La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria solicitada por Burford Capital, el principal demandante contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

El fondo inglés había pedido que el pleno de la Cámara revisara el fallo adverso dictado en marzo, que había revocado la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska. Aquella resolución obligaba al país a pagar una indemnización de alrededor de USD 18.000 millones, en el marco de una causa iniciada por accionistas de la petrolera tras la expropiación realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El planteo de Burford fue rechazado en una resolución breve firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, clerk del tribunal. Técnicamente, se trataba de una apelación “en banc”, un recurso excepcional que busca que todos los jueces de la Cámara revisen una decisión adoptada por un panel de magistrados.

El fallo de marzo había sido firmado por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, y representó un fuerte golpe para Burford Capital, cuyas acciones cayeron con fuerza tras conocerse la decisión.

Con este nuevo rechazo, al fondo le quedaría como alternativa presentar un pedido de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. También podría acudir al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, tal como había anticipado.

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que, tras esta decisión, Burford cuenta con 90 días para intentar el último recurso disponible en Estados Unidos mediante una presentación ante la Corte Suprema, aunque consideró que las chances de que prospere son prácticamente nulas.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, destacaron que la decisión representa un nuevo respaldo a la posición jurídica sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación.

El organismo consideró que el resultado constituye “un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional” y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa del interés público.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la resolución y la calificó como una “excelente noticia”.

También se pronunció el presidente de YPF, Horacio Marín, quien sostuvo que la decisión evita para el país un pago millonario y permite fortalecer los planes estratégicos de la compañía.

“Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”, expresó.

El 27 de marzo, la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia contra la Argentina y dejó sin efecto una condena que superaba los USD 16.000 millones. Se trataba del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal del exterior y una de las demandas más grandes contra un Estado soberano en Estados Unidos.

En su resolución, el tribunal sostuvo que las reclamaciones de los accionistas por daños derivados de un supuesto incumplimiento de contrato no eran admisibles bajo el derecho argentino. Además, confirmó la desestimación de otros reclamos contra la República Argentina y contra YPF.

La Cámara aplicó la ley argentina y concluyó que la Ley de Expropiación aprobada por el Congreso en 2012 prevalecía sobre el estatuto de la empresa. En términos concretos, eso implicó que la condena dictada por Preska quedó completamente revertida y que Argentina no debe pagar la suma fijada en primera instancia.

La decisión judicial también tuvo un fuerte impacto financiero. Tras el fallo de marzo, las acciones de Burford Capital cayeron más de 43%, mientras que su capitalización bursátil retrocedió de alrededor de USD 3.500 millones en septiembre de 2023 a USD 809 millones.

Ahora, con el rechazo del pedido extraordinario, el margen judicial de Burford en Estados Unidos se reduce considerablemente, mientras Argentina suma un nuevo capítulo favorable en una disputa legal que lleva cerca de una década.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender el avance del proceso de discovery en la causa por la expropiación de YPF, en una decisión que representa un alivio para la estrategia judicial argentina.

La medida también alcanza a audiencias probatorias, pedidos de documentación y posibles sanciones vinculadas a esa etapa, que estaba en curso tras la sentencia de primera instancia.

El fallo no cierra la causa ni modifica la condena existente, pero sí congela una fase sensible del expediente mientras el tribunal analiza la apelación presentada por el Estado argentino.

En términos concretos, la resolución evita —al menos por ahora— que los demandantes avancen sobre información, activos o bienes argentinos en el marco de la ejecución de la sentencia.

El pedido de suspensión había sido impulsado por la Procuración del Tesoro y contó con un respaldo clave: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acompañó formalmente la postura argentina.

Ese apoyo fue considerado relevante por la Cámara al momento de decidir frenar el proceso, al entender que el discovery podía resultar intrusivo y desproporcionado en esta instancia.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park.

El Estado argentino sostiene que la causa no debería tramitarse en tribunales estadounidenses, sino bajo legislación local.

Con esta decisión, el foco vuelve a estar en la apelación de fondo, que deberá definir si la sentencia se confirma, modifica o revoca.

Si bien no hay plazos definidos, el fallo de la Cámara representa una pausa estratégica en un caso de alto impacto político, económico y jurídico para el país.

El Estado argentino presentó su rechazo formal a los pedidos de los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. 

Los fondos habían pedido a la jueza Loretta Preska que no suspenda la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal.

La presentación argentina de las últimas horas responde a los escritos elevados el último lunes (7 de julio) por los mencionados fondos litigantes. En particular, el documento de Petersen/Eton incorpora una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, consigna Ámbito.

La Procuración del Tesoro presentó sus respuestas y, en el caso Petersen/Eton, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de "un caso sin precedentes, con un fallo de 16.100 millones de dólares aún apelado y con fundamentos jurídicos complejos". “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.

Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, “no existe daño concreto” si se suspende la ejecución, dado que “la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo”. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados –como provincias y bonistas– y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

En el caso Bainbridge, advirtieron “una violación del derecho argentino”, ya que “transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos”.

En su presentación, Argentina advierte que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EE.UU. en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska.

El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.

La Argentina apeló la sentencia que dictó un juzgado de Nueva York y que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital por la expropiación de YPF.

Se trata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el 15 de septiembre último, en el marco de la demanda que presentó ese fondo por la expropiación de YPF, que se llevó a cabo en 2012.

La apelación había sido adelantada apenas se conoció el fallo por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", dijo la funcionaria en aquel momento.

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Ahora, la defensa argentina sostuvo en un texto que el país "apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia". Además, advirtió que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes".

"El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía", añadió. La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, que ya lleva ocho años.

Antes de dictar su sentencia, Preska había dicho en marzo de este año que el Estado argentino expropió mal la petrolera, por lo cual debía resarcir a los demandantes. En septiembre llegó esa sentencia, que la jueza dejó firme, pero a la Argentina le quedan instancias de apelación para intentar revertir el fallo.

En 2012, el Gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner acordó pagarle a la española Repsol -que hasta ese momento controlaba a YPF- un total de US$ 5.000 millones en bonos por la expropiación del 51% de la petrolera.