Chantal “Tati” Leclercq, una joven residente del Hospital Rivadavia, se encuentra en el centro de una investigación judicial relacionada con el caso de Alejandro Zalazar, el anestesista que fue encontrado muerto por sobredosis de propofol y fentanilo. A pesar de que no está formalmente imputada, Leclercq fue allanada recientemente en su vivienda, ubicada en un country de Tigre, donde se le secuestraron dispositivos electrónicos, como su celular y tablet, que serán peritados por las autoridades.

La investigación comenzó tras la muerte de Zalazar, quien fue hallado en su departamento con una vía conectada a su pie derecho y sustancias ilícitas como el propofol y midazolam. Aunque no se encontró medicación ilícita en la casa de Leclercq, la joven médica ha sido mencionada por un superior del Hospital Rivadavia en una denuncia relacionada con el robo de medicamentos. La Asociación Argentina de Anestesiología (AAARBA) vinculó a Leclercq con Delfina Lanusse, otra residente investigada por el Hospital Italiano en una causa que también aborda el hurto de sustancias anestésicas.

El allanamiento de Leclercq fue solicitado por el fiscal Eduardo Cubría, quien la identificó como una testigo y no como una imputada en la causa por la muerte de Zalazar. La joven, quien se graduó en 2022 en la Universidad Austral, ha mantenido una relación cercana con Lanusse desde sus años de estudio, lo que ha generado aún más sospechas en torno a su participación en el caso.

Leclercq reconoció en entrevistas anteriores su consumo de propofol y otras sustancias de uso quirúrgico en conjunto con Lanusse. En un encuentro con la Asociación de Anestesia, la residente detalló que ambos consumían medicamentos fuera del ámbito hospitalario, admitiendo que sustrajo estos fármacos del hospital para consumo personal.

Los eventos relacionados con el uso de estas sustancias se conocen como las “Fiestas del Propofol”, en las que se realizaban encuentros privados donde se vendían experiencias con supervisión médica improvisada. En estos encuentros, se dosificaban los fármacos y se mantenía un equipo médico preparado para asistir en caso de emergencias respiratorias, como la apnea que podría derivar en paro respiratorio.

A pesar de la información que ha surgido sobre estos eventos ilícitos, Leclercq no ha sido acusada formalmente y sigue siendo investigada. Las autoridades esperan resultados claves de las pericias toxicológicas y los análisis de las sustancias incautadas en la investigación sobre la muerte de Zalazar.

La Justicia sigue investigando las circunstancias de la muerte por sobredosis de Alejandro Zalazar, el anestesista hallado muerto en su departamento en Comodoro Rivadavia. El caso ha dado un giro importante con la aparición de las filmaciones de seguridad que muestran a Chantal Leclercq y Delfina Lanusse, residentes médicas, entrando y saliendo del departamento de Zalazar horas antes de que fuera encontrado muerto.

Las imágenes muestran a las dos médicas acompañadas de otras dos mujeres, mientras que en uno de los videos se ve a Lanusse salir con un objeto en la mano, que según los investigadores, podría ser una tablet de Zalazar. La última persona en salir del lugar fue Leclercq, y ahora las autoridades buscan determinar qué ocurrió durante su visita a la vivienda.

En el mismo contexto, Julieta Zalazar, hermana del anestesista, reveló que cuando llegó al departamento de su hermano para ver por qué no respondía, Leclercq ya se encontraba en el hall del edificio. La mujer también denunció que Chantal Leclercq manipuló el celular de Zalazar cuando ya estaba muerto, antes de la llegada de la Policía, lo que ha generado aún más sospechas.

La autopsia reveló que Zalazar murió por una sobredosis de propofol y fentanilo, lo que ha enfocado la atención en el entorno de Leclercq y Lanusse, quienes ahora son investigadas por robo de medicamentos de hospitales. En una entrevista previa, Leclercq admitió haber consumido propofol en una ocasión con Zalazar, un hecho que se suma a las irregularidades en la gestión de medicamentos dentro del sistema de salud.

Además, Leclercq reconoció durante una reunión con la Asociación de Anestesia que ella y Lanusse consumieron sustancias de uso quirúrgico, como propofol, ketamina y fentanilo con fines recreativos. También confesó que estos medicamentos fueron sustraídos del Hospital Rivadavia, aunque aseguró que el consumo se realizó fuera del ámbito institucional.

En las últimas horas, las autoridades realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a Leclercq, incluyendo un departamento en Buenos Aires y otro en Tigre, pero no encontraron medicamentos en ninguno de los domicilios. Sin embargo, se secuestraron dispositivos electrónicos, como celulares y tablets, cuyo contenido podría ser clave para esclarecer los hechos.

La investigación continúa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que está analizando los testimonios y pruebas, y está claro que la muerte de Zalazar podría haber sido el resultado de un complejo entramado de abuso de medicamentos y mala praxis en el ámbito hospitalario.

En el marco de la causa que investiga presuntas fiestas privadas donde se utilizaban fármacos como fentanilo y propofol, la Justicia ordenó este miércoles un allanamiento en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo en la sede ubicada en calle Juan Felipe Aranguren al 1300, en el barrio porteño de Caballito, y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. Según trascendió, el objetivo principal es secuestrar actas de reuniones y otro material relevante vinculado a los profesionales imputados en la causa.

La investigación apunta contra Delfina Lanusse y Hernán Boveri, acusados de administración fraudulenta de drogas en el contexto de encuentros privados donde se habrían utilizado insumos médicos provenientes del Hospital Italiano.

Desde la institución aclararon que no se encuentran imputados en el expediente, sino que se presentaron como denunciantes junto al hospital. El abogado de la entidad, Eduardo Gerome, aseguró que el allanamiento los tomó por sorpresa, aunque remarcó la voluntad de colaborar con la Justicia.

🔹Asociación de Anestesistas: "Somos denunciantes"El abogado Eduardo Gerome aclaró la postura de la institución, ante el escándalo de los médicos "dealers".📌Con Lola Echart en LN+ pic.twitter.com/tvEdWcYuPS

“Se hizo de inmediato la denuncia cuando se tomó conocimiento de los hechos. Se aportó toda la información disponible y ahora se está reuniendo la documentación requerida”, explicó el letrado.

