Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Operativo de Investigaciones Región I, Distrito San Martín, a raíz de un pedido de colaboración emitido por la Sección Delitos Económicos de la Policía de La Rioja.

La investigación se originó tras la denuncia radicada por un hombre en la ciudad de La Rioja, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra fraudulenta por parte de un transportista de confianza. Según consta en la causa, el imputado habría incumplido la entrega de mercadería transportada, como así también del dinero correspondiente, utilizando distintos engaños para evadir sus responsabilidades. Además, habría emitido cheques electrónicos sin fondos para intentar saldar la deuda.

El perjuicio económico denunciado asciende a la suma de 22 millones de pesos, afectando a una empresa del rubro olivícola.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el sospechoso regresaría a la ciudad de San Jorge, por lo que montaron un operativo en inmediaciones de una planta cerealera. Allí, el hombre, identificado como F. N. M. de 29 años, fue interceptado y detenido. Quedó alojado en la Alcaldía de la Unidad Regional XVIII, en la localidad de Sastre, a disposición de la justicia interviniente.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes a través de WhatsApp y correo electrónico que buscan captar datos personales de los usuarios. La maniobra, que apunta especialmente a jubilados, ofrece supuestos beneficios o descuentos inexistentes en la factura del servicio eléctrico.Según informó la empresa, en uno de los casos detectados se promociona un descuento del 50 % en la factura para jubilados del Banco Nación mediante anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. A partir de esos contactos, los estafadores obtienen datos personales para luego comunicarse con las víctimas y solicitar información sensible, como claves bancarias, con el objetivo de acceder a sus cuentas o tomar control de sus dispositivos.Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece descuentos ni beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan verificar la información exclusivamente por los canales oficiales o acudir a la oficina comercial más cercana.

La empresa recordó que nunca solicita datos confidenciales -como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria- por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, estas se realizan mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de información.

Asimismo, aconsejan verificar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional (@epe.santafe.gov.ar). Cualquier variación en ese dominio puede ser un indicio de fraude.

Desde la EPE se ofrecieron algunos consejos útiles:

Los usuarios pueden comunicarse con la EPE a través de las siguientes vías: 

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor viene siguiendo de cerca una problemática que creció con fuerza en los últimos años: las estafas y los fraudes digitales. Así lo explicó Betania Albrecht, encargada del área, quien repasó cuáles son hoy los reclamos más frecuentes, qué cuidados hay que tener al operar por medios electrónicos y hasta dónde puede actuar el organismo cuando una persona resulta perjudicada.

Albrecht recordó que la oficina tiene una larga trayectoria en la ciudad. “La Oficina de Defensa del Consumidor surgió en el 2002”, señaló, y remarcó que tuvo “un crecimiento exponencial en los últimos 12 años aproximadamente”.

En cuanto a su función, explicó que interviene en todo lo que tenga que ver con una relación de consumo para uso personal o familiar. Eso abarca una enorme variedad de situaciones: “Desde un servicio de medicina prepaga, hasta una compra en el supermercado, una compra digital online, un servicio de transporte, de turismo, telecomunicaciones, cuestiones bancarias”, enumeró. Incluso mencionó que también reciben reclamos vinculados con “alquileres para vivienda personal”.

Según indicó, hoy el principal foco de conflicto está en el mundo online. “En el número uno del ranking están los incumplimientos en las compraventas digitales”, afirmó.

Dentro de ese universo, aclaró que no todos los casos son iguales. “A veces derivan en estafa, otras veces son simples incumplimientos”, explicó. Y detalló distintos escenarios posibles: “Desde que te llega un producto que no es el que pediste, hasta que te llegue fallado, hasta que no te llegue el producto, o hasta que te estafaron”.

Junto con ese tipo de reclamos, también aparecen con frecuencia los vinculados a servicios financieros y de seguros. Allí, dijo, el panorama se volvió más complejo con el crecimiento de las billeteras virtuales.

Albrecht planteó una diferencia importante entre los bancos tradicionales y las nuevas herramientas digitales de pago. “Una cosa son las entidades bancarias, que están sujetas a las normativas del Banco Central”, señaló. En esos casos, explicó, “hay forma de avanzar para proteger los derechos de las personas”.

Pero la situación cambia con las billeteras virtuales. “Es más compleja”, advirtió. Según explicó, hoy se intentan aplicar “por analogía criterios que se aplican a las entidades bancarias, pero no es lo mismo”.

