En una jornada clave desarrollada este jueves en los Tribunales de San Isidro, la Fiscalía presentó sus alegatos finales en el marco del juicio que investiga las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. El fiscal Patricio Ferrari solicitó una pena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado en la causa por el fallecimiento del astro del fútbol mundial.

El Ministerio Público también requirió 10 años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga, y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Ambos profesionales enfrentan, además, pedidos de inhabilitación por diez años para ejercer sus respectivas profesiones, según lo expuesto por los representantes de la acusación durante la audiencia judicial.

En el mismo proceso, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz. Asimismo, pidió cuatro años para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y para el enfermero Ricardo Almirón. Por otro lado, la acusación solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no tuvo responsabilidad penal en el trágico desenlace del exfutbolista.

El fiscal Patricio Ferrari explicó que Pedro Di Spagna actuó como interconsultor y no tuvo potestad ni decisión sobre la salud del paciente. En contraste, la Fiscalía mantuvo la imputación por homicidio simple con dolo eventual contra Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov. Sostienen que los profesionales conocían los riesgos y actuaron con indiferencia ante el deterioro físico de Maradona.

“Se ha acreditado que Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov, en ausencia de medidas correctivas, habiendo previsto el riesgo y aceptándolo con indiferencia, produjeron el resultado. Nuestra convicción es que han cometido homicidio con dolo eventual”, afirmó Ferrari. Para el resto de los acusados, la calificación fue modificada a homicidio culposo, al no demostrarse la misma conducta dolosa.

Los fiscales cuestionaron duramente a Leopoldo Luque por no solicitar estudios médicos adecuados, no confeccionar una historia clínica actualizada y disponer el traslado a una vivienda sin equipamiento. También señalaron a Nancy Forlini por fallas en la organización del dispositivo domiciliario y a Agustina Cosachov por omisiones en el seguimiento psiquiátrico. 

El tribunal continuará con los alegatos de las querellas y las defensas.

Un conflicto familiar terminó con un hombre detenido en Hersilia, luego de una intervención policial realizada en un domicilio ubicado sobre avenida Colón sin número.

Los efectivos fueron convocados hasta la vivienda y, una vez en el lugar, entrevistaron al propietario. El hombre manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con su hijo, mayor de edad, y que durante el altercado este lo habría agredido físicamente utilizando un rebenque.

Según el relato brindado a los agentes, posteriormente el joven habría efectuado disparos al aire con una escopeta.

Ante la situación denunciada y la presencia de testigos, el personal policial procedió inicialmente a la aprehensión del involucrado.

Durante el procedimiento se concretó además el secuestro de un aire comprimido, cartuchos y vainas servidas. El informe policial no precisó el secuestro de la escopeta mencionada en el relato del propietario.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscal en turno impartió las directivas correspondientes y ordenó la detención del hombre.

Las actuaciones continuaron bajo las instrucciones de la Fiscalía interviniente.

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu ingresó en su etapa decisiva en el Tribunal de lo Penal de París. Durante los alegatos, el fiscal Philippe Courroye sostuvo que la muerte del ex Puma fue consecuencia de una persecución que se inició después de una pelea en el bar Mabillon.

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el enfrentamiento no terminó cuando los protagonistas abandonaron el establecimiento, sino que derivó en una persecución contra el exjugador argentino, quien recibió varios disparos el 19 de marzo de 2022 en París.

La acusación sostuvo que la reacción de Loïk Le Priol, principal acusado, estuvo vinculada con la humillación que, según la fiscalía, había sufrido durante la discusión.

Uno de los puntos centrales del alegato fue la existencia de una planificación previa al ataque.

El fiscal reconstruyó los movimientos de Le Priol y Romain Bouvier después de la pelea y sostuvo que ambos abandonaron el bar para buscar a Aramburu.

La acusación también puso el foco en el vínculo entre ambos acusados y en su pertenencia al denominado Grupo de Unión y Defensa (GUD), una organización que fue disuelta en 2024 y que, según la fiscalía, estaba atravesada por discursos identitarios, violencia y fascinación por las armas.

