En un fallo de 25 carillas, por unanimidad de sus miembros, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló una sentencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial que había confirmado la absolución de una pareja investigada en una causa vinculada, entre otros hechos, con la presunta explotación de la prostitución de una mujer en situación de vulnerabilidad, con discapacidad mental.

La resolución, que fue dictada el 25 de agosto y lleva las firmas de los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Margarita Zabalza, junto al presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Unidad Fiscal de Reconquista, anuló el pronunciamiento cuestionado y dispuso que el expediente sea remitido al tribunal que corresponda para que dicte un nuevo fallo.

En primera instancia, el juez Mauricio Martelossi había absuelto a L. M. R. y L. B. S. por aplicación del principio in dubio pro reo. Esa decisión fue confirmada el 30 de julio de 2024 por los camaristas Renna, Bernacchia y Reyes. Frente a ello, Fiscalía presentó un recurso de inconstitucionalidad.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue la declaración de la mujer considerada víctima. Durante el debate se retractó de sus manifestaciones incriminatorias iniciales contra su madre y la pareja de ésta -su padrastro- y sostuvo que ejercía la prostitución libremente y que entregaba voluntariamente parte del dinero para contribuir al sostenimiento familiar. Las instancias anteriores utilizaron esa retractación como uno de los fundamentos principales para concluir que no estaba acreditada la explotación prevista por el Código Penal.

La Fiscalía cuestionó esa valoración y sostuvo que no se habían considerado adecuadamente las particulares condiciones de la mujer, ni el contexto familiar en el que se encontraba.

La Corte consideró determinante que la mujer reunía diversos factores de vulnerabilidad: su condición de mujer, una discapacidad mental y una situación de precariedad económica y sociocultural. Según el máximo tribunal, la retractación fue evaluada de manera “literal y descontextualizada”, sin considerar suficientemente la naturaleza intrafamiliar del conflicto.

La situación tenía además una particularidad relevante: la madre de la mujer, una de las personas acusadas, había sido designada judicialmente como su curadora.

Para los jueces supremos, frente a una situación de dependencia económica, física y psíquica respecto de sus familiares, correspondía investigar profundamente qué motivos podían haber llevado a la mujer a modificar su versión inicial. El tribunal señaló que esa omisión revelaba una “inadmisible carencia de perspectiva de género”.

Otro aspecto que llamó la atención de la Corte fue la forma en que la mujer participó del debate. En el decisorio, cuestionó que se hubiera permitido su presencia sin evaluar previamente el posible “efecto revictimizante”, teniendo en cuenta sus características psíquicas, personales y familiares y que su madre continuaba siendo su curadora.

También observó que compartió el espacio físico con los acusados y concurrió acompañada por un abogado respecto del cual el fallo menciona supuestos vínculos conocidos con el defensor de los imputados.

Para el Alto Cuerpo, la Cámara confirmó las absoluciones sobre la base de una valoración arbitraria de los elementos de convicción. En ese sentido, el fallo concluyó que se había efectuado un análisis “aislado y fragmentado” de la prueba, sin la debida perspectiva de víctima, género e interseccionalidad, afectando la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Con esos argumentos, la última instancia judicial de la provincia resolvió hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad impulsado por la Fiscalía, anular la sentencia que había confirmado las absoluciones y ordenar que otro tribunal dicte un nuevo pronunciamiento conforme a las pautas establecidas en el fallo.

Además, en su voto el ministro Daniel Erbetta advirtió que “dada la multiplicidad de irregularidades que surgen de la actividad del juzgador, de las partes y del llamado ‘abogado asistente’, corresponde se disponga la remisión del presente para la investigación de las eventuales responsabilidades tanto del juez, como del fiscal y de los abogados particulares intervinientes”.

Así, se expidió por remitir copias del fallo al Procurador General, a los órganos pertinentes del Ministerio Público de la Acusación y al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Reconquista a tales fines. Su posición fue acompañada por sus pares Baclini y Zabalza.

En su razonamiento, había señalado que “resulta llamativo que se hubiera admitido la presencia en el debate de I.V.R.”, y que “más aún, se habilitó su concurrencia acompañada de un letrado con conocidos vínculos con el abogado defensor de los imputados y que mostró durante el juicio aceptación a las estrategias de aquel, expresándose por el contrario hostil con las intervenciones del fiscal”.

Respecto del cuestionado juez Mauricio Martelossi, en abril pasado había sido objeto de un jury de enjuiciamiento acusado de liberar a un malviviente con frondoso prontuario que luego asesinó a Juan Carlos Martínez, un remisero de Reconquista. En esa oportunidad, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe resolvió rechazar su pedido de destitución. Luego, la Corte le impuso una sanción disciplinaria de 30 días de suspensión en el cargo.

Durante la investigación, la policía halló en la habitación de la víctima bozales, sogas, geles íntimos y profilácticos.

Esa “llamativa cantidad de objetos vinculados a la actividad sexual” y “elementos de sujeción física”, se relacionan con los dichos de “amenazas y ataduras” que había relatado su hermana ante efectivos de la Agencia de Trata de Personas, recogió el fallo. Y dan cuenta de la extrema vulnerabilidad en la que pasaba sus días.

