El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba resolvió este jueves, por unanimidad, admitir los pedidos de juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes durante años estuvieron al frente de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

La resolución fue celebrada por Marcelo Macarrón, viudo de la víctima, quien afirmó: “Es una gran noticia”, al conocerse que los funcionarios judiciales enfrentarán un proceso que podría derivar en su destitución.

El jurado está integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, además de la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti. La decisión se demoró desde el martes pasado hasta este jueves, cuando finalmente se emitió el fallo.

La presentación fue realizada en abril por los abogados del viudo y de sus hijos ante la Legislatura unicameral. Sostienen que los fiscales, pese a contar con elementos suficientes para sospechar de Roberto Bárzola —parquetero que trabajaba en la vivienda y cuyo ADN apareció en la bata de la víctima—, “lo dejaron totalmente de lado” y “optaron por encarnizarse contra la familia”.

El escrito también les atribuye violencia institucional, negligencia en la producción de pruebas y haber puesto “en riesgo” la posibilidad de que Bárzola fuera juzgado. El parquetero fue sobreseído hace 45 días por prescripción, según resolvió la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2ª Nominación de Río Cuarto.

La familia también cuestiona que los fiscales no ordenaran peritajes genéticos clave sobre Bárzola, pese a los indicios señalados.

Primer fiscal del caso, intervino entre 2006 y 2015. Durante su gestión llegó a tener tres imputados simultáneos:

Al dejar el expediente, Di Santo defendió su actuación y explicó que se apartaba para garantizar la “transparencia” luego de que su imparcialidad fuera cuestionada.

Tomó la causa en 2016 e imputó al viudo basándose en las mismas pruebas genéticas previas. Sostenía que, descartado el hijo, el foco debía estar en el marido. Renunció un año después, tras un pedido de apartamiento. Antes afirmó: “La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen”.

En 2018 agravó la acusación contra Macarrón y sostuvo que podría haber actuado como instigador del crimen. En 2019 elevó la causa a juicio imputándolo por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria.

En julio de 2022, un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. Durante el debate, el fiscal de Cámara Julio Rivero reconoció la falta de pruebas para sostener la acusación.

El fallo declaró a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género, pero casi dos décadas después, el femicidio continúa sin responsable.

Con la admisión del juicio político, los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro deberán enfrentar ahora un proceso que revisará su desempeño y que podría derivar en sanciones disciplinarias o en su destitución.

Este lunes se realizó la última audiencia de debate en el juicio seguido a Martín Kunz por el ataque a un grupo de cadetes del Liceo Militar General Belgrano y el crimen de Rubén “Bigote” Walesberg, el chofer de la trafic en la que viajaban de Santa Fe a San Javier. El miércoles al mediodía se conocerá la sentencia.

El tribunal compuesto por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti escuchó los alegatos finales de las partes y luego dio lugar a las declaraciones de impacto previstas por la Ley de Víctimas. Decidieron hablar: un hijo de “Bigote”, las mamás de dos chicas que iban en la trafic y uno de los cadetes heridos.

Los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni y los querellantes Daniel Recaman y Néstor y Mariana Oroño reiteraron el pedido de que se aplique la pena máxima a Kunz, y que sea condenado como autor del “homicidio criminis causa” de Walesberg, cuatro “tentativas de homicidio” y siete “privaciones ilegítimas de la libertad” en perjuicio de los cadetes.

La defensora pública Virginia Balanda insistió en que “hay más dudas que certezas”, que fueron “hechos no planificados” y que aplicarle la perpetua a una persona tan joven (Kunz tiene 22 años) “es prácticamente mandarlo a que muera” encerrado. Pidió la absolución por el beneficio de la duda y, subsidiariamente, que se aplique una pena menor.

Acongojado, el hijo de Walesberg se sentó frente al tribunal y contó que sus padres fueron “gente trabajadora que empezó de muy abajo”, que “nos inculcaron grandes valores, y que el más grande es la familia”.