Courroye consideró que ese contexto ayudó a explicar la relación entre los dos acusados y la manera en que reaccionaron después del enfrentamiento.

La fiscalía cuestionó especialmente la versión de Bouvier, quien durante el proceso sostuvo que su intención había sido intimidar y que uno de sus disparos estuvo dirigido al suelo.

Según la acusación, el acusado efectuó cuatro disparos en aproximadamente cuatro segundos con un arma de fuego.

Los peritajes citados durante el juicio establecieron que Aramburu recibió dos impactos: uno en el muslo y otro en el pecho. Para la fiscalía, las trayectorias de los proyectiles no son compatibles con la explicación de que los disparos estuvieran dirigidos al suelo.

La acusación también mencionó distintas acciones posteriores que atribuyó a Bouvier, entre ellas el descarte del arma y de prendas de vestir y la desaparición de un teléfono.

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Respecto de Le Priol, el fiscal sostuvo que el acusado persiguió a Aramburu armado y que posteriormente efectuó disparos contra el exrugbier.

La fiscalía vinculó el móvil con la reacción ante la humillación sufrida durante el episodio ocurrido en el bar y consideró que la conducta posterior evidenció una intención homicida.

Durante el juicio también se mencionaron testimonios de personas que habrían escuchado amenazas antes del ataque, elementos que la acusación incorporó a su reconstrucción de los hechos.

Luego de exponer sus argumentos, el fiscal Philippe Courroye solicitó:

La fiscalía también pidió que Le Priol y Bouvier reciban tratamiento médico y social.

El proceso entra ahora en su tramo final. Después de los alegatos de las partes, el tribunal deberá analizar las pruebas y las responsabilidades de cada uno de los acusados.

El veredicto está previsto para este viernes, cuando se conocerá la decisión de la Justicia francesa sobre el crimen de Federico Martín Aramburu y las penas que eventualmente recibirán los acusados.

La investigación por la muerte de un niño de seis años en San Justo continúa en etapa preliminar, mientras la Fiscalía reúne pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de una vivienda ubicada en calle Sylvestre Begnis al 1400.

La madre del pequeño permanece detenida y, hasta el momento, es la única persona sobre la que pesa una medida coercitiva. Sin embargo, desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que todavía no se realizó una audiencia imputativa y que se aguardan distintos informes periciales antes de avanzar.

El caso comenzó a investigarse luego de un llamado al 911 registrado alrededor de las 14 horas del miércoles, que alertó sobre una situación en el domicilio. Cuando el personal policial arribó al lugar encontró a la mujer con el cuerpo sin vida de su hijo en brazos.

El fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso, brindaron detalles del expediente y explicaron que interviene también la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Santa Fe, con la participación de la fiscal María Laura Urquiza.

Desde el inicio del procedimiento se dispuso la preservación de la escena, entrevistas testimoniales y la intervención de especialistas de Criminalística y de la Policía de Investigaciones.

La Fiscalía trabaja para reconstruir las horas previas al fallecimiento y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte. Para eso se toman declaraciones a familiares y vecinos, además de analizar distintos elementos incorporados a la causa.

Consultada sobre versiones que indicaban que algunos vecinos habrían escuchado gritos durante la noche anterior, Montegrosso señaló que ese aspecto todavía forma parte de la investigación.

Uno de los informes más esperados es el resultado de la autopsia, que permitirá avanzar en la determinación de la mecánica de la muerte y precisar, dentro de lo posible, el momento del fallecimiento.

Desde la Fiscalía explicaron que el examen médico inicial indicó de manera preliminar que el niño llevaba varias horas muerto cuando llegaron los agentes, aunque el horario exacto deberá establecerse mediante distintos estudios científicos.

Además, las autoridades evitaron confirmar como definitiva la hipótesis inicial sobre la causa de muerte y señalaron que deberá ser corroborada por las pericias correspondientes.

La mujer continúa privada de su libertad y recibe asistencia psicológica y psiquiátrica en la ciudad de Santa Fe luego de una evaluación realizada por personal especializado.