A eso se suman también reclamos por servicios de administración de pagos, es decir, plataformas o sistemas a través de los cuales la gente paga sus cuentas. “Mucho conflicto con eso últimamente”, resumió.

Para Albrecht, el punto de quiebre fue el período de pandemia. “El tema de las estafas y de los fraudes digitales, virtuales, fue algo que comenzó en la pandemia y fue incrementando”, explicó.

Y desarmó una idea bastante instalada: que quienes más caen son los adultos mayores. “La mayoría de las personas que caen no son adultos mayores”, aseguró.

Por el contrario, sostuvo que quienes están permanentemente conectados son muchas veces los más expuestos. “Los adultos mayores, en general, tienen más cuidado y utilizan menos los medios digitales”, indicó. En cambio, advirtió: “El resto de las personas que transferimos dinero, pagamos cuentas y estamos todo el tiempo manejando el teléfono, somos más susceptibles de caer”.

En ese contexto, Albrecht remarcó algunas recomendaciones básicas que, dijo, nunca hay que olvidar. La principal tiene que ver con las llamadas o mensajes que aparentan provenir de organismos oficiales o bancos. “No te van a llamar del banco, no te van a llamar de ANSES ni de ninguna entidad estatal”, afirmó.

También alertó sobre los intentos de engaño que usan logos o imágenes similares a las de empresas reales. “Ni aun cuando te llamen con la fotito o con el supuesto logo de determinada empresa”, señaló.

Frente a eso, recomendó verificar siempre la autenticidad de las cuentas. “Hay que chequear que tengan el tilde, que sean cuentas verificadas”, dijo. Y agregó: “Vos vas a saber si estás hablando con la empresa realmente, si la cuenta está verificada”.

Otro de los errores frecuentes, según contó, aparece cuando una persona ya tuvo un problema y quiere hacer un reclamo. “Mucha gente cae porque quiere reclamar y busca en Google ‘denunciar’ o ‘reclamar a…’”, explicó.

El riesgo es que allí pueden aparecer enlaces falsos o páginas montadas únicamente para engañar. “Y ahí les salta cualquier contenido”, advirtió.

Por eso insistió en que siempre hay que moverse dentro de los canales oficiales. “Hay que entrar dentro de la propia aplicación, las páginas oficiales y demás”, recomendó.

Finalmente, Albrecht aclaró que no todos los casos pueden ser abordados por la oficina. “Si son cuentas fantasmas creadas absolutamente para estafar, la vía es pura y exclusivamente penal”, sostuvo.

En esas situaciones, explicó, Defensa del Consumidor no tiene herramientas de intervención directa. El organismo sí puede actuar “cuando hay una entidad bancaria, una billetera virtual, un empresario, un emprendedor, una pyme, alguien como proveedor a quien le puedas reclamar”.

Es decir, cuando del otro lado existe un proveedor o una empresa identificable dentro de una relación de consumo. Allí sí se puede avanzar por la vía administrativa. Pero cuando se trata de una estructura montada exclusivamente para delinquir, la respuesta debe buscarse en la Justicia penal.

Un grupo de familias de un jardín de infantes denunció a la madre de una alumna por presuntamente haberse quedado con el dinero destinado a la compra de camperas de egresados. El caso generó indignación entre los padres y frustración en los chicos, que esperaban cerrar el ciclo con la indumentaria.

Según informaron medios locales, la mujer había sido designada para reunir y administrar los fondos aportados por las familias del Jardín Berta Lassalle. El objetivo era encargar las camperas de egresados, pero las demoras en la entrega encendieron las primeras sospechas porque la mujer se habría quedado con $1.500.000.

De acuerdo al relato de los padres, la situación comenzó a complicarse cuando la acusada no pudo justificar el destino del dinero ni presentar comprobantes de pago. Tras reiterados reclamos y ante la falta de respuestas claras, las familias decidieron avanzar con una denuncia formal.

Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa y descubrieron que solo se había abonado una seña inicial de $45.000 y que el resto del dinero nunca fue transferido.

El episodio no solo generó preocupación por la pérdida económica, sino también por el impacto emocional en los alumnos, que aguardaban ese momento como parte del cierre del jardín.

La causa quedó en manos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que busca determinar qué ocurrió con los fondos y si existió una maniobra fraudulenta.

Actualmente, solo 19 camperas están en proceso de confección -sublimadas pero sin coser- y otras cinco ni siquiera fueron incluidas en el pedido porque nunca se pagaron.