“Bigote” fue asesinado de un cuchillazo en el rostro, frente a la oreja, el 19 de agosto de 2022 en el estacionamiento de la panadería La Perla de Colastiné. Casi un año atrás había perdido a su esposa por un ACV, y su familia todavía estaba “intentando superar ese dolor”.

El crimen del chofer “fue sin mediar palabras, a sangre fría”, indicó su hijo. “Ese asesino no solo le quitó la vida a mi papá, nos quitó una persona muy valiosa, alguien que amamos incondicionalmente. Fue muy difícil seguir luego porque este dolor no se supera, sólo se logra convivir con él”.

“Esta herida que tenemos la vamos a tener para toda la vida. Cada 19 de agosto a nosotros nos desgarra el alma”, explicó en llanto. Esto “para mí es agobiante”, pero “a pesar de todo nos queda lo que siempre nos decían ellos, que cuando la vida golpea duro uno cae, pero hay que levantarse y seguir luchando. Eso nos hace fuertes, eso nos hace dignos y hay que hacerlo siempre por la familia”.

Por último, pidió “justicia por Bigote, que el responsable del asesinato sea condenado y que en memoria de mi papá esa pena sea ejemplar”, para así “intentar desalentar estos crímenes tan crueles. Justicia por mi papá Rubén”.

Las madres de dos cadetes se turnaron para hablar. “Lo que Martín Kunz hizo ese 19 de agosto dejó a mi familia rota, a muchísimas familias rotas”, explicó la primera, “yo recibí un mensaje por WhatsApp de mi hija, despidiéndose”.

“Pido al tribunal la máxima pena para Kunz, para poder decirle a mi hija que se hizo justicia, que se hizo justicia por Bigote y por todo lo que ella y sus compañeros tuvieron que vivir”, solicitó entre lágrimas. Contó que su hija le dijo: “Mamá, tenía la esperanza de saber por qué cuando supe que iba a declarar Kunz, y mintió”.

La otra madre sostuvo que el ataque marcó “un antes y un después en nuestra familia”, y que “tenemos un acompañamiento psicológico y psiquiátrico desde hace 3 años”.

En el juicio, “me imaginé que Kunz iba a decir la verdad. Vine todos los días a buscar respuestas y no las tengo. No entiendo qué hizo. No entiendo por qué lo hizo”, aseguró, “creo que se va a hacer justicia y espero un fallo ejemplar para que podamos vivir tranquilos”.

“Por favor, esta persona no puede estar afuera. Mi hija todavía tiene miedo, y está horrorizada porque este asesino escuchó su declaración en cámara Gesell. Me dijo ‘mamá, va a venir a buscarnos, nosotros le prometimos que no íbamos a decir nada y nos escuchó hablando’”, señaló, “la tranquilicé, y espero poder decirle que se hizo justicia”.

Uno de los cadetes atacado, que fue herido en la zona del cuello y logró descender de la trafic y refugiarse en un comercio cercano a la panadería, acudió por primera vez al juicio y decidió hablar. Se presentó con el uniforme del Liceo Militar, en donde está terminando sus estudios. Su corte de pelo dejó ver la cicatriz que lleva consigo desde hace tres años.

“Fue un hecho que cambió mi vida y la de mi familia completamente. Aunque yo era un niño de apenas catorce años, no entendía la situación, pero ver a mi madre desvelada todas las noches cuidándome… fue difícil. Verla de esa manera me partió el alma”, sostuvo.

“La justicia no es para mí, es por ella, que estuvo para mí en todo. Yo siento que destruyó por dentro a toda mi familia”, y a pesar de que pasaron tres años “el dolor no se supera, se aprende a convivir con él”.

Antes de finalizar, se refirió a “lo que he escuchado y que personalmente me da mucha rabia, que se hable en vano de la institución que me forjó como persona”. “Me da rabia que personas externas o que no sepan hablen cosas que son completamente falsas del del liceo, porque hace más de cincuenta años llevan forjando buenas personas”, explicó el cadete.

