Un hombre de 32 años fue condenado a seis años de prisión por haber cometido una tentativa de homicidio con un arma de fuego en la ciudad de Frontera, en el departamento Castellanos.

La sentencia recayó sobre Franco Damián Córdoba y fue dictada por el juez Juan Gabriel Peralta, en el marco de un juicio oral que finalizó este miércoles en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representó al Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el sábado 4 de mayo de 2024, minutos antes de las 4 de la madrugada, en una vivienda ubicada en calle Ángel Fantino al 800.

Según detalló el fiscal, el condenado forzó una ventana con intenciones de robo y llevaba consigo un arma de fuego calibre 32.

El propietario del domicilio advirtió ruidos, salió al exterior y fue sorprendido por el agresor, quien lo amenazó y le exigió dinero.

“La víctima intentó resistirse y el imputado efectuó entre tres y cinco disparos con la clara intención de provocarle la muerte”, sostuvo Castellano.

A pesar de recibir una herida en el hombro izquierdo, el hombre logró refugiarse dentro de su vivienda, lo que evitó consecuencias fatales.

“El condenado no logró quitarle la vida por razones ajenas a su voluntad”, explicó el fiscal.

El tribunal condenó a Córdoba como autor de:

Tras conocerse el fallo, Castellano valoró la resolución judicial: “Desde la Fiscalía valoramos que Córdoba haya sido condenado tal como lo habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva de un joven de 23 años, identificado por sus iniciales LGE, quien es investigado por provocar lesiones a otro hombre y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la localidad de San Guillermo.

La decisión fue adoptada por el camarista Sergio Alvira durante una audiencia de apelación realizada de manera remota en los tribunales de Rafaela.

La investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, quien representó al Ministerio Público de la Acusación tanto en la audiencia de primera instancia como en la revisión ante la Cámara.

Tras conocerse la resolución, el fiscal valoró la decisión judicial y explicó que el camarista rechazó los planteos de la defensa.

“El camarista sostuvo que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitieron ratificar la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso”, señaló Odriozola.

Además, el magistrado consideró que, en caso de una eventual condena, la pena a aplicar no permitiría una ejecución condicional, tal como había sostenido previamente la jueza Cecilia Alamo, quien dispuso la prisión preventiva el 18 de diciembre del año pasado.

El fiscal también destacó que la Cámara rechazó las medidas alternativas solicitadas por la defensa, al considerar que aún restan realizar diligencias en la investigación, entre ellas pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del año pasado alrededor de las 5 de la mañana.

“El imputado agredió físicamente con golpes de puño y con una cuchilla a otro hombre que había ido a su casa a comprarle droga”, relató Odriozola. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

Cuatro días después del episodio, personal de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Ceres realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Durante el procedimiento se secuestraron:

De acuerdo con la Fiscalía, todos estos elementos son compatibles con tareas de fraccionamiento, pesaje y comercialización de estupefacientes.

Al imputado se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delitos que continúan siendo investigados por el Ministerio Público de la Acusación.

Un joven de 19 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma blanca en la ciudad de Rafaela. La medida cautelar fue ordenada este jueves por el juez de la Investigación Penal Preparatoria Javier Bottero, a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano.

La audiencia se desarrolló en los tribunales locales y el magistrado resolvió disponer la prisión preventiva sin plazo para el imputado, identificado por sus iniciales UAI. La investigación está a cargo de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:45 del domingo pasado en la vía pública del barrio 2 de Abril. De acuerdo a la acusación, tras provocar verbalmente a la víctima, el joven se acercó por detrás y se inició una pelea con golpes de puño.

En ese contexto, el imputado habría utilizado un arma blanca de fabricación casera, tipo chuza, con la que le provocó dos heridas punzocortantes en ambos lados del tórax al hombre atacado. El fiscal indicó que la agresión cesó por la intervención de personas que se encontraban en el lugar, quienes también colaboraron para que la víctima fuera trasladada al hospital local, donde recibió atención médica.

Durante la audiencia, Castellano sostuvo que el imputado actuó con intención de provocar la muerte, al utilizar un elemento altamente lesivo y atacar zonas vitales del cuerpo. Señaló además que el resultado fatal no se concretó por la intervención de terceros y por la atención médica oportuna que recibió la víctima.