Nessier explicó que, desde una primera mirada del expediente, la responsabilidad por el hecho “parecería recaer en la madre del niño”, aunque aclaró que se trata de una investigación en curso y que todavía deben reunirse más elementos.

Según informaron desde la Fiscalía, hasta el momento no se detectaron denuncias previas ante la Comisaría de la Mujer ni intervenciones conocidas de equipos socioeducativos municipales o provinciales vinculadas con la familia.

Entre las medidas pendientes también se encuentran los peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

La Fiscalía analiza si cuenta con elementos suficientes para realizar la audiencia imputativa dentro del plazo inicial de 96 horas o si será necesario solicitar una prórroga para completar las diligencias.

Mientras continúan los trabajos en San Justo y Santa Fe, los investigadores buscan reunir la mayor cantidad de evidencia científica y testimonial antes de definir la situación procesal de la mujer detenida.

La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años encontrado sin vida en diciembre de 2025 en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, ingresó en la etapa final de la instrucción.

La Fiscalía de Menores trabaja en la elaboración de la acusación formal con la que solicitará la apertura del juicio contra Milagros A., de 16 años, señalada como la principal acusada del crimen.

Esta semana se desarrollará una audiencia técnica ante el juez de Menores Héctor Aiello. El objetivo será precisar la hora en la que habría ocurrido la muerte para que exista concordancia entre la imputación, la futura acusación y las pruebas reunidas durante la investigación.

La adolescente permanece bajo detención preventiva desde el 29 de diciembre de 2025 y está imputada como coautora de homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o más personas, ensañamiento y alevosía.

De acuerdo con la hipótesis del fiscal Francisco Cecchini, el 18 de diciembre Jeremías salió en bicicleta desde su vivienda de Santo Tomé para encontrarse con la adolescente en el Fonavi San Jerónimo.

Desde allí, ambos se habrían dirigido hasta un predio abandonado de barrio Chalet, ubicado frente al estadio del Club Atlético Colón, donde aguardaban otros dos menores de 14 años.

La Fiscalía sostiene que los tres adolescentes emboscaron a Jeremías, lo golpearon y lo amenazaron con armas blancas para sustraerle el teléfono celular y obligarlo a revelar la clave de desbloqueo.

Luego de obtenerla, la joven de 16 años habría ordenado concretar el ataque mortal. Según la investigación, parte de la secuencia fue registrada con un teléfono por los propios agresores.

En la causa también está imputada Nadia Juárez, de 41 años y madre de Milagros A., a quien la Fiscalía atribuye una participación secundaria.

Los investigadores sostienen que la mujer habría conocido el plan antes de su ejecución. Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran registros de cámaras de videovigilancia ubicadas detrás del estadio de Colón.

Según la reconstrucción fiscal, aproximadamente una hora después del hecho Juárez se habría reunido con los tres menores. En las imágenes se observa que los adolescentes le muestran elementos retirados de una bolsa y que el grupo comparte durante varios minutos la visualización de una pantalla.

Para la Fiscalía, podrían haber estado observando la filmación del ataque. Posteriormente, la mujer y los adolescentes se habrían trasladado al Parque del Sur, donde presuntamente descartaron pertenencias de la víctima.

Una vez concretada la audiencia destinada a ajustar la hora atribuida al crimen, el fiscal quedará en condiciones de presentar formalmente la acusación.

El próximo paso será solicitar la apertura del juicio contra la adolescente, mientras continúa el proceso judicial para determinar la responsabilidad de cada una de las personas investigadas.

Dibujos realizados por niños cuyas familias denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola fueron incorporados como prueba en la causa que investiga presuntos abusos sexuales ocurridos en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz.

Las imágenes forman parte del expediente a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez y permanecen bajo secreto de sumario. No obstante, las familias resolvieron mostrarlas públicamente luego de que Nicola reapareciera concelebrando una misa en la Catedral de Córdoba, según informó Perfil Córdoba.

Uno de los dibujos fue realizado por un niño que, de acuerdo con el relato de su madre, tardó casi un año en poder hablar sobre lo que presuntamente había vivido cuando concurría a la sala de cinco del jardín parroquial Niño Dios.

