La provincia de Santa Fe alcanzó la mejor calificación crediticia de su historia, luego de que la calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, elevara la nota de largo plazo de la Provincia desde AA-(arg) a AA+(arg). De esta manera, Santa Fe quedó a solo un escalón de la máxima calificación posible.

Además, la agencia confirmó la máxima nota para emisiones de corto plazo, A1+(arg), y mantuvo una perspectiva estable, lo que consolida a la provincia entre las jurisdicciones con mejor perfil crediticio del país.

La mejora refleja el fortalecimiento sostenido de las cuentas públicas provinciales. En su informe, FIX destacó la consolidación de márgenes operativos más robustos y estables, una administración prudente del gasto con asignación a obras de infraestructura orientadas a mejorar la matriz productiva, las reformas tributarias y previsionales implementadas en los últimos años y una sólida posición de liquidez.

La calificadora también remarcó que la Provincia no presenta riesgos de refinanciación durante los próximos 24 meses, incluso considerando los compromisos vinculados a títulos emitidos en los mercados internacionales. En ese punto, subrayó que Santa Fe mantiene un nivel de endeudamiento bajo en relación con sus ingresos y con otras jurisdicciones comparables.

Desde el Ministerio de Economía provincial destacaron que el reconocimiento responde a una política fiscal sostenida. “Este reconocimiento es el resultado de una política fiscal responsable, basada en el equilibrio de las cuentas públicas, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos. La mejora de la calificación fortalece la confianza de los inversores y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para continuar impulsando obras estratégicas para el desarrollo de Santa Fe”, señalaron.

Entre los principales fundamentos de la decisión de FIX se encuentra la evolución positiva del resultado operativo provincial. Según el informe, al cierre de 2025, la Administración Pública No Financiera registró un margen operativo equivalente al 8,6 % de los ingresos operativos, el nivel más alto de los últimos cinco años.

La calificadora proyectó además que durante 2026 la Provincia mantendrá resultados superavitarios cercanos al 9 %, consolidando el proceso de fortalecimiento fiscal iniciado en los últimos años.

Otro de los puntos destacados fue la mejora del sistema previsional provincial. FIX señaló que las reformas implementadas permitieron reducir de manera significativa la presión que el déficit de la Caja de Jubilaciones ejerce sobre las cuentas públicas, contribuyendo a una mayor sustentabilidad financiera.

El informe también remarcó la muy buena posición de liquidez de Santa Fe. Durante 2025, las disponibilidades netas representaron el 18,3 % de los ingresos totales y permitieron cubrir 2,7 veces los pasivos corrientes, indicadores que se ubican entre los más sólidos del país.

FIX destacó además la eficiente administración de activos y pasivos, junto con una estrategia financiera que permite afrontar los vencimientos de deuda previstos sin comprometer la estabilidad fiscal ni la capacidad de inversión pública.

La Provincia cuenta también con una cartera de activos financieros que le brinda flexibilidad para sostener proyectos de infraestructura y atender obligaciones futuras, fortaleciendo aún más su perfil crediticio.

Pese a la emisión internacional realizada a fines de 2025 para financiar obras de infraestructura, la calificadora consideró que Santa Fe conserva un nivel de endeudamiento bajo en relación con sus ingresos y con otras provincias comparables.

Según FIX, la Provincia mantiene muy buenos indicadores de solvencia y su generación de recursos operativos le permite afrontar la totalidad de los servicios de deuda previstos sin necesidad de recurrir a refinanciaciones.

La mejora de la calificación crediticia tiene efectos concretos sobre la capacidad de financiamiento provincial. Una mejor nota de riesgo reduce la percepción de incertidumbre de los mercados y facilita el acceso al crédito en mejores condiciones de plazo y costo.

En ese sentido, la calificadora valoró especialmente que los recursos obtenidos mediante emisiones de deuda se destinen a financiar obras de infraestructura vial, hídrica, educativa, sanitaria y energética, consideradas fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo productivo de Santa Fe.

El informe también destacó que la provincia alcanzó su mejor ratio de inversión en obra pública de los últimos años, con un 10 % de gasto de capital en relación con el gasto total, frente a un promedio del 7,3 % registrado entre 2020 y 2024.

Con esta nueva mejora otorgada por FIX SCR y la reciente suba de dos escalones en la calificación internacional otorgada por Moody’s, Santa Fe consolida un proceso de fortalecimiento financiero que la posiciona entre las administraciones provinciales con mejores indicadores fiscales y crediticios de la Argentina.

Argentina perdió el miércoles una demanda en el Tribunal Superior de Londres sobre los pagos que cuatro "hedge funds" dijeron que se debían por valores denominados en euros vinculados al producto interno bruto (PIB) de Argentina en 2013.

Los fondos Palladian Partners L.P., HBK Master Fund L.P., Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited demandaron a la Argentina en 2019, solicitando una indemnización de hasta 643 millones de euros (704 millones de dólares).

El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos el miércoles, diciendo en un fallo escrito que Argentina debe pagar 643 millones de euros más intereses.

El juez también dictaminó que Argentina debía pagar unos 1.330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PIB, de los que los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%.

Detalles de la demanda

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero se les paga a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se basó en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI).

El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce de cerca la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán, en 2020.

Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el juicio todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, cuya jueza es Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. "Ahí hay otros US$415 millones más intereses", dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.

Otra decisión de Axel Kicillof

En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como "endulzante" –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).

En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.

Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.

Kicillof fue también quien avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012, y tomó la decisión de no hacer una oferta por el total de la empresa, como decía el estatuto de la petrolera, diseñado en 1993, cuando comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Debido a esa decisión, los fondos Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino, y la jueza Preska falló en contra de la Argentina el viernes pasado, que deberá pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$19.000 millones.

Fuente: Iprofesional