En cuanto a los riesgos procesales, el juez consideró acreditada la materialidad del hecho y la participación del imputado, y sostuvo que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo. También rechazó el planteo de la Defensa que pretendía recalificar el hecho como lesiones graves y consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas.

El magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía al entender que era necesario adoptar medidas de protección para la víctima y los testigos, a fin de garantizar su libertad al momento de declarar.

El joven es investigado como autor del delito de tentativa de homicidio doloso.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de un hombre de 26 años, identificado por sus iniciales BA, acusado de haber participado en un robo calificado en lugar poblado y en banda en la ciudad de Rafaela. La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer, a pedido del fiscal Pedro Machado, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos.

En el mismo proceso judicial fue imputado otro hombre de 23 años, cuyas iniciales son MB, acusado de encubrimiento por receptación. En su caso, el magistrado resolvió otorgarle la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

Los hechos investigados fueron cometidos el sábado 17 de enero, minutos antes de las 5 de la mañana.

Según explicó el fiscal Machado, BA actuó junto con otros dos hombres, uno de los cuales se encuentra prófugo y el otro aún no fue identificado. Los tres ingresaron a una vivienda ubicada en calle Montes de Oca al 1200, tras forzar una ventana del frente del inmueble.

El representante del Ministerio Público de la Acusación indicó que los autores actuaron “de acuerdo a un plan común y con reparto de tareas”. Desde la cocina y el comedor de la casa sustrajeron una gran cantidad de elementos, entre ellos:

Machado precisó que, aproximadamente una hora después del robo, el imputado MB recibió en su domicilio parte de los elementos sustraídos. El fiscal sostuvo que el joven aceptó dichos objetos a sabiendas de su origen ilícito, motivo por el cual fue imputado por el delito de encubrimiento por receptación.

El juez Stegmayer consideró acreditadas la materialidad del hecho y la probable autoría de BA, así como correcta la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Además, evaluó que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo, sumada a antecedentes penales previos y al incumplimiento de medidas alternativas dispuestas en otras causas.

Entre los riesgos procesales, el magistrado valoró la posibilidad de fuga, la existencia de un coautor prófugo, la no recuperación de todos los elementos robados y la tenencia de una suma importante de dinero sustraído.

En cuanto a MB, el juez dispuso su libertad bajo reglas de conducta, entre ellas: fijar domicilio, firmar semanalmente en la comisaría correspondiente, prohibición de contacto con la víctima y con el coimputado, y la obligación de no cometer nuevos delitos ni entorpecer la investigación.

Un hombre de 44 años, identificado como Julio César Antonio Unrein, fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión efectiva por haber cometido un robo en una vivienda de Santa Clara de Saguier, mientras se encontraba gozando de libertad condicional. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer al mediodía en los tribunales de Rafaela.

El proceso fue impulsado por el Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal Fabiana Bertero, y estuvo a cargo de un tribunal pluripersonal integrado por la jueza Cecilia Álamo y los conjueces Sergio Beceyro y Carlos Farías Demaldé.

Tras conocerse el veredicto, la fiscal Bertero señaló que, si bien aún resta acceder a los fundamentos completos del fallo, la Fiscalía quedó conforme con la resolución. “La sentencia fue condenatoria y acorde a lo solicitado por el MPA; aguardaremos la notificación formal para su análisis”, indicó.

Según expuso la fiscal durante el debate, el hecho juzgado ocurrió en las primeras horas del 8 de marzo de 2021, cuando Unrein ingresó de manera furtiva a una vivienda de Santa Clara de Saguier mientras sus moradores dormían.

Para concretar el robo, abrió puertas ventana de aluminio y vidrio y sustrajo dinero en efectivo, un atado de cigarrillos y una billetera de cuero que se encontraban en la cocina. En ese momento fue sorprendido por el propietario de la casa, a quien amenazó de muerte para poder escapar con los elementos sustraídos.

Bertero explicó que la pena impuesta responde a la situación particular del imputado, quien al momento del robo se encontraba en libertad condicional por una condena previa a prisión perpetua, luego conmutada a 25 años de prisión, dictada en 2005 por un doble homicidio calificado por alevosía y por robo, cometido con arma de fuego.

