Federico Sturzenegger expuso la "fórmula Milei" como hoja de ruta para convertir a la Argentina en una economía más potente, en un posteo este domingo desde su cuenta de X, donde defendió reformas para romper la restricción externa que, sostuvo, condicionó el crecimiento por décadas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado describió la restricción externa como “el freno estructural que estancó al país por décadas” y puntualizó que esa limitación afectó la capacidad exportadora, con impacto directo en el nivel de vida de la población. “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”, dijo al explicar la motivación del plan económico.

En el mismo posteo, defendió la gestión de Javier Milei como una combinación de apertura y cambios regulatorios para fortalecer la economía y atraer divisas. “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia”, indicó Sturzenegger, y asoció ese objetivo con la necesidad de impulsar acuerdos comerciales y revisar normas internas que, según su diagnóstico, limitan la inserción internacional.

Sturzenegger explicó que la restricción externa deriva de una capacidad exportadora limitada y que la estrategia ministerial apunta a expandir esa capacidad mediante desregulación y apertura. El plan económico incluye medidas para mejorar competitividad y facilitar inversiones, según el mensaje del ministro.

La defensa de la economía libertaria en el posteo contrastó con la idea de un modelo cerrado: el texto sostuvo que abrir mercados y cerrar acuerdos comerciales permitirá generar más divisas y mejorar el nivel salarial en Argentina.

El mandatario del área subrayó que romper la restricción implica cambios estructurales y no soluciones temporales, y vinculó esa transformación con la necesidad de elevar productividad para alcanzar niveles comparables a Japón y Polonia.

En su exposición, el ministro enumeró la revisión de leyes específicas para facilitar la inserción internacional: mencionó la Ley de Cabotaje, la de Glaciares y la de Tierras como ejemplos de regulaciones a revisar dentro de la agenda de reformas.

Además, el posteo defendió la negociación de tratados con Estados Unidos y la Unión Europea como ejes comerciales para ampliar mercados y, en consecuencia, elevar salarios y mejorar la posición económica del país

El mensaje ministerial insistió en que el plan del Gobierno nacional combina desregulación interna y acuerdos externos para reducir la vulnerabilidad de la economía argentina frente a ciclos de crisis.

Como consecuencia institucional, el posteo del ministerio instala el debate público sobre prioridades de la política económica y anticipa iniciativas legislativas para revisar normas señaladas por el equipo de Sturzenegger; en lo inmediato, la presentación pública busca respaldar la agenda ministerial y movilizar apoyos para los acuerdos comerciales y las reformas propuestas.

Redacción El Litoral

La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Ana Saralegui, calificó como “falsos” los argumentos expresados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para justificar 140 despidos en ese organismo, que cumplirá este jueves un nuevo apagón informativo en rechazo del ajuste.

“Es falso todo lo que dice (Sturzenegger), en el Servicio Meteorológico no somos 20 meteorólogos sino 148, y tenemos 120 estaciones, no 100”, afirmó Saralegui-

El ministro justificó los despidos a través de su cuenta en X, en donde expresó que el SMN tiene “unas 1.000 personas y sólo unos 20 son meteorólogos”, además de señalar que “se podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas” y con estaciones automáticas.

En respuesta a Sturzenegger, Saralegui dijo que la política de recortes “es un vaciamiento disfrazado de modernización”, y afirmó que las estaciones automáticas “necesitan de dos años de funcionamiento para quedar homologadas”.

“En 2023 estaba lista la licitación para comprar estaciones meteorológicas a través del Banco Interamericano de Desarrollo y este Gobierno dio de baja la compra, Ahora nos dicen que nos vamos a modernizar, pero no sabemos cuándo, y se empiezan a cortar series de datos que son muy importantes”, aseveró.

La delegada consideró que “esta bueno que haya estaciones automáticas, que pueden convivir con las convencionales que tiene personal”, pero advirtió que las primeras “no son perfectas, cualquier sensor puede empezar a medir mal, necesitan mantenimiento y es caro”.

“Nos están obligando a tener un apagón meteorológico nocturno, porque la mayoría de las estaciones, gracias a que este señor que echó a 140 trabajadores ya no miden de noche, y tenemos una ventana de unas 12 horas sin observación nocturna”, aseguró.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sacudió las redes sociales al exponer en su cuenta oficial de X lo que describe como una "historia increíble" de ineficiencia tecnológica en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el funcionario, el organismo opera bajo un esquema que parece haberse detenido en el tiempo, priorizando procesos manuales por sobre la automatización que hoy es estándar global.

La estructura actual del SMN, de acuerdo con los datos presentados por el ministro, revela una desproporción llamativa entre el personal de apoyo y el cuerpo profesional:

Dotación: Unas 1.000 personas en total.

Especialistas: Solo 20 meteorólogos.

