El Ministerio Público Fiscal de la Nación requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Franco Augusto Poccia, un productor rural santafesino acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, y pidió una pena de 8 años de prisión.

La presentación —difundida el lunes 30 de marzo en el sitio oficial Fiscales.gob— fue formulada por los fiscales de la Unidad Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

Los representantes del MPF dieron por concluida la investigación y sostuvieron la acusación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado.

Según la requisitoria, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural para someterlas a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

De acuerdo con la acusación, las víctimas —al menos 20 personas— fueron captadas en la provincia del Chaco, principalmente en las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y trasladadas a un campo de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El esquema incluía el financiamiento de los pasajes, que luego eran descontados de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que condicionaba la permanencia de los trabajadores.

La fiscalía describió un cuadro de extrema precariedad: alojamiento en galpones o construcciones improvisadas, sin acceso adecuado a agua potable ni sanitarios, jornadas laborales que comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, y remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

Uno de los testimonios incorporados a la causa refleja esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana... dormís una hora, dos nomás, y no das más”.

Para los fiscales, este conjunto de condiciones configura una situación de reducción a la servidumbre, en la que se verifica una “cosificación de la persona” y una supresión fáctica de su libertad y dignidad.

Además de la pena de prisión, el MPF solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes —entre ellos dinero en efectivo, armas y una camioneta— y la imposición de costas al acusado.

Tal como informara oportunamente El Litoral, la investigación se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio y se presentaron en una comisaría.

A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, donde fueron identificadas 42 personas, que se sumaron a los denunciantes iniciales. En ese procedimiento intervino la Policía de Investigaciones (PDI), junto a organismos nacionales y provinciales vinculados a la trata y al trabajo rural.

Días después fue detenido Poccia, de 25 años, quien quedó imputado por trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre agravado.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los elementos iniciales de la acusación y los riesgos procesales.

El derrotero del caso incluyó luego una revisión de esa medida. A fines de octubre, la Cámara Federal de Rosario —con integración de Aníbal Pineda, Silvina María Andalaf Casiello y Fernando Lorenzo Barbará— dispuso morigerar la prisión preventiva y concederle la domiciliaria por un plazo de 45 días.

En esa resolución, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos investigados, pero señaló que la causa se encontraba en una etapa inicial y que correspondía otorgar un plazo a la fiscalía para profundizar la producción de pruebas.

Durante todo el proceso, la defensa, a cargo del abogado Claudio Torres del Sel, sostuvo que no existió trata de personas sino, en todo caso, irregularidades laborales, y afirmó que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio. “Entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad”, dijo el profesional en una entrevista realizada el año pasado.

Con la presentación del requerimiento de elevación, el caso ingresa ahora en una nueva etapa, en la que se definirá si la investigación reúne los elementos suficientes para ser debatida en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

Para la fiscalía, la evidencia recolectada permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”.

La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá resolver si hace lugar al planteo acusatorio y habilita la instancia de juicio, donde se pondrá a prueba la hipótesis de una de las formas más graves de explotación laboral investigadas en la región.

El Litoral

Cuatro menores —tres niños y un bebé de un año— fueron rescatados en la ciudad de La Plata en el marco de un operativo conjunto entre la Justicia, el Municipio y fuerzas de seguridad, tras comprobarse que eran utilizados por una organización dedicada a la trata y explotación infantil.

El procedimiento se concretó en la intersección de avenida 32 y calle 6, donde investigadores habían observado durante varios días la presencia reiterada de los menores en semáforos y zonas de alto tránsito, bajo la supervisión de adultos que se beneficiaban con la recaudación.

La investigación estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo del juez Guillermo Federico Atencio, y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 11, dirigida por el fiscal Álvaro Garganta. El trabajo incluyó el análisis de registros de cámaras de vigilancia y tareas de seguimiento que permitieron establecer el modus operandi de la red.

Como resultado del operativo, tres adultos de 47, 28 y 25 años fueron aprehendidos en flagrancia e imputados por los delitos de explotación laboral infantil y trata de personas. Según la investigación, los detenidos trasladaban a los menores diariamente, controlaban sus movimientos y los obligaban a entregar el dinero obtenido.

Durante el procedimiento se secuestraron 25.000 pesos en billetes de baja denominación y un teléfono celular, elementos que serán peritados para profundizar la pesquisa y determinar posibles ramificaciones de la organización.

