Este martes 17 de marzo, los concejales de Rafaela mantuvieron una reunión con el fiscal regional, Carlos Vottero, en un encuentro institucional que tuvo lugar en la sala de sesiones del Concejo Municipal y se extendió durante aproximadamente dos horas.

De la jornada participaron la totalidad de los ediles, junto al secretario regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mario Miretti.

Durante la reunión, uno de los ejes centrales fue el análisis del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la dinámica judicial actual.

También se abordó la situación de la Alcaidía local y su impacto en el sistema judicial, un tema que genera preocupación por su incidencia en el desarrollo de los procesos.

Otro de los puntos destacados fue el debate sobre los índices de inseguridad en la ciudad y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.

En ese sentido, los concejales y las autoridades judiciales intercambiaron miradas sobre los principales desafíos en materia de seguridad y la articulación entre los distintos actores del sistema.

Además, se puso en discusión el nuevo régimen penal juvenil, un tema de relevancia en la agenda actual, junto con otros aspectos vinculados al abordaje de la problemática del delito.

El fiscal regional Carlos Vottero valoró positivamente el espacio de diálogo con los concejales y destacó la importancia de este tipo de instancias institucionales.

En particular, subrayó que estos encuentros adquieren mayor relevancia en el contexto de la nueva conformación del Concejo Municipal, que cuenta con representación de tres fuerzas políticas.

La Justicia dispuso la prisión preventiva del fiscal adjunto de Vera, Leandro Benegas, quien se encuentra suspendido de sus funciones, en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual de una menor de edad.

La causa es investigada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes imputaron formalmente a Benegas en una audiencia realizada el 23 de febrero en los tribunales de Vera, ante la jueza Norma Senn.

Durante esa audiencia, los fiscales le atribuyeron al imputado la autoría de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, por la utilización de intimidación o coerción.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades cuando la víctima era adolescente.

Según la investigación, el imputado habría abusado de la menor cuando se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera, donde además era superior jerárquico del padre de la víctima.

En la audiencia de imputación también se discutieron las medidas cautelares. A pedido de la querella, la jueza Norma Senn dispuso la prisión preventiva.

Sin embargo, al fundamentar su decisión sostuvo que la medida no podía ejecutarse de inmediato debido a la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.320 sobre inmunidad de arresto, que según su interpretación podría alcanzar a fiscales, jueces y defensores de la provincia.

El último jueves, la Legislatura de Santa Fe resolvió aplicar una suspensión preventiva temporal al fiscal investigado dentro del procedimiento disciplinario en trámite.

Posteriormente, la jueza Claudia Bressán ordenó que se hiciera efectiva la prisión preventiva, medida que finalmente se concretó el viernes por la noche.

Tras la ejecución de la medida cautelar, la defensa de Benegas presentó un pedido de recusación contra la jueza Bressán y solicitó una audiencia de control de detención.

El planteo fue tratado el sábado en los tribunales de Vera, donde la recusación fue rechazada por la Justicia.

Luego de esa decisión, la propia defensa desistió de realizar la audiencia de control de detención que había solicitado.

Los fiscales Spelta, Escobar Cello y Broggi informaron que la investigación penal continúa en curso y que se avanzará con nuevas diligencias ya ordenadas, en función de la gravedad y las particularidades de los hechos denunciados.

Sin abstenciones y con unas pocas ausencias, la totalidad de los diputados y senadores presentes votaron por remover del cargo de fiscal al Dr. Aldo Gerosa, que pertenecía a la Fiscalía Regional Cuatro de Reconquista, por la figura de “mal desempeño en sus funciones”. La dura sanción incluye además una inhabilitación por diez años para ingresar a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación.

Por norma, cada Cámara debe votar ser por separado. Primero confirmaron el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa 15 senadores (donde se registraron cuatro ausencias), y luego hicieron lo mismo 47 diputados (con tres ausentes).

En pocas palabras, en la segunda oportunidad en la que la Legislatura revisó la labor de Gerosa, tomó la decisión de apartarlo, al confirmar lo aconsejado por el dictamen -también unánime- de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que el martes pasado escuchó al ahora ex fiscal y luego deliberó y dictaminó.

