El Gobierno nacional modificó las condiciones del programa Vouchers Educativos y resolvió flexibilizar durante 2026 los requisitos relacionados con las deudas por cuotas escolares. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución de la Secretaría de Educación publicada en el Boletín Oficial.

Con el cambio, durante el actual ciclo lectivo no se aplicará la baja del beneficio a las familias que acumulen cuotas impagas. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de evitar que esta situación termine afectando la continuidad educativa de los estudiantes alcanzados por el programa.

La resolución suspende durante 2026 la aplicación de dos disposiciones previstas en el reglamento. En primer lugar, los establecimientos educativos dejarán de estar obligados a informar mensualmente qué familias beneficiarias mantienen cuotas impagas.

También queda suspendida la disposición que establecía la cancelación del voucher cuando se acumulaban tres o más cuotas adeudadas. De esta manera, las dificultades para mantenerse al día con los pagos no provocarán durante este año la pérdida definitiva de la asistencia por esa causal.

Hasta ahora, el reglamento contemplaba que cuando un alumno acumulaba dos cuotas impagas, el beneficio podía quedar suspendido y recuperarse retroactivamente una vez regularizada la situación. Si la deuda alcanzaba tres cuotas, se disponía la baja de la prestación.

Según explicó el Ministerio de Capital Humano en los fundamentos de la modificación, la decisión apunta a que “no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios”, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo ya se encuentra en desarrollo.

La flexibilización no modifica el resto de las condiciones establecidas para acceder y permanecer dentro del programa. Continúan vigentes los requisitos relacionados con los ingresos del grupo familiar, la regularidad escolar y las demás causales previstas en la normativa.

Los Vouchers Educativos fueron creados en 2024 y están destinados a familias con hijos de hasta 18 años que concurran a establecimientos educativos privados que reciban al menos un 75% de aporte estatal.

Para acceder al beneficio, además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Con la nueva disposición, el Gobierno decidió mantener durante todo 2026 una mayor flexibilidad frente a las deudas escolares, evitando que la acumulación de cuotas impagas derive automáticamente en la pérdida de la asistencia.

Cada vez más familias santafesinas recurren al crédito no para hacer una compra importante o concretar un proyecto, sino para llegar a fin de mes. Frente a esta realidad, la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos) presentó un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que incorpora herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y, sobre todo, para ayudar a las familias a reorganizar sus deudas y construir una salida posible.

Comprar alimentos, pagar los servicios o afrontar gastos cotidianos se volvió, para muchas personas, una razón para endeudarse. Según el Monitor de Consumo del Centro de Estudios DEMOS, cuatro de cada diez santafesinos mantienen préstamos personales o saldos financiados en sus tarjetas de crédito, niveles superiores a los promedios históricos de la provincia.

"El sobreendeudamiento es un espiral de supervivencia que termina consumiéndose todo. Muchas personas no se endeudan para progresar ni para concretar un proyecto, sino porque los ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas", sostuvo la legisladora. Para la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos), el fenómeno dejó de ser únicamente un problema financiero y se convirtió en “una expresión de la crisis económica que atraviesan muchas familias”.

Una herramienta para que las familias puedan salir de la deuda

En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, una parte cada vez mayor de los ingresos se destina a alimentos, servicios, alquileres, transporte y otros gastos indispensables, reduciendo el margen para afrontar las obligaciones asumidas. “El cambio más preocupante que vemos es que cada vez son más las que se endeudan para sobrevivir. El crédito dejó de ser una herramienta destinada a construir patrimonio o ampliar posibilidades y empezó a utilizarse para cubrir la distancia entre los ingresos y los gastos indispensables”, señaló Mahmud.

Por eso, uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, integrado por profesionales que podrán reunir todas las obligaciones de una persona o familia, convocar a los acreedores y colaborar en la construcción de un plan de pagos sostenible."Hoy una persona puede deberle al banco, a la tarjeta, a una empresa de servicios, a una prepaga y a distintos comercios al mismo tiempo. Tiene que negociar por separado con cada uno y eso, muchas veces, solo genera más intereses y nuevas refinanciaciones. Queremos que exista un procedimiento que permita analizar todas las deudas en conjunto y construir una salida que realmente pueda cumplirse", explicó la legisladora.

Prevención y reglas más claras

Además del procedimiento para reorganizar las deudas, el proyecto incorpora medidas para prevenir nuevos casos de sobreendeudamiento. En ese sentido, Mahmud destacó la importancia de la educación financiera para comprender los contratos, conocer el costo total de un préstamo o evaluar las consecuencias de financiar permanentemente una tarjeta. Y a la vez, cuestionó que toda la responsabilidad sea colocada sobre quienes solicitan el crédito: “Hoy se puede obtener un préstamo en pocos minutos y desde un teléfono. Muchas veces la información no es clara, la publicidad no muestra el costo real y nadie explica adecuadamente qué sucede si después no se puede pagar. Necesitamos educación y prevención, pero también controles, reglas claras y un Estado que no deje solas a las familias”, expresó.