Mientras avanza la investigación, las familias reclaman una pronta respuesta y la recuperación del dinero, en un caso que vuelve a poner en foco la confianza en la administración de fondos escolares.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) tomó conocimiento de que circulan en redes sociales publicaciones engañosas dirigidas a usuarios, fundamentalmente jubilados. Esto se suma a otros intentos de estafas vía Whatsapp o Facebook.En este caso la estafa ofrece un descuento del 50 % de la factura a jubilados del Banco Nación a través de redes sociales, principalmente la plataforma Facebook, tomando los datos para posteriormente llamar a la víctima y a través de maniobras de convencimiento extraerle datos personales, claves de banco e información para hackear el Whatsapp.

Desde la EPE, se aclara, que esta promoción es falsa, y advierte que ante cualquier información que circule de la empresa, antes de acceder a los supuestos beneficios, consulte a través de las vías oficiales o acercándose a la oficina comercial más cercana.Asimismo, desde la EPE se recuerda que nunca se solicita información confidencial por Whatsapp, tales como contraseñas, número de tarjetas ni datos bancarios. 

Si bien la empresa informa sobre cortes programados, lo hace a través de un mensaje automático, con aquellas personas que tengan registrado sus datos en la Oficina Virtual, pero sin interacción con el usuario. Con respecto a los correos electrónicos se recomienda chequear la dirección del emisario del mensaje, el mismo deberá ser con dominio: ejemplo@epe.santafe.gov.ar y no otro. 

Algunos consejos para tener en cuenta:* No responder a contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos a través de Whatsapp. Si se reciben mensajes de este tipo, no responder ni proporcionar información. Agendar 3425101000, el número oficial de la empresa. Cualquier otra comunicación por Whatsapp, seguramente sea una estafa.* Verificar la identidad: si alguien dice ser representante de la empresa, solicitar nombre, identificación y número de contacto oficial. Luego, confirmar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales.* No compartir datos personales: nunca proporcionar información personal sensible (DNI, cuentas bancarias, etc) ni firmar documentos sin asegurarse de su autenticidad.* Comunicarse con la empresa ante cualquier sospecha o dudas.

Vías de contacto* Whatsapp: 3425101000* www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual* Chat de Instagram: epe.oficial* Chat de Facebook: EPE Oficial

Un hombre fue detenido en la ciudad de Sunchales en el marco de una investigación por estafas reiteradas, tras un procedimiento llevado adelante por personal de la DUOF Rafaela de la Policía Federal Argentina, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela.

El operativo se realizó bajo directivas del fiscal interviniente, Dr. Loyola, y permitió concretar la aprehensión del imputado, quien está acusado de hacerse pasar por abogado para cometer estafas por sumas millonarias.

Según se informó oficialmente, el detenido simulaba ejercer la profesión de abogado y utilizaba esa fachada para engañar a distintas personas, a quienes les solicitaba importantes montos de dinero bajo falsas gestiones legales.

Durante el procedimiento, los efectivos federales procedieron al secuestro de diversos elementos considerados probatorios para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello de abogado ilegítimo, que habría sido utilizado para reforzar la maniobra fraudulenta.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el alcance total de las estafas cometidas y establecer la cantidad de personas damnificadas. El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de estafas reiteradas ya agravadas.

La Policía de Córdoba concretó la detención de una mujer de 73 años acusada de liderar una serie de estafas llevadas a cabo en diversas localidades del interior provincial.

El arresto se realizó durante un control rutinar en la autopista que une Córdoba con Rosario, a la altura de la localidad de Leones, luego de que efectivos de la Patrulla Rural de Marcos Juárez identificaran que la investigada tenía un pedido de captura vigente.

La causa que dio origen al pedido de detención corresponde a la Unidad Judicial de Mina Clavero, dependiente del departamento San Alberto. En dicha instancia se tramitan denuncias por presuntas maniobras de estafa cometidas en distintas localidades cordobesas.

Según la información oficial, la mujer se encontraba prófuga cuando se desplegó el operativo. En el momento del control sobre la autopista fue conducida en un vehículo marca Volkswagen, modelo UP, que también fue secuestrado. Junto con el automóvil se incautó un teléfono celular y otros elementos que serán analizados por la justicia.

La fuerza policial comunicó que la modalidad delictiva consistía en maniobras de engaño para perjudicar económicamente a víctimas en diferentes puntos del interior de Córdoba, aunque aún no se han precisado la cantidad de damnificados ni los montos involucrados.