La mujer explicó que encontró la imagen recientemente mientras revisaba un cuaderno escolar del año anterior. A partir de ese hallazgo, relacionó el dibujo con distintos cambios de conducta que había atravesado su hijo, entre ellos mutismo, episodios de llanto y pérdida del control de esfínteres.

La segunda imagen corresponde a una niña. Según relató su madre, la menor llevó el dibujo a su casa y explicó que una figura oscura representaba “al diablo”, mientras otra figura verde simbolizaba a Dios.

De acuerdo con el testimonio familiar, la niña señaló que esa figura oscura la amenazaba con hacerla desaparecer si hablaba. Estos elementos fueron sumados a una investigación que tomó estado público en junio de 2026.

Tras las denuncias, el Arzobispado dispuso el cese preventivo y la remoción de Nicola de la comunidad Niño Dios de Villa Carlos Paz, bajo razones de índole pastoral, mientras la Justicia continuaba con las actuaciones.

En los últimos días trascendió que el sacerdote tendría como residencia temporal la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba capital.

También se conoció que Nicola habría participado de misas en la Catedral de Córdoba, donde fue reconocido por feligreses que asistieron a celebraciones recientes.

La situación generó malestar entre las familias denunciantes, que decidieron volver a visibilizar el caso y exhibir parte del material incorporado a la causa.

En paralelo, la investigación judicial continúa. Nicola debía presentarse este viernes 31 de julio en Tribunales II de Córdoba para someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la fiscal Gómez. Hasta el momento, el sacerdote permanece investigado y no existe una condena judicial en su contra.

Efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería aprehendieron este martes en Rafaela a un hombre de 37 años y secuestraron una bicicleta que reunía características similares a una sustraída días atrás.

El procedimiento se realizó en la intersección de J. V. González y la Ciclovía, luego de que el personal policial fuera comisionado por la presencia de un sujeto a bordo de un rodado presuntamente vinculado a un hecho previo.

Al arribar al lugar, los efectivos corroboraron la situación y procedieron a la aprehensión del hombre y al secuestro de la bicicleta.

Posteriormente, tanto el involucrado como el rodado fueron trasladados a la Comisaría Nº 1, donde se continuaron las actuaciones correspondientes. Por disposición del fiscal de turno, la bicicleta fue finalmente restituida a su propietario.

Las autoridades de Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia aplicada a un niño de entre 1 y 12 años desde la entrada en vigor de la nueva normativa que regula este tipo de procedimientos en situaciones excepcionales.

La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, notificó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar los casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a fines de 2024 y concluyó recientemente el análisis del expediente.

Según informó la funcionaria, la comisión revisó la documentación médica, escuchó al profesional interviniente y remitió su dictamen a la Fiscalía.

Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si el médico actuó conforme a la legislación vigente. Por razones de privacidad, no se informó la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía.

La normativa rige desde febrero de 2024 y permite la terminación de la vida de niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal, con sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejoría.

El procedimiento requiere el consentimiento de los padres y la evaluación de al menos un médico independiente.

De acuerdo con el informe de la comisión, este fue el primer caso recibido dentro de esa categoría desde la ampliación de la regulación. Hasta entonces, el marco legal contemplaba situaciones vinculadas a recién nacidos y a menores mayores de 12 años.

Cuando se aprobó la medida, las autoridades estimaron que alrededor de cinco niños por año podrían cumplir los requisitos para acceder a este procedimiento, en su mayoría por anomalías congénitas o enfermedades metabólicas graves.

La introducción de la normativa generó un fuerte debate en Países Bajos.

Sectores conservadores y grupos religiosos cuestionaron la regulación por sus implicancias éticas, mientras que asociaciones médicas defendieron la necesidad de contar con un marco legal claro para casos extremos de sufrimiento infantil sin posibilidad de recuperación.

El sistema neerlandés mantiene una revisión posterior obligatoria: aunque el procedimiento pueda estar contemplado bajo ciertas condiciones, la comisión evalúa si se cumplieron los criterios de diligencia y remite el caso a la Fiscalía para su análisis final.

Durante 2025, la comisión también recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo vinculadas a fetos con graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus.