Además, sostuvo que la Asociación es “la más interesada en que la causa avance”, y que el procedimiento judicial apunta a recolectar elementos que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Según detalló Gerome, las autoridades de la Asociación convocaron a los profesionales involucrados para que dieran explicaciones tras conocerse los hechos, aunque aclaró que esos encuentros forman parte del ámbito privado.

También indicó que la institución aún no tomó medidas disciplinarias, a la espera de que la Justicia avance en la investigación.

En cuanto a los imputados, ambos ya fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y negaron las acusaciones. Además, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país mientras continúa el proceso.

La causa busca determinar si existió un esquema organizado de utilización de medicación hospitalaria en contextos no autorizados, lo que podría configurar delitos vinculados al manejo indebido de sustancias médicas.

La Auditoría General de la Nación avanza en una auditoría sobre la ANMAT en el marco de la causa por fentanilo contaminado, y convocó a familiares de víctimas a participar de un taller para definir los lineamientos del proceso.

El encuentro se realizará este jueves 26 de marzo a las 10:30 en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, con el objetivo de diseñar una auditoría de gestión con participación ciudadana.

Desde la AGN señalaron que la convocatoria se da en un escenario marcado por una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales, incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME.

“El proceso busca avanzar en respuestas concretas ante una situación que aún no ha generado cambios estructurales”, indicaron en el comunicado.

La investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, expuso una serie de fallas en el sistema sanitario.

Según los informes, el caso dejó al descubierto problemas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y deficiencias en el sistema de trazabilidad y retiro del producto.

De acuerdo con los datos relevados por la Justicia Federal, el episodio dejó 111 víctimas fatales. El análisis incluyó 159 casos, de los cuales 48 pacientes lograron sobrevivir.

En la causa hay 14 personas procesadas y detenidas, entre ellas Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

El empresario fue señalado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, en una investigación que apunta a fallas graves en el proceso de fabricación del lote involucrado.

Según el expediente, la contaminación del fármaco se produjo en un contexto de múltiples irregularidades y alertas que no fueron atendidas a tiempo.

La inclusión de familiares en el proceso de auditoría busca aportar una mirada directa sobre las consecuencias del caso y fortalecer los mecanismos de control estatal.

El avance de la AGN se presenta como un paso clave para evaluar responsabilidades y mejorar los sistemas de regulación sanitaria.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, presentó este viernes un proyecto de ley para establecer el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, en referencia al inicio de la investigación judicial que expuso la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de la ANMAT.

La iniciativa, a la que accedió Noticias Argentinas, busca que el Estado incorpore actividades oficiales y acciones de concientización para fortalecer los sistemas de control, promover la memoria y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

Al fundamentar el proyecto, Valdés señaló que el 13 de mayo representa “el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”.

Según el texto presentado, cada año deberán realizarse jornadas de memoria, prevención y sensibilización en hospitales, universidades y organismos estatales, además de la publicación del Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por la ANMAT.

El proyecto también establece la realización de un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias, con el fin de mantener presente lo ocurrido y reforzar la responsabilidad estatal en materia de control farmacológico.

Entre las acciones previstas, la propuesta de Valdés incorpora la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias vinculadas a medicamentos adulterados.

“El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, afirmó el legislador.

Valdés integró la comisión investigadora especial que esta semana presentó un informe final con 20 recomendaciones para mejorar los controles estatales, las alertas sanitarias, la trazabilidad de los medicamentos y la seguridad de los procedimientos.

La comisión especial de seguimiento e investigación sobre fentanilo contaminado y/o adulterado de la Cámara de Diputados culminó este martes su tarea y alumbró 20 recomendaciones a partir de los hechos analizados y de los aportes de la Justicia.

El juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak es el encargado de investigar la muerte de más de 100 personas por posible uso de ese medicamento en distintos centros de salud. Su testimonio en la comisión, el 19 de noviembre, fue clave para desentrañar la cronología de los hechos que llevaron a esta tragedia.

La comisión habilitó un plazo hasta el 9 de diciembre a las 9 para que diputadas y diputados sigan incorporando sus propios informes y sugerencias, mientras la causa judicial sigue adelante.

Mientras tanto, el grupo que sesiona con rigurosidad semanal desde medidos de septiembre, presidido por la rosarina Mónica Fein, expuso las recomendaciones que, se espera, se convertirán en leyes a tratar en la próxima conformación del Congreso.

La comisión estuvo integrada por todos los bloques y las principales autoridades representaron a diferentes bancadas: Fein por Encuentro Federal, Silvana Giúdici por La Libertad Avanza, y Victoria Tolosa Paz, por Unión por la Patria. Habrá que ver si la heterogeneidad que va a caracterizar a la Cámara baja desde el 10 de diciembre sostiene el consenso alcanzado hasta ahora para ir varios pasos hacia adelante y evitar que se repita un episodio similar.

El informe final recoge el aporte de familiares de víctimas, que presenciaron todos los debates; las conclusiones de los propios legisladores, y los testimonios de expertos y expertos, entre ellos autoridades del Hospital Italiano de La Plata, del Instituto Malbrán y, como se dijo, del juez Kreplak, y las respuestas por escrito de distintos organismos.

No asistieron, pesar de ser invitado en varias oportunidades, el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones, ni la titular de Anmat, Nélida Bisio.

El expediente tiene 13 cuerpos y terminará con más de 4200 fojas, luego de "un gran trabajo de la comisión que queda como aporte para el año próximo".

En este punto, se destacó especialmente el empeño puesto por asesores y legisladores, y la presencia de las familias, para concluir en este resultado colectivo que es "un punto de partida".

No pasaron inadvertidas las diferencias partidarias, aunque se aclaró que "hubo que ceder posiciones y quitar adjetivos para cumplir con lo que nos habíamos comprometido con las víctimas y la sociedad".

Para agregar consideraciones y posturas propias de los bloques, tal como anticiparon Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), queda abierto el plazo hasta el 9 de diciembre.