El tribunal dará a conocer su sentencia el próximo miércoles 27 de agosto, a las 12.30, en los tribunales de la capital provincial.

El Litoral

Este lunes, el Gobierno provincial publicó en el boletín oficial el decreto de designación de los 39 fiscales adjuntos que el mes pasado recibieron acuerdo de la Asamblea Legislativa.

El documento, que lleva estampada las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá convocarlos para tomarles juramento.

El artículo 1º del mencionado decreto designa formalmente “Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio Público de la Acusación para las Circunscripciones Judiciales N° 1, 2, 3, 4 y 5”, es decir, que estarán repartidos en todo el territorio provincial.

Así, la Fiscalía Regional Nº 2 con sede en Rosario, será la que mejor se habrá reforzado, cuando comiencen a trabajar los 22 adjuntos que allí fueron designados. La selección se reparte en 11 hombres y 11 mujeres, cuya composición etaria se encuentra en el rango de los 31 a los 40 años de edad.

La lista por orden alfabético la componen: Ivana Addoumie; Mercedes Banchio; Leonardo José Barucca; Amílcar Carlos Bernardi; Alejandro Caron; Georgina Cherara; María Manuela Dalcol; Ernesto Juan Manuel Ducasse; Agustina Fertitta; Mariela Verónica Gusso; Ignacio Andrés Hueso; María Cecilia Marcolín Loberse; Ramiro Martínez; Pol René Moutín; Juan Pablo Oggero Gentinetta; Carla Soledad Ranciari; María Laura Riccardo; Nicolás Luis Rolón; Martín Oscar Sanguinetti; Franco Leonel Tassini; Antonela Inés Valente y Victoria Vigna.

En segundo lugar se encuentra la Circunscripción Judicial Nº 3, con sede en Venado Tuerto, que recibirá 6 fiscales adjuntos: Lorena Paola Arcangioli; Larisa Celeste Barucca; Luciana Del Grecco; Luis Ricardo Jesús Lagioia; Ana Belén Stampella; Débora Vanesa Valentín.

Con 4 fiscales adjuntos cada una se encuentran las Regionales Nº 4 y 5 con cabeceras en Reconquista y Rafaela respectivamente.

Para la zona norte del MPA irán: Leandro David Aguilar; Elizabet Miriam Aguirre; Luciana Violeta Chiavarini y Sebastián Galleano.

En tanto formarán filas en la Perla del Oeste (Rafaela y Reconquista): Analía Elizabeth Abreu; Pedro Ignacio Machado; Emiliano Martín Odriozola y Adrián Darío Soria.

Por último, con 3 fiscales adjuntos se encuentra la Fiscalía Regional Nº 1 con sede en Santa Fe. Vivian Ester Galeano, que pasará a formar parte de la Unidad Fiscal Santa Fe; María Rosario Haeffeli, será la fiscal por el departamento Garay; en tanto que Daniela Soledad Montegrosso ocupará la Unidad Fiscal San Justo

El Litoral.

El Poder Ejecutivo sumó en las últimas horas 13 pliegos con candidatos a ocupar vacantes de cargos de fiscales de menores para las fiscalías regionales 2, 3, 4 y 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

Hoy, la Legislatura tiene a consideración 39 pliegos de fiscales subrogantes para toda la provincia que serán considerados en la Asamblea Legislativa convocada para el jueves venidero, a las 13.

La Comisión de Acuerdos, que este año preside la diputada socialista, Lionella Cattalini, entrevistará el miércoles venidero a los 39 candidatos y en caso de tener los dictámenes respectivos, serían votados al día siguiente en Asamblea o bien pedirían una postergación de una semana.

También para el jueves venidero está convocada una sesión conjunta de ambas cámaras para considerar el pedido de remoción del fiscal adjunto de Reconquista, Alejandro Héctor Rodríguez.