Debido a esa circunstancia, la Fiscalía solicitó la unificación de ambas penas y la declaración de reincidencia, lo que fue finalmente aceptado por el tribunal.

El tribunal condenó a Julio César Antonio Unrein a 27 años y 6 meses de prisión efectiva, resultado de la unificación de la condena anterior por doble homicidio calificado y la nueva condena por robo, junto con la declaración de reincidencia.

El “Patrón” Gallardo, acusado de liderar una estructura criminal y buscado desde 2022 por un homicidio cometido en Frontera, fue detenido en Puerto Madryn luego de un operativo articulado entre la Fiscalía Regional V, la PDI y fuerzas de seguridad provinciales y federales. Sobre él pesaba una millonaria recompensa y en los últimos meses había sido incluido entre los diez prófugos más buscados de Santa Fe.

El fiscal regional Carlos María Vottero confirmó que el detenido “se encontraba prófugo desde el año 2022, en relación a un hecho ocurrido el 23 de abril de 2022 en la localidad de Frontera”, donde fue víctima Carlos Cabrera. Recordó que la investigación “la inició el fiscal adjunto Nicolás Stegmayer y luego continuó a cargo del fiscal Martín Castellano”.

Vottero destacó que el detenido “manejaba desde hace muchísimo tiempo un clan, denominado el ‘Clan Gallardo’, que estaba a cargo de una organización criminal”, lo que demandó un trabajo de largo plazo. Señaló además que, en los últimos meses, el hombre “estaba en el listado de los diez prófugos más buscados de toda la provincia”. Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad santafesino ofreciera una recompensa de 25 millones de pesos para dar con su paradero.

El comisario Martín Gianni, jefe del equipo de asistencia a la investigación, detalló que la captura fue posible gracias a información precisa y sostenida: “Hace meses que se viene contando con información de inteligencia certera”.

Explicó que el detenido “contaba con identidad falsa, un documento apócrifo, tenía su fisonomía cambiada, tatuajes tapados, cambio de imagen, corte de pelo”, lo que dificultaba identificarlo. El seguimiento incluyó movimientos por el sur de Buenos Aires, Neuquén y finalmente Chubut.

Gianni remarcó el trabajo coordinado: “Si no fuera por el apoyo de la fiscalía, del Ministerio Público y de la Directora de la PDI, esto no se hubiese dado nunca”.

Vottero anticipó que, tras el proceso de extradición desde Chubut, el detenido será llevado a audiencia imputativa y de medidas cautelares, donde la Fiscalía solicitará prisión preventiva. “Vamos a ver si surgen elementos que nos permitan vincularlo a otras investigaciones”, añadió el fiscal regional, dejando abierta la posibilidad de nuevas imputaciones según avance el análisis de evidencia.

En cumplimiento de los lineamientos de la ley provincial número 13.013 en su artículo 7, que impone como pauta institucional la publicidad de la gestión, el Fiscal Regional 5, Carlos María Vottero, presentó su Informe de Gestión 2024. Fue en horas de la mañana de ayer en la sede del Liceo Municipal de Artes «Alfredo Zain» de la ciudad de Ceres.

Vottero realizó un balance de los resultados alcanzados en su gestión y brindó precisiones acerca del desarrollo de la política de persecución penal.

Manifestó el Fiscal Regional que “en la conflictividad social que se atraviesa en la actualidad, este tipo de indicadores aporta herramientas fundamentales para seguir trabajando para optimizar la investigación de los delitos que se cometen en un amplio territorio de nuestra provincia que abarca principalmente los departamentos Castellanos, San Cristóbal, Nueve de Julio”.

Vottero identificó ante los presentes los objetivos de priorización de la persecución penal en la órbita del MPA. Refirió a la violencia altamente lesiva asociada a la criminalidad organizada y a la estructuración de mercados ilegales; abordaje estratégico de los mercados ilegales de armas de fuego; delitos cometidos por funcionarios públicos; delitos relacionados con características propias o a la situación de las víctimas: femicidios, violencias de género y sexuales; delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, a personas en situación de vulnerabilidad y delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar; y los delitos contra la propiedad u otro bien jurídico protegido que generen grave afectación de derechos.