Infraestructura: Aproximadamente 100 estaciones meteorológicas, muchas con más de 50 años de antigüedad.

Lo que más resalta en el relato es el método de recolección de datos. En plena era de satélites y Big Data, el SMN todavía dependería de operadores que anotan mediciones en planillas de papel. Luego, esa información se vuelca en un sistema operativo DOS (tecnología de los años 80) para ser enviada a los meteorólogos.

Sturzenegger plantea que este modelo no solo es obsoleto, sino extremadamente costoso:

"Los sueldos de esas 7 personas [por estación] permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno".

El ministro sostiene que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto significativamente menor, operando con unas 150 personas en lugar de las 1.000 actuales, si se aplicara una modernización drástica.

La crítica no se queda solo en lo presupuestario. El ministro vincula la falta de modernización con una mayor vulnerabilidad ante desastres climáticos, citando tragedias pasadas en La Plata o Bahía Blanca. Para el gobierno actual, la desidia de gestiones anteriores en el área de Defensa dejó a la población desguarnecida en términos de alertas tempranas.

Automatización: Reemplazar instrumentos de hace medio siglo por sensores digitales de transmisión en tiempo real.

Reducción de personal: Reconvertir la estructura para pasar de un modelo de "recolectores manuales" a uno de análisis técnico.

Eficiencia fiscal: El ahorro generado por la reducción de salarios destinados a tareas mecánicas podría financiar la renovación total de la red de estaciones.

El cierre del mensaje del ministro refuerza el cambio de rumbo bajo la presidencia de Javier Milei, señalando que esta gestión busca poner "racionalidad" y "orden" para mejorar tanto la productividad del Estado como la seguridad de los ciudadanos.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017, en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). 

La constancia de presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.

En el escrito, los denunciantes —que pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.

La presentación menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.

Según el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio.

Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia. 

En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión pública porque fue noticia en distintos medios.

En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.

AgenciaNA

En medio del fuerte revuelo político que generó la adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) —entidad que dirige la esposa del ministro Federico Sturzenegger—, el presidente Javier Milei decidió intervenir públicamente para defender la transparencia de la contratación.

Fiel a su estilo, el jefe de Estado no utilizó comunicados oficiales de la Casa Rosada, sino que reposteó un comentario publicado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de la red social X (@pabloquirno).

En el mensaje que el Presidente decidió replicar y avalar ante sus millones de seguidores, Quirno afirmó: "¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal".

En esa misma publicación, el funcionario apuntó a la legalidad del proceso para desligar al ministro de Desregulación de cualquier conflicto de intereses: "En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo".

La nota original fue publicada exclusiva por la Agencia Noticias Argentinasy reveló que el Ministerio le adjudicó de forma directa a la asociación dirigida por María Josefina Rouillet un contrato por $114.044.133 para dictar clases presenciales a 132 empleados y diplomáticos. La investigación no solo desnudó el vínculo familiar en la contratación, sino que comprobó que el valor abonado por el Estado por cada hora de clase ($191.993) triplica holgadamente los máximos salariales docentes del mercado.

AgenciaNA

bEl canciller Pablo Quirno afirmó en redes sociales que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para capacitación en idioma inglés, y aseguró que, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro Federico Sturzenegger, “se activó el procedimiento de integridad” con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En una publicación realizada en X, Quirno indicó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para capacitar en inglés al personal del organismo. En ese marco, sostuvo que en esta oportunidad, por tratarse de la esposa de Sturzenegger, quien dirige ejecutivamente la entidad, se aplicó el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017 y que SIGEN y la OA intervinieron en la revisión del trámite.

X Pablo Quirno

En otro mensaje, el canciller citó el artículo 4°, inciso b) del Decreto 202/2017 y señaló que, conforme a ese marco, “se da publicidad a las actuaciones”. También afirmó que el expediente se encontraba “publicado íntegramente” en un sitio institucional y que, a partir de esa publicación, se descargó la documentación del sistema y se verificó su contenido.

Este domingo por la tarde, el vocero del ministro Federico Sturzenegger señaló que desde el entorno del funcionario “lo único” que podían aportar era el informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente. En ese mensaje sostuvo que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”.

Las declaraciones públicas de Quirno se dieron en respuesta a cuestionamientos difundidos en redes sobre el contrato de capacitación en inglés adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa —entidad que tiene como Directora Ejecutiva a Rouillet— y el procedimiento activado por el vínculo declarado con el ministro Sturzenegger.

La senadora nacional por el bloque Justicialista (PJ), Juliana di Tullio, denunciará formalmente en Comodoro Py al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y a su esposa María Josefina Rouillet, luego de que tomara estado público un contrato que Cancillería le adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por Rouillet, por $114.044.133, publicado por la Agencia Noticias Argentinas.