Pero además, el jueves venidero, desde las 9, en el recinto de la Cámara de Diputados, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich   hará el informe anual ante las cámaras que ordena la ley orgánica de ese instituto, la Ley 13.013.

En cuanto a la nueva remesa de pliegos remitidos esta semana a Legislatura y que serían tratados recién en junio en el recinto, son todos para fiscales de menores.

En ese caso son seis para la regional 2 de Rosario; dos para la regional 3 de Venado Tuerto; uno para 4 de Reconquista y cuatro para la 5 de Rafaela.

Los candidatos propuestos por el Ejecutivo para fiscales de menores de Rosario son a Romina Cocomazzi, Mariana Caratozzolo, Carlos Gabriel Alvarez, Brenda Coassolo, Juan José Cabanellas y Ana Clara Grabowski.

A marzo de este año, en el MPA se indicaban que en la fiscalía regional 2 había 18 vacantes de cuales once son de fiscales de menores por renuncias, suspensiones y pase a otros cargos judiciales.

Marianela Montemarani Menna y Leandro Carozzo son los propuestos para la regional 3 que a marzo tenía tres vacantes.

El Ejecutivo propone a María Mercedes del Sastre como fiscal de menores para la regional 4 con cabecera en Reconquista que tenía una vacante en esa categoría a principios de año.

En cuanto a la regional 5 con sede en Rafaela, las propuestas son María Cecilia Doro, Carina Gerbaldo, Heriberto Ramón Ferrero y Susana Guillermina Vega. En la regional del oeste son cuatro las vacantes, entre ellas la de Frontera, ciudad lindante a Córdoba.

A marzo, en la regional 1 con cabecera en esta capital, eran siete las vacantes de fiscales de menores que hasta el momento el Ejecutivo no propuso coberturas. Algunas de esas vacantes datan de 2022 cuando sus entonces titulares pasaron a desempeñarse como jueces penales.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió esta semana a Fabio Marcelo Della Siega quien venía desempeñándose al frente del juzgado unipersonal de familia N° 5 de la circunscripción judicial primera con sede en esta capital.

El tribunal integrado por la Corte, abogados y legisladores ahora analizará la conducta del magistrado tras aceptar el pronunciamiento del procurador general, Jorge Barraguirre, quien observó irregularidades en la conducción del juzgado y en el tratamiento de causas.

Mario Caffaro-Diario El Litoral

El nombre propuesto para Fiscal General es el de María Cecilia Vranicich; y para el cargo de Defensor General el de Estrella Moreno Robinson.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, brindó detalles sobre el envió de los pliegos, a la Legislatura, para cubrir los cargos de fiscales y defensores Generales y Regionales.

En conferencia de prensa, la ministra precisó:

El gobernador Perotti definió enviar el pliego de una persona, de cada una de esas ternas, para que ahora si, en esta instancia, el Poder Legislativo, mediante su Asamblea, avance en la evaluación de cada uno de los candidatos y candidatas para cada uno de esos lugares y tome la decisión de aprobar o no estos pliegos

En cuanto al criterio que se utilizó, Arena indicó que “la reglamentación establece que el gobernador tiene libertad para elegir a cualquiera de los integrantes de la terna que el jurado elevó. En este sentido fue un trabajo muy intenso porque todos y todas quienes conformaron las ternas tuvieron antecedentes, planes de trabajo, la exposición y las entrevistas fueron excelentes, por lo que cualquiera podría haber cumplido la función”. La definición fue “una evaluación integral” considerando los “perfiles, trayectorias, compromiso con el futuro, experiencia en cada uno de los lugares”, señaló la ministra.

A continuación, Arena destacó que “fue un proceso intenso. El año pasado tomamos el compromiso de avanzar respecto a la instrumentación de este concurso tan, pero tan, importante, para las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Centrales en la institucionalidad de nuestra provincia”.