Afirmó Vottero que “identificamos una serie de indicadores comunes para definir la priorización de los objetivos con el fin de focalizarnos en aquellos que registren mayor grado de transversalidad, regularidad social y afectación de derechos fundamentales de la ciudadanía, como lo son la afectación de bienes jurídicos relevantes (como la vida y la propiedad), la utilización de armas de fuego para la comisión de hechos delictivos, la vulnerabilidad de víctimas (delitos sexuales, género y familiar), las personas con alta conflictividad social, la existencia y estrategias para desarticular y desarmar mercados ilegales (bienes sustraídos -chacaritas-, estupefacientes, etc.), los delitos cometidos por funcionarios públicos y los delitos rurales”.

Por otra parte, el Fiscal Regional destacó la tarea llevada adelante por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General y por la Policía de Investigaciones (PDI) de cada distrito. Sostuvo que “luego de realizar la audiencia de cese de estado antijurídico, hemos logrado inactivar tres inmuebles donde se comercializaban estupefacientes al menudeo”.

Finalmente, Vottero manifestó a los presentes que “la Fiscalía pone a disposición de los interesados la totalidad del Informe de Gestión 2024 de la Fiscalía Regional de la Quinta Circunscripción a través de un código QR, el que además podrá ser consultado en la página del MPA”.

La audiencia pública contó con la presencia del senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; los diputados provinciales Sofía Masutti y Marcelo González; la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy; el fiscal adjunto de la Fiscalía sede Ceres, Emiliano Odriozola; el Director Provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli; los coordinadores operativos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño; el Jefe y el Subjefe de la Policía De Investigaciones (PDI) Región 5, Javier Cecotti y Elías Antón, respectivamente; el Jefe y la subjefa de la Unidad Regional XIII, Alejandro Tognolo y Marcela Fernández, respectivamente; concejales de Ceres; autoridades policiales, educativas, del ámbito de la Salud, entidades intermedias y periodistas. 

El fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Carlos María Vottero, encabezará el próximo lunes 10 de noviembre la presentación del Informe de Gestión 2024 de la Fiscalía Regional 5. La actividad se desarrollará desde las 10:00 en el Liceo Municipal de Artes “Alfredo Zain”, ubicado en Sarmiento y Remedios Escalada de San Martín, en la ciudad de Ceres.

La exposición se enmarca en lo dispuesto por el artículo 7 de la ley provincial 13.013, que establece la publicidad de la gestión del Ministerio Público de la Acusación mediante una audiencia pública anual.

Durante la presentación, Vottero brindará un repaso de la gestión correspondiente al año 2024, detallando actividades, estadísticas, normativa elaborada, acciones de capacitación y uso de recursos. También abordará los principales desafíos enfrentados, las medidas adoptadas para superarlos y las propuestas de mejora para el servicio de justicia en la región. 

La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, visitó este miércoles las ciudades de Rafaela y Ceres, en el marco de una jornada institucional que incluye la inauguración de dos nuevas sedes del organismo judicial.

Desde las 9:00, Vranicich, acompañada por el Fiscal Regional Carlos Vottero, encabezó en Rafaela la inauguración de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente de la Fiscalía Regional 5, ubicada en calle Ituzaingó 56.

Posteriormente, la Fiscal General se trasladó a Ceres, donde a las 12:00 tenía previsto inaugurar la sede de la Unidad Fiscal Ceres, junto al Fiscal Regional Vottero, continuando con el proceso de fortalecimiento territorial y de descentralización del Ministerio Público de la Acusación en el centro-norte santafesino.

El fiscal regional Carlos Vottero encabezó este miércoles el acto en el que funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional V prestaron juramento de fidelidad a la nueva Constitución de Santa Fe, que otorgó rango constitucional e independencia al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Vottero detalló: “hoy se tomó juramento prácticamente a cincuenta personas, entre funcionarios y empleados de todo lo que es Fiscalía Regional V. Faltó la Unidad Fiscal Tostado”. Adelantó que, en este último caso, se organizará un acto específico para completar el procedimiento.

Consultado sobre lo que implica el rango constitucional para el MPA, el fiscal regional fue claro: “respecto a las políticas de persecución penal, si bien la Constitución establece que se van a fijar de manera coordinada con otras agencias del Estado, lo cierto es que el trabajo del Ministerio Público se va a hacer como se hizo siempre, con independencia. Simplemente ahora tenemos ese rango constitucional, estamos consagrados en la Constitución Provincial, pero en la práctica vamos a seguir trabajando de manera independiente como hasta ahora”.