En declaraciones exclusivas, la legisladora confirmó que, en los próximos días hábiles, se presentará ante los tribunales federales para denunciar, desde su lugar de funcionaria pública, tanto a Sturzenegger como a su esposa, por considerar “irregular” la contratación de la entidad que comanda Rouillet, con el objetivo de prestar capacitaciones en idioma inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Pablo Quirno.

 #AgenciaNA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

Esta entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020. 

La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.

La adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.

En función de ese resultado, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación tanto a la OA como a la SIGEN y recomendó la adopción de un “mecanismo adicional de transparencia”, que en este caso fue la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada. Según consta en el expediente, la OA solicitó que, una vez firmado el instrumento, se le remitiera copia; posteriormente, Cancillería dejó asentado que el pacto fue efectivamente incorporado y comunicado a ese organismo.

El Pacto de Integridad es un acuerdo formal y obligatorio entre la entidad estatal contratante y la entidad contratada, diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.

La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista en el régimen de contrataciones del Estado para servicios considerados específicos. Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.

Además del expediente 2025/2026, el portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 que, según la ficha pública, fue autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024.

El objeto consignado es un “curso de capacitación”, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.

El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye:

Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.

Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.

Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El servicio incluye, además, plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como la provisión de bibliografía 2026, con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.

El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.

Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros, al inicio del ciclo lectivo 2026.

En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.

El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.

Con la incorporación del Pacto de Integridad y la comunicación a la Oficina Anticorrupción, Cancillería dio por cumplido el procedimiento previsto para los casos en los que se detectan vínculos personales relevantes entre funcionarios y proveedores del Estado. La adjudicación quedó firme y el contrato, habilitado para su ejecución por el plazo establecido.

Agencia Noticias Argentinas contactó al ministro Federico Sturzenegger y a Cancillería para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la contratación. Al cierre de esta nota no hubo contestación oficial.

AgenciaNa

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió este jueves la reforma laboral aprobada en el Senado y sostuvo que la iniciativa busca revertir un problema estructural del mercado argentino: la falta de generación de empleo formal.

“Esta ley viene a solucionar el problema de que en la Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales y hace una década que no se crean puestos de trabajo formales”, afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Según explicó Sturzenegger, la reforma se apoya en tres grandes líneas: la reducción de gravámenes sobre nuevos empleos, la modificación del sistema de negociaciones colectivas y la revisión de la denominada “industria del juicio”.

En relación a los impuestos laborales, aseguró que la norma busca terminar con lo que definió como el “carancheo” del Estado sobre los puestos de trabajo que se crean. “Se acabó el ‘carancheo’ del Estado con esos gravámenes sobre los puestos de trabajo que se crean”, sostuvo.

Respecto de las convenciones colectivas, explicó que el proyecto elimina el esquema de negociación única a nivel nacional y habilita convenios fraccionados, donde “el convenio menor va a prevalecer sobre el mayor para no tener un esquema rígido”. Además, señaló que se incorporó la posibilidad de crear sindicatos por empresa.

En cuanto al capítulo vinculado a los juicios laborales, el ministro aclaró que la ley no modifica la indemnización tradicional de un mes por año trabajado, sino que apunta a limitar criterios judiciales que, según su visión, incrementaban significativamente los montos finales.

“Esto reducirá los márgenes de incertidumbre para que no haya sorpresas” vinculadas a intereses o pagos de peritos, indicó. También destacó la incorporación de la caducidad de instancia, que fija un plazo de seis meses para evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente.

“Estos litigios podían durar para siempre y ahora tienen un plazo de reducción bastante rápido”, afirmó.

Otro de los puntos mencionados fue el Banco de Horas, una herramienta que permitiría mayor flexibilidad en la jornada laboral. Sturzenegger explicó que el objetivo es adaptar la modalidad de trabajo a las nuevas dinámicas.

“Si una persona quiere trabajar un día menos a la semana y lo puede compensar con más horas el resto de los días”, ejemplificó.

Finalmente, sostuvo que las reformas buscan adecuar la oferta laboral “al nuevo mundo del trabajo que es muy cambiante”, con la expectativa de que más personas puedan insertarse en el mercado formal.

El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva.

 Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Federal, afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”. 

El legislador fue categórico al señalar que los ataques del presidente Javier Milei hacia figuras como Paolo Rocca y el sector textil no son exabruptos, sino parte de una “estrategia para eliminar un entramado productivo” que la gestión considera un gasto.

 "Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria", disparó el diputado, vinculando esta tendencia a asesores oficiales que buscan transformar al país en un productor primario para pocos habitantes, ignorando la realidad de 50 millones de argentinos.

