La discusión sobre la eutanasia volvió a instalarse en la agenda pública argentina. Mientras la legislación actual no permite esta práctica, en el Congreso existen cuatro proyectos que buscan regularla, en medio de un debate que combina aspectos éticos, médicos, legales y sociales.

En la actualidad, el marco legal argentino no habilita la eutanasia.

La normativa vigente —basada en la Ley de Derechos del Paciente sancionada en 2009 y modificada en 2012— permite:

Sin embargo, no contempla la posibilidad de que un profesional intervenga para provocar la muerte de un paciente, incluso si existe consentimiento.

La especialista en bioética Laura Massaro explicó que “nuestro ordenamiento jurídico no permite prácticas de eutanasia por ley”, y aclaró que la llamada “muerte digna” no implica habilitar la muerte, sino establecer límites a los tratamientos médicos.

Actualmente hay cuatro iniciativas en el Congreso:

Los proyectos proponen regular tanto la eutanasia como el suicidio asistido, bajo condiciones estrictas:

A pesar de estos avances, fuentes parlamentarias señalan que aún no hay consenso político suficiente para su tratamiento.

El debate incluye dos prácticas distintas:

Ambos conceptos están incluidos en los proyectos en discusión, siguiendo modelos aplicados en otros países.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en una ley es la complejidad del debate social.

Factores religiosos, culturales y emocionales influyen en la discusión, que también pone en tensión valores como:

Massaro señaló que “hay que preguntarse si estamos preparados para hablar de estos temas”, y remarcó que la dificultad para abordar la muerte sigue siendo un desafío en la sociedad.

Los proyectos contemplan la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, permitiendo que puedan negarse a participar de estos procedimientos.

Además, prevén mecanismos de control similares a los de países donde la eutanasia ya es legal:

El tema sigue sin definición legislativa en Argentina, pero con creciente presencia en la agenda pública.La discusión sobre la eutanasia expone una tensión de fondo: cómo acompañar a quienes atraviesan sufrimientos extremos, respetando derechos individuales sin perder de vista los límites éticos y legales.

Mientras tanto, el Congreso mantiene en análisis los proyectos, en un escenario donde el reclamo social avanza más rápido que los acuerdos políticos.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años con paraplejia irreversible, murió este jueves 26 de marzo en España tras recibir la eutanasia, luego de un proceso que se extendió durante casi dos años y que incluyó instancias judiciales en distintos niveles.

El procedimiento había sido autorizado por unanimidad por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, organismo encargado de supervisar la correcta aplicación de la prestación de ayuda para morir.

El camino hacia la eutanasia estuvo marcado por una disputa judicial impulsada por su padre, Gerónimo Castillo, quien se opuso a la decisión y presentó distintos recursos para frenar el procedimiento.

Los planteos incluyeron instancias en tribunales españoles, como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, además de una presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo de 2026 rechazó una medida cautelar para suspender la práctica.

Con esa resolución, quedó habilitada la realización del procedimiento en el sistema de salud.

Noelia había quedado con una paraplejia irreversible tras un hecho ocurrido el 4 de octubre de 2022, que le provocó una lesión medular completa. Según se informó, padecía dolores neuropáticos persistentes y otras complicaciones derivadas de su estado.

En 2024 inició formalmente el pedido de eutanasia, que fue evaluado y aprobado por los organismos médicos correspondientes, en el marco de la legislación vigente en España.

El caso también reflejó una fuerte división dentro de su entorno familiar. Mientras su padre mantuvo su rechazo al procedimiento hasta el final, su madre decidió acompañarla durante el proceso.

En una entrevista previa, la joven había explicado su decisión: “No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada”, y expresó: “Yo simplemente quiero irme en paz”.

La situación generó repercusión pública y reabrió el debate en torno a la eutanasia y su aplicación en contextos de enfermedades o condiciones irreversibles.

El Senado uruguayo aprobó en la noche de ayer el proyecto de ley que regula la eutanasia, nombrado como “muerte digna”, por 20 votos en 31, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición, tras un debate político que se extendió por casi medio día. Hubo público durante todo el día en las barras del Palacio Legislativo, desalojadas tras la votación ante los gritos de una detractora a la nueva normativa.

La redacción contó con los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara alta; de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, y los senadores colorados, Ope Pasquet, que relevó por la jornada a Robert Silva, y por Heber Duque, suplente de Andrés Ojeda, que se ausentó de la sesión debido a un viaje al exterior.

Tras la aprobación de la misma redacción que tuvo luz verde en Diputados hace dos meses, Uruguay se convirtió ayer en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales.

Al mismo tiempo, Uruguay se convirtió en el tercer país de la región y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, que se da cuando un médico induce a la muerte de un paciente en casos de extrema gravedad.

La ley aprobada habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para acceder al acto eutanásico, solo para uruguayos o extranjeros que acrediten residencia, se valorará la opinión de un primer y segundo médico, y frente a diferencias, se pasará a una junta médica.

Podrán ofrecer la eutanasia las mutualistas, ASSE, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Policial, pero no podrán brindarlo clínicas privadas. A efectos legales, se considerará muerte natural la generada por esta vía, que se establecerá en la reglamentación.

La ley, además, incluye la creación de una comisión de revisión de casos, que se reportarán todos los años.