En esos expedientes, los médicos concluyeron que no existían tratamientos capaces de mejorar el pronóstico y que, de llegar al nacimiento, los niños habrían padecido discapacidades neurológicas severas, epilepsia de difícil tratamiento y dependencia total de cuidados.

La comisión consideró que los profesionales actuaron conforme a los requisitos legales de diligencia.

El informe recuerda que tanto la interrupción tardía del embarazo como la terminación de la vida de recién nacidos o menores de 12 años siguen siendo, en principio, conductas tipificadas en el Código Penal neerlandés.

Sin embargo, los médicos pueden quedar exentos de responsabilidad penal si cumplen de manera estricta con los criterios establecidos por la normativa y si la comisión concluye que actuaron de forma cuidadosa.

Hasta el momento, la Fiscalía neerlandesa no procesó a ningún profesional en los casos examinados bajo este sistema de revisión.

Un hombre de 48 años falleció la semana pasada en una vivienda ubicada en el barrio Curiyú de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 21 de mayo y motivó la intervención de personal policial, sanitario y judicial.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, una mujer manifestó que el hombre se habría descompensado mientras ambos se encontraban dentro del domicilio.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y comenzaron con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Durante el procedimiento, otro hombre declaró ante los uniformados que se encontraba alojado en la vivienda desde hacía aproximadamente un mes. Según explicó, convivía allí con la víctima luego de que esta se hubiera separado de su esposa.

Al ingresar a uno de los dormitorios de la casa, los efectivos constataron que el hombre se encontraba tendido boca arriba sobre una cama y sin signos vitales.

En primera instancia intervino personal del hospital Santa Rosa de Chajarí y luego el médico policial de turno, quien examinó el cuerpo y confirmó que el fallecimiento se produjo por muerte súbita.

Ante la situación, tomó intervención la Fiscalía competente, que dispuso las medidas de rigor y autorizó posteriormente la entrega del cuerpo a sus allegados.

Según informó el medio local Chajarí al Día, ante la falta de respuesta inicial por parte de familiares para concretar el retiro del cuerpo, las gestiones quedaron a cargo del amigo con quien convivía la víctima.

Días más tarde, la mujer de la que el fallecido se encontraba separado se presentó en dependencias policiales, donde fue informada sobre las actuaciones realizadas y las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Fuentes consultadas indicaron que hasta el momento no se registraron denuncias relacionadas con el episodio ni surgieron elementos que motivaran nuevas medidas judiciales.

La investigación permitió establecer que el hombre murió por causas naturales asociadas a una muerte súbita, de acuerdo con el informe médico incorporado al expediente.

Una vez cumplidas las diligencias correspondientes y notificadas las partes involucradas, la causa continuó bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, sin que se informaran novedades posteriores.

La muerte de Ángel, un niño de 4 años, en un hospital de Comodoro Rivadavia, está siendo investigada por las autoridades, mientras surgen graves acusaciones de negligencia y maltrato desde el entorno paterno. La madrastra de Ángel, Lorena Andrade, denunció públicamente que la madre biológica del niño fue la responsable de su fallecimiento, asegurando que la mujer "dejó al niño en coma" y luego se fue a dormir.

Ángel fue ingresado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el lunes 6 de abril tras presentar problemas para respirar. Según la versión oficial, el niño fue encontrado sin signos vitales en su hogar y trasladado de urgencia al hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció esa misma noche. Sin embargo, la causa del paro cardiorrespiratorio sigue siendo un misterio, y el fiscal Facundo Oribones espera los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

En su testimonio, Lorena Andrade acusó directamente a la madre de Ángel de maltratarlo y de no haberlo cuidado adecuadamente. Según relató, Ángel vivió un deterioro físico y emocional al estar alejado de su padre y vivir con una madre con la que apenas había formado un vínculo. "Ella se lo llevó sin darle tiempo de conocerla, lo mandó a dormir con ella sin haber formado un lazo", señaló Andrade.