La nueva Carta Magna provincial establece además la autarquía financiera del organismo. Vottero explicó que “ahora hay un período de dos años para que se emitan las leyes correspondientes respecto de todas las materias que hay que regular, las reglamentaciones para poder hacer operativo todo esto. Los dos años es el plazo máximo, la idea es poder tener todo eso lo antes posible para tener operatividad”.

En diálogo con la prensa, Vottero destacó la reciente incorporación de fiscales adjuntos subrogantes. “Hacía mucho tiempo que estábamos esperando que se sumen órganos fiscales nuevos. Desde ya que nos descomprime”, comenzó diciendo.

“Tenemos un fiscal nuevamente en Frontera, que era muy necesario. Además, se puso en marcha la Fiscalía en Ceres también con un fiscal. Hemos sumado dos fiscales en la unidad fiscal Rafaela, lo cual nos permite trabajar un poquito más organizados”, analizó.

El funcionario remarcó que estas designaciones no reducen la carga laboral pero sí permiten distribuirla mejor. “El nivel de trabajo, el volumen. es el mismo, eso no disminuye, pero podemos estar más organizados entre las distintas áreas que conforman cada una de las unidades fiscales”.

Finalmente, consultado sobre el Segundo Foro de Seguridad de Rafaela, encabezado por el intendente Leonardo Viotti y la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe Virginia Coudannes, decidió no emitir opinión. “Prefiero en este momento no hablar de eso”, dijo.

El titular de la Fiscalía Regional 5, Carlos María Vottero,  mantuvo una reunión en horas de la mañana de este lunes con el presidente de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), Rafael Barreiro, y  representantes de las vecinales de los barrios Mosconi, Fátima y Central Córdoba. El encuentro se llevó a cabo en el SUM de la Fiscalía Regional 5, de la que participó también el Secretario Regional Mario Miretti.

Vottero manifestó que “la reunión que mantuvimos hoy por la mañana fue a pedido los representantes de tres vecinales de la ciudad a los fines de conversar sobre diferentes hechos delictivos que afectan a la ciudad en general y, en particular, a los barrios Mosconi, Fátima y Central Córdoba”. Agregó que “entre otros temas, se abordaron los relacionados con los delitos contra la propiedad, el microtráfico y la problemática con los menores de edad”.

“Ha sido una reunión positiva ya que los representantes de los vecinos pudieron dejar en claro cuáles son las inquietudes concretas en cuanto a la situación social y a los hechos delictivos que ocurren en sus barrios y dejé bien en claro cuáles son las funciones específicas que llevan a cabo los fiscales cuando se los anoticia de un ilícito y las tareas investigativas que se realizan con posterioridad a la comisión de un hecho”, agregó el Fiscal Regional.

Aseguró Vottero que “continuamos como siempre con el compromiso de escuchar directamente la voz de los vecinos y víctimas de delitos para buscar y encontrar entre todos las soluciones adecuadas a las diferentes situaciones en las que la Fiscalía deba actuar”.

Además del Fiscal Regional y de su Secretario, participaron de la reunión el presidente de la FEV, Rafael Barreiro; representando al barrio Mosconi su presidenta, Marisa Botto, y Mónica Fiorillo y Lilian Llanda; al barrio Central Córdoba su presidente, Carlos Álvarez, y Nilda Edith Vega; y por el barrio Fátima se encontraban presentes los vecinos Alicia Galeano y Miguel Destéfanis. 

Cinco fiscales adjuntos juraron como fiscales subrogantes para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5. Fue en una ceremonia que se desarrolló este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales a los que se les tomó juramento son Ana Laura Gioria para la Fiscalía Regional 1; Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier y Juan Carlos Koguc para la Fiscalía Regional 4, y Guillermo Nicolás Loyola para la Fiscalía Regional 5.

En el acto estuvieron presentes el Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier, y el Fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez. Además, participaron el Secretario General, Leandro Maiarota, y otras autoridades del MPA.

Los fiscales subrogantes que juraron hoy fueron designados a través del primer concurso interno para esos cargos realizado en la historia institucional del MPA. Se suman a otros nueve funcionarios a los que se les tomó juramento ayer para cubrir vacantes del mismo tipo en el sur provincial.