El año pasado había sido suspendido, con la mitad de sus haberes, por diez meses, en el llamado caso caso Galaz, sobre el que se le reprochó haber firmado un juicio abreviado.

Desde entonces solo restaba que se celebrara la sesión conjunta para que se lleve a cabo la decisión que Acuerdos recomendó y que no tuvo ninguna disidencia, ni pedidos de abstención.

Al cierre de esta edición, la diputada Rosana Bellatti (PS-Unidos para Cambiar Santa Fe) se extendió sobre las razones por las que se produjo el apartamiento. Mencionó casos en los que como responsable de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista fue ineficaz en la administración de justicia, lo que prolongó el sufrimiento de las víctimas y permitió la impunidad en numerosos casos, según la legisladora. Abundó en detalles al respecto.

Los legisladores fundamentaron la decisión sobre Gerosa por la figura de “mal desempeño en sus funciones”.

Luego, su par opositor Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) lamentó la posición que llevó la defensa técnica de Gerosa ante la Comisión de Acuerdos y anunció que por vía judicial ha iniciado una demanda por tráfico de influencias que lo incluye.

Como abogada de Gerosa ante Acuerdos se presentó Cecilia Goyeneche, muy conocida por su actuación como procuradora adjunta en el caso por el que terminó condenado y preso el ex gobernador Urribarri. La fiscal anticorrupción había sido destituida de su cargo en el Poder Judicial entrerriano, pero en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo del Superior Tribunal de de esa provincia.

Los legisladores fundamentaron la decisión sobre Gerosa por la figura de “mal desempeño en sus funciones”.

En la Sesión Conjunta, el ex intendente de Santo Tomé citó expresiones del propio Gerosa en uno de sus escritos como fiscal sobre los abusos sufrido por una niña en el norte provincial, que describen un acceso carnal y la posterior (y contradictoria) consideración del caso como de abuso sin acceso carnal, “con el solo objetivo de llegar a un juicio abreviado, comenzó pidiendo 16 años de pena y terminó con una vergonzosa condena para el violador de tres años en suspenso”, según la opinión de Palo Oliver.

El diputado Emiliano Peralta, también opositor pero del bloque celeste Somos Vida, dijo que “ha quedado demostrado cabalmente que no ha sido esto un pase de facturas de poderosos estudios jurídicos”. Destacó lo “concluyente y contundente” del informe del auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai.

Elogió la forma como la Comisión de Acuerdos tramitó el caso de Gerosa y recordó que pudo defenderse aún con los plazos ya vencidos. Dijo que son “injustificables” sus argumentos para convalidar un juicio abreviado que no tuvo en cuenta el deseo de la víctima de “que vaya preso” el violador, además de no haber ordenado medidas en protección de la niña.

“Hemos hecho un acto de justicia y de legitimación del poder judicial”, es “la respuesta política que corresponde para fortalecer al MPA”, subrayó. Reclamó más fiscales para el norte santafesino.

El Litoral

Esas palabras utilizó el Dr. Carlos María Vottero, fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial de Santa Fe ante los micrófonos de RADIO RAFAELA, en referencia cómo fue el trabajo que comandó desde fiscalía el 2024.

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En diálogo con Radio Rafaela, el Dr. Carlos María Vottero, fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial de Santa Fe, ofreció un detallado balance del 2024 en materia de delitos bajo su jurisdicción.

En primeras líneas, Vottero enfatizó en la importancia de la claridad en la comunicación de los delitos: “Como siempre digo, no tenemos que desinformar, tenemos que ser claros”, expresó.

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Homicidios en su jurisdicción, una de las grandes problemáticas

Uno de los puntos más alarmantes que mencionó fue el aumento de los homicidios en el Departamento Castellanos, en contraste con la disminución en otras áreas de la provincia. “En Rosario bajaron los homicidios, en Santa Fe bajaron los homicidios, en el Departamento Castellanos se duplicaron y pasaron el doble”, sostuvo.