El caso de Ángel también ha puesto en evidencia las fallas en el sistema judicial, ya que, a pesar de las denuncias de maltrato y el temor del niño hacia su madre, la justicia ordenó que el niño fuera restituido a su madre biológica. Andrade denunció que la defensora de turno ordenó la restitución de Ángel, a pesar de que el niño había demostrado miedo y había vivido con su padre desde su primer año y medio de vida.

En cuanto a los hechos ocurridos en la vivienda de la madre de Ángel, Lorena Andrade mencionó que el niño estaba al cuidado de la pareja de la madre, quien, según ella, probablemente era el que lo maltrataba mientras la madre trabajaba. “El nene salió muerto de esa casa”, expresó con indignación.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del caso gracias a una denuncia realizada por el padre de Ángel, quien está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Las autoridades informaron que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Personal del Cuerpo Guardia de Infantería secuestró una motocicleta que había sido robada días atrás, luego de un aviso que alertó por la presencia de un hombre que estaría desarmando un vehículo en la vía pública.

El operativo se llevó a cabo el sábado, cuando los agentes fueron comisionados a la zona de Tucumán y Entre Ríos. Al arribar, y tras recorrer el sector, localizaron una motocicleta desarmada en la intersección de Marini y Entre Ríos.

El rodado fue secuestrado de inmediato. Posteriormente, tras realizar las tareas investigativas correspondientes, se confirmó que la moto coincidía con la que había sido sustraída días antes.

La Fiscalía en turno fue notificada y dispuso las directivas a seguir.

“Se ha hecho justicia. Fue un trabajo muy grande el que se hizo durante la investigación. Estamos conformes con el fallo, que fue unánime”, afirmó el fiscal Estanislao Giavedoni al terminar el juicio oral en el que Martín Kunz fue condenado a prisión perpetua por un sangriento ataque perpetrado en la ruta provincial 1, en el distrito santafesino de Colastiné Norte.

“Lo que más sorpresa generó fue la declaración del ahora condenado. No contábamos con esa información. Dio una explicación diferente de lo que, para él, había ocurrido ese fatídico día... la existencia de un ataque que él estaba recibiendo y que los alumnos eran quienes habían atacado y matado a Rubén Isidro Walesberg. Pero durante el proceso cada uno de los chicos en Cámara Gesell contó cómo querían a ‘Bigote’, que era su transportista, no sólo para viajar de Santa Fe a San Javier, porque también los llevaba a la colonia de vacaciones”, puntualizó Giavedoni, que junto a su par Ana Laura Gioria representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio.

“Este intento de defensa del acusado -agregó- nos permitió hacer hincapié en su declaración, durante los alegatos. Él mismo se colocó en la escena del hecho, con el arma homicida en la mano, durante todo el tiempo que transcurrieron los hechos”.

Por su parte, la doctora Gioria destacó que el tribunal -conformado por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti- estableció la misma pena solicitada por la fiscalía y la querella, por prácticamente los mismos delitos que se imputaron desde el principio a Kunz. “La teoría de la fiscalía fue siempre que mató a Walesberg para facilitarse a sí mismo todo lo que iba a hacer después, que era privar de su libertad a los cadetes y darles muerte. El tribunal así lo entendió” al aceptar el agravante criminis causa respecto del homicidio, explicó la funcionaria del MPA.

No obstante, los jueces no entendieron que existiera el mismo agravante por los ataques a los cadetes del Liceo General Manuel Belgrano de Santa Fe. Ellos consideraron que se trató de homicidio simple en grado de tentativa reiterado.

“Quedó absolutamente probado que planificó el ataque. Se pudo aportar al debate el ticket del colectivo que lo llevó de Humboldt a Santa Fe. Portaba el cuchillo que usó para el ataque. Era costumbre que la camioneta de ‘Bigote’ se detuviera en esa panadería. Allí, la mayoría de los pasajeros bajaba para aprovisionarse. Kunz aprovechó cuando los estudiantes subían, de manera sorpresiva. Lo primero que hizo fue atacar, al cuello y a la cabeza… tanto a Walesberg como a los chicos”, enfatizó Gioria.

Daniel Recamán, representante de la familia de Walesberg, también se mostró conforme con el resultado del juicio.

