de mercadería transportada, como así también del dinero correspondiente, utilizando distintos engaños para evadir sus responsabilidades. Además, habría emitido cheques electrónicos sin fondos para intentar saldar la deuda.

El perjuicio económico denunciado asciende a la suma de 22 millones de pesos, afectando a una empresa del rubro olivícola.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el sospechoso regresaría a la ciudad de San Jorge, por lo que montaron un operativo en inmediaciones de una planta cerealera. Allí, el hombre, identificado como F. N. M. de 29 años, fue interceptado y detenido. Quedó alojado en la Alcaldía de la Unidad Regional XVIII, en la localidad de Sastre, a disposición de la justicia interviniente.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes a través de WhatsApp y correo electrónico que buscan captar datos personales de los usuarios. La maniobra, que apunta especialmente a jubilados, ofrece supuestos beneficios o descuentos inexistentes en la factura del servicio eléctrico.Según informó la empresa, en uno de los casos detectados se promociona un descuento del 50 % en la factura para jubilados del Banco Nación mediante anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. A partir de esos contactos, los estafadores obtienen datos personales para luego comunicarse con las víctimas y solicitar información sensible, como claves bancarias, con el objetivo de acceder a sus cuentas o tomar control de sus dispositivos.Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece descuentos ni beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan verificar la información exclusivamente por los canales oficiales o acudir a la oficina comercial más cercana.

La empresa recordó que nunca solicita datos confidenciales -como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria- por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, estas se realizan mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de información.

Asimismo, aconsejan verificar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional (@epe.santafe.gov.ar). Cualquier variación en ese dominio puede ser un indicio de fraude.

Desde la EPE se ofrecieron algunos consejos útiles:

Los usuarios pueden comunicarse con la EPE a través de las siguientes vías: 

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor viene siguiendo de cerca una problemática que creció con fuerza en los últimos años: las estafas y los fraudes digitales. Así lo explicó Betania Albrecht, encargada del área, quien repasó cuáles son hoy los reclamos más frecuentes, qué cuidados hay que tener al operar por medios electrónicos y hasta dónde puede actuar el organismo cuando una persona resulta perjudicada.

Albrecht recordó que la oficina tiene una larga trayectoria en la ciudad. “La Oficina de Defensa del Consumidor surgió en el 2002”, señaló, y remarcó que tuvo “un crecimiento exponencial en los últimos 12 años aproximadamente”.

En cuanto a su función, explicó que interviene en todo lo que tenga que ver con una relación de consumo para uso personal o familiar. Eso abarca una enorme variedad de situaciones: “Desde un servicio de medicina prepaga, hasta una compra en el supermercado, una compra digital online, un servicio de transporte, de turismo, telecomunicaciones, cuestiones bancarias”, enumeró. Incluso mencionó que también reciben reclamos vinculados con “alquileres para vivienda personal”.

Según indicó, hoy el principal foco de conflicto está en el mundo online. “En el número uno del ranking están los incumplimientos en las compraventas digitales”, afirmó.

Dentro de ese universo, aclaró que no todos los casos son iguales. “A veces derivan en estafa, otras veces son simples incumplimientos”, explicó. Y detalló distintos escenarios posibles: “Desde que te llega un producto que no es el que pediste, hasta que te llegue fallado, hasta que no te llegue el producto, o hasta que te estafaron”.

Junto con ese tipo de reclamos, también aparecen con frecuencia los vinculados a servicios financieros y de seguros. Allí, dijo, el panorama se volvió más complejo con el crecimiento de las billeteras virtuales.

Albrecht planteó una diferencia importante entre los bancos tradicionales y las nuevas herramientas digitales de pago. “Una cosa son las entidades bancarias, que están sujetas a las normativas del Banco Central”, señaló. En esos casos, explicó, “hay forma de avanzar para proteger los derechos de las personas”.

Pero la situación cambia con las billeteras virtuales. “Es más compleja”, advirtió. Según explicó, hoy se intentan aplicar “por analogía criterios que se aplican a las entidades bancarias, pero no es lo mismo”.

A eso se suman también reclamos por servicios de administración de pagos, es decir, plataformas o sistemas a través de los cuales la gente paga sus cuentas. “Mucho conflicto con eso últimamente”, resumió.