Y detalló que en el año 2023 se registraron 5 homicidios, pero que en lo que va del 2024 ya contabilizó 11 homicidios (y la cifra podría ascender a 12, porque confesó que están viendo como evoluciona médicamente un joven que recibió entre 15 y 18 disparos hace poco tiempo y está peleando por su vida).

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“A eso tenés que sumarle las tentativas de homicidio, los abusos de arma. De estos 11 que tuvimos en esta circunscripción, 9 son de la unidad fiscal Rafaela, que serían las ciudades de Rafaela, Frontera y barrio Acapulco (Josefina)”

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Importante trabajo en delitos contra la integridad sexual

En cuanto a los delitos contra la integridad sexual y la violencia de género, para el fiscal los números también son preocupantes. “Este año entraron 4.100 delitos contra la integridad sexual y violencia de género”, reveló.

“Fueron 400 casos de delitos sexuales en el año 2023 y 3.700 de violencia de género. Y se llegaron a 38 condenas, lo cual es enorme, porque fueron 38 condenas a través de juicios orales y públicos, o juicios abreviados en solo un año”, destacó. Sin embargo, fue claro al señalar: “Falta más, sí, pero es un tema que obedece a muchísimas otras cosas”.

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Delitos contra la propiedad: lo que más llamó la atención en su balance por ley

En relación a los delitos contra la propiedad, el Dr. Vottero presentó datos que evidencian un aumento significativo. En cuanto a robos, hurtos simples, calificados, consumados, tentados, violación de domicilio y otros “pasamos de 2.749 en el 2023 a 3.600 y algo más hasta el 1 de noviembre de 2024, detalló. “Casi mil hechos más”, agregó.

Y sobre esta temática, el fiscal hizo una proyección contemplando los meses que faltan para contabilizar y cerrar el año: “Haciendo una proyección en cuanto a los dos meses que faltan, llegamos, y creo que me quedo corto, a 4.200, 4.300 delitos de este tipo”, dijo. “Pasamos de 2.700 delitos contra la propiedad en el 2023 a 4.200, 4.300 y tal vez me quede corto en el 2024”, profundizó.

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“Estos números son reales, son ciertos. Y nosotros somos el MPA, la Fiscalía, quien se ocupa de los delitos. Es nuestra competencia. No es del Poder Ejecutivo. Es competencia de la Justicia, el Poder Judicial, concretamente el MPA”, destacó.

Para Vottero, otro fenómeno preocupante fue el incremento de los delitos informáticos. “Este tipo de delitos han aumentado a pasos agigantados, pero parece que no se reclama por eso. Aunque sí es lo que más ha aumentado”, señaló.

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Fiscalía y municipio, una relación con chisperío de por medio

En la charla con Radio Rafaela, el Dr. Carlos María Vottero expresó una visión crítica respecto a la situación de seguridad en Rafaela y a la falta de coordinación con la Municipalidad. “En Rafaela, por día, la proyección de delitos va en aumento. Por eso digo, es alarmante. La realidad es incontrastable. No hay sentido en negar la realidad. El vecino ve lo que pasa, y decir que no hay delitos, que no hay robos... hoy por hoy hay robos en toda la ciudad, en todos los barrios”, sostuvo.

“Se debe partir primero de reconocer lo que está pasando. Si no, es imposible, a mi criterio, que quienes tienen que ocuparse de la prevención y la seguridad puedan hacerlo”, soltó el fiscal. Sin embargo, señaló que, por las circunstancias, tuvo que pronunciarse públicamente: “Yo no soy de entrometerme en el trabajo de otras autoridades, pero tuve que hacerlo como consecuencia de lo que pasó en relación a la Fiscalía”, expresó sobre ese tema.

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El fiscal también cuestionó la efectividad de las medidas implementadas por la Municipalidad. “Lo único que escucho y escuchaba hace tres meses y medio atrás es cámaras, ahora luces, pero a los ladrones no les está afectando. Se roba de día, de mañana, en la siesta, de noche. Cualquier vecino lo dice, no hace falta hacer algo especial para reconocer la realidad”, aseguró.