El dirigente de Encuentro Federal analizó la política de apertura comercial y la calificó como una "mirada estúpida" de libre mercado que no se condice con el proteccionismo que hoy aplican potencias como Estados Unidos. En ese sentido, cuestionó que el alineamiento con Donald Trump “no se traduzca en una defensa de la producción propia”, destacando que “el acero y el aluminio nacional siguen sufriendo aranceles del 50%” mientras el mercado interno es "devastado" por productos chinos. 

"La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith", denunció Pichetto, quien también advirtió que la reforma laboral carecerá de impacto real si se mantiene la recesión y los salarios de miseria._

En términos institucionales, Pichetto calificó la renuncia de Marco Lavagna al INDEC como un “golpe a la confianza internacional” y rechazó la creación de oficinas oficiales para hostigar al periodismo, tildando estas prácticas de "propias de modelos altamente autoritarios". 

Finalmente, el legislador envió un mensaje hacia la interna del peronismo, instando a su espacio a modernizarse y dejar atrás consignas que considera terminadas. "El Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública. El peronismo tiene que volver a recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si quiere ser alternativa de poder", concluyó.

AgenciaNa

El Gobierno Nacional extendió la suspensión de las contrataciones del sector público, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal. 

Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”. 

En base a lo detallado en el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público; los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales; las designaciones transitorias en cargos de planta permanente; las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Asimismo, el decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas enumera: 

Fuerzas Armadas 

Universidades nacionales

Fuerzas de Seguridad

Servicio Penitenciario Federal

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

Cuerpo de Guardaparques Nacionales

 Personal de hospitales nacionales 

Institutos de investigación del Ministerio de Salud

Personal de gabinete

Designaciones para cubrir cargos ejecutivos 

Jefaturas (SINEP), entre otras. 

En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026.

Sin embargo, no se contabilizan bajas producidas por planes de retiro voluntario u acuerdos de desvinculación. Además, cada alta deberá contar con validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. 

AgenciaNA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió a los argentinos que viajan al exterior al calificarlos como "héroes de la producción", por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país.

En un posteo realizado en su cuenta de X, Sturzenegger se diferenció de la idea de que el gasto de divisas en turismo es un despilfarro y aseguró que la demanda de dólares generada por los viajeros es clave para sostener la competitividad exportadora del país.

X  Federico Sturzenegger

Al desarrollar su postura, el ministro cuestionó que “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”, indicando que se trata “casi un crimen de lesa humanidad”.

Sin embargo, de acuerdo a su visión “es exactamente al revés”, asegurando que “son héroes de la producción”, lo que argumentó apoyándose en la balanza comercial y la necesidad de mantener un mercado de divisas abierto.

Al respecto, manifestó que “los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, señalando que esto sucede porque “cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto”, a partir de que “la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”.

Sobre este aspecto, Sturzenegger precisó que “muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, contraponiendo que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.  

De esta manera, sostuvo que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”, remarcando que “por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”.

En este contexto, puntualizó que “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”, asegurando que “hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”.

El funcionario vinculó el bajo desempeño exportador nacional con la gestión de Juan Domingo Perón, indicando que “cerrarse al comercio te empobrece” y remarcando que “hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”.

En su análisis, valoró a quienes deciden vacacionar fuera del país expresando que “felicitemos a los argentinos que viajan al exterior”, al considerar que “son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el presidente Javier Milei”.

El planteo público de Sturzenegger, se da después de que el Banco Central (BCRA) modifique la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. Este cambio ocurrió a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y modificó la manera en que las estadísticas oficiales muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.__IP__

Ahora se excluyen los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permite exhibir un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos. Al respecto, Scioli indicó que “nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología, a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”.

Según el funcionario, el saldo negativo también mostró una reducción considerable: “pasando de -9.983 millones de US$ con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de US$ con la metodología nueva”.

La controversia política sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno escaló luego de que el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sugiriera que la legislación tendría carácter retroactivo, contradiciendo declaraciones previas de otros funcionarios.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT (Confederación General del Trabajo), respondió al ministro, acusándolo de cometer un "sincericidio" que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

"Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos", afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.

El eje central de la disputa es si la "modernización laboral" afectará solo a las futuras contrataciones o si regirá para todas las relaciones laborales ya existentes. Diversos voceros del Gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solo aplicaría para contratos pactados después de su sanción.

Jerónimo advirtió que las declaraciones de Sturzenegger demuestran que el oficialismo está "mintiendo" sobre el alcance de la reforma. "El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo", advirtió el dirigente gremial.

El jefe sindical criticó la iniciativa calificándola de "regresiva" y reafirmó la postura de la CGT: se trata de una "quita de derechos individuales y colectivos".__IP__

El triunviro aclaró que, si bien la central obrera había participado inicialmente en el Consejo de Mayo (el órgano consultivo de la reforma) a través de Gerardo Martínez (UOCRA), se retiró en cuanto comenzaron a plantearse "cosas ilógicas".