“Se hizo justicia por mi papá. Por su memoria. Se dio una pena ejemplar. La Justicia hizo lo correcto. Confiábamos en ella. Le prometí a mi papá que se iba a hacer justicia para que pueda descansar. Ahora él descansa en paz”, se consoló Diego, hijo de la víctima fatal.

Finalmente, la abogada querellante por los cadetes, Mariana Oroño, se mostró incrédula sobre lo declarado por Kunz ante el tribunal. “Esperábamos todos algún tipo de confesión, con expresión de los motivos. Es lo que quedó oscuro, sin determinar. Por qué hizo todo eso. Después de tres años, habló, pero trató de echarle la culpa a los demás. Una barbaridad total. Podíamos esperar muchas cosas, pero no que se sitúe como víctima. Hubo mucha indignación respecto de esto… padres, chicos… todos indignados”, señaló.

Kunz -que participó de la audiencia por Zoom, desde la cárcel de Coronda- fue condenado a prisión perpetua este miércoles como autor de homicidio calificado criminis causa, tentativa de homicidio simple reiterado en cuatro oportunidades y privación ilegítima de la libertad.

Un fuerte operativo policial conmocionó la tarde del sábado en barrio Villa Dominga, al norte de la ciudad de Rafaela, luego del hallazgo sin vida de una mujer de 50 años en el interior de su vivienda ubicada en Pueyrredón al 1100.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:00, tras un llamado al 911 por parte de un familiar que alertó la situación. Al arribar al lugar, personal policial confirmó el deceso y estableció un perímetro para que trabajen las distintas autoridades competentes, entre ellas la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal de turno, Fabiana Bertero. Posteriormente, la investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Martín Castellano.

La víctima fue identificada como Marta Culasso. Vivía sola en la propiedad donde fue hallada. Según fuentes vinculadas a la investigación, se trataría de una muerte violenta ocurrida en horas de la noche, posiblemente tras el ingreso de un individuo a la vivienda. Aunque no se brindaron detalles oficiales, se indicó que una de las hipótesis bajo análisis es la de un posible femicidio.

Durante la jornada del sábado se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona como parte de las primeras diligencias. En tanto, la autopsia al cuerpo de la mujer fue programada para la mañana de este lunes, y permitirá determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento. Por el momento, la causa se maneja con total hermetismo para no entorpecer la investigación.

Durante la jornada del miércoles, efectivos del Comando Radioeléctrico de Rafaela detuvieron a un hombre de 34 años que fue sorprendido en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Las Heras. El procedimiento se originó tras un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de una persona ajena dentro del domicilio.

Al llegar al lugar, los uniformados verificaron el predio y detectaron al sujeto en el patio interno de la propiedad. El hombre fue inmediatamente aprehendido y trasladado por los agentes.

Con intervención del fiscal en turno, se dispuso que el individuo pase a revestir carácter de detenido comunicado, mientras continúan las actuaciones de rigor.

En la noche del martes, efectivos de la policía de Brinkmann llevaron a cabo un operativo que resultó en la detención de cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, quienes están acusados de haber participado en una feroz agresión contra dos jóvenes a la salida de un local bailable en Brinkmann. Los arrestos fueron ejecutados por orden de la Fiscalía de Instrucción de Morteros. 

La violenta confrontación ocurrió durante la madrugada del pasado viernes, cuando las víctimas fueron atacadas por un grupo compuesto tanto por adultos como por menores. Según las investigaciones realizadas, la agresión se dio en un contexto de violencia grupal, lo que motivó a la fiscalía a emitir órdenes de detención por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, en base a la participación de menores y la intervención de dos o más personas.

Los detenidos, que incluyen a un hombre de 37 años y cuatro mujeres de 42, 20 y dos de 18 años, fueron arrestados en diferentes domicilios de la ciudad. Todos ellos fueron trasladados a la alcaldía de la comisaría local, donde permanecían bajo la custodia de la justicia.

Además de los arrestos de los adultos, tres menores de edad fueron imputados en relación con el hecho, acusados de participación activa en las lesiones, agravadas también por el concurso de varias personas. Los menores fueron imputados por el delito de lesiones leves agravadas.

