El Municipio de Sunchales elevó al Concejo Municipal un proyecto para formalizar la baja técnica y administrativa de las obras de pavimentación de calle Balbín, contempladas en las Ordenanzas N° 3062/2022 y N° 3073/2022.

La iniciativa también establece la devolución a los frentistas del 100% de los montos efectivamente abonados, sumando los intereses correspondientes según la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo aclararon que la presentación ante el Concejo no implica una nueva decisión, sino la formalización administrativa de una determinación adoptada en 2024, cuando se resolvió no continuar con la obra debido a la necesidad de resolver previamente problemas estructurales del sector.

Según explicó el Municipio, continuar con la pavimentación sin ejecutar antes la infraestructura cloacal y resolver la problemática hídrica implicaba comprometer la inversión realizada.

El informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos señala que parte de la traza no cuenta con red cloacal y que la presencia de desagües pluviales impide ejecutar esa infraestructura por vereda, por lo que la cloaca debería realizarse por calzada.

De esta manera, avanzar primero con el pavimento habría significado la necesidad de romperlo posteriormente para completar las obras pendientes.

La planificación técnica establece entonces una secuencia determinada: primero ejecutar cloacas, luego resolver integralmente la situación hídrica y finalmente avanzar con el pavimento definitivo.

La pavimentación de calle Balbín comenzó a proyectarse durante la gestión anterior. En octubre de 2022, el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza N° 3062, que declaró de utilidad pública la obra entre J. J. Paso y Grierson, con un presupuesto inicial de $39.608.000 a valores de ese momento.

Ese mismo año, la Provincia anunció un aporte superior a $61 millones para la ejecución de diez cuadras de pavimento. El convenio fue firmado el 31 de octubre de 2022 entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Sunchales.

En diciembre de 2022 se firmó el contrato con la empresa Horizonte SRL y el 20 de diciembre comenzaron los trabajos.

Posteriormente, en noviembre de 2023, ingresó al Concejo una minuta de comunicación que solicitaba al Ejecutivo el proyecto técnico para resolver los sistemas de desagües y red cloacal del sector beneficiado por la obra.

Durante 2024, la actual gestión decidió no continuar con la pavimentación hasta resolver las obras estructurales necesarias y comunicó la situación a los vecinos y medios de comunicación.

Desde entonces, según informó el Ejecutivo, se avanzó con los estudios técnicos correspondientes.

Actualmente, el Municipio cuenta con:

El próximo paso será gestionar los recursos necesarios para ejecutar esas obras y luego avanzar con la pavimentación.

El proyecto enviado al Concejo establece diferentes situaciones según el tramo de la obra.

En el sector comprendido entre Grierson y Vera Peñaloza, donde no hubo avance de pavimentación, se propone devolver el 100% de lo recaudado a cada contribuyente.

En el tramo entre J. J. Paso y Grierson, se devolverá el 100% de lo abonado correspondiente a los 208 metros que quedaron sin ejecutar. Los 412 metros ya realizados quedan fuera del padrón de devolución.

Además, los montos reintegrados contemplarán los intereses correspondientes hasta el momento efectivo del pago.

Desde el Municipio sostienen que la decisión busca ordenar una situación heredada y evitar que una obra de pavimentación termine generando mayores costos futuros.

La definición planteada por el Ejecutivo es avanzar primero con las obras de infraestructura necesarias y, posteriormente, ejecutar el pavimento definitivo.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela comunicó su adhesión a la medida de alcance nacional convocada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que se realizará este jueves 10 de septiembre a las 10 horas en cuarteles de todo el país.

La acción busca visibilizar distintas situaciones que, según expresaron desde el sistema, afectan el funcionamiento y la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Entre los principales reclamos se encuentra la transferencia de los fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, incluyendo el remanente del ejercicio 2025 y años anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41.

Desde la organización señalaron que se trata de recursos con afectación específica establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054 y que no corresponden a una asistencia extraordinaria, sino al cumplimiento de una obligación legal.

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Además, solicitaron la agilización de los mecanismos para pagos al exterior, necesarios para adquirir vehículos, herramientas y equipamiento de emergencia.

Otro de los puntos planteados es la aplicación integral de la Ley N.º 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, especialmente en lo relacionado con el reintegro del IVA para la compra de bienes, servicios y equipamiento.

También reclamaron la implementación de mecanismos de compensación por la atención de emergencias en rutas concesionadas, contemplando los gastos extraordinarios y posibles daños en los recursos utilizados durante esas intervenciones.

Como parte de la jornada, se dispuso la activación programada de las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios para acompañar el reclamo y generar conciencia en la comunidad.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe informó que a partir de este jueves 10 de septiembre comenzará la acreditación de los fondos correspondientes al programa Tarjeta Única de Ciudadanía.

El depósito estará disponible para todos los beneficiarios del programa, tanto para quienes reciben el aporte a través de la aplicación Billetera Santa Fe como para aquellos que cuentan con la tarjeta plástica.

La acreditación corresponde al período de septiembre y permitirá a los titulares acceder al beneficio según la modalidad de cobro asignada.

Veintitrés de veinticuatro gobernadores de distintos espacios políticos resolvieron solicitar una audiencia al titular del Poder Ejecutivo para analizar la situación fiscal, la relación del gobierno central con las provincias e incluso iniciar el debate de una posible reforma fiscal. La decisión surgió al término del encuentro realizado en la sede porteña del CFI y del cual participó Maximiliano Pullaro representando a la provincia.