Jerónimo enfatizó que el gremialismo está dispuesto a debatir la modernización del mundo del trabajo, pero rechazó la forma en que se está llevando a cabo: "Nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal", concluyó. #AgenciaNA 

La ex presidenta Cristina Kirchner acusó este miércoles al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger de ser el responsable de las muertes por fentanilo contaminado, en el marco del encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar.

A través de un mensaje de audio, la ex mandataria recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 98 muertos por consumir la droga adulterada.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, sostuvo la ex jefa de Estado.

Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.

Además, hizo mención al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios y dijo que no se trata de un “relato kuka”. 

“Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, describió CFK.

También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei: “Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo trece días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.

Federico Sturzenegger, “el titán” de Javier Milei, está en la mira de varios diputados nacionales que entienden que sus acciones desreguladoras son piezas fundamentales para crear las condiciones necesarias de la crisis por presuntas coimas en la administración libertaria.

Su afán desregulador y desmaterializador de varias oficinas del Estado es compartido por funcionarios del ministerio de Economía de Luis Caputo como el titular de ARCA, Juan Pazo, que insiste en aumentar los salarios de sus trabajadores por debajo de la inflación mensual real. O sea, la que se siente en el bolsillo de los trabajadores no la que tabula el INDEC.

El caso de la agencia nacional de discapacidad (Andis) es el más notorio donde el achique del Estado pensado desde las oficinas del ministro de Transformación estatal, Federico Sturzenegger, generó un desmantelamiento de las auditorías internas que podrían haber allanado el camino hacia el presunto hecho de cohecho que investiga el juez federal Sebastián Casanello.

La realidad indica que el ex titular de la agencia de discapacidad, Diego Spagnuolo, entendía poco y nada de su materia, pero, como buen abogado, sabía que había que cubrirse de alguna manera las espaldas ante lo que entendía como hechos de corrupción que se producían sin que pudiera hacer mucho.

Las averiguaciones realizadas en ese sentido en cafés públicos o en oficinas con terceras personas, llevaron a que fuera fácilmente grabado por expertos en pseudo espionaje, en un hecho que explotó a pocas semanas de una elección nacional.

El año pasado Spagnuolo, de habitual diálogo con Javier Milei en la Residencia de Olivos, analizó que en el área del plan de alto gasto y baja incidencia conocido por sus siglas como Pacbi, es el corazón de su oficina por el presupuesto que administra.

En el Pacbi, las licitaciones parecen no haberse llevado a cabo, a lo sumo se produjo algún tipo de compulsa de precios, pero, según trascendió por ex directivos de la agencia, se hacían compras directas a droguerías con las que se venía trabajando previamente.

Esta probable irregularidad se potenció con la decisión del ministro Sturzenegger de pasar la motosierra por la agencia utilizándola especialmente en la unidad de auditoría interna que de 16 profesionales pasó a 4 o 5 por lo que los controles se relajaron notablemente.

Algo similar parece haber sucedido en el IOSFA, la obra social de los militares, que tiene varios contratos por compulsa de precios con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios, y con otras droguerías más.

Por ese organismo que depende del ministro de Defensa, Luis Petri, pasaron tres titulares y la más nueva es Betina Surballe que señaló que el vínculo comercial con la droguería Suizo Argentina es “previo a la actual gestión”.

Resta saber si habla de la gestión presidencial de Milei o de la suya que fue precedida en la obra social por Roberto Fiochi. El comunicado no lo explica, pero Fioschi realizó declaraciones al diario Los Andes y entiende que la relación comercial de la empresa del sector farmacéutico con el IOSFA viene de hace muchos años.

“En mi etapa solamente adjudiqué una licitación por 30.000 millones de pesos, que se dividió entre seis droguerías, entre ellas Suizo Argentina. A esta se le compró una parte muy pequeña de los medicamentos”, afirmó.

Actualmente, IOSFA mantiene registros de compra con 56 droguerías, en un esquema en el que participan más de 85 laboratorios y proveedores. Según el organismo, hoy están vigentes ocho licitaciones y dos próximas a adjudicarse, sin participación de Suizo Argentina.

La crisis de la obra social IOSFA, por la que muchos analistas militares no dudan en afirmar que la gestión de Luis Petri es una de las peores en mucho tiempo, acumula una deuda superior a los 160.000 millones de pesos.

Mientras que en la actualidad el pasivo volvió a subir por el ascensor, al cierre del año 2023 el balance de IOSFA indicaba que el total de los pasivos fue cercano a los 66 millones de pesos y “experimentaron una disminución de −35.777.978.074,60 comparados en moneda homogénea con el ejercicio anterior, al pasar de 102.468.014.766,63 al cierre de 2022 a 66.690.036.692,03 al cierre del ejercicio 2023”.