El Litoral

La reciente liberación de Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina Ayelén Paleo, volvió a poner en el centro de la escena mediática un conflicto que involucra a Carmen Barbieri. La conductora respondió públicamente a los dichos de Rodrigo, quien sugirió que algunas personas se habían alegrado de su detención.

En diálogo con el programa Intrusos (América), Barbieri negó haber celebrado el encarcelamiento de la mujer y defendió su postura:

🗣️ CARMEN BARBIERI LE RESPONDE A LA MADRE DE AYELÉN PALEO: "LA JUSTICIA DIVINA TARDA MÁS"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/87PqjmCTVR

“No hablé nada malo, al contrario. No me alegré nunca. Dije: ‘si ella es inocente, ni tendría que haber estado presa. Y si no, la Justicia sabrá’. Una familia sufriendo porque una madre está presa debe ser terrible”.

La artista remarcó que nunca emitió juicios personales sobre la causa judicial y apeló a su fe:

“Si la cosa es verdadera y hay que hacer justicia, se hará justicia. La justicia divina tarda más, pero es justa. Yo creo en Dios”, expresó.

Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida a fines de agosto en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de integrar una red de explotación sexual y económica de mujeres con base en La Plata. Según la investigación, su rol dentro del grupo era el de fotógrafa, encargada de tomar imágenes de las víctimas que luego eran publicadas en sitios web.

Tras 40 días de detención, la mujer fue excarcelada el 15 de octubre, aunque continúa procesada por el delito de explotación de la prostitución, a la espera de una eventual recalificación de la causa.

En otro tramo de la entrevista, la conductora del ciclo Con Carmen (El Nueve) respondió con dureza a las versiones que indican posibles acciones legales en su contra:

“Que haga lo que quiera. Ya se llevó mucha plata de mi casa. Si quiere seguir llevándose, que se la lleve. Si realmente tiene razón, que busque un tape donde yo me burlo de ellos”, desafió.

💥EXCLUSIVO INTRUSOS HABLA POR PRIMERA VEZ ELIZABETH RODRIGO, LA MADRE DE AYELÉN PALEO: "Hace 48 horas estoy libre""En la celda dormía con ratas. No tengo nada que ocultar. A partir de ahora voy a demostrar mi inocencia".#Intrusos pic.twitter.com/w1ETa7ZIeD

Consultada sobre si iniciará demandas contra Ayelén Paleo o su madre, Barbieri lo descartó de plano:

“No, ya lo hicieron muchas veces y no les inicié ninguna acción legal”, sostuvo.

Finalmente, la artista se desentendió de cualquier vínculo con la familia Paleo:

“No hablo de esa familia ni me sorprende nada porque no los conozco. Si estuviese vivo Santiago, habría que preguntarle a él. Él conocía a todos. Yo no”, concluyó con ironía.

Hubo otra carrera en el autódromo de Rosario que para el gran público pasó desapercibida pero no para los equipos del Turismo Nacional.

Inmediatamente después del podio de la Clase 2, un operativo sorpresa de la Policía Federal allanó el autódromo con un objetivo claro: detener a una jefa de promotoras por supuesto delito de trata de personas, a un chofer e interrogar a todas las que concurrieron al Fangio rosarino.

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Algunos se habrán percatado y otros no, pero las que realizaban ese trabajo no estuvieron en la grilla de partida ni en el pos de la final de la Clase 3. Nuevamente el automovilismo argentino quedó en el foco de atención en cuestiones de explotación de mujeres.

El allanamiento al autódromo de Rosario lo ordenó desde Capital Federal el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, luego de una larga investigación llevada adelante por la Unidad Federal de Investigación Sobre Trata de Personas, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

Organización de explotación laboral y sexual

Según los datos, en medio del hermetismo reinante durante el operativo, durante todo el año se recogió evidencia en las carreras del Turismo Nacional y las vincularon con una organización que explotaba laboral y en algunos casos sexualmente a unas 22 promotoras.

“En la mayoría de los casos son víctimas de trata y en unos pocos puede haber complicidad”, expresó una fuente del operativo, que resaltó que “la que oficiaba de jefa de ellas, y ya está detenida, en un tiempo fue una más de las promotoras. Así funcionan organizaciones de este tipo”.

Debajo del podio donde aún festejaban Agustín Herrera y Ever Franetovich en la Clase 2, la Policía Federal empezó el operativo con las promotoras que estaban en el lugar, mientras otros agentes estaban distribuidos por los boxes para cumplir el mismo objetivo de reunirlas en una carpa ubicada detrás del parque cerrado.

Por entonces ya se había detenido en el mismo autódromo a la sindicada como jefa y al que sería el chofer de un utilitario con el logo de la categoría en el capó y, debajo en letras grandes, la palabra “Producción”, el cual estaba bajo custodia de la Federal. Al mismo tiempo en Buenos Aires se detuvo al sindicado como cabecilla de la organización.

Los investigadores tenían una lista de 22 promotoras, las que dialogaron con asistentes sociales y psicólogas para darles un marco de contención.

De fondo, el ruido mayor de los autos de la Clase 3 siempre se hizo sentir y cuando esa carrera terminó, esta otra continuaba. La categoría también se vio afectada. No sólo por el vehículo retenido sino porque algunas del grupo de las 22 sólo promocionaban al Turismo Nacional.