Tras el rescate, los cuatro menores fueron trasladados a un entorno seguro y quedaron bajo la protección del Servicio Zonal La Plata, donde reciben contención psicológica, social y médica conforme a los protocolos vigentes. La investigación continúa para establecer si existen más víctimas o implicados y para analizar la situación de los responsables adultos.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, rescató este miércoles a 42 personas mayores de edad y a dos menores que se encontraban en situación de explotación laboral en la localidad de Arroyo Leyes.

En el marco del operativo, se detuvo a un hombre de 25 años, identificado como P. F. A., y se trasladó a otro de 64 años, R. A., ambos implicados en la causa por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre y explotación laboral.

El procedimiento se realizó por disposición del fiscal Walter Rodríguez en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura de la calle 110. Contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional.

Durante los allanamientos, la PDI secuestró armas de fuego, municiones, documentación contable, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos informáticos y una camioneta, entre otros elementos de interés para la causa.

Según se indicó, el operativo se enmarca en una investigación por trata de personas agravada por la existencia de tres o más víctimas, la presencia de menores de edad y la tenencia de armas. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las personas rescatadas fueron asistidas y derivadas a organismos competentes para su resguardo.

Un total de 31 personas fueron rescatadas de una red de trata laboral en el norte de la provincia de Santa Fe, donde eran explotadas en condiciones extremas. El operativo se desarrolló en dos campos rurales de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, y fue coordinado por la Fiscalía Federal con sede en Rafaela, junto con organismos nacionales y provinciales.

Según precisaron desde el Ministerio Público, las víctimas eran oriundas de Los Juríes, en Santiago del Estero, y habían sido trasladadas para realizar tareas de desmalezamiento en campos de la firma Isabeliana SA. Dormían en colchones dentro de carpas precarias, sin acceso a agua potable y debían hacer sus necesidades en tachos. Además, no podían retirarse del lugar, muchos no sabían leer ni escribir, y solo algunos contaban con documentación personal.

Los trabajadores eran sometidos a jornadas laborales de 10 horas, todos los días de la semana, por una paga de 300 mil pesos por quincena, a la que se le descontaba el costo de la comida. Entre los rescatados había dos menores de 17 años.

El procedimiento fue impulsado por ARCA (División Coordinación contra el Trabajo Ilegal) y el RENATRE, que dieron aviso a la Fiscalía Descentralizada de Rafaela tras constatar la situación en el campo “Establecimiento Santa Ana”. En un predio lindante, llamado “La Revancha”, también hallaron otras cinco personas en las mismas condiciones.

Con la intervención del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, se ordenaron allanamientos en ambos campos, el registro de vehículos, el secuestro de celulares y cuadernos con anotaciones, y se identificó a dos personas presuntamente responsables de la maniobra.

Los allanamientos fueron llevados a cabo entre la noche del jueves y la mañana del viernes por personal de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI). También intervinieron la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, el Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata y la Procuraduría contra la Trata de Personas del Ministerio Público de la Nación.

Las personas rescatadas fueron alojadas y asistidas por el Estado, y actualmente se les realiza un seguimiento con asistencia integral.

La investigación está a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, quienes avanzan con la causa por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, con la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones.

Las autoridades reiteraron que los campos involucrados carecían de condiciones mínimas de higiene, seguridad y dignidad humana, y que las víctimas se encontraban bajo un esquema de sometimiento sistemático.

Este caso pone nuevamente en agenda la problemática del trabajo rural esclavo en Argentina y la necesidad de fortalecer los controles en zonas de difícil acceso, donde la precarización y la vulnerabilidad se convierten en el caldo de cultivo perfecto para el delito de trata.

Una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral derivó en el rescate de 30 trabajadores rurales que vivían en condiciones de extrema precariedad en dos campos ubicados en la zona rural de Pozo Borrado, sobre la Ruta 77, en el norte santafesino.

El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, bajo directivas del fiscal federal Pablo Micheletti. Participaron además la Guardia Rural "Los Pumas" (Unidad Regional XII), la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.

En el primer establecimiento rural, se hallaron 17 trabajadores oriundos de Santiago del Estero, viviendo en campamentos improvisados entre la vegetación, sin acceso a agua potable, energía eléctrica ni servicios básicos. Además, se secuestró un vehículo, dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, elementos que podrían resultar claves para la causa.