"Cada recomendación detalla los vacíos, debilidades o falta de claridad que hicieron que esta tragedia ocurra en la Argentina", explicaron antes de dar lectura a cada punto, sin descartar que aún con nueva conformación, debería funcionar una comisión de seguimiento para garantizar que los cambios en las leyes sean efectivos "y no sean vetados". "Esto no puede quedar en una condena por estrago a la salud pública; hay mucho más por investigar", se escuchó.

"Queremos que haya un antes y un después y que cambie el sistema de producción de medicamentos; el sistema de control sobre la calidad de clínicas, sanatorios y hospitales; el acompañamiento a las víctimas, y el rol del Estado para evitar que se repita" sintetizó Fein.

La comisión hizo las siguientes recomendaciones, que se reproducen de manera sintética, como medidas que busquen prevenir futuros casos.

- Establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides o fentanilo, como también la declaración de origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, construcción o ampliación del establecimiento.

- Fortalecer los controles sobre las transferencias comerciales de laboratorios que adquieren habilitaciones o licencia para la elaboración de inyectables de drogas exigibles de trazabilidad para uso hospitalario.

- Implementar un esquema de auditorías de buenas prácticas de manufacturas basadas en un escalonamiento proporcional al tamaño, nivel de riesgo y capacidad operativo de los laboratorios.

- Instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios a la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter preventivo a la producción de derivados de fentanilo.

- Crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides, estupefacientes,y medicamentos críticos (…) para evitar eventuales desvíos hacia circuitos no autorizados.

- Implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables opioides, estupefacientes y medicamentos críticos, desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, cadena de custodia y administración.

- Disponer la actuación y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud públicos y privados que incumplan la obligación de notificar en el SISA situaciones de contaminación como las que se presentaron en este caso.

- Requerir a la Anmat modificaciones del manual de buenas prácticas que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deben tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos.

- Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria.

- Encomendar la formación por ley de la Anmat, que hoy se rige por un decreto del año 1992.

 Establecer un sistema de incompatibilidades laborales temporales específicas para los altos funcionarios de la Anmat.

Ante el incumplimiento de las empresas, la recuperación de medicamentos la hará la autoridad de aplicación con cargo a la firma.

-Requerir al Ministerio de Salud de la Nación una red de articulación entre el sector público y privado con el objeto de homologar la comunicación y respuesta frente a una afectación general de la salud pública.

Requerir al Ministerio que promueva en el Cofesa la elaboración de pautas de control y alerta epidemiológico y/o eventos sanitarios masivos de obligatorio cumplimiento.

Requerir a las jurisdicciones mecanismos locales de control de la calidad de atención al paciente dentro de la institución sanitaria pública o privada.

Recomendar la adhesión a la disposición 6223/Anmat2025 que incorporó al fentanilo y otros ingredientes farmacéuticos de alto riesgo al sistema nacional de trazabilidad digital obligatorio.

Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y distribución que dispensan las provincias al sector púbico.

Fortalecer el sistema de control de infecciones y vigilancia epidemiológica, en el marco de la ley de resistencia antimicrobiana.

Digitalización obligatoria de historias clínicas.

Garantizar el cumplimento de ley 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas del delito.La 

Nancy Balza - El Litoral

La causa por el fentanilo contaminado, en la que se investigan 173 muertes, tiene nuevos avances ante la declaración de una testigo que confirmó que en el Laboratorio Ramallo sabían de la existencia de contaminación bacteriológica, pero continuaban fabricando para no detener las ventas.

Según confirmaron fuentes del caso, días atrás se supo, a través de la testimonial de una testigo, que en el laboratorio Ramallo, perteneciente al empresario Ariel García Furfaro, sabían de la cadena de negligencia y falsificación de resultados para no cesar con las ventas.

La testigo expuso frente al juez Ernesto Kreplak que durante el último tiempo se aceleraron los procesos y que todo era “ordenado desde arriba”, haciendo referencia a los accionistas.

Otro punto expuesto en la declaración es que, cuando inspectores de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) iban a realizar procedimientos en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, días antes desaparecían los “cuadernos donde se anotaban los resultados microbiológicos positivos”.

A principios de noviembre se dio a conocer un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el opioide contaminado fue el factor determinante en 38 muertes. 

Conforme al escrito al que accedió NA, a fines de octubre se realizó una actualización del primer informe dado a conocer por una junta médica sobre las muertes en la causa por el fentanilo adulterado y en esta ocasión se analizaron 20 casos más, lo que determinó un nuevo resultado alarmante.vuVUqA

De acuerdo a lo que se señala en el informe, en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”. Acerca de los dos casos restantes, se indicó que no se permitió establecer un vínculo directo.

Asimismo, se informó que, tras una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, se lograron recuperar más de 82 mil ampollas del fentanilo alterado. #AgenciaNA 

Más de 10 mil ampollas de fentanilo fueron secuestradas este miércoles en distintos hospitales, sanatorios y droguerías de la provincia de Santa Fe, en el marco de una serie de allanamientos ordenados por el Juez Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata, Ernesto Kreplak.

La Policía Federal Argentina encabezó los operativos, que alcanzaron a efectores públicos y privados en cuatro localidades.

Todas las ampollas incautadas pertenecen al lote 31.202, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en al menos diez establecimientos, entre ellos hospitales de alta complejidad y sanatorios privados. La distribución del material secuestrado fue la siguiente:

En total, fueron secuestradas 10.909 ampollas de fentanilo.

Los operativos se enmarcan en una causa federal que avanza bajo secreto de sumario. Las autoridades no detallaron por el momento el motivo del secuestro del lote completo, aunque la concentración del procedimiento en efectores de diferentes puntos del territorio provincial indica una línea de investigación amplia.

La causa de fentanilo contaminado, por la que se analiza la muerte de 173 pacientes, sigue adelante en varios planos.

En la Justicia la investigación está a cargo del Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Y en el Congreso Nacional sigue en funciones la comisión especial presidida por la rosarina Mónica Fein, que presentará sus conclusiones el próximo 9 de diciembre.