En otra fecha a definir, jurarán los 39 fiscales adjuntos subrogantes provenientes del concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe. 

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo a cuatro personas en el marco de una causa por microtráfico, tras un allanamiento realizado en una vivienda de Frontera.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía 5 del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, y se llevó a cabo en una propiedad ubicada en las calles 96 y 9.

Los detenidos fueron identificados como C. J. B., de 30 años; L. A. P., de 33; J. M., de 26; y una mujer, L. C. S., de 26 años.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 30 envoltorios con cocaína que totalizaron 14,66 gramos, un envoltorio con marihuana, $54.600 en efectivo y dos teléfonos celulares.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco del plan de persecución penal priorizado por el Ministerio Público de la Acusación.

El Fiscal Regional Carlos María Vottero recibió el miércoles por la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Fiscalía Regional 5 a la Directora de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, Eva Cainelli, quien estuvo acompañada por el Jefe de la Unidad Operativa Región 2, Javier Cecotti.

En el encuentro participaron también el Secretario Regional Mario Miretti; la Jefa y Subjefa de la PDI de Tostado, Mariel Navarro y Gisel Páez; el Jefe de Microtráfico, Juan Cejas, y el numerario Gustavo Moreno.

Vottero destacó que la reunión permitió afianzar y articular procesos de trabajo entre la PDI y los fiscales del MPA, con un enfoque en hechos de microtráfico, robos y hurtos de vehículos, delitos contra la propiedad y hechos de violencia cometidos con armas.

“Fue una reunión de trabajo muy positiva en la que realizamos un exhaustivo análisis de los casos de microtráfico en el departamento, donde venimos llevando adelante numerosos operativos para combatirlos”, señaló el Fiscal Regional.

El titular de la Fiscalía Regional 5, Carlos María Vottero, mantuvo una reunión en horas de la mañana del lunes con el presidente de la vecinal del barrio La Cañada, Ezequiel Dellasanta. El encuentro se llevó a cabo en el SUM de la Fiscalía Regional 5, de la que participó también el Secretario Regional Mario Miretti.

Vottero manifestó que “la reunión que mantuvimos con Dellasanta fue a pedido del propio vecinalista, en su carácter de presidente de la vecinal, a los fines de conversar sobre diferentes problemas vinculados a la seguridad de la ciudad en general y, en particular, a los hechos ocurridos en el barrio La Cañada y la intervención que nos toca como Fiscalía en la investigación de los mismos”.

“La reunión fue positiva ya que el representante de los vecinos de La Cañada pudo dejar en claro cuáles son las inquietudes concretas en cuanto a la situación social y a los hechos que ocurren en el barrio. Dejamos bien en claro cuáles son las funciones específicas que llevan a cabo los fiscales cuando se los anoticia de un ilícito y las tareas investigativas que se realizan con posterioridad a la comisión de un hecho”, agregó el Fiscal Regional.

Siguió manifestando Vottero que “asumimos como siempre el compromiso de seguir escuchando directamente la voz de los vecinos a través de sus representantes para buscar y encontrar entre todos las soluciones adecuadas a las diferentes situaciones en las que la Fiscalía deba actuar”.             

Vottero manifestó que “el jueves de la semana pasada por la noche participé de una reunión en la biblioteca municipal de la ciudad de Frontera en la que se trataron diferentes temas relacionados con la seguridad y la investigación de los delitos cometidos en los diferentes barrios de esa ciudad”.

Agregó que “fue un nuevo encuentro en el que las autoridades políticas, policiales y los vecinos de Frontera pudieron exponer los problemas que viven día a día en relación con los hechos delictivos que ocurren en la localidad y en el que yo pude explicar las acciones que la Fiscalía realiza para dirigir eficientemente la investigación”.       

Agregó además que "se acordó la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta y coordinada entre los distintos sectores involucrados con el propósito de contar con una prevención eficaz y una persecución penal efectiva, lo que redundará en garantizar la seguridad en la ciudad y zona".

De la reunión participaron además del Fiscal Regional Carlos María Vottero; el intendente de Frontera, Oscar Martínez; los coordinadores del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño; concejales de la ciudad, autoridades policiales de la Unidad Regional V y de la Policía Federal Argentina, como así también vecinos representantes de diferentes barrios.