El arresto se concretó cuando la Patrulla Rural, en colaboración con la Departamental Marcos Juárez, montó un control en la ruta nacional 9/autopista Córdoba-Rosario, estimando la circulación de un vehículo con las características coincidentes. Al identificar el auto y al conductor, los agentes verificaron el pedido de captura vigente y procedieron a la aprehensión.

Una vez detenida, la mujer fue trasladada a la sede policial correspondiente y puesta a disposición de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de la doctora Analía Gallaratto. En ese ámbito se definirá la declaración de la acusada, las medidas cautelares y el avance de la investigación.

Las autoridades informaron que el expediente se encuentra en plena instrucción, con recolección de pruebas en curso y la posibilidad de identificar víctimas adicionales o eventuales cómplices.

El procedimiento en sí pone en evidencia el despliegue de controles viales por parte de la Policía provincial con vigilancia sobre corredores estratégicos de la ruta, lo que permitió dar con una persona que hasta ese momento se encontraba con pedido de captura.

En tanto, las víctimas de las estafas denunciaron ante la Unidad Judicial de Mina Clavero haber sido engañadas mediante supuestas transacciones o maniobras financieras, detalla la Fuerza.

Según los datos disponibles, las maniobras se habrían cometido en varias localidades del departamento San Alberto y otras zonas del territorio cordobés, lo que dificultó la localización de la acusada hasta el momento del control en ruta.

La investigación, por el momento, no ha precisado si la mujer actuaba bajo sustento de una organización mayor o forma autónoma. Las fuerzas policiales estiman, de acuerdo con las declaraciones oficiales, que en la mayoría de los hechos habría actuado en forma individual.

Los próximos pasos procesales implican que la Fiscalía examine los elementos incautados —el vehículo, el teléfono celular y demás objetos— y determine la vinculación de aquellos con los episodios denunciados. También se coordinará con la Unidad Judicial de Mina Clavero para avanzar con testimonios de posibles víctimas, análisis contables y búsqueda de ramificaciones del delito.

El Litoral

La Policía Federal Argentina (PFA) informó la desarticulación de una red dedicada a estafas virtuales que ofertaba y “compraba” electrodomésticos y electrónica a través de redes sociales. La investigación, dirigida por la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero a cargo del Dr. Jorge Claudio Sica, identificó al menos 27 hechos cometidos con un mismo modus operandi.

El esquema consistía en simular operaciones de compraventa: los estafadores contactaban a vendedores por una plataforma de comercio, enviaban comprobantes de pago apócrifos y utilizaban un perfil falso que incluso mostraba la credencial de un supuesto efectivo de la Policía Bonaerense para ganarse la confianza.

Luego enviaban al domicilio de la víctima un vehículo “de aplicación” que retiraba el producto; el vendedor recibía un comprobante fraudulento y entregaba el bien sin haber cobrado realmente. La organización combinaba tareas desde domicilios en Pilar, Hurlingham y José León Suárez con apoyo logístico proveniente “desde afuera” del penal.

Los investigadores determinaron que tres sospechosos alojados en el Complejo Penitenciario de Campana participaban activamente, coordinando compras y el envío de remiseros desde su lugar de encierro. Para llevar adelante las maniobras contaban con colaboradores fuera del penal que ejecutaban la logística.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín ordenó ocho allanamientos, incluidas diligencias en la unidad penitenciaria. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y cinco mujeres; además, se imputó a dos presos que cumplían condena en Campana.

En los procedimientos se secuestraron 11 teléfonos celulares, 4 televisores, 4 notebooks, consolas de juego, un aire acondicionado y documentación relevante para la causa. Los detenidos quedaron a disposición del magistrado por los delitos de falsificación de documentos públicos y estafa.

Una mujer fue detenida en Santiago del Estero acusada de utilizar la tarjeta de crédito de su tía fallecida y gastar $7.000.000 en cosas personales.

El insólito caso sucedió en el barrio 2 de Abril cuando los familiares de la mujer fallecida observaron que en el resumen bancario seguían llegando gastos y transacciones de la tarjeta.

Frente a este escenario, presentaron una denuncia y la jueza de Control y Garantías de la Jurisdicción Banda, Roxana Menini, intervino y solicitó una orden de allanamiento.

En la vivienda se secuestraron dos celulares y una moto. Se cree que el rodado y los teléfonos fueron obtenidos con el plástico de su tía.