A su vez, Mahmud aclaró que “no se trata de impedir que una persona acceda al crédito. Se trata de que las empresas no puedan ofrecer préstamos sin analizar si quien los recibe podrá devolverlos sin dejar de comprar alimentos, pagar los servicios o atender las necesidades de sus hijos”. En ese registro, el proyecto plantea que las empresas informen de manera clara cuánto dinero recibe la persona, cuánto deberá devolver finalmente, cuáles serán los intereses, las comisiones, el número de cuotas y las consecuencias de una eventual mora. Asimismo, también establece que, antes de otorgar un préstamo, la entidad deberá evaluar la capacidad real de pago del solicitante y evitar la concesión de créditos excesivos o imposibles de sostener.

En el marco de la crisis de despoblación rural que afecta a varias regiones de Europa, el pequeño pueblo de Arenillas, con unos 40 habitantes en la provincia de Soria, lanzó un programa poco habitual para atraer nuevos residentes. La propuesta incluye una vivienda municipal rehabilitada sin costo de alquiler, un trabajo fijo como albañil para tareas de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales, y la opción de gestionar el bar o centro social del pueblo como actividad complementaria.

El programa busca frenar el éxodo poblacional, mantener la escuela local y revitalizar la vida comunitaria. Según las autoridades locales, el objetivo no es un traslado temporal, sino integrar de manera estable a los nuevos habitantes a la dinámica del pueblo.

Los postulantes deben cumplir con condiciones específicas:

Los interesados de Argentina y otros países deben cumplir con los requisitos de residencia y trabajo en España, incluyendo ciudadanía europea o autorización legal de residencia y trabajo. Las postulaciones se gestionan directamente a través del Ayuntamiento de Arenillas, encargado de canalizar y evaluar a los candidatos.

Arenillas se suma a otros programas impulsados en la llamada “España vaciada”, donde municipios de Castilla y León, Aragón y Galicia ofrecieron viviendas a bajo costo, empleo municipal y beneficios adicionales, como terrenos para huerta, incentivos para teletrabajadores y facilidades para pequeños emprendimientos locales. Estas medidas buscan detener la pérdida de población, mantener servicios básicos y sostener la escolaridad en comunidades rurales cada vez más pequeñas.

En la tarde de este lunes, un violento episodio se registró en la intersección de General Paz y Güemes en San Cristóbal, donde un hombre y su hijo fueron agredidos físicamente por otro masculino y sus dos hijos, luego de una discusión que incluyó amenazas e insultos.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde los médicos dictaminaron que uno de los involucrados sufrió lesiones leves, mientras que otro presentó una fisura en la clavícula, resultando con lesiones graves. Los otros dos involucrados fueron dados de alta con lesiones leves, mientras que uno no presentó lesiones.

El 67% de los hogares destina entre el 30% y el 50% del ingreso al pago del alquiler, de acuerdo con un relevamiento realizado en todo el país por Inquilinos Agrupados.

La encuesta nacional inquilina correspondiente a junio, que se realizó en 909 hogares inquilinos de todo el país, reveló "una situación de extrema gravedad social", señalaron desde Inquilinos Agrupados.

De los resultados surge que un 14% de los hogares declaró que gasta más del 60% en el alquiler. En el caso de los jubilados, el promedio es de 49%.

Por otra parte, se observó un endeudamiento estructural: el 72% de los hogares está endeudado, el 56% por tarjetas de crédito, el 44% por la compra de alimentos, el 32% por alquiler y 32% por salud.

En este contexto, el 66% de las familias redujo su gasto en alimentos, 53% recortó en salud y un 94% dejó de salir o hacer actividades recreativas.

La actualización de los alquileres se realiza en un 78% de los casos con aumentos cada 6 meses y un 55% ajusta por inflación (IPC), mientras que sólo el 16% actualiza anualmente.

En cuanto a las expectativas, el 89% de los consultados teme no poder pagar el alquiler en los próximos meses.

NA

Los beneficiarios son vecinos de San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sud, Las Tunas, Franck y San Jerónimo Norte.

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La dirección provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) entregó 44 títulos de propiedad a familias de distintas localidades del departamento Las Colonias. De esta manera, más santafesinos regularizaron su situación habitacional y se transformaron en poseedores plenos de su vivienda.

Las escrituras brindan seguridad jurídica a las familias ya que, una vez inscripta en el Registro General de la Propiedad de la provincia, se efectiviza el dominio sobre el inmueble, garantizándoles a las familias la posibilidad de vender, transferir, heredar el inmueble, usarlo como garantía y/o solicitar servicios.

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La escrituración de las viviendas surge del trabajo mancomunado entre el gobierno provincial, municipios y comunas y los Colegios de Escribanos y Agrimensores.

En esta oportunidad, recibieron el título de propiedad vecinos de San Carlos Centro, Norte, Sud, Las Tunas, Frank y San Jerónimo Norte.

Fuente: SFC