El segundo allanamiento permitió detectar a 13 hombres distribuidos en distintas zonas del campo, uno de ellos albergando a nueve personas en una sola casilla, en condiciones insalubres y con evidente vulnerabilidad social.

Entre las personas rescatadas se encontraban dos menores de edad, lo que agrava aún más la situación legal de los responsables del establecimiento.

Los presuntos responsables de las maniobras fueron identificados como W. A. Q., de 55 años, y M. L. L., de 22, ambos domiciliados en la provincia de Santiago del Estero.

De forma inmediata, la Justicia Federal dispuso el traslado y alojamiento de las víctimas, quienes fueron asistidas por equipos interdisciplinarios especializados, a fin de garantizar su integridad física y emocional, y se activaron mecanismos para restituirlas a sus lugares de origen o brindar alternativas de contención.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial se destacó el trabajo articulado entre los organismos federales y provinciales que permitieron llevar adelante esta acción. La causa permanece en investigación y no se descartan nuevas imputaciones o allanamientos en el marco de una red más amplia de contratación y explotación ilegal de mano de obra.

La denuncia fue radicada en Versalles y, según informó la prensa francesa, habría un video en el que el arquero revela su negativa a regularizar al trabajador.

Keylor Navas fue denunciado por un exempleado por trabajar dos años de manera irregular y vivir en condiciones insalubres durante ese período.

El denunciante trabajó 20 meses como ayudante y personal de mantenimiento desde 2019 para el arquero. El medio BFMTV publicó una entrevista con el empleado en el que relató situaciones vividas con el exarquero de PSG.

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El hombre contó que trabajaba para Navas hasta 90 horas semanales por 3.200 euros al mes pagados en efectivo. El empleado aseguró que el costarricense le exigió que debía permanecer armado y lo alojó en un sótano húmedo y sin ventanas.

La denuncia fue presentada en la fiscalía de Versalles y se adjunta un video grabado por el mismo trabajador en el que expone a Navas: "Aquí no trabajamos con las leyes francesas y sin contrato francés, te pago en efectivo, trabajamos según mis reglas", dice.

El abogado del empleado, Me Yassine Yakouti señaló: "Estamos en la frontera del derecho penal con hechos que, por mi parte, pueden considerarse rozando la esclavitud moderna". "Incluso si eres una estrella del fútbol, no tienes derecho a liberarte de todas las reglas", remarcó.(DA)

Luego que el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, revelara que en uno de los campos del exdelantero encontró trabajadores "en condiciones deplorables" para realizar la tarea "por una denuncia anónima", el 'Bati' dio su versión.

Un ídolo absoluto para el argentino como Gabriel Omar Batistuta por sus más de 50 goles con la camiseta de la selección Argentina se vio envuelto en las últimas horas en un escándalo por una denuncia anónima por "explotación laboral".

Es que el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, reveló que en uno de los campos del exdelantero encontró trabajadores "en condiciones deplorables" para realizar la tarea. El ex jugador desmintió la acusación en su contra y realizó un posteo en sus redes explicando lo sucedido.

El ex jugador desmintió la acusación en su contra y realizó un posteo en sus redes sociales explicando lo sucedido: “Nuestros trabajadores se enrolan conforme a derecho de la LCT y del estatuto del peón rural”.

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“Respetamos los convenios sindicales. Contamos con un médico laboralista y una licenciada en seguridad e higiene de industria permanentemente para verificar las condiciones de todo el establecimiento”, agregó.

En la tarde de este jueves dio una entrevista para extender su versión de los hechos: "Estoy solo en el campo, temblando, espero poder terminar de hablar porque la situación es triste para mí. Ayer me levanté, como todas las mañanas, me preparo un mate, prendo la computadora y me puse a leer las noticias y me encuentro en primera plana como maltratador de empleados, que tengo a los peones del campo en condiciones deplorables. Imagínate lo que eso significó para mí", dijo en Radio La Red.

Además, acotó: "Yo he sido trabajador también. Por supuesto desde que tengo las posibilidades hago todo lo posible para ayudarlos, ya ofrecerles trabajo es una ayuda y me toca leer esto. Imagínate como estoy. Estoy peleando con las ideas de hacer cosas raras". Respecto al motivo de la denuncia, opinó: "Es probable que la denuncia anónima haya llegado de un empleado temporal o exempleado temporal".

Por último, se mostró sorprendido por la forma en la que se abordó el tema: "Es llamativo el modo en que me atacan".

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