Acerca de la acusada, fue detenida y quedó imputada por el delito de defraudación.

En el operativo trabajaron en conjunto la División Delitos Económicos y el Ministerio Público Fiscal.

Ahora la investigación se centra en saber qué gastos realizó y si hay terceros involucrados en el accionar.

En el marco de una investigación por estafas virtuales vinculadas al uso de enlaces fraudulentos para acceder a cuentas bancarias, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Los operativos se realizaron en los barrios Policial Anexo y Colonia Lola, de la ciudad de Córdoba, y en las localidades de Villa Allende y La Falda. Estas acciones estuvieron a cargo del personal de la División Investigaciones de la Comisaría Distrito Morteros, bajo órdenes emitidas por la Fiscalía de Morteros.

Durante los allanamientos, las autoridades lograron resultados positivos. Se resguardaron dinero en efectivo y diversos elementos tecnológicos que serán analizados como parte de la investigación.

La Fiscalía informó que los operativos forman parte de los esfuerzos para esclarecer los hechos y desarticular la red involucrada en estos delitos cibernéticos. El análisis del material incautado será clave para avanzar en la causa.

Anunciando una falsa venta de bonos, piden dinero a los ciudadanos, haciéndose pasar por agentes de la institución

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En la mañana de este miércoles, RADIO RAFAELA recibió una consulta de una oyente que despertó todas las alarmas. La vecina informó que había sido contactada por un muchacho que le ofreció venderle bonos contribución para los Bomberos de Rafaela. Esta situación la puso en alerta y despertó la inquietud para descubrir si la campaña es real.

Ante la consulta, este medio se puso en contacto con las fuerzas locales para corroborar los hechos. En ese sentido, tanto Bomberos Zapadores como Voluntarios aclararon que NO se encuentran llevando adelante ninguna venta de bonos.

En su caso en particular, los Zapadores indicaron que, habitualmente, llevan adelante empadronamiento de socios. En esas situaciones, los cobradores están debidamente identificados como parte del equipo de cooperadora.

Se le solicita a la población que, frente a situaciones similares, los damnificados puedan comunicarse al 911 o al 105, para que actúen las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, se recomienda no brindar información personal ante la duda.

Encontraron al dueño de la bicicleta que había sido retenida en la base de la Guardia Urbana Rafaelina

También secuestraron un automóvil y dinero en efectivo.

La Policía de Investigaciones, dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo ayer a M. B. M. de 26 años, y N. M. P de 28, en el marco de una investigación por causas de Estafas Reiteradas y Acumuladas bajo la modalidad del "cuento del tío", en la ciudad de Esperanza.

Los efectivos del Departamento Operativo Investigativo Región 1 - junto con efectivos del CRE, dieron conocimiento a la Central de emergencia 911 para la identificación del automóvil y los ocupantes, involucrados en los delitos de estafa bajo la modalidad “cuento del tío”, ocurridos en fecha 18/04/2024 en ciudad de Esperanza. Con los datos obtenidos los efectivos se hicieron presentes en calle América al 2700 y procedieron a la detención de un hombre y una mujer, a quienes les secuestraron el automóvil Volswagen, 2 teléfonos celulares y $244.220.

Interviene en la causa el fiscal Dr. Raúl Marcelo Nessier, quien dispuso que los detenidos sean alojados en Comisaría 1º y Subcria. 18º de la ciudad de Esperanza.

El ex crack brasileño no compareció ante una Comisión Parlamentaria que lo investiga como parte de una estafa con criptomonedas. Su hermano y agente, Roberto de Assis Moreira, lo desvinculó de la causa y dijo que en realidad el astro brasileño es una “víctima”.

Cada vez más lejos del mundo fútbol, Ronaldinho vuelve a ser protagonista de las noticias tras desacatar dos veces el llamado de la justicia.

La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) tiene al astro brasileño apuntado como sospechoso de haber participado en una estafa que se le atribuye a la empresa “18kRonaldinho”, que ofrecía falsas ganancias superiores del 2 % diario a quienes invirtieran un mínimo de 30 dólares en monedas virtuales.

La comisión citó dos veces al ex futbolista del PSG, Barcelona y AC Milan para dar explicaciones, la última este jueves. Sin embargo, Dinho justificó su ausencia por problemas con los vuelos para viajar hasta la capital brasileña, motivo no aceptado por los congresistas.