Durante la tarde de este viernes, se realizaron al menos dos allanamientos simultáneos en Rafaela en el marco de investigaciones por delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Paul Harris, en el barrio 2 de Abril. El segundo se concretó en la zona de Ramón y Cajal y Marini, un sector ya conocido por intervenciones anteriores relacionadas con la venta de drogas.

Según pudo confirmar RADIO RAFAELA en exclusiva, si bien aún no se dieron a conocer detalles oficiales sobre el resultado de los procedimientos, las primeras informaciones indican que serían altamente positivos.

Los operativos fueron llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), División Operativa, en conjunto con grupos de irrupción de la Unidad Regional V. Cabe señalar, además, que ambos operativos son coordinados por la Fiscalía Regional de Rafaela, encabezada por el Dr. Carlos Vottero.

Una red de corrupción presuntamente encabezada por el jefe de la Alcaidía de Rafaela, Norberto Núñez, quedó al descubierto tras una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos el pasado 22 de marzo. La misma derivó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), liderada por la fiscal Fabiana Bertero, que terminó con tres policías imputados por corrupción y connivencia con internos.

Según la acusación, los internos que abonaban una tarifa mensual de $100.000 accedían a teléfonos celulares, eran alertados antes de las requisas para ocultarlos y hasta podían obtener reposiciones si los perdían. También pagaban sumas de entre $500.000 y $2.000.000 para acceder a pabellones con mejores condiciones o evitar traslados a otras cárceles más estrictas del Servicio Penitenciario.

El “servicio completo” era administrado, siempre según la fiscalía, por Núñez junto a los policías Cristian Montiel y Alejandro Farías. En la audiencia del miércoles, el juez de Investigación Penal Gustavo Bumaguin dictó prisión preventiva sin plazo para Núñez y por 60 días para los otros dos imputados.

El hallazgo clave ocurrió el domingo 23 de marzo: en un armario metálico bajo llave en la oficina de Núñez, los investigadores encontraron 58 celulares (en la imputación eran 56). Estos equipos eran entregados a los internos, quienes podían usarlos para navegar por redes sociales, comunicarse con el exterior o incluso cometer nuevos delitos. La fiscal Bertero graficó la situación: “La Alcaidía funcionaba como un call center clandestino”.

Uno de los principales testigos es L.B., un interno con conocimientos en informática que estaba trabajando en un sistema de identificación de reclusos. Denunció que Núñez le encargó tareas como desbloquear teléfonos y borrar datos comprometedores. También afirmó que los policías le pidieron realizar inversiones en bitcoins.

La segunda testigo clave fue la subalcaldesa A.E.C., quien declaró que Núñez le mentía sobre el destino de los teléfonos incautados y observó conductas sospechosas como el paso constante de familiares por la oficina del jefe en días de visita. Bertero sugirió que estos ingresos ocultaban el pago de dádivas.

Durante los allanamientos, también se incautaron televisores, algunos de tipo smart conectados ilegalmente a la red WiFi de una estación de servicio YPF lindera. Si bien no está prohibido el uso de televisores en pabellones de buena conducta, la conexión a internet sí implica un serio riesgo de seguridad.

Además, se encontró cocaína en uno de los pabellones, aunque la fiscal no incluyó esta imputación al no haber pruebas de que los policías facilitaran el ingreso de la droga.

Amenazas desde la cárcel y pruebas destruidas

Un episodio que refuerza lo grave del caso fue narrado por la fiscal Bertero: una mujer víctima de violencia de género denunció haber recibido amenazas desde la Alcaidía. La fiscal Favia Burella ordenó secuestrar el celular con el que se enviaron los mensajes, pero el aparato nunca apareció. Según los testimonios, el teléfono —un LG azul— estaba en poder de Núñez, quien lo habría destruido a martillazos en la carpintería de la Jefatura para eliminar evidencias.

El abogado defensor de los policías, Carlos Farías Demaldé, cuestionó la credibilidad de los testigos. Señaló que L.B. está preso por presuntos abusos sexuales y tiene animosidad personal contra Núñez. Además, alegó que el jefe de Alcaidía no tenía poder para decidir traslados, ya que eso corresponde al Servicio Penitenciario.