El objetivo central del encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) era analizar las herramientas de financiamiento para hacer frente a proyectos de infraestructura ante las restricciones del presidente Milei. La reunión comenzó con un punteo de temas donde los gobernadores, en su mayoría, fueron asistidos por sus ministros de Economía. En el caso de Santa Fe, estuvo Pablo Olivares. No obstante gran parte de la reunión fue a solas entre mandatarios con el titular del CFI y sin asesores ni ministros.

A solas, los mandatarios fueron planteando sus diferentes situaciones donde algunos gobernadores admitieron tener serias dificultades para pagar la primera parte del aguinaldo. Esa no es la situación de Santa Fe donde el propio Olivares indicó la semana pasada ante Diputados que la proyección a fin de año garantiza el pago de salarios y obras en ejecución.

Pero gran parte de la reunión la demandó la falta de transferencia de recursos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a las provincias. "La Nación se está quedando, de manera ilegal, de recursos que corresponden a las provincias y tiene afectación específica" dijeron participantes en estricto off the record. También hubo quejas por la falta de transferencia de ATN a provincias, situación que tampoco alcanza a Santa Fe que tuvo dos transferencias en lo que va del año.

Otro tema no ajeno al análisis fue que los impuestos que tienen peor evolución en los últimos meses fueron los coparticipables. Además se empezó a poner sobre la mesa el Presupuesto 2026 que Nación debe enviar al Congreso en septiembre.

El intercambio fue presidido por el titular del CFI, Ignacio Lamothe, quien realizó una presentación técnica sobre el desarrollo de una infraestructura federal. El temario incluyó además la disertación sobre nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de obras públicas que se encuentran paralizadas.

El entrerriano Rogelio Frigerio condujo gran parte de la reunión buscando contemporizar la posición de los diferentes estados argentinos. Los gobernadores acordaron pedir una reunión al presidente integrando una comisión con representantes de los diferentes espacios políticos.

Al término del intercambio, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó: "El Gobierno plantea con vocación reformista una discusión de una reforma fiscal, que eso tiene una contraparte que somos los estados sub soberanos, las provincias, por eso la idea es reflotar de alguna manera el espíritu de cuerpo que tomó en su momento el Pacto de Mayo, y dar esa discusión en conjunto con el Gobierno Nacional".

"La idea es solicitar una audiencia, y que en esa audiencia veamos punto por punto hacia dónde queremos ir", remarcó el mandatario provincial, y añadió: "Vivimos en un país federal, en muchos casos ese federalismo que plantean las normas se ve reflejado mal en asimetrías educativas, sanitarias, sociales".

Asimismo, destacó la coincidencia entre los gobernadores presentes que ven una oportunidad para redefinir una matriz fiscal "que sea más justa, que le quite el pie encima a la producción y al trabajo", y les permita avanzar en la posibilidad de entrar en un esquema de alivio fiscal "inteligente".

"Lo que no podemos volver a hacer como país es atar con alambre sistemáticamente, votar las leyes menos malas, y caer en la de siempre. Tenemos impuestos transitorios que terminaron eternamente haciendo una matriz más regresiva, más distorsiva", criticó.

Entre los presentes se encontraban el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien sorprendió con su asistencia dado que no estila formar parte de las reuniones. Asistieron de manera presencial Sergio Zilliotto (La Pampa), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Poggi (San Luis). Completaron la lista Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Saenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfran (Formosa).

De manera virtual se unieron al intercambio Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalaqcua (Misiones).

Torres cuestionó además el incumplimiento de la Ley de Coparticipación, y propuso reformularla en sintonía con la Casa Rosada. "Hay un mandato constitucional que se viene incumpliendo hace mucho tiempo, que es la necesidad de una Ley de Coparticipación Federal, que como cualquier ley convenio también, necesita una mayoría calificada, y si no nos juntamos, y si no nos ponemos de acuerdo, es discutir en el aire", remarcó.

Según detalló, el pedido de audiencia será elevado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y alcanzará al mandatario para discutir la posibilidad de una reforma fiscal que incluya las necesidades de las provincias. Además, cuestionó el cronograma electoral que incluye elecciones cada dos años ya que considera que "desvirtúan" las discusiones profundas"

El Litoral

La provincia brindó toda la información. Los mismos se perciben con el incremento promedio del 250 % realizado en el mes de diciembre de 2022.

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El Ministerio de Desarrollo Social informa que a partir de este jueves se acreditan los fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía, correspondientes al mes en curso, tanto a los beneficiarios que cobran por medio del plástico recargable como a aquellos que lo hacen a través de la aplicación Billetera Santa Fe.

Cabe destacar que en el mes de diciembre, los fondos de la tarjeta se incrementaron en promedio en un 250%, por lo que los beneficiarios percibirán 5.000 pesos por mes.

Asimismo, estarán acreditados los fondos correspondientes al Componente Celíacos. Los beneficiarios que no cuentan con cobertura de obra social, percibirán una acreditación de 8.000 pesos; en tanto, quienes sí cuentan con obra social recibirán 6.000 pesos. Por su parte, las personas trans beneficiarias del programa percibirán 6.000 pesos.

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