El objetivo es rendir cuentas del trabajo realizado hasta ahora, pero también aportar al debate de nuevas normativas para evitar que se repita una tragedia semejante.

En las últimas horas, se sumó a la agenda una reunión prevista para el miércoles próximo a las 11 en la Legislatura santafesina. En concreto, familiares de víctimas se reunirán con integrantes de la comisión de Salud Púbica y Asistencia Social de la Cámara baja provincial.

Es que, del registro total de víctimas que investiga la Justicia, 59 pertenecen a la provincia de Santa Fe. La gran mayoría, 49, fueron atendidas en Rosario.

Desde el primer momento, familiares de las víctimas constituyen un motor esencial en el avance de la causa y el 3 de noviembre participaron de la reunión de la comisión investigadora en la sede del Concejo Municipal de Rosario.

Allí estuvieron también Silvana Giúdice (LLA) y Victoria Tolosa Paz (UxP), vicepresidenta y secretaria de la comisión que fue creada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión del 17 de septiembre pasado.

Mientras tanto, en la reunión celebrada el 19 de noviembre, el juez Kreplak dio un detalle de los pasos que siguió la indagación, que aún está en curso.

Al próximo encuentro de la comisión, anunciado para el miércoles a las 9, fueron citados el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la titular de Anmat, Nélida Bisio.

El juez dejó en claro que “hay una causa en trámite”, que debía “garantizar el derecho de todas las partes” y que no diría “nada que pudiera afectar el éxito de la investigación”.

Sin embargo, explicó detalles de cómo se inició y continuó el proceso desde el 13 de mayo pasado cuando, por sorteo, se hizo cargo de la causa, tras la denuncia y posterior alerta lanzada por Anmat.

“Se trataba de un brote por dos bacterias detectadas solamente (hasta ese momento) en el Hospital Italiano de La Plata, donde daban cuenta de 15 pacientes afectados, 13 de ellos fallecidos”.

Las autoridades del Hospital, donde se halló la presencia de ampollas de fentanilo contaminado o adulterado, fueron las primeras en exponer en la comisión investigadora de Diputados.

En ese centro en particular se descubrió la presencia de un lote proveniente del Laboratorio HLB Pharma Group SA de Laboratorio Ramallo, de la sustancia contaminada con dos bacterias.

No obstante, ese centro de salud había adquirido 10 mil ampollas de las que utilizó 1300 y tenía 15 víctimas “y contando”, porque esa cifra siguió en aumento.

Luego se supo que el lote tenía 154 mil ampollas. Si 1300 habían producido 15 víctimas, era obvio que la afectación podía ser mucho mayor. La pregunta era dónde estaban el resto de las ampollas y quiénes las habían recibido.

“Aprendimos en pocos días que existe el concepto de campaña que, en producción de medicamentos, consiste en acondicionar un laboratorio para elaborar una determinada sustancia que no necesariamente es un único lote. Cuando se termina, se esteriliza y se dispone el laboratorio para otra sustancia”.

La campaña en la cual se había producido el fentanilo en cuestión concluyó con 6 lotes de ampollas, lo que daba un número de un millón de unidades.

“Advertimos que la magnitud de este problema era muy seria. Organizamos el juzgado en consecuencia, y requerimos informes específicos y técnicos de la Anmat”, que “no tenía información suficiente ni oportuna de lo que estaba ocurriendo con el medicamento producido. No sabía dónde estaban las ampollas de fentanilo”, precisó Kreplak.

Si bien el organismo había dictado la prohibición de uso del fentanilo HLB y de toda la medicación de esa firma en general, “dependía del propio laboratorio para recuperar esas sustancias”.

En la inspección de Anmat se recuperaron las muestras del lote que salió a la venta y así se confirmó que estaba contaminado. “Pero dependió de que los laboratorios conservaran esa información; el Estado no la tenía”, ratificó el magistrado, que sí destacó el trabajo del Instituto Malbrán en las pesquisas.

Luego se sumaron casos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), que reveló víctimas en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y CABA. “Pero no permitía saber dónde estaban el resto de las ampollas”.

"Eran 7 lotes, incluido uno de octubre de 2024 (el 31200). “En 187 establecimientos sanitarios de 13 jurisdicciones oficiamos a través de Policía Federal Argentina y establecimos cuál era el stock (de ampollas). Además, el juzgado se constituyó en depositario para que esas ampollas no se siguieran utilizando, aunque había un alerta de Anmat”.

Se peritaron ampollas de los 7 lotes; se descartaron 5 y se confirmaron 2. De uno de ellos (el lote 7) se encontraron la totalidad de las ampollas. Distinto fue el caso del lote 31202, con 154.530 ampollas, algunas de las cuales se aplicaron en el Italiano de La Plata.

Del total, 86 mil se libraron al mercado (centros de salud). De esa cifra, 85.848 fueron ubicadas en 51 centros de salud y dos droguerías. De las restantes “interpretamos que, si las habían adquirido y estaban en stock, habían sido administradas”.

¿Cuál es la cifra de casos no detectados por el SISA? Esa es la otra incógnita a despejar. “A todos los centros de salud que dieron cuenta de la administración de ampollas les exigimos que nos informen a quién se la habían suministrado y la situación de esas personas”.

La respuesta fue dispar: en algunos casos resultó “completa y exhaustiva y en otros no”, dijo Kreplak, para acotar que se recibieron declaraciones testimoniales de 41 directores médicos de centros de salud, de los cuales en 9 casos “las explicaciones no fueron satisfactorias”.

Por lo tanto, se pidieron las historias clínicas de la totalidad de los pacientes internados en el período de investigación para relevar a quiénes se les administró la droga.

“A la fecha estamos analizando cientos de historias clínicas con decenas de páginas de 5 centros de salud”, resumió. En 38 de las 40 evaluadas hasta el momento se confirmó que el uso del anestésico adulterado incrementó el riesgo de muerte.

La intención del Juzgado es analizar durante los próximos meses, incluyendo la feria judicial, las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, “para aproximarnos a un número final”.

“Hay una cantidad importante de sobrevivientes de la contaminación bacteriológica que también son víctimas de este suceso”, señaló el juez, quien confió en elevar la causa a juicio a mediados del año próximo.