“El martes no compareció, retrasamos la fecha bajo la advertencia de que una nueva ausencia provocaría una petición de conducción coercitiva y es lo que la presidencia de esta CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) está determinando en la mañana de este jueves”, afirmó el diputado Ricardo Silva, integrante de dicho órgano.

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El caso fue destapado por los clientes de la empresa en investigación, que en una acción civil colectiva han demandado una indemnización de 300 millones de reales (hoy unos 62 millones de dólares o 57 millones de euros) por daños morales y materiales. El hermano del ex futbolista sí reconoció su vinculación con otra empresa, ‘18K Watches Corporation’, con sede en Estados Unidos y que comercializaba relojes, aunque matizó que se apartaron de la misma al poco tiempo.

A mediados de 2020, Ronaldinho estuvo cinco meses detenido en Paraguay acusado junto a su hermano de parte de la fiscalía que indicaba que el crack brasileño estaba en posesión de un pasaporte y una cédula con datos que señalaban que era paraguayo. (Doble Amarilla)

Aprende sobre esta nueva modalidad utilizada por estafadores para bloquear la entrega de dinero en los cajeros automáticos.

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Existe un método poco conocido que los estafadores utilizan para quedarse con la plata de las extracciones bancarias denominado estafa de “la regla”.

Los estafadores utilizan una regla imantada para bloquear la ranura en la que el cajero automático entrega el dinero e impide que salga el efectivo.

Al utilizar un cajero “intervenido” por un estafador, el usuario puede considerar que el cajero se tragó su dinero, ya que el comprobante indica que la extracción fue exitosa, y abandona el cajero. Al retirarse, es el momento en el que vuelven a entrar en escena los estafadores para recoger la trampa llamada “Traba Dispenser” con el dinero en su interior.

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Consejos para evitar ser estafado en el cajero automático

Si se observa alguna reacción extraña en la boca expendedora por donde salen los billetes, cambiar de cajero.

* Corroborar que la ranura no esté floja ni bloqueada.

* Chequear que no haya nadie alrededor.

* En caso de ver algo inusual, salir sin extraer dinero.

Fuente: EL

Fue el resultado de una encuesta de la Defensoría del Pueblo realizada por el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

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Según una encuesta de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y realizada por el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 7 de cada 10 santafesinos desconoce cómo prevenir las estafas informáticas. Los resultados y conclusiones del informe de ciberdelito serán dados a conocer este lunes a las 10.30 en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas.

El trabajo de campo se realizó en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe sobre una muestra de 400 casos para conocer las características del ciberdelito. Del informe, sobresale que casi la mitad de los encuestados admite haber vivido o conocer a alguien víctima de estafas electrónicas.

El ciberdelito o estafas virtuales lideraron las denuncias, planteos y reclamos ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe durante el 2022. Así lo revelaron a principios de este año desde la entidad, donde resaltaron la cantidad de víctimas que ni siquiera llegan a realizar la denuncia.

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Según el defensor del Pueblo, Jorge Henn, el objetivo del informe es "tener una dimensión más real del impacto de este delito en la sociedad". “Nos parece que hay una cifra negra, que es la cantidad de gente que no denuncia", continuó agregando.

Señaló con relación al ciberdelito que “la modalidad va mutando y que la principal herramienta de defensa es pensar que a uno también le puede ocurrir. A cualquiera le puede ocurrir, no solamente al «abuelito de 85 años». A cualquiera le puede pasar y es altísimo el promedio porque los estafadores están preparados".

Protocolo para la recepción de denuncias de ciberdelitos

El diputado provincial, Sergio "Checho" Basile, solicitó a principios de este año al ejecutivo provincial, la generación de un protocolo sobre ciberdelito y se capacite a todo el personal receptor de denuncias contra los delitos de ciberseguridad. El proyecto quedó en comisiones y se tratará en los próximos meses.

Ante la creciente ola de ciberdelitos como estafas, robo de datos personales, grooming y más, el legislador radical que integra el bloque UCR Evolución presentó un proyecto en la cámara baja santafesina para que se capacite a quienes reciben denuncias de delitos informáticos. Es decir, al personal de comisarías, de los Centros Territoriales de Denuncia (CTD), del Ministerio Público de la Acusación y todas aquellas reparticiones que el Poder Ejecutivo estime pertinente. El objetivo del mismo es agilizar el proceso de denuncia, investigación y preservación de la evidencia digital, también evitar la revictimización de la persona denunciante.

DIarioUNO.