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Un hombre de 44 años fue detenido este domingo en Ceres tras ser acusado de agredir físicamente a otro masculino, de 27 años, en la vía pública. El incidente ocurrió cerca de la intersección de las calles Hernandarias y Avenida Mayo, donde personal del Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas.

Según los relatos de la pareja de la víctima, el hombre había sido atacado por un sujeto. A partir de esta información, se llevó a cabo un amplio rastrillaje por la zona, logrando localizar al agresor a pocos metros del lugar del incidente.

El sospechoso fue identificado como un hombre de 44 años, domiciliado en Ceres. La víctima, quien presentaba lesiones leves, fue trasladada al Samco local para ser examinada y quedó en observación tras la atención médica.

La fiscal en turno fue informada del hecho y ordenó la detención del agresor, quien fue remitido a la alcaldía de San Cristóbal a disposición de la justicia.

La Fiscalía Superior de Cataluña confirmó este miércoles que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar revertir la absolución de Dani Alves, quien había sido condenado por agresión sexual y posteriormente exonerado tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El motivo de la apelación

Dani Alves, exjugador del FC Barcelona, pasó 14 meses en prisión luego de haber sido acusado de agresión sexual. Sin embargo, el TSJC anuló la sentencia original de la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que había "insuficiencias probatorias", señalando que el testimonio de la denunciante no era lo suficientemente fiable como para sostener la condena.

Ante esta situación, la Fiscalía argumenta que el fallo vulnera principios constitucionales y del Código Penal, por lo que solicita su revisión en la instancia superior.

La defensa de la víctima también recurrirá

La abogada de la denunciante, Ester García, también expresó su intención de apelar ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, advirtió que la decisión final dependerá del estado emocional de la víctima, dado que el proceso podría extenderse por más de un año.

El Tribunal Supremo no tiene la facultad de imponer una condena si la apelación prospera, pero sí podría determinar que el fallo absolutorio del TSJC se basó en errores jurídicos. En tal caso, ordenaría que otro tribunal dicte una nueva sentencia con una composición diferente de jueces, según fuentes judiciales consultadas por EFE.

El caso sigue abierto y genera debate sobre los criterios probatorios en los delitos de agresión sexual en España.

Personal de la Comisaría N° 15 de Rafaela secuestró un automóvil robado en la localidad de Lehmann. Previamente, la misma fuerza detuvo a un hombre de 23 años presuntamente involucrado en el hecho delictivo.

El procedimiento se dio en el marco de una investigación por el robo del rodado. Mientras realizaban recorridas por la jurisdicción, efectivos policiales divisaron un automóvil gris en calle Coronel Pringles y J. R. Armando, cuyas características coincidían con las del vehículo sustraído en Lehmann.

Tras verificar su procedencia, se confirmó que se trataba del auto denunciado como robado, por lo que se procedió a su secuestro formal. El caso quedó bajo conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso las directivas a seguir en la investigación.

Un hombre de 26 años, con domicilio en la zona sur, fue detenido en Esperanza luego de que efectivos del Comando Radioeléctrico UR XI lo identificaran en un patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Corrientes y San Juan, donde los agentes reconocieron al individuo por haber estado previamente involucrado en hechos delictivos. Al verificar su identidad, constataron que tenía una restricción judicial que le impedía ingresar a la ciudad.

Ante esta situación, la policía procedió a su traslado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía, que determinará las medidas a seguir.

En la madrugada del martes, personal del Cuerpo Guardia de Infantería acudió a un llamado en calle 1º de Mayo, tras ser alertado sobre la presencia de un sujeto en los patios de una vivienda.

Con las características aportadas por los testigos, los agentes realizaron un operativo de saturación en la zona y lograron interceptar a un hombre en Avenida Italia, quien llevaba consigo diversos elementos. Al identificarlo, constataron que se trataba de un individuo de 24 años, quien fue aprehendido en el lugar.

El fiscal de turno ordenó el secuestro de los objetos sustraídos y dispuso las directivas a seguir en el marco de la investigación.