Nancy Balza - El Litoral

Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de ley que busca otorgar una reparación integral a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fatales de la tragedia causada por fentanilo contaminado, ocurrida meses atrás tras la circulación de medicamentos adulterados en el mercado.

La propuesta, encabezada por el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria), establece una compensación económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, junto a un paquete de prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral.

El proyecto incluye una pensión vitalicia para hijos, hijas y cónyuges de personas fallecidas. En el caso de los menores, el beneficio podrá cobrarse hasta los 18 años —o hasta los 25 si estudian y presentan certificación académica.

También podrán acceder los cónyuges o convivientes que acrediten al menos dos años de vida en común previos al fallecimiento. Para los sobrevivientes que hayan sufrido secuelas, la reparación se mantendrá mientras dure la incapacidad laboral derivada de la intoxicación.

La iniciativa aclara que la subvención no será incompatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales.

Valdés sostuvo que la tragedia dejó al descubierto “la inoperancia estatal y la negligencia privada”, y subrayó que el proyecto apunta a brindar “justicia social a quienes quedaron desamparados”.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, agregó.

La ley plantea la creación del Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado, cuya implementación quedará a cargo del Ministerio de Capital Humano, en coordinación con las provincias afectadas.

Además, prevé la conformación de un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia y efectividad en la ejecución de la política.

La Comisión Investigadora de Fentanilo de la Cámara de Diputados volvió a citar, para la próxima semana, al ministro de Salud, Mario Lugones, "bajo apercibimiento", y decidió que el 9 de diciembre se presentará el informe sobre la investigación que realizó ese organismo parlamentario.

Si bien respondió por escrito un cuestionario, los legisladores no quedaron conformes con la ausencia de Lugones, de  la Administradora Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos,  Agustina Bisio, del Director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)  Gastón Morán,  y Juan Carlos Fernández (ANMAT).

Por ese motivo volvieron a citar a Lugones para el jueves 20 a las 11 a pedido del diputado massita Ramiro Gutierrez (UXP, quien dijo que el ministro incurre en los delitos de “desobediencia y ”ocultamiento".

"Pido nuevamente se vuelva a citar bajo apercibimiento de desobediencia y de ocultamiento al Ministro de Salud y al personal de la ANMAT ya que necesitamos interrogatorios libres de los funcionarios” afirmó Gutierrez.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, la socialista Mónica Fein, señaló que anoche le comunicaron que el ministro ni las autoridades de ANMAT concurrirán a la comisión pero que “se siguen poniendo a disposición”.

Detalló que tanto el ministerio de Salud como ANMAT enviaron anoche sus o a disposición”. Sin embargo, destacó que se habían recibido las respuestas de ampliación de la ANMAT que habían solicitado.

“Salvo de la provincia de Formosa, hemos recibido informes de Capital, Santa Fe y Córdoba. Hemos recibido las respuestas del Ministerio de Salud de la Nación que llegaron anoche”, explicó la titular de la comisión.

El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, dijo que "Son unos truchos los funcionarios que no dan la cara y es un delito. ¡Hay que traerlos de los pelos! El rol de esta comisión es dar la cara. Se adulteró un medicamento y le dan de respuesta a madres e hijos 26 páginas de morondanga. ¡No es capaz de mandar a un changuito cualquiera para dar explicaciones!".

Durante la reunión hubo un fuerte debate debido a que el libertario Gerardo Huesen planteó que también debe ser citado el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, hermano del juez que tiene a cargo su causa por el fentanilo contaminado.

De todas maneras, su flamante compañera del bloque Silvana Guidici (LLA) señaló que “los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que venir y los vamos a volver a citar” y pidió leer las respuestas que anoche envió esa cartera, que conduce Lugones.

El diputado de izquierda, Cristian Castillo, criticó la ausencia de los funcionarios al señalar que "es evidente que cuando se responde por escrito uno se está cubriendo de las posibles derivaciones. Yo los quiero tener cara a cara, hacer las preguntas, es mi responsabilidad como diputado y es la de ellos como funcionarios públicos”. NA

Un hombre acusado de proveer fentanilo de manera ilegal y vinculado a la muerte por sobredosis de una persona en agosto de 2023 fue detenido tras una investigación que llevó adelante la Fiscalía Federal Penal de Casos Complejos de Rosario, la Procaduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Gendarmería Nacional Argentina.

La pesquisa comenzó en julio de este año y permitió determinar que el sospechoso, empleado de un policlínico de PAMI en Rosario, se apropiaba de medicamentos de uso hospitalario —entre ellos ampollas de fentanilo— para comercializarlos en el mercado ilegal.

El operativo incluyó cinco allanamientos simultáneos: tres en Rosario (incluido el policlínico) y dos en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, en inmuebles vinculados a familiares del acusado.

En la vivienda del detenido, los gendarmes incautaron:

Además, el sospechoso fue arrestado al salir de su lugar de trabajo con ocho blíster de medicamentos en su poder. También se secuestró su vehículo Volkswagen Passat. En Concepción del Uruguay, los gendarmes hallaron en domicilios de sus familiares una pistola Bersa calibre .22 LR con 60 municiones.

El detenido está acusado de haber sido uno de los últimos en tener contacto con la víctima de 2023 que falleció por sobredosis de fentanilo. El caso se investiga como comercialización ilegal de estupefacientes y desvío de medicamentos hospitalarios, además de tenencia ilegal de armas.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia Federal, que dispuso la continuidad de las actuaciones y la detención preventiva del principal sospechoso.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital Iturraspe, un caso que encendió alertas en el ámbito sanitario y judicial por la peligrosidad de la sustancia y su posible desvío al mercado ilegal.

El fiscal regional Jorge Nessier confirmó que la denuncia fue presentada el 25 de agosto por el director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, y el presidente del Consejo de Administración, Germán Strasser. Desde ese momento, la causa quedó en manos de la fiscal Rosana Peresin, de la Oficina de Flagrancia e Investigación.