En la Aduana, el maltrato a sus trabajadores es similar al que sufren varios de los integrantes de los inspectores impositivos.

Numerosos profesionales de ARCA prefirieron solicitar el retiro ante el desincentivo para investigar que supone cobrar salarios que en el sector privado pueden remunerarse hasta cinco veces más.

“Hablamos de profesionales muy valiosos, aquellos que investigan grandes causas de evasión impositiva o investigadores de operaciones financieras en la nube que, en la actualidad, mientras se desenvuelve la cuarta revolución industrial que implica nuevos servicios financieros en línea, se hacen cada vez más difícil de perseguir favoreciendo a los inescrupulosos y a los que sacan ventaja de un Estado al que comienzan a pasar por arriba”, señaló Julio Estévez (h) de la Asociación de Empleados Fiscales (AEFIP).

Junto al gremio aduanero Supara viene de denunciar lo que consideran un atropello a las convenciones colectivas de trabajo por los magros aumentos que perciben los trabajadores.

A pesar de sus funciones, los aduaneros y los recaudadores no escapan a las generales de la ley de recibir aumentos que apenas superan el 1% mensual en áreas del estado.

“AEFIP cumple 10 años de vida y nunca vivimos esta situación de desinterés por el trabajador impositivo y aduanero. Además, el otro gremio AEFIP no hace demasiado por revertir esta situación que desfinancia a las familias aduaneras e impositivas y genera que los chorros de este país se froten las manos por la desidia del gobierno por incrementar los controles”, afirmó Estévez (h).

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un "ruidazo" en la Parque Tecnológico Miguelete en contra del "desguace y vaciamiento" del organismo tras lo cual se movilizarán al Congreso de la Nación con el fin de apoyar la derogación del DNU impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger que modifica su estructura de manera integral.

La anulación del Decreto 462/25 integra el temario de la sesión solicitada por 39 diputados de diversas fuerzas políticas que se tratará hoy en el Congreso. La normativa dispone la disolución en la práctica del INTI, "eliminando su autonomía y autarquía indispensables para que pueda cumplir con sus funciones de investigación, desarrollo y asistencia a las pymes y industria".

"El INTI, como otros organismos, es necesario para garantizar la calidad y seguridad de los productos para toda la población", indicaron sus trabajadores.

Según los miembros del Instituto, el Decreto firmado por el presidente Javier Milei, el pasado 8 de julio como parte de las facultades delegadas, "pone en riesgo 1140 puestos de trabajo del principal organismo de ciencia y técnica", ya que se señalan como "prescindibles" dentro del texto de la normativa.

Bajo los lemas "el INTI no se toca" y "agosto sin decreto", los trabajadores del organismo marcharán hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde se unirán junto a otros organismos y colectivos como el INTA, Vialidad Nacional, personalidades de la cultura, profesionales del Hospital Garrahan y universidades nacionales, quienes también les reclamarán a los legisladores que traten sus problemáticas en el temario de Diputados.

NA

El ministro de Desregulación de Estado, Federico Sturzenegger, publicó hoy una foto con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos en la que aparece un libro de microeconomía. 

La publicación se da en medio de un robustecimiento del vínculo entre el mandatario nacional y el funcionario, quien, junto a su equipo, fue agasajado el fin de semana pasado en la Casa Rosada tras la finalización de las facultades delegadas. 

En el posteo, Sturzenegger escribió: "Tarde de trabajo con el presidente @JMilei. Sobre desregulaciones y sobre como comunicar los beneficios de una sociedad más libre. VLLC!". 

X de Fede Sturzenegger

La conclusión del período extraordinario que le otorgó el Congreso a Milei fue el 8 de julio, a partir de la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27742/2024).

Durante un año, estas facultades fueron la herramienta principal para una ambiciosa reestructuración del Estado, con el objetivo de “fomentar la libertad económica y reducir el intervencionismo estatal”. Sturzenegger fue quien encabezó esa tarea. 

El presidente Javier Milei regresará hoy al país tras finalizar su gira internacional más extensa, y se dispondrá a agilizar la firma de una serie de decretos que vencerán el próximo 8 de julio. Estas medidas, que incluirán recortes, cierres de organismos y reformas estructurales, serán consideradas fundamentales por el Gobierno antes del recambio legislativo.

En la Casa Rosada, las expectativas políticas se centrarán en el calendario, ya que restarán menos de cuatro semanas para que expiren las facultades delegadas que otorga la Ley Bases. El Poder Ejecutivo requerirá la rúbrica presidencial para concretar una batería de decretos antes de la fecha límite.