Para Albrecht, el punto de quiebre fue el período de pandemia. “El tema de las estafas y de los fraudes digitales, virtuales, fue algo que comenzó en la pandemia y fue incrementando”, explicó.

Y desarmó una idea bastante instalada: que quienes más caen son los adultos mayores. “La mayoría de las personas que caen no son adultos mayores”, aseguró.

Por el contrario, sostuvo que quienes están permanentemente conectados son muchas veces los más expuestos. “Los adultos mayores, en general, tienen más cuidado y utilizan menos los medios digitales”, indicó. En cambio, advirtió: “El resto de las personas que transferimos dinero, pagamos cuentas y estamos todo el tiempo manejando el teléfono, somos más susceptibles de caer”.

En ese contexto, Albrecht remarcó algunas recomendaciones básicas que, dijo, nunca hay que olvidar. La principal tiene que ver con las llamadas o mensajes que aparentan provenir de organismos oficiales o bancos. “No te van a llamar del banco, no te van a llamar de ANSES ni de ninguna entidad estatal”, afirmó.

También alertó sobre los intentos de engaño que usan logos o imágenes similares a las de empresas reales. “Ni aun cuando te llamen con la fotito o con el supuesto logo de determinada empresa”, señaló.

Frente a eso, recomendó verificar siempre la autenticidad de las cuentas. “Hay que chequear que tengan el tilde, que sean cuentas verificadas”, dijo. Y agregó: “Vos vas a saber si estás hablando con la empresa realmente, si la cuenta está verificada”.

Otro de los errores frecuentes, según contó, aparece cuando una persona ya tuvo un problema y quiere hacer un reclamo. “Mucha gente cae porque quiere reclamar y busca en Google ‘denunciar’ o ‘reclamar a…’”, explicó.

El riesgo es que allí pueden aparecer enlaces falsos o páginas montadas únicamente para engañar. “Y ahí les salta cualquier contenido”, advirtió.

Por eso insistió en que siempre hay que moverse dentro de los canales oficiales. “Hay que entrar dentro de la propia aplicación, las páginas oficiales y demás”, recomendó.

Finalmente, Albrecht aclaró que no todos los casos pueden ser abordados por la oficina. “Si son cuentas fantasmas creadas absolutamente para estafar, la vía es pura y exclusivamente penal”, sostuvo.

En esas situaciones, explicó, Defensa del Consumidor no tiene herramientas de intervención directa. El organismo sí puede actuar “cuando hay una entidad bancaria, una billetera virtual, un empresario, un emprendedor, una pyme, alguien como proveedor a quien le puedas reclamar”.

Es decir, cuando del otro lado existe un proveedor o una empresa identificable dentro de una relación de consumo. Allí sí se puede avanzar por la vía administrativa. Pero cuando se trata de una estructura montada exclusivamente para delinquir, la respuesta debe buscarse en la Justicia penal.

Un grupo de familias de un jardín de infantes denunció a la madre de una alumna por presuntamente haberse quedado con el dinero destinado a la compra de camperas de egresados. El caso generó indignación entre los padres y frustración en los chicos, que esperaban cerrar el ciclo con la indumentaria.

Según informaron medios locales, la mujer había sido designada para reunir y administrar los fondos aportados por las familias del Jardín Berta Lassalle. El objetivo era encargar las camperas de egresados, pero las demoras en la entrega encendieron las primeras sospechas porque la mujer se habría quedado con $1.500.000.

De acuerdo al relato de los padres, la situación comenzó a complicarse cuando la acusada no pudo justificar el destino del dinero ni presentar comprobantes de pago. Tras reiterados reclamos y ante la falta de respuestas claras, las familias decidieron avanzar con una denuncia formal.

Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa y descubrieron que solo se había abonado una seña inicial de $45.000 y que el resto del dinero nunca fue transferido.

El episodio no solo generó preocupación por la pérdida económica, sino también por el impacto emocional en los alumnos, que aguardaban ese momento como parte del cierre del jardín.

La causa quedó en manos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que busca determinar qué ocurrió con los fondos y si existió una maniobra fraudulenta.