“Prácticamente a minutos de ingresada la denuncia se dio intervención a la fiscal, que comenzó con las tareas investigativas”, explicó Nessier, quien detalló que se analizan cámaras de seguridad, declaraciones ampliadas y medidas criminalísticas.

Según la investigación preliminar, las ampollas habrían desaparecido en dos momentos distintos y desde dos sectores diferentes de terapia intensiva. Las cámaras no captaron directamente el lugar donde se almacenaba el medicamento, pero sí los ingresos y egresos de personal, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia.

Por el momento, no hay personas imputadas. Nessier aclaró que no existen pruebas suficientes para atribuir la sustracción a personal interno ni a individuos externos, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Dada la sensibilidad del caso, se informó al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien investiga causas vinculadas con la adulteración de fentanilo. Sin embargo, Nessier aclaró:

“En principio acá no estamos ante la misma hipótesis, sino ante una sustracción sin destino aún determinado. Puede tratarse del mercado ilegal u otro destino”.

El fiscal agregó que el pequeño tamaño del material desaparecido —68 ampollas equivalen a tres blisters— podría haber facilitado su traslado.

Esta semana, la fiscalía tomó testimoniales al personal de Enfermería que estuvo de turno entre el 15 y el 20 de agosto, período en el que se detectó el faltante. Ya declararon las autoridades del hospital y los profesionales a cargo de terapia y quirófano, áreas donde habitualmente se administra el fentanilo.

La investigación continúa bajo reserva judicial, a la espera del análisis de las imágenes de video y de nuevos elementos probatorios.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital J.B. Iturraspe, un hecho de extrema gravedad por tratarse de un opioide de uso hospitalario que, en manos indebidas, puede resultar letal.

La causa está a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien dispuso las primeras medidas tendientes a preservar pruebas clave para el esclarecimiento del hecho.

La denuncia fue presentada este lunes por las autoridades del hospital, quienes alertaron sobre el faltante tras un control rutinario de stock en la Unidad de Terapia Intensiva.

El director del establecimiento, Francisco Sánchez Guerra, confirmó que se trató de una detección interna: “En el racconto habitual de medicamentos se detectó el faltante, se hizo el análisis administrativo de altas y bajas, y al confirmarse la ausencia se decidió notificar al Ministerio, iniciar un sumario interno y presentar la denuncia formal en la Justicia”.

Desde la Justicia, el fiscal regional Jorge Nessier indicó este martes que la fiscal Peresín “dispuso una serie de medidas que tienen que ver con preservar los elementos de prueba que puedan resultar útiles”, entre ellas las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros del personal con acceso a la zona donde estaba almacenado el medicamento.

Añadió además que tomaron en cuenta “el ofrecimiento de las autoridades del hospital”, a través de los apoderados legales que los asistieron, “de proporcionar otros elementos que puedan delinear los contornos de esta investigación”. “Estamos en los inicios de una investigación que va a avanzar a medida que se reúnan más elementos”, apuntó.

En ese sentido, este miércoles la fiscalía tomaba declaraciones testimoniales, principalmente a quienes desempeñan funciones en dependencias del centro de salud pública donde se produjo el faltante de ampollas, puntualmente al director, el contador y los jefes de enfermería y farmacología del hospital.

En tanto las autoridades de Salud suministraron las cámaras correspondientes al período comprendido entre el sábado 16 y el miércoles 20 de agosto, dado que, según los controles de stock, el faltante se habría producido durante las jornadas del 18 y 19 de este mes.

Por su parte, en declaraciones a El Litoral, el titular del hospital Iturraspe remarcó la peligrosidad del fentanilo fuera del ámbito hospitalario: “Es un medicamento cien veces más potente que la morfina. En manos equivocadas, es letal”, advirtió Sánchez Guerra.

En sintonía con el accionar de la justicia, el director del hospital confirmó que los registros de ingreso, cámaras y documentación interna ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“La sospecha recae en quienes estuvieron en esos sectores en el período determinado. Podría tratarse de alguien del hospital o de alguien que haya ingresado por otros motivos. Eso lo tendrá que establecer la investigación”, añadió.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que el faltante corresponde a ampollas de fentanilo que se encontraban en uso en el hospital y que no pertenecen a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación con repercusión nacional. “Esos lotes fueron retirados de toda la provincia en mayo, con trazabilidad completa”, aclaró Sánchez Guerra.

La denuncia presentada ante el MPA sugiere que el hecho podría encuadrarse en figuras penales como hurto (Art. 162 del Código Penal), aunque esto dependerá del avance de la investigación. En paralelo, se inició un sumario administrativo interno para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades del personal del hospital.

Desde el Ministerio, se enfatizó el compromiso de “llegar hasta las últimas consecuencias” y colaborar plenamente con la Justicia, al tiempo que se advirtió sobre el riesgo social que implica la circulación de este tipo de droga fuera de control médico.

La investigación continúa, con el foco puesto en determinar cómo y quién sustrajo las ampollas, y en prevenir que estas sustancias lleguen a la calle, donde podrían tener consecuencias devastadoras.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital J.B. Iturraspe, un hecho de extrema gravedad por tratarse de un opioide de uso hospitalario que, en manos indebidas, puede resultar letal.

La causa está a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien dispuso las primeras medidas tendientes a preservar pruebas clave para el esclarecimiento del hecho.

La denuncia fue presentada este lunes por las autoridades del hospital, quienes alertaron sobre el faltante tras un control rutinario de stock en la Unidad de Terapia Intensiva.

El director del establecimiento, Francisco Sánchez Guerra, confirmó que se trató de una detección interna: “En el racconto habitual de medicamentos se detectó el faltante, se hizo el análisis administrativo de altas y bajas, y al confirmarse la ausencia se decidió notificar al Ministerio, iniciar un sumario interno y presentar la denuncia formal en la Justicia”.

Desde la Justicia, el fiscal regional Jorge Nessier indicó este martes que la fiscal Peresín “dispuso una serie de medidas que tienen que ver con preservar los elementos de prueba que puedan resultar útiles”, entre ellas las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros del personal con acceso a la zona donde estaba almacenado el medicamento.

