La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender el avance del proceso de discovery en la causa por la expropiación de YPF, en una decisión que representa un alivio para la estrategia judicial argentina.

La medida también alcanza a audiencias probatorias, pedidos de documentación y posibles sanciones vinculadas a esa etapa, que estaba en curso tras la sentencia de primera instancia.

El fallo no cierra la causa ni modifica la condena existente, pero sí congela una fase sensible del expediente mientras el tribunal analiza la apelación presentada por el Estado argentino.

En términos concretos, la resolución evita —al menos por ahora— que los demandantes avancen sobre información, activos o bienes argentinos en el marco de la ejecución de la sentencia.

El pedido de suspensión había sido impulsado por la Procuración del Tesoro y contó con un respaldo clave: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acompañó formalmente la postura argentina.

Ese apoyo fue considerado relevante por la Cámara al momento de decidir frenar el proceso, al entender que el discovery podía resultar intrusivo y desproporcionado en esta instancia.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park.

El Estado argentino sostiene que la causa no debería tramitarse en tribunales estadounidenses, sino bajo legislación local.

Con esta decisión, el foco vuelve a estar en la apelación de fondo, que deberá definir si la sentencia se confirma, modifica o revoca.

Si bien no hay plazos definidos, el fallo de la Cámara representa una pausa estratégica en un caso de alto impacto político, económico y jurídico para el país.

El Estado argentino presentó su rechazo formal a los pedidos de los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. 

Los fondos habían pedido a la jueza Loretta Preska que no suspenda la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal.

La presentación argentina de las últimas horas responde a los escritos elevados el último lunes (7 de julio) por los mencionados fondos litigantes. En particular, el documento de Petersen/Eton incorpora una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, consigna Ámbito.

La Procuración del Tesoro presentó sus respuestas y, en el caso Petersen/Eton, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de "un caso sin precedentes, con un fallo de 16.100 millones de dólares aún apelado y con fundamentos jurídicos complejos". “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.

Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, “no existe daño concreto” si se suspende la ejecución, dado que “la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo”. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados –como provincias y bonistas– y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

En el caso Bainbridge, advirtieron “una violación del derecho argentino”, ya que “transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos”.

En su presentación, Argentina advierte que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EE.UU. en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska.

El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.

La Argentina apeló la sentencia que dictó un juzgado de Nueva York y que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital por la expropiación de YPF.

Se trata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el 15 de septiembre último, en el marco de la demanda que presentó ese fondo por la expropiación de YPF, que se llevó a cabo en 2012.

La apelación había sido adelantada apenas se conoció el fallo por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", dijo la funcionaria en aquel momento.

LEÉ: Argentina propone pagar U$S 15.100 millones al estudio que ganó el juicio por YPF

Ahora, la defensa argentina sostuvo en un texto que el país "apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia". Además, advirtió que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes".

"El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía", añadió. La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, que ya lleva ocho años.

Antes de dictar su sentencia, Preska había dicho en marzo de este año que el Estado argentino expropió mal la petrolera, por lo cual debía resarcir a los demandantes. En septiembre llegó esa sentencia, que la jueza dejó firme, pero a la Argentina le quedan instancias de apelación para intentar revertir el fallo.

En 2012, el Gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner acordó pagarle a la española Repsol -que hasta ese momento controlaba a YPF- un total de US$ 5.000 millones en bonos por la expropiación del 51% de la petrolera.