Actualmente, solo 19 camperas están en proceso de confección -sublimadas pero sin coser- y otras cinco ni siquiera fueron incluidas en el pedido porque nunca se pagaron.

Mientras avanza la investigación, las familias reclaman una pronta respuesta y la recuperación del dinero, en un caso que vuelve a poner en foco la confianza en la administración de fondos escolares.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) tomó conocimiento de que circulan en redes sociales publicaciones engañosas dirigidas a usuarios, fundamentalmente jubilados. Esto se suma a otros intentos de estafas vía Whatsapp o Facebook.En este caso la estafa ofrece un descuento del 50 % de la factura a jubilados del Banco Nación a través de redes sociales, principalmente la plataforma Facebook, tomando los datos para posteriormente llamar a la víctima y a través de maniobras de convencimiento extraerle datos personales, claves de banco e información para hackear el Whatsapp.

Desde la EPE, se aclara, que esta promoción es falsa, y advierte que ante cualquier información que circule de la empresa, antes de acceder a los supuestos beneficios, consulte a través de las vías oficiales o acercándose a la oficina comercial más cercana.Asimismo, desde la EPE se recuerda que nunca se solicita información confidencial por Whatsapp, tales como contraseñas, número de tarjetas ni datos bancarios. 

Si bien la empresa informa sobre cortes programados, lo hace a través de un mensaje automático, con aquellas personas que tengan registrado sus datos en la Oficina Virtual, pero sin interacción con el usuario. Con respecto a los correos electrónicos se recomienda chequear la dirección del emisario del mensaje, el mismo deberá ser con dominio: ejemplo@epe.santafe.gov.ar y no otro. 

Algunos consejos para tener en cuenta:* No responder a contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos a través de Whatsapp. Si se reciben mensajes de este tipo, no responder ni proporcionar información. Agendar 3425101000, el número oficial de la empresa. Cualquier otra comunicación por Whatsapp, seguramente sea una estafa.* Verificar la identidad: si alguien dice ser representante de la empresa, solicitar nombre, identificación y número de contacto oficial. Luego, confirmar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales.* No compartir datos personales: nunca proporcionar información personal sensible (DNI, cuentas bancarias, etc) ni firmar documentos sin asegurarse de su autenticidad.* Comunicarse con la empresa ante cualquier sospecha o dudas.

Vías de contacto* Whatsapp: 3425101000* www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual* Chat de Instagram: epe.oficial* Chat de Facebook: EPE Oficial

Un hombre fue detenido en la ciudad de Sunchales en el marco de una investigación por estafas reiteradas, tras un procedimiento llevado adelante por personal de la DUOF Rafaela de la Policía Federal Argentina, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela.

El operativo se realizó bajo directivas del fiscal interviniente, Dr. Loyola, y permitió concretar la aprehensión del imputado, quien está acusado de hacerse pasar por abogado para cometer estafas por sumas millonarias.

Según se informó oficialmente, el detenido simulaba ejercer la profesión de abogado y utilizaba esa fachada para engañar a distintas personas, a quienes les solicitaba importantes montos de dinero bajo falsas gestiones legales.

Durante el procedimiento, los efectivos federales procedieron al secuestro de diversos elementos considerados probatorios para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello de abogado ilegítimo, que habría sido utilizado para reforzar la maniobra fraudulenta.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el alcance total de las estafas cometidas y establecer la cantidad de personas damnificadas. El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de estafas reiteradas ya agravadas.

La Policía de Córdoba concretó la detención de una mujer de 73 años acusada de liderar una serie de estafas llevadas a cabo en diversas localidades del interior provincial.

El arresto se realizó durante un control rutinar en la autopista que une Córdoba con Rosario, a la altura de la localidad de Leones, luego de que efectivos de la Patrulla Rural de Marcos Juárez identificaran que la investigada tenía un pedido de captura vigente.

La causa que dio origen al pedido de detención corresponde a la Unidad Judicial de Mina Clavero, dependiente del departamento San Alberto. En dicha instancia se tramitan denuncias por presuntas maniobras de estafa cometidas en distintas localidades cordobesas.