Añadió además que tomaron en cuenta “el ofrecimiento de las autoridades del hospital”, a través de los apoderados legales que los asistieron, “de proporcionar otros elementos que puedan delinear los contornos de esta investigación”. “Estamos en los inicios de una investigación que va a avanzar a medida que se reúnan más elementos”, apuntó.

En ese sentido, este miércoles la fiscalía tomaba declaraciones testimoniales, principalmente a quienes desempeñan funciones en dependencias del centro de salud pública donde se produjo el faltante de ampollas, puntualmente al director, el contador y los jefes de enfermería y farmacología del hospital.

En tanto las autoridades de Salud suministraron las cámaras correspondientes al período comprendido entre el sábado 16 y el miércoles 20 de agosto, dado que, según los controles de stock, el faltante se habría producido durante las jornadas del 18 y 19 de este mes.

Por su parte, en declaraciones a El Litoral, el titular del hospital Iturraspe remarcó la peligrosidad del fentanilo fuera del ámbito hospitalario: “Es un medicamento cien veces más potente que la morfina. En manos equivocadas, es letal”, advirtió Sánchez Guerra.

En sintonía con el accionar de la justicia, el director del hospital confirmó que los registros de ingreso, cámaras y documentación interna ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“La sospecha recae en quienes estuvieron en esos sectores en el período determinado. Podría tratarse de alguien del hospital o de alguien que haya ingresado por otros motivos. Eso lo tendrá que establecer la investigación”, añadió.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que el faltante corresponde a ampollas de fentanilo que se encontraban en uso en el hospital y que no pertenecen a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación con repercusión nacional. “Esos lotes fueron retirados de toda la provincia en mayo, con trazabilidad completa”, aclaró Sánchez Guerra.

La denuncia presentada ante el MPA sugiere que el hecho podría encuadrarse en figuras penales como hurto (Art. 162 del Código Penal), aunque esto dependerá del avance de la investigación. En paralelo, se inició un sumario administrativo interno para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades del personal del hospital.

Desde el Ministerio, se enfatizó el compromiso de “llegar hasta las últimas consecuencias” y colaborar plenamente con la Justicia, al tiempo que se advirtió sobre el riesgo social que implica la circulación de este tipo de droga fuera de control médico.

La investigación continúa, con el foco puesto en determinar cómo y quién sustrajo las ampollas, y en prevenir que estas sustancias lleguen a la calle, donde podrían tener consecuencias devastadoras.

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, pegaron hoy el faltazo a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas por parte de altos funcionarios del Gobierno que revelaron los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir”, anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, a la que no asistió ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.

El diputado tucumano señaló que “no es la primera vez” que ministros de este Gobierno dejan las sillas vacías ante distintas citaciones a la Cámara de Diputados. 

Yedlin recordó que además de producir leyes, "uno de los objetivos" de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen "herramientas" como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que comprimete, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

El diputado opositor explicó que como “la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no ”va a quedar más alternativa que en la próxima sesión" se mocione un emplazamiento.

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria) resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “las acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobran 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos”. 

“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos”, lamentó.

Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar" porque están desfinanciados.

En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”. 

“Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original”, cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.

El ex ministro de Desarrollo Social aseguró que “si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona”, y sin embargo la ANDIS decidió “no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper” para verificar si en el medio no hubo cambios de domicilio en la población de beneficiarios. 

“40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso. Pusieron en desesperación a la mayoría de las personas”, reprochó, y le advirtió al Gobierno que una vez que el Senado rechace el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, no será “opcional” el cumplimiento de la norma y debe “ponerse en marcha de inmediato”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con Javier Milei “la corrupción avanza” y habló de una “enorme estafa” del Gobierno a las personas con discapacidad.

"Estamos hablando de un Gobierno que dijo que venía a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros, utilizando los mismos métodos de la casta que tanto denunciaban: coimas, sobreprecios. Está claro que son recontra casta", denunció la referente de Izquierda Socialista.

“¿No era que el que las hace las paga? ¿Eso es para algunos y otros no? ¿Para Karina la cajera no cuenta que el que las hace las paga? ¿Para el clan Menem tampoco? Porque la verdad que sacarle la plata a los discapacitados para que se la quede el Triángulo de Hierro del Gobierno es algo absolutamente repudiable”, lanzó.

Para De Mendieta, "la ruta del dinero de Karina Milei es la punta del iceberg o el primer capítulo de una temporada que va a tener un montón de capítulos".

Juan Marino (Unión por la Patria) recriminó la decisión de Lugones y Vilches de desistir de la invitación a dar explicación en “una situación gravísima”.

“Lo que se destapó es que había una red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem que se estaba robando plata en medicamentos para personas en discapacidad en un contexto en que venimos de derrotar el veto a la ley de Discapacidad”, reconstruyó el legislador opositor.

El diputado de UP denunció el “espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo con nuevos casos que surgen todos los días” y que “no por casualidad todos terminan en Karina y los Menem”. 

“Habíamos tenido la estafa Libra, el contrato entre Banco Nación y Tech Security, las valijas que pasaron sin control de la aduana por Aeroparque, la venta de candidaturas, el pedido del retornos a cambio de cargos en Anses y el Pami, la versión de que quizás Milei habría cobrado coimas por la participación en el evento de la Iglesia portal del cielo en el Chaco, y ahora surge lo de la obra social de la UATRE y la lista sigue”, enumeró.

A la vez, Marino señaló que en paralelo a las coimas, los programas de la ANDIS, como el "Incluir Salud", están "paralizados".

“Todos los días nos llegan denuncias de familias y personas con discapacidad que no están recibiendo su medicación, su tratamiento y los subsidios para el transporte”, alertó.

Por último, Marino le pidió a sus pares que se sumen a un “proceso colectivo” para “depurar democráticamente la ANDIS, que no sea rehén de la red de corrupción de Karina y los Menem y que se ejecuten todos los programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.

Esteban Paulón (Encuentro Federal) consideró que “estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral”.

El legislador socialista denunció "un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder".

“Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. Faltan auditorías a las baldosas. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación”, cuestionó.

El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema “por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente es un peo menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan”.