Fuentes oficiales confirmaron que, al menos, trece decretos ya se encontrarán redactados y listos para su promulgación. Estas normativas abordarán la reducción del gasto público, el cierre de diversos organismos estatales y una profunda centralización de las funciones gubernamentales. La urgencia en su implementación responderá a la inminente finalización de las atribuciones extraordinarias que el presidente obtuvo con la sanción de la Ley Bases en 2024, las cuales le permitirán sortear el proceso legislativo en ciertas áreas.

Entre las medidas más destacadas, publica Infobae, se encontrará la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta reforma podría implicar despidos de personal, la venta de inmuebles y una transformación integral de su gobernanza. Asimismo, otros organismos bajo revisión serán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También se encontrará en la mira el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación aún no será reglamentada, pese a que su anuncio se realizó meses atrás.

Las carteras ministeriales con el mayor volumen de reformas pendientes serán Salud, Capital Humano y Economía. Sin embargo, funcionarios del Gobierno reconocerán que cada decreto atravesará un extenso proceso de revisión legal, lo que complejizará su implementación dentro de los acotados plazos establecidos. Adicionalmente, desde el área de comunicación libertaria se señalará la posibilidad de que los anuncios se posterguen debido al feriado y a una eventual detención de Cristina Kirchner, lo que podría alterar la agenda mediática.

Las reformas planificadas también apuntarán a la reducción del personal estatal. En el último año, la planta de empleados públicos descendió de 322.000 a 292.000. Paralelamente, se mantendrá congelado el salario de los altos funcionarios desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas continuarán reclamando actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.

La incógnita principal residirá en el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, una vez que venzan las facultades delegadas. Si bien podría mantener funciones consultivas, su capacidad real para impulsar cambios se verá considerablemente reducida.

Institutos históricos serán fusionados, otros disueltos, y museos y organismos como el INT o la Conabip verán recortes y cambios de estatus. La Secretaría de Cultura, bajo el ala de Karina Milei, concentra poder y da forma a una nueva estrategia ideológica.

Una nueva ofensiva del gobierno nacional sacudió al sector cultural con la decisión de fusionar, disolver y centralizar organismos históricos, artísticos y patrimoniales. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y tiene como objetivo "maximizar la eficiencia" y reducir estructuras consideradas "sobredimensionadas".

La Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli y bajo la órbita directa de Karina Milei, concentrará el control de los organismos afectados.

Uno de los cambios más significativos es la pérdida de autonomía del Museo Nacional de Bellas Artes, que será centralizado y pasará a depender de la Subsecretaría de Patrimonio, dirigida por Liliana Barela.

También serán reorganizados:

Cinco institutos nacionales dedicados al estudio de figuras históricas serán fusionados en un nuevo organismo unificado. 

Se trata de los institutos:

Las funciones de estos institutos  se concentrarán en el nuevo Instituto Nacional de Investigaciones Históricas.Según el gobierno, esta medida busca jerarquizar el estudio de próceres y ampliar el foco a otras figuras del pasado argentino. No se descarta que se incluya a expresidentes recientes como Carlos Menem.

La decisión más polémica es la disolución del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que desde la reestructuración del Estado dependía del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.Aunque no pertenecía a la Secretaría de Cultura, su eliminación es interpretada como un fuerte mensaje ideológico en el marco de la “batalla cultural” que el gobierno lleva adelante.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) dejará de ser un organismo descentralizado y se convertirá en una Dirección Nacional bajo la órbita directa de Leonardo Cifelli.El cambio implica la eliminación del Consejo Directivo y de los 24 delegados provinciales, lo que, según el gobierno, generará un ahorro de más de 150 millones de pesos anuales.El nuevo director será Federico Brunetti, mientras que el actual titular del INT, Mariano Stolkiner, pasará a integrar el gabinete del secretario de Cultura.

La Conabip mantendrá su mecanismo de financiamiento y el fondo especial creado por ley seguirá vigente. El gobierno aseguró que el federalismo no será afectado. 

En tanto, el Instituto Nacional de Estudios Eva Perón, cuya colección pertenece a la familia, pasará a tener una estructura formal de Museo Nacional, al igual que el Instituto Sanmartiniano.

Aunque se conservarán las partidas presupuestarias para las funciones específicas, la reestructuración pone en duda la continuidad de numerosos cargos. La reducción de estructuras y la eliminación de consejos pagos deja al personal bajo la amenaza de recortes, en especial en áreas administrativas.

La reestructuración dispuesta por Sturzenegger es una pieza clave en el engranaje de la "batalla cultural" que Karina Milei lidera desde la Secretaría General de la Presidencia.Con una narrativa centrada en la eficiencia y el achicamiento del Estado, el gobierno busca también redefinir el rol de la cultura en la identidad nacional. Mientras tanto, crecen las voces críticas que alertan sobre la pérdida de autonomía institucional, la concentración de poder y los posibles despidos.

