Cerca de las 12:00hs de este miércoles 25 de junio, la Policía Federal Argentina desplegó un operativo en el barrio Fátima, en la intersección de las calles Melvin  Jones y 26 de Enero, luego de múltiples denuncias vecinales por un Toyota Etios rojo con la luneta rota, estacionado en la zona.

De acuerdo a que pudo saber Radio Rafaela desde el lugar, los vecinos del sector alertaron sobre la presencia de un vehículo sospechoso con la luneta rota. Ante el temor de que esté vinculado a actividades ilícitas, convocaron a las fuerzas de seguridad para investigar la situación.

Personal de la Policía Federal, bajo la coordinación de la fiscal Fabiana Bertero, se hizo presente en el lugar. El operativo permanece en curso y de manera preventiva los efectivos secuestraron el automóvil y lo trasladaron a la dependencia federal, donde continúa la investigación.

Extraoficialmente, se pudo saber que el Toyota Etios tenía la numeración de motor y chasis "limada". Por el momento, no se confirmó la identidad del propietario ni el origen del vehículo. Hay versiones de vecinos que lo vinculan a posibles hechos delictivos, aunque esto aún no fue verificado por las autoridades.

La fiscalía continúa con las diligencias para determinar la legitimidad del rodado, así como su posible participación en ilícitos. El carácter hermético del operativo impide conocer hasta ahora más detalles, pero se espera que avances periciales arrojen más detalles sobre el caso.

Un fuerte operativo policial conmocionó la tarde del sábado en barrio Villa Dominga, al norte de la ciudad de Rafaela, luego del hallazgo sin vida de una mujer de 50 años en el interior de su vivienda ubicada en Pueyrredón al 1100.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:00, tras un llamado al 911 por parte de un familiar que alertó la situación. Al arribar al lugar, personal policial confirmó el deceso y estableció un perímetro para que trabajen las distintas autoridades competentes, entre ellas la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal de turno, Fabiana Bertero. Posteriormente, la investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Martín Castellano.

La víctima fue identificada como Marta Culasso. Vivía sola en la propiedad donde fue hallada. Según fuentes vinculadas a la investigación, se trataría de una muerte violenta ocurrida en horas de la noche, posiblemente tras el ingreso de un individuo a la vivienda. Aunque no se brindaron detalles oficiales, se indicó que una de las hipótesis bajo análisis es la de un posible femicidio.

Durante la jornada del sábado se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona como parte de las primeras diligencias. En tanto, la autopsia al cuerpo de la mujer fue programada para la mañana de este lunes, y permitirá determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento. Por el momento, la causa se maneja con total hermetismo para no entorpecer la investigación.

Una red de corrupción presuntamente encabezada por el jefe de la Alcaidía de Rafaela, Norberto Núñez, quedó al descubierto tras una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos el pasado 22 de marzo. La misma derivó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), liderada por la fiscal Fabiana Bertero, que terminó con tres policías imputados por corrupción y connivencia con internos.

Según la acusación, los internos que abonaban una tarifa mensual de $100.000 accedían a teléfonos celulares, eran alertados antes de las requisas para ocultarlos y hasta podían obtener reposiciones si los perdían. También pagaban sumas de entre $500.000 y $2.000.000 para acceder a pabellones con mejores condiciones o evitar traslados a otras cárceles más estrictas del Servicio Penitenciario.

El “servicio completo” era administrado, siempre según la fiscalía, por Núñez junto a los policías Cristian Montiel y Alejandro Farías. En la audiencia del miércoles, el juez de Investigación Penal Gustavo Bumaguin dictó prisión preventiva sin plazo para Núñez y por 60 días para los otros dos imputados.

El hallazgo clave ocurrió el domingo 23 de marzo: en un armario metálico bajo llave en la oficina de Núñez, los investigadores encontraron 58 celulares (en la imputación eran 56). Estos equipos eran entregados a los internos, quienes podían usarlos para navegar por redes sociales, comunicarse con el exterior o incluso cometer nuevos delitos. La fiscal Bertero graficó la situación: “La Alcaidía funcionaba como un call center clandestino”.

Uno de los principales testigos es L.B., un interno con conocimientos en informática que estaba trabajando en un sistema de identificación de reclusos. Denunció que Núñez le encargó tareas como desbloquear teléfonos y borrar datos comprometedores. También afirmó que los policías le pidieron realizar inversiones en bitcoins.

La segunda testigo clave fue la subalcaldesa A.E.C., quien declaró que Núñez le mentía sobre el destino de los teléfonos incautados y observó conductas sospechosas como el paso constante de familiares por la oficina del jefe en días de visita. Bertero sugirió que estos ingresos ocultaban el pago de dádivas.

Durante los allanamientos, también se incautaron televisores, algunos de tipo smart conectados ilegalmente a la red WiFi de una estación de servicio YPF lindera. Si bien no está prohibido el uso de televisores en pabellones de buena conducta, la conexión a internet sí implica un serio riesgo de seguridad.

Además, se encontró cocaína en uno de los pabellones, aunque la fiscal no incluyó esta imputación al no haber pruebas de que los policías facilitaran el ingreso de la droga.

Amenazas desde la cárcel y pruebas destruidas

Un episodio que refuerza lo grave del caso fue narrado por la fiscal Bertero: una mujer víctima de violencia de género denunció haber recibido amenazas desde la Alcaidía. La fiscal Favia Burella ordenó secuestrar el celular con el que se enviaron los mensajes, pero el aparato nunca apareció. Según los testimonios, el teléfono —un LG azul— estaba en poder de Núñez, quien lo habría destruido a martillazos en la carpintería de la Jefatura para eliminar evidencias.

El abogado defensor de los policías, Carlos Farías Demaldé, cuestionó la credibilidad de los testigos. Señaló que L.B. está preso por presuntos abusos sexuales y tiene animosidad personal contra Núñez. Además, alegó que el jefe de Alcaidía no tenía poder para decidir traslados, ya que eso corresponde al Servicio Penitenciario.

Aun así, el juez consideró que hay pruebas suficientes de los hechos y que existe riesgo procesal si los imputados recuperan la libertad. El caso, sin embargo, promete seguir creciendo. Desde el MPA no descartan más imputaciones a medida que avance el análisis de los 58 celulares incautados.