El  juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó al piloto de Turismo Carretera Gastón Mazzacane, a su padre Hugo Héctor Mazzacane —presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera— y a otros empresarios en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado un esquema destinado a ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos mediante la utilización de sociedades vinculadas, operaciones en efectivo y una contabilidad paralela. El objetivo, de acuerdo al expediente, habría sido generar una aparente insolvencia para frustrar el cobro de las obligaciones por parte del Estado.

La causa involucra a varios integrantes del grupo económico, entre ellos Liliana Mónica Videla, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez, además de firmas como Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A..

El monto investigado supera los 5.500 millones de pesos correspondientes al período 2021–2023, y asciende a más de 8.000 millones si se incluye 2024. Según estimaciones oficiales, el perjuicio al fisco rondaría los $3.965 millones.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias y movimientos patrimoniales sospechosos.

Cómo operaba el presunto esquema

La investigación, encabezada por la fiscal federal María Laura Roteta, permitió reconstruir el funcionamiento del grupo empresario. Según el Ministerio Público Fiscal, se detectaron circuitos de ventas no registradas, desvío de fondos y transferencia de activos hacia otras sociedades del mismo entramado.

Entre las maniobras señaladas figuran el uso de estructuras paralelas para continuar la actividad comercial, el traspaso de bienes para evitar embargos y el vaciamiento progresivo de la empresa principal.

Allanamientos y pruebas

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable y financiera, además de dinero en efectivo. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían desarrollado durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con el objetivo de evadir tributos y obstaculizar la acción del Estado para cobrar la deuda fiscal.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, fue citado a declaración indagatoria en una causa por presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. La notificación lo sorprendió mientras participaba de un evento vinculado a la Copa del Mundo en el predio de La Rural.

La actividad consistía en la presentación del tour mundial del trofeo original ganado por la Selección argentina y contó con la presencia de ex campeones del mundo como Ubaldo Fillol, Jorge Burruchaga y Óscar Ruggeri, entre otros. Tapia fue captado por cámaras antes de conocer formalmente la decisión judicial. Luego se retiró del lugar sin hacer declaraciones.

Con los campeones del 78 y del 86 en el FIFA Trophy Tour que se está llevando a cabo en La Rural.Un honor haber presenciado la exhibición de la Copa más emblemática y admirada por todos. ¡Gracias por la invitación! pic.twitter.com/Xcu8AUuC3B

La sorpresiva desaparición en redesHoras después de conocerse la citación, se produjo otro hecho llamativo: la cuenta verificada de Instagram de Tapia dejó de estar disponible. Quienes intentaron ingresar a su perfil se encontraron con el mensaje “Perfil no disponible”. Horas después, volvió a estar activa su cuenta de Instagram.

El dirigente era activo en esa red social, donde solía publicar imágenes institucionales e interactuar con futbolistas de la Selección argentina, entre ellos Lionel Messi. En cambio, su cuenta en la red social X se mantuvo operativa.Allí, el mandamás de la AFA se mostró con una sonriso en el estadio de Lanús presnciado el juego ante Flango por la Recopa Sudamericana                                                                                                                                                                                                    

En la Fortaleza, acompañando a @clublanus en una nueva final.Se viene el partido de ida de la CONMEBOL Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/XNLHeuyHpf

La decisión judicialEl juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso la citación a indagatoria de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros directivos de la AFA. La medida fue adoptada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).La resolución también incluye la prohibición de salida del país para los involucrados. Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo.

La causa investiga si la AFA, en su carácter de agente de retención, descontó montos correspondientes a impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. El monto inicial denunciado superaba los $7.500 millones, pero tras una ampliación la cifra total bajo investigación trepó a más de $19.300 millones.Según ARCA, esos fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento en que se efectúa la retención, por lo que no ingresarlos configuraría una apropiación indebida.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos y otros integrantes de la comisión directiva.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, tras un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante en el expediente.

Las fechas de las indagatorias

El magistrado convocó a la AFA como persona jurídica y a Tapia para el 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá presentarse el 6 de marzo. También fueron citados otros directivos: el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.

En la resolución, el juez advirtió sobre la “gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa”, fundamentos que respaldaron la restricción para salir del país.

En paralelo, la defensa de la AFA y de Tapia apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un planteo de excepción de falta de acción, por lo que la cuestión será revisada por el tribunal superior.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y ampliada días después. Según el expediente, se investigan 69 hechos independientes ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La hipótesis sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, habría descontado montos correspondientes a:

El monto total bajo análisis asciende a $19.353.546.843,85. Entre las cifras desglosadas figuran más de $663 millones en IVA, casi $2.000 millones en Ganancias, más de $8.000 millones bajo el régimen del artículo 79 y más de $8.600 millones en aportes a la seguridad social.De acuerdo con la acusación, los importes habrían sido retenidos pero no depositados dentro del plazo legal de 30 días.

El planteo de ARCA

ARCA argumentó que existe un “grado de sospecha suficiente” para avanzar con las indagatorias, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal. Además, sostuvo que durante el período investigado la AFA habría registrado importantes ingresos y constituido plazos fijos, lo que —según la querella— descartaría una imposibilidad material de pago.

El organismo invocó el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los importes retenidos cuando superan los mínimos establecidos.

El expediente judicial era por evasión del impuesto a los bienes personales correspondiente al año 2019.

La Cámara Federal de Casación confirmó el rechazo a una denuncia de la AFIP contra la conductora televisiva Susana Giménez por la supuesta evasión del pago del impuesto a los bienes personales correspondiente a 2019 por más de 50 millones de pesos.

El máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Carlos Mahiques y Javier Carbajo, avaló lo decidido por las instancias anteriores, pese a que la denuncia de la AFIP había tenido impulso fiscal por parte de la Fiscalía, que consideraba que debía investigarse si la diva televisiva había efectivamente cometido un delito tributario.

El fallo ratifica que la conducta de María Susana Giménez Aubert “no constituye delito respecto del hecho atribuido, con relación a la evasión de pago de la suma de 50.377.401,90 pesos en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al ejercicio fiscal 2019”.

La AFIP, al apelar la desestimación de la denuncia -dice el fallo-, “limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó la Cámara y cuyos fundamentos no logra rebatir”.

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La decisión que beneficia a la actriz descarta que haya incurrido en un “ardid” para evadir el pago del impuesto.

“Giménez Aubert brindó durante toda la fiscalización una misma explicación respecto al motivo por el cual no había presentado la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio fiscal 2019”, explica el expediente.

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“Tales motivos…responden al cuestionamiento de la constitucionalidad de las alícuotas del impuesto establecidas a partir el ejercicio fiscal 2019 y de la imposibilidad de presentar una declaración jurada exponiendo una alícuota distinta a la que la contribuyente cuestiona (es decir, tomando en cuenta aquélla vigente antes de la reforma de la normativa)”, describieron los magistrados.

Susana Giménez, concluyeron los jueces, “no realizó ninguna conducta pasible de ser considerada engañosa o ardidosa en los estrictos términos que reclama la ley penal, habiéndose limitado en cambio a canalizar su reclamo dirigido a morigerar la obligación tributaria, mediante la utilización de las herramientas legales adecuadas”.