Los exdirectores ejecutivos del Instituto Nacional del Teatro (INT), Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino yGustavo Uano,  manifestaron su “más enérgico repudio” a la decisión del Gobierno Nacional de degradar y centralizar el organismo, creado por ley para fomentar y acompañar el desarrollo del teatro independiente en todo el país.

A través de un comunicado conjunto, los exfuncionarios advirtieron que la medida implica un “grave ataque a la cultura nacional” y pone en riesgo no solo la institucionalidad del INT, sino también miles de fuentes de trabajo y la vitalidad de una de las expresiones más representativas del arte argentino.

Desde su creación, el INT se constituyó como una política pública ejemplar en el ámbito de las artes escénicas. Su carácter descentralizado, federal y colegiado permitió que miles de proyectos, festivales, espacios y comunidades teatrales florecieran en todas las provincias, consolidando una red cultural de alcance nacional.

“La modificación de su estructura atenta directamente contra la Ley 24.800 y contra el espíritu democrático y colectivo que dio origen al Instituto, tras décadas de debate y consensos federales”, expresaron los firmantes.

Según el pronunciamiento, la reestructuración del INT no solo implicaría la desfinanciación del sector, sino también la paralización de sus actividades y una “enorme pérdida de fuentes de trabajo en todo el país”.

Para los exdirectores, esta medida representa un retroceso profundo que afecta la inclusión, la diversidad y el acceso a la cultura, valores que el teatro independiente ha defendido históricamente.

Finalmente, los exfuncionarios expresaron su solidaridad con las comunidades teatrales de todo el país, que se han movilizado en defensa del Instituto. “Nos unimos al reclamo para que no se condene a la desaparición a una institución que representa una de las políticas culturales más valiosas y democráticas de la República Argentina”, concluye el documento.

Institutos históricos serán fusionados, otros disueltos, y museos y organismos como el INT o la Conabip verán recortes y cambios de estatus. La Secretaría de Cultura, bajo el ala de Karina Milei, concentra poder y da forma a una nueva estrategia ideológica.

Una nueva ofensiva del gobierno nacional sacudió al sector cultural con la decisión de fusionar, disolver y centralizar organismos históricos, artísticos y patrimoniales. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y tiene como objetivo "maximizar la eficiencia" y reducir estructuras consideradas "sobredimensionadas".

La Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli y bajo la órbita directa de Karina Milei, concentrará el control de los organismos afectados.

Uno de los cambios más significativos es la pérdida de autonomía del Museo Nacional de Bellas Artes, que será centralizado y pasará a depender de la Subsecretaría de Patrimonio, dirigida por Liliana Barela.

También serán reorganizados:

Cinco institutos nacionales dedicados al estudio de figuras históricas serán fusionados en un nuevo organismo unificado. 

Se trata de los institutos:

Las funciones de estos institutos  se concentrarán en el nuevo Instituto Nacional de Investigaciones Históricas.Según el gobierno, esta medida busca jerarquizar el estudio de próceres y ampliar el foco a otras figuras del pasado argentino. No se descarta que se incluya a expresidentes recientes como Carlos Menem.

La decisión más polémica es la disolución del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que desde la reestructuración del Estado dependía del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.Aunque no pertenecía a la Secretaría de Cultura, su eliminación es interpretada como un fuerte mensaje ideológico en el marco de la “batalla cultural” que el gobierno lleva adelante.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) dejará de ser un organismo descentralizado y se convertirá en una Dirección Nacional bajo la órbita directa de Leonardo Cifelli.El cambio implica la eliminación del Consejo Directivo y de los 24 delegados provinciales, lo que, según el gobierno, generará un ahorro de más de 150 millones de pesos anuales.El nuevo director será Federico Brunetti, mientras que el actual titular del INT, Mariano Stolkiner, pasará a integrar el gabinete del secretario de Cultura.

La Conabip mantendrá su mecanismo de financiamiento y el fondo especial creado por ley seguirá vigente. El gobierno aseguró que el federalismo no será afectado. 

En tanto, el Instituto Nacional de Estudios Eva Perón, cuya colección pertenece a la familia, pasará a tener una estructura formal de Museo Nacional, al igual que el Instituto Sanmartiniano.

Aunque se conservarán las partidas presupuestarias para las funciones específicas, la reestructuración pone en duda la continuidad de numerosos cargos. La reducción de estructuras y la eliminación de consejos pagos deja al personal bajo la amenaza de recortes, en especial en áreas administrativas.

La reestructuración dispuesta por Sturzenegger es una pieza clave en el engranaje de la "batalla cultural" que Karina Milei lidera desde la Secretaría General de la Presidencia.Con una narrativa centrada en la eficiencia y el achicamiento del Estado, el gobierno busca también redefinir el rol de la cultura en la identidad nacional. Mientras tanto, crecen las voces críticas que alertan sobre la pérdida de autonomía institucional, la concentración de poder y los posibles despidos.