"Más allá de que reconocer la pronta y certera acción de la Justicia en este caso, que casi no le ha dado tiempo a cubrirse a quienes están involucrados en este escándalo, aquí también tenemos que determinar las responsabilidades políticas", consideró.

"¿Por qué el Gobierno tiene que dar explicaciones urgentes? Porque Karina es Javier. El propio presidente ha dicho uqe él es indivisible de su hermana, que no hay proyecto político sin su hermana. Y si sobre su hermana hay un estado de sospecha lo que aquí está en juego la institucionalidad y la credibilidad de la palabra presidencial", concluyó Paulón.

Sabrina Selva (Unión por la Patria) le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en Discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.

“Me parece paupérrimo que tengamos constantemente que emplazar comisiones para obligar a los diputados del oficialismo a ponerse a laburar, indicó la dirigente del Frente Renovador.

La legisladora de la oposición señaló que el Gobierno “ni siquiera desmiente los audios de Spagnuolo” y acotó que Karina Milei tardó menos en “desmentir el valor de su reloj que en desmentir el cobro de coimas”.

Leandro Santoro (UP) calificó de “insólito” que Lugones y Vilches no se avinieran a comparecer ante la Cámara de Diputados, siendo que “desde hace una semana que no se habla de otro tema” que el de las coimas en la ANDIS.

“Quedó demostrado que la audtoria que hicieron sobre el sistema de pensiones fue una auditoría corrupta porque en lugar de buscar quienes habían sido las personas que no calificaban para recibir las pensiones, tomaron la decisión de mandar un telegrama diciéndoles a  las personas con discapacidad que si querían seguir cobrando la pensión tenian que hacerse preentes en la agencia”, señaló. 

E indicó que “usaron una base de datos desactualizada porque tenían un solo fin político: llevar adelante un ajuste cruel, insensible”.

"Para colmo de males ellos fundamentan políticamente este ajuste brutal diciendo que lo hacen para luchar contra la corrupción. Y hace una semana nos vinimos a enterar que en realidad mientras ellos ajustaban a las personas con discapacidad, estaban robando en las compras y contrataciones con empresas privadas que vendían medicamentos a la agencia", siguió el diputado de Unión por la Patria.

Para Santoro, “si queremos ir a fondo no alcancen con que los despidan a Spagnuolo y a Daniel Garbellini” de la ANDIS.

“Es imprescindible que más temprano que tarde se hagan presente Lule Menem y Karina Milei. No se puede siempre cortar el hilo por lo más delgado”, arremetió.

Por la Unión Cívica Radical estuvo presente la diputada Natalia Sarapura, quien repudió “la situación de corrupción y el hecho de que hasta este momento (desde el Gobierno) no hayan retrocedido en las decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad”.

Florencia Carignano (Unión por la Patria) planteó la posibilidad de citar a los responsables de la Droguería Suizo Argentina, sospechada de cobrar las coimas para entregar una parte a funcionarios del Gobierno.

En tanto, la diputada Carla Carrizo (Democracia para Siempre) expresó que le gustaría que se pudiera invitar a funcionarios de la SIGEN para que expliquen cómo se realizan los controles.

Noticias Argentinas

Este lunes, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, realizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para solicitar la investigación de un faltante de 68 ampollas de fentanilo que se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva del efector ubicado en el norte de la ciudad capital. La medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.La denuncia, por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde. Además, se solicita al MPA “que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J B Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías. En este sentido, destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”, se remarcó.

Las indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. continúan este lunes y en esta ocasión una de las personas imputadas, que no se encuentra detenida, presta declaración frente al juez Ernesto Kreplak.

Conforme a la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, es indagada para que dé a conocer el contexto de las irregularidades en el laboratorio y sus labores.

Es que, según las pericias a los dispositivos electrónicas, la ingeniera mantuvo conversaciones donde daba a conocer las anomalías en ambos laboratorios.

Actualmente en la causa hay 17 imputados, pero hasta ahora solo se encuentran detenidos Ariel García Furfaro, dueño de los dos laboratorios; Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma, y otro de los señalados están con prisión domiciliaria tras solicitar sus excarcelaciones.

Según informaron fuentes del caso a NA, se calificó preliminarmente las imputaciones por el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, que establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona. 

En la indagatoria, Ariel García Furfaro expuso durante varias horas su labor en HBL Pharma y Ramallo S.A. y, algo que sorprendió, es que no pidió su excarcelación.

Previo a la audiencia en los Tribunales de La Plata, Gastón Marano, abogado del principal acusado, fue consultado sobre la posibilidad de la excarcelación y señaló: “No sé si voy a pedir la libertad, desde que decidió entregarse me dijo que ‘si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá”.

Micaela Cendra - Noticias Argentinas

El Clan García Furfaro está detenido en la causa por el fentanilo contaminado y con el paso de las horas se comienza a dar luz sobre cómo fueron los procedimientos donde directivos y accionistas fueron arrestados.

Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Sin embargo, no fue el mismo escenario con Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios. Cuando los efectivos de Gendarmería arribaron hasta su domicilio, en el lujoso country San Diego, en Moreno, no lo hallaron.

Durante más de dos horas la incertidumbre fue total. No se sabía donde estaba el dueño de los laboratorios. Se suponía que en algún momento se iba a entregar, pero tampoco había información de cómo se iba a efectuar.

Sin embargo, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en el dictamen de pedido de detención, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado.

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido este miércoles por la noche en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó su captura junto a la de toda la cúpula directiva y técnica de las empresas, quienes ya se encuentran tras las rejas.

La orden del juez también incluyó a los hermanos del empresario, Diego y Damián García; a su madre, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma); y a directivos y responsables técnicos como el director general Javier Tchukran y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

La decisión del juez Kreplak responde a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de "criminalidad compleja" que involucra a un "conglomerado empresarial organizado". Las detenciones se produjeron tras meses de investigación y la aparición de pruebas contundentes.

El operativo de detención, del que participaron Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se concretó luego de que la policía no encontrara a García Furfaro en su domicilio. Se espera que todos los detenidos presten declaración indagatoria en las próximas horas.