Y bajo esos términos, Vottero cuestionó la falta de resultados concretos en la prevención del delito: “No hay un mensaje claro con respecto a qué se está haciendo en la realidad, en los hechos, en la calle respecto a la prevención”, sostuvo. Y se preguntó si las cámaras repercuten en el día, “¿Cuántos hechos fueron evitados por las cámaras en la ciudad? A nosotros, en la fiscalía, nos sigue ingresando de manera abrumadora delito tras delito”.

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“Hablando de prevención, habría que prevenir todos los delitos, no solo los contra la propiedad. Yo pregunto, ¿qué se hace para prevenir delitos sexuales, que son más de un ámbito privado? ¿Qué trabajo se hace? Delitos de violencia de género, si querés, privados pero un poco más abiertos, ¿qué trabajo se hace? ¿Delitos informáticos? ¿Qué trabajo se hace?” preguntó en el aire de Radio Rafaela, el fiscal Vottero.

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Los números y “la tendencia”

Entre otros temas, Vottero habló de la diferencia en el balance realizado por el MPA y la Municipalidad de Rafaela: “Nuestra información tiene sustento, tiene fundamentos, tiene argumentos. Se basa en un sistema informático del Ministerio Público de la Acusación que junta todos los datos de las 5 fiscalías regionales y es quien nos remite a cada fiscal regional para anualmente hacer el informe de gestión sobre cada delito a los que queremos hacer referencia”.

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Y aprovechó para aclarar que en el MPA reciben información de todos los hechos delictivos, sin importar desde dónde se haya denunciado: “Recibimos denuncias hechas en comisaría, en Centros de Denuncias, en Fiscalía de manera presencial, en Fiscalía de manera online, por procedimientos policiales”, explicó.

“Para hacer su balance, el municipio usó el 911, pero es un servicio de emergencia, que recibe todo tipo de llamadas por cualquier cosa en relación a demandas sociales, por ejemplo, y también a hechos delictivos. ¿Qué hace el 911? Anoticia un móvil de calle para que vaya a ese lugar. Es decir, todo lo que es delito cae bajo la órbita del MPA”, aclaró y agregó: “Por eso digo, esa es la diferencia que hay, y me parece que hay que explicarla claramente”

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El gran flagelo difícil de controlar: delitos vinculados a las adicciones

Entre otros temas, el Dr. Carlos María Vottero, fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial de Santa Fe, expresó también su preocupación por el aumento de la criminalidad en Rafaela y vinculó esta problemática directamente a las adicciones. “Es la base de todo”, afirmó, refiriéndose al microtráfico y su impacto en los delitos que afectan a la ciudad.

Bajo esta temática, el fiscal cuestionó el enfoque tradicional de prevención centrado en la policía y la presencia de móviles en las calles: “Ya no hay que concebir más la prevención a través de la policía. Para eso deberían haber mil policías en Rafaela, que la ciudad esté tapada de policías, y aun así no sería suficiente… El delincuente, muchas veces bajo los efectos de estupefacientes, está decidido a delinquir, pase o no pase el móvil”, expresó.

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En su lugar, propuso un cambio de paradigma: “La prevención tiene que pasar más por un trabajo social. Tenemos que hacernos cargo a nivel local porque somos los que estamos cerca de la gente”.

Para Vottero, la clave está en un abordaje integral desde la infancia: “Hay que sacar a los chicos de 9, 10, 11 años que están drogándose y armando tumberas y llevarlos a los clubes. Que haya un seguimiento desde la más temprana edad, porque cada vez son más chicos. Ver si van a la escuela, cuál es su situación de vulnerabilidad vinculada a su familia y su entorno. Rafaela está a 5 o 10 minutos de cualquier familia en situación de vulnerabilidad, no puede ser que no se sepa”, dijo ante los micrófonos de Radio Rafaela.

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El fiscal también criticó la falta de acciones concretas. “Somos una sociedad enferma, un Estado enfermo, si la única respuesta que damos es meter presos a los ciudadanos. Hay que cambiar, pero no desde los discursos, sino desde las acciones”, sostuvo.