Según la información oficial, la mujer se encontraba prófuga cuando se desplegó el operativo. En el momento del control sobre la autopista fue conducida en un vehículo marca Volkswagen, modelo UP, que también fue secuestrado. Junto con el automóvil se incautó un teléfono celular y otros elementos que serán analizados por la justicia.

La fuerza policial comunicó que la modalidad delictiva consistía en maniobras de engaño para perjudicar económicamente a víctimas en diferentes puntos del interior de Córdoba, aunque aún no se han precisado la cantidad de damnificados ni los montos involucrados.

El arresto se concretó cuando la Patrulla Rural, en colaboración con la Departamental Marcos Juárez, montó un control en la ruta nacional 9/autopista Córdoba-Rosario, estimando la circulación de un vehículo con las características coincidentes. Al identificar el auto y al conductor, los agentes verificaron el pedido de captura vigente y procedieron a la aprehensión.

Una vez detenida, la mujer fue trasladada a la sede policial correspondiente y puesta a disposición de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de la doctora Analía Gallaratto. En ese ámbito se definirá la declaración de la acusada, las medidas cautelares y el avance de la investigación.

Las autoridades informaron que el expediente se encuentra en plena instrucción, con recolección de pruebas en curso y la posibilidad de identificar víctimas adicionales o eventuales cómplices.

El procedimiento en sí pone en evidencia el despliegue de controles viales por parte de la Policía provincial con vigilancia sobre corredores estratégicos de la ruta, lo que permitió dar con una persona que hasta ese momento se encontraba con pedido de captura.

En tanto, las víctimas de las estafas denunciaron ante la Unidad Judicial de Mina Clavero haber sido engañadas mediante supuestas transacciones o maniobras financieras, detalla la Fuerza.

Según los datos disponibles, las maniobras se habrían cometido en varias localidades del departamento San Alberto y otras zonas del territorio cordobés, lo que dificultó la localización de la acusada hasta el momento del control en ruta.

La investigación, por el momento, no ha precisado si la mujer actuaba bajo sustento de una organización mayor o forma autónoma. Las fuerzas policiales estiman, de acuerdo con las declaraciones oficiales, que en la mayoría de los hechos habría actuado en forma individual.

Los próximos pasos procesales implican que la Fiscalía examine los elementos incautados —el vehículo, el teléfono celular y demás objetos— y determine la vinculación de aquellos con los episodios denunciados. También se coordinará con la Unidad Judicial de Mina Clavero para avanzar con testimonios de posibles víctimas, análisis contables y búsqueda de ramificaciones del delito.

El Litoral

La Policía Federal Argentina (PFA) informó la desarticulación de una red dedicada a estafas virtuales que ofertaba y “compraba” electrodomésticos y electrónica a través de redes sociales. La investigación, dirigida por la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero a cargo del Dr. Jorge Claudio Sica, identificó al menos 27 hechos cometidos con un mismo modus operandi.

El esquema consistía en simular operaciones de compraventa: los estafadores contactaban a vendedores por una plataforma de comercio, enviaban comprobantes de pago apócrifos y utilizaban un perfil falso que incluso mostraba la credencial de un supuesto efectivo de la Policía Bonaerense para ganarse la confianza.

Luego enviaban al domicilio de la víctima un vehículo “de aplicación” que retiraba el producto; el vendedor recibía un comprobante fraudulento y entregaba el bien sin haber cobrado realmente. La organización combinaba tareas desde domicilios en Pilar, Hurlingham y José León Suárez con apoyo logístico proveniente “desde afuera” del penal.

Los investigadores determinaron que tres sospechosos alojados en el Complejo Penitenciario de Campana participaban activamente, coordinando compras y el envío de remiseros desde su lugar de encierro. Para llevar adelante las maniobras contaban con colaboradores fuera del penal que ejecutaban la logística.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín ordenó ocho allanamientos, incluidas diligencias en la unidad penitenciaria. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y cinco mujeres; además, se imputó a dos presos que cumplían condena en Campana.

En los procedimientos se secuestraron 11 teléfonos celulares, 4 televisores, 4 notebooks, consolas de juego, un aire acondicionado y documentación relevante para la causa. Los detenidos quedaron a disposición del magistrado por los delitos de falsificación de documentos públicos y estafa.