Y agradeció a “todos los estamentos, al Colegio de Magistrados y Funcionarios, a los Colegios de Abogados, a las dos universidades públicas que colaboraron, que sumaron, y que se comprometieron en este proceso; y a los y las integrantes de los tribunales evaluadores por su compromiso, por el trabajo que llevaron delante en la evaluación”.

Asimismo, resaltó la importancia de que el proceso se “haya transmitido por primera vez en la historia, y no sabemos si esto sucedió en algún otro lugar del país. Las entrevistas, la oposición, se transmitieron en forma directa, y hoy siguen colgadas en Youtube del Canal de la Provincia, para que cualquier persona que esté interesada pueda tener acceso a esos exámenes”.

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Además, precisó que ahora “la Legislatura tiene 30 días para expedirse, a partir de que se convoque a la Asamblea, para dar el debate”.

Por último, Arena señaló que “la responsabilidad de tomar esta decisión, en esta instancia, es del gobernador y se tomó teniendo en cuenta todas las voces y opiniones, pero también tomando la responsabilidad que le compete en estos casos que es enviar estos nombres para que después ahora si la Legislatura haga su evaluación”.

Los pliegos

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, detalló los nombres que conforman los pliegos: “Para la Defensoría Provincial, Estrella Moreno Robinson; para la Circunscripción Judicial N°1, Jorge Miró; para la Circunscripción N°2, Gonzalo Armas; para la circunscripción N°4, María Lapissonde; y para la Circunscripción N°5, Carlos María Flores Zanella, Carlos María”.

En tanto, “en el caso del Ministerio Público de la Acusación, como Fiscal General, María Cecilia Vranicich; para la Circunscripción Judicial N°1 de Santa Fe, Jorge Nessier; para la N°2 de Rosario, María Eugenia Iribarren; para la Nº3 Venado Tuerto, el Matías Merlo; para la 4 de Reconquista, Rubén Martínez; y para la 5 Rafaela, Orlando Toniolo”, concluyó Corach. Por último, para cubrir el cargo de auditor del MPA se propuso a Leandro Mai.

El titular de la Corte Suprema dialogó con el ministro de Seguridad sobre la realidad que vive la provincia de Santa Fe y principalmente Rosario. El temor por el avance narco llegó tras las amenazas que sufrieron funcionarios de la justicia provincial.

El ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti se comunicó con Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad, para pedirle protección para jueces y fiscales federales. El pedio llegó tras las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, junto a un grupo de funcionarios judiciales en Rosario.

La tensión por la escalada de violencia en Santa Fe no cesa y según supo NA, desde el ministerio de Seguridad se comprometieron a intensificar la custodia y evaluar medidas de protección.

La comunicación se dio días después de la amenaza de muerte a Murúa, y de Calvo; y de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella mediante un mensaje de WhatsApp.

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En ese contexto, intensificado por las balaceras contra las comisarias, el Servicio Penitenciario y dependencias judiciales es que Rosatti llamó al ministro de Seguridad para pedirle una mayor presencia de fuerzas de seguridad y custodia para sus funcionarios.

Los planteos al ministro de Seguridad se suman a los cuestionamientos que encabezó el gobierno provincial, detrás de los dichos del gobernador Omar Perotti, quienes reclamó mayor presencia de Nación en la tarea. A su parte, Fernández aseguró que es tarea de la policía provincial encargarse de la situación, con la asistencia del Gobierno Nacional.

"Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el Gobierno nacional abandona Rosario. Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas", apuntó Perotti.

En la misma línea, el nuevo jefe de la cartera de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, expresó que "la policía y el servicio penitenciario provincial son los pilares fundamentales de esas políticas públicas de seguridad". "En ese entendimiento, es donde el Ministerio de Seguridad no solamente debe controlar y supervisar el ejercicio de ese gobierno y administración de fuerzas policiales, sino que además debe acompañar a asistir, motivar e incentivar para la mejor consecución del logro", planteó.

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