Vottero subrayó que, aunque desde la fiscalía se han tomado medidas para encarcelar a los delincuentes reincidentes, esto no resuelve el problema de fondo: “Los delitos aumentan, y aunque triplicamos la población carcelaria, cada vez hay más delincuencia. Muchas veces, por cometer delitos menores, estas personas transitan el proceso en libertad. Si los metemos presos, cumplen una condena corta y vuelven a salir. Estas personas están afectadas por estupefacientes, viven en situación de vulnerabilidad junto con sus familias. Eso es lo que hay que abordar, porque si no, van a seguir delinquiendo”.

El fiscal cerró la charla dejando una reflexión contundente: “Podría hacer una lista de 40 personas que son los que roban todos los días en Rafaela. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué estamos haciendo para cambiar ese futuro?”.

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Mirá la nota completa:

El encuentro será el próximo martes en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela.

A propuesta del Presidente del Concejo Municipal Dr. Lisandro Mársico, el Fiscal Regional Dr. Carlos Vottero, mantendrá una reunión con la totalidad de los concejales. La misma se desarrollará en el recinto del Órgano Legislativo, el día martes 9 de abril, a las 9hs.

Algunos de los temas que se abordarán serán la Nueva Ley Provincial Nº 14239, de adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, en relación al trabajo que viene llevando a cabo el MPA, su aplicabilidad en nuestra circunscripción, la incumbencia de la Fiscalía, el balance en este tiempo desde la vigencia de la norma; sustracción de cables y metales, hechos de armas de fuego y que impliquen violencia altamente lesiva, las intervenciones barriales focalizadas, entro otros.

El Fiscal Regional, ha tomado la decisión de mantener reuniones con intendentes y concejales de las diferentes ciudades dentro de las cuales se encuentra la competencia de la Fiscalía y de esta manera escuchar también planteos y opiniones que provengan de estos estamentos, lo cual permite sostener un vínculo directo entre ambos, municipios y Ministerio Público de la Acusación, a los fines de un abordaje conjunto de las problemáticas mencionadas precedentemente, cada uno dentro de sus competencias.

Una fiscal de Nuevo México acusó el jueves al actor Alec Baldwin y a otras dos personas por el disparo que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje del western "Rust".

La fiscal Mary Carmack-Altwies anunció cargos de homicidio involuntario contra el actor de "30 Rock" y la armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, tras más de un año de investigación sobre el incidente ocurrido en octubre de 2021 en un set de rodaje a las afueras de Santa Fe.

El ayudante de dirección David Halls firmó un acuerdo de culpabilidad por el cargo de uso negligente de un arma mortal, informó la fiscal en un comunicado.

Los abogados de Baldwin, Aaron Dyer y Luke Nikas, no respondieron de inmediato a los mensajes de voz que solicitaban comentarios.

"Después de una revisión exhaustiva de las pruebas y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay pruebas suficientes para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de 'Rust'", dijo Carmack-Altwies. "Bajo mi mandato, nadie está por encima de la ley, y todo el mundo merece justicia".

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Hutchins murió cuando un revólver con el que Baldwin ensayaba durante el rodaje en Nuevo México disparó una bala real que la alcanzó a ella y al director de la película, Joel Souza, que sobrevivió.

Los fiscales deberán demostrar ahora ante el tribunal que la seguridad de las armas de fuego en el plató empezaba con Gutiérrez Reed, encargada de todas las armas de la producción; se aplicaba a Halls, que comprobaba el arma y se la entregaba a Baldwin, y luego se extendía al actor.

El homicidio involuntario se considera un asesinato no intencionado y conlleva una pena de hasta 18 meses de prisión en Nuevo México y una multa de 5.000 dólares.

Baldwin negó su responsabilidad en la muerte de Hutchins y ha afirmado que nunca se debería haber permitido la entrada de munición real en el plató de la película de bajo presupuesto.

El actor afirmó que le dijeron que el arma estaba "fría", un término industrial que significa que es seguro utilizarla.

(Por Por Andrew Hay y Brendan O'Brien. Reporte adicional de Lisa Richwine; editado en español por Carlos Serrano, Reuters)

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