La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la de Financiamiento Universitario. La oposición reunió los dos tercios necesarios:

Ambas iniciativas pasarán al Senado, donde se anticipa que la oposición volverá a imponerse.

El resultado expuso la debilidad de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO. Pese a los intentos del ministro del Interior, Lisandro Catalán, de acercar posiciones con gobernadores y el reparto de $12.500 millones en ATN, no alcanzaron los apoyos esperados.

El quiebre con ex aliados, como los diputados del MID y el bloque Coherencia, sumado a la ausencia de referentes cercanos a Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, complicaron al oficialismo. Incluso Misiones, que había recibido fondos frescos, votó en contra.

El diputado Carlos D’Alessandro (Coherencia) sostuvo: “Votar en contra del Garrahan es votar en contra del equilibrio moral”.Silvia Lospennato (PRO), que en la media sanción se había ausentado, rechazó los vetos esta vez: “Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión”.

Con el Senado en manos opositoras, el Gobierno se encamina a sufrir otro traspié legislativo. El revés llega en plena campaña hacia las elecciones del 26 de octubre y deja en evidencia las dificultades del oficialismo para sostener acuerdos con los gobernadores.

La comunidad universitaria de Rafaela vuelve a salir a la calle en defensa de la educación pública. La convocatoria surge tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, lo que generó fuerte malestar en el sector docente y estudiantil.

Nicolás Nocete, secretario general del Sindicato de Docencia e Investigación de UNRaf, explicó que la medida busca visibilizar el impacto del veto. “Ya vinimos hace un año y medio y seguimos con la misma lucha, los mismos reclamos, los mismos problemas y sin ninguna solución. En principio se buscaba una solución, un acuerdo parlamentario aprobado ya por las dos Cámaras, pero el presidente Javier Milei ha vetado nuevamente la iniciativa, lo que nos convoca de nuevo a una medida de movilización”.

El dirigente remarcó que la ley establecía tres puntos fundamentales: “Que las universidades tengan financiamiento para poder seguir abiertas, que los docentes tengamos una recomposición salarial a fecha de diciembre del 2023 (que haya paritarias), y por último que se recompongan, se actualicen y se vuelvan a habilitar las líneas de financiamiento para los estudiantes, las becas”.

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En ese sentido, cuestionaron los argumentos del Ejecutivo nacional. “El presidente disfraza de números y grandilocuencias lo que es un recorte que viene haciendo hace dos años. La recomposición que se hace en este nuevo presupuesto 2025 es del 11,7% cuando la inflación estimada es del 17,1%. No hay ningún aumento real, sino una pérdida”, explicaron.

Por su parte, Franco Lizarriaga, integrante del Centro de Estudiantes de UNRaf, señaló que la medida excede a la universidad y compromete a toda la ciudadanía. “A nosotros no nos gusta estar en esta posición que es tener que suspender actividades para tener que marchar para que los docentes cobren. Pero la labor que hacen los docentes, haciendo la protesta también, demuestra a los estudiantes que nada viene de arriba. Todo es una lucha, todo es una construcción”, indicó.

El referente estudiantil remarcó que la convocatoria busca ser amplia. “Esta lucha no es aislada, sino que implica también a jubilados, a quienes invitamos a participar hoy de la actividad, e implica también los recortes en discapacidad, los recortes en salud. A nosotros nos interesa que el presidente abra el diálogo”, agregó.

La concentración se realizará hoy, miércoles 17 de septiembre, a las 18 horas en la intersección de bulevar Roca y Artigas, en Rafaela.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:

Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.

Garantizar la formación continua.

Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.

Incrementar recursos para tecnología digital.

Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.

Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.

Promover la función de extensión universitaria.

Desarrollar la función de investigación.

Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.

Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.

Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior. NA

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechaza esa iniciativa.

X Cámara de Diputados de la Nación

El proyecto será girado al Senado en las próximas horas y tiene un panorama auspicioso para su sanción definitiva, sobre todo por el mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras.

La iniciativa fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.