Restan definir detalles del acto eutanásico, y otros aspectos, en la reglamentación que deberá hacerse en un plazo no mayor a seis meses.

Con información de ElPais.uy

Montevideo vive esta semana un momento clave: la Cámara de Diputados comenzó a analizar una iniciativa que busca despenalizar la eutanasia activa para personas adultas, psíquicamente aptas, que atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos insoportables.                                                                        El texto prevé que el procedimiento sea accesible para ciudadanos y residentes, con un protocolo detallado en la ley.

El proyecto llega cinco años después de su primer impulso y tras un intento frustrado en 2022, cuando obtuvo media sanción pero quedó frenado en el Senado. Ahora cuenta con el respaldo del Frente Amplio y parte del Partido Colorado. Una de las novedades es la intervención de una junta médica en caso de discrepancia entre los profesionales que evalúan la solicitud.

El contexto regional

En América, solo Colombia y Canadá tienen regulada la eutanasia activa.

Colombia la despenalizó en 1997 por fallo de la Corte Constitucional y la amplió en 2021 a pacientes con enfermedades graves no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, un 50 % más que en 2022.

Canadá la legalizó en 2016 y en 2023 reportó 15.343 procedimientos, con mayoría de pacientes oncológicos y una edad media de 77,6 años.

Otros países han legislado sobre el derecho a rechazar tratamientos, pero sin permitir la eutanasia activa. Es el caso de México y Argentina, mientras que en Brasil y Guatemala el tema no figura en la agenda política. En Chile, el proyecto está detenido en el Senado pese al apoyo del 76 % de la población, y en Paraguay y Ecuador existen avances limitados y marcos judiciales específicos.

El panorama legal de la eutanasia en la región es fragmentado y responde tanto a diferencias culturales como políticas. Si Uruguay aprueba la ley, se sumará a un grupo reducido que impulsa este derecho, enfrentando a la vez el desafío de garantizar cuidados paliativos, evitar abusos y generar consensos éticos en torno a una de las decisiones más complejas de la vida.

Seguí en vivo la discusión acá: https://www.youtube.com/live/Vv_CWhcuQ9Q

De todas maneras el Ministerio de Salud todavía debe presentar un proyecto de ley al Congreso para reglamentar la práctica.

Ecuador dio luz verde a la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en despenalizar el procedimiento después Colombia, a raíz del caso de una paciente con una enfermedad incurable y mortal, se informó este miércoles.

Con siete votos a favor de sus nueve magistrados, la Corte Constitucional abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel, tras el caso de Paola Roldán, de 43 años, que sufre desde hace tres esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y dolorosa.

La mujer interpuso en agosto una demanda contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, que considera el procedimiento como un "homicidio" y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años, consignó la agencia AFP.

La sentencia le dio la razón sobre la "inconstitucionalidad" del apartado, aunque el Ministerio de Salud todavía debe presentar un proyecto de ley al Congreso para reglamentar la eutanasia.

La sanción por homicidio "no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente", señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.

Farith Simon, uno de los abogados de Roldán, indicó a través de la red social X que la sentencia es de cumplimiento "inmediato".

"Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra", dijo Roldán también por X, tras conocerse que su solicitud estaba en la etapa final del análisis.

La Corte de Ecuador, un país de mayoría católica, evaluó los alegatos de Roldán y explicó que "sería irrazonable imponer a quien atraviesa esta situación una obligación de mantenerse con vida".

"Cada ser humano puede tomar decisiones libres e informadas cuando se afecta su desarrollo personal, lo que a criterio de esta Magistratura incluye la opción de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable", añadió.

???? Paola Roldán Espinosa, una quiteña de 42 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), logró que se legalice la eutanasia en Ecuador.

AQUÍ su biografía ▶️ https://t.co/qpiRLTuYlD pic.twitter.com/fzvusEIhth

Por solicitud del tribunal, el Ministerio de Salud ecuatoriano debe elaborar en un plazo de dos meses un reglamento para los procesos de eutanasia activa, y la Defensoría del Pueblo de dicho país redactar en seis meses un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso en máximo un año.

El organismo constitucional empezó en noviembre a debatir el pedido de "legalizar la eutanasia como un medio para que personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna", según la defensa de Roldán.

"La lucha por los derechos humanos nunca es un camino asfaltado, agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno", dijo en una rueda de prensa virtual Paola Roldán, impulsora de la medida.

Con su cámara apagada y hablar pausado, Roldán dijo haber recibido "muy conmovida y con alivio" el fallo de la Corte Constitucional, que abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel.

"Fueron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda", agregó la mujer, que permanece postrada en una cama y expresó querer descansar "en paz y tranquila".

Con una sonda permanente que le suministra oxígeno, añadió: "Sé que lo único que merezco es la vida y la muerte con dignidad" y que "he rozado la muerte tantas veces".

Ramiro Ávila, otro de sus abogados, indicó ante los magistrados que "Paola abrió las puertas de su casa, de su vida y de su corazón para permitirnos precisar el alcance de un derecho necesario para cientos de personas, que hoy en día en Ecuador están padeciendo sufrimientos graves físicos y emocionales".

"Se ha convertido en la voz de esas personas que en Ecuador representan la cuarta causa de suicidios", anotó en alusión a quienes sufren enfermedades incurables.

En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997.

En tanto, los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.