Aun así, el juez consideró que hay pruebas suficientes de los hechos y que existe riesgo procesal si los imputados recuperan la libertad. El caso, sin embargo, promete seguir creciendo. Desde el MPA no descartan más imputaciones a medida que avance el análisis de los 58 celulares incautados.

En el mediodía de este lunes se llevó a cabo una audiencia imputativa virtual en la que la fiscal Fabiana Bertero formalizó cargos contra tres policías que prestaban funciones en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rafaela, acusados de diversos delitos cometidos dentro de la propia institución. 

Los imputados son Norberto Núñez (46 años, oriundo de Vera), Alejandro Farías (41, de Santa Fe capital) y Cristian Montiel (38, también de Vera), quienes se encuentran detenidos en la Alcaldía de la Unidad Regional I, a la espera de la audiencia de medidas cautelares prevista en principio para el miércoles 2 de abril a las 8:00 horas.

También participaron de la audiencia el abogado defensor de los 3 acusados, Carlos Farías Demaldé y el juez Gustavo Bumaguin.

Durante la audiencia, la fiscal Bertero expuso con detalle los hechos que motivaron la detención de los tres agentes. Entre las imputaciones más graves, se menciona que el jefe de la Alcaidía, Norberto Núñez, habría solicitado un millón de pesos a un interno para evitar su traslado. Además, se lo acusa de permitir el uso sistemático de un teléfono celular en la cocina de la Alcaidía por parte de otro interno, y de ofrecer beneficios carcelarios a cambio de pagos que iban desde 500 mil a 2 millones de pesos.

Asimismo, se le atribuye haber entregado de manera irregular un teléfono celular previamente secuestrado, y de facilitar la desaparición de evidencia vinculada a una causa por lesiones, al recuperar un celular del pabellón 2 previo a una requisa judicial.

Los oficiales Alejandro Farías y Cristian Montiel también fueron imputados por su participación directa en los hechos. Según la acusación, en junio de 2024 pidieron 100 mil pesos a internos del pabellón 3 a cambio de entregarles un celular y avisarles con anticipación sobre requisas, con el conocimiento del jefe de la Alcaidía.

Todo comenzó con una denuncia anónima que desencadenó una serie de allanamientos que se iniciaron desde el domingo 23 de marzo y se realizaron a lo largo de la semana en la Alcaidía, que dejó al descubierto un escandaloso hallazgo: 56 celulares, televisores y droga (8,8 gramos de cocaína) en una celda. A raíz de esto, se abrióuna causa paralela por tenencia indebida de estupefacientes, y se intensificó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

Finalmente, el viernes siguiente, y por orden de la Fiscalía Regional V, se concretaron las detenciones de los tres agentes, lo que dio paso a la formal imputación de este lunes.

La fiscal Bertero acusó a los tres policías por una serie de delitos que incluyen: exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad (reiterado), encubrimiento agravado, adulteración de evidencia y coautoría en extracciones ilegales

Los cargos están previstos en distintos artículos del Código Penal Argentino, con penas que podrían implicar prisión efectiva.

La ciudad de Rafaela se encuentra en el centro de una investigación por presunto fraude y evasión fiscal relacionada con un fideicomiso inmobiliario. El caso, que está siendo llevado adelante por el fiscal Dr. Guillermo Loyola, involucra posibles irregularidades en la venta de terrenos ubicados en el sector Este de la ciudad.

Aunque aún no se han formalizado imputaciones, desde la Fiscalía Regional confirmaron a este medio que están reuniendo pruebas para determinar responsabilidades. Extraoficialmente, se pudo saber que la denuncia apunta a una red de operaciones que incluiría evasiones fiscales agravadas y falsedades ideológicas en instrumentos públicos.

Entre los involucrados, se encuentran varios profesionales con funciones clave en la operatoria del fideicomiso: un abogado laboralista que actuaría como director de la sociedad fiduciaria; un ingeniero señalado como fiduciario y dos escribanos que habrían intervenido en la firma de los documentos cuestionados.

La sospecha principal radica en la venta irregular de terrenos que, según la denuncia, no cumplirían con los requisitos legales para ser loteados.

Se presume que los compradores habrían adquirido las propiedades sin conocer su falta de habilitación legal, lo que podría configurar un grave perjuicio económico.