Se trata de Mauro Leandro Gorosito, quien recibió una pena a cuatro años y cuatro meses de prisión y Fabián Dionisio Gorosito, a quien se le impusieron cuatro años de prisión. Además, ambos fueron declarados reincidentes. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Lorena Korakis.

Dos hombres fueron condenados por haber intentado cometer un robo con armas blancas en Rafaela (departamento Castellanos). Se trata de Mauro Leandro Gorosito, de 36 años, para quien se dispusieron cuatro años y cuatro meses de prisión; y Fabián Dionisio Gorosito, de 33, quien recibió una pena a cuatro años de prisión. Además, ambos fueron declarados reincidentes.

La sentencia fue ordenada por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales rafaelinos. Por su parte, el MPA estuvo representado por la fiscal Lorena Korakis, quien realizó la investigación.

Con cuchillos

La fiscal señaló que “los condenados llevaron adelante su accionar delictivo entre las 3:00 y las 3:30 de la madrugada del lunes 21 de octubre de 2024”. Al respecto, especificó que “fue en General Paz al 400, en un domicilio en el que hay una casa en la parte de adelante y otra, detrás de esa”. Agregó que “actuaron a partir de un acuerdo previo y con división de roles”.

Korakis sostuvo que “para ingresar a la vivienda del frente, Mauro y Fabián Gorosito saltaron un portón de acceso a un quincho y luego rompieron el vidrio de una puerta ventana”. Según precisó, “en ese inmueble se apoderaron ilegítimamente de diversos objetos que pretendían llevarse: equipos electrónicos; una máquina de afeitar; un cajón con herramientas; una pava eléctrica; una cafetera; una cuchilla; monedas de distinta denominación; ropa de cama; prendas de vestir; perfumes; relojes; teléfonos celulares; dos bolsos, y una mochila”.

“Inmediatamente después, los condenados se dirigieron a la vivienda trasera, de donde sustrajeron dinero en efectivo; un teléfono celular; piezas de bijouterie, y una mochila”, enumeró la funcionaria del MPA. “En ese lugar, se encontraron con personas que viven allí y las amedrentaron con cuchillos para exigirles más dinero”, subrayó y añadió que “una de las víctimas trató de defenderse y resultó herida”.

En tanto, Korakis valoró que “Mauro y Fabián Gorosito no lograron concretar su objetivo porque vecinos advirtieron lo que sucedía y alertaron a la policía”. En tal sentido, mencionó que “con violencia, ambos condenados opusieron resistencia al accionar de los uniformados, quienes finalmente los aprehendieron”.

Otro ilícito

La fiscal manifestó que “semanas antes del ilícito en General Paz al 400, Mauro Gorosito y otro hombre de iniciales LMS que está imputado en el marco del mismo legajo penal intentaron robar de madrugada en un kiosco ubicado en la esquina de Brasil y Buffa”.

“Mientras el condenado esperaba en el exterior del negocio para procurar la impunidad de ambos, su acompañante escaló un tapial y vulneró una medida de seguridad que tenía colocada una ventana”, relató Korakis.

“Si bien trataron de llevarse elementos de higiene personal, no lo lograron por razones ajenas a su voluntad”, concluyó

Abreviado

Mauro y Fabián Gorosito admitieron su responsabilidad penal como coautores de una tentativa de robo calificado (por haber sido cometido con armas blancas) y resistencia a la autoridad. Además, al hombre de 36 años se le impuso la pena como coautor de una tentativa de robo calificado (por escalamiento).

En tanto, los condenados y sus abogados defensores expresaron su conformidad con las calificaciones legales propuestas por el MPA, los montos de las penas y la modalidad de cumplimiento efectivo. También aceptaron la decisión de realizar un juicio abreviado. 

Se trata de Rubén Arnoldo Carlen y Raúl Francisco Carlen, a quienes se les impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional, multas económicas y la obligación de pagar todas las obras necesarias para recomponer el ambiente. Así fue resuelto en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández representaron al MPA en el debate y destacaron que en la sentencia “se tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía para que se respete el derecho a un ambiente sano”.

Dos empresarios arroceros fueron condenados por haber realizado obras ilegales que causaron el derrumbe de un tramo de la ruta provincial número 1, en jurisdicción de Colonia Teresa (departamento San Javier). Se trata de Rubén Arnoldo Carlen y su hermano Raúl Francisco Carlen, de 70 y 66 años, respectivamente. La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de ciudad de Santa Fe. Además de condenar a los empresarios, la magistrada absolvió a una mujer de 63 años que es vicepresidenta titular de la misma explotación arrocera.

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Los fiscales que representaron al MPA en el debate son Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández. Tras conocer el veredicto, la fiscal afirmó que “en principio, estamos conformes con el resultado del juicio”, e indicó que “esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar qué es lo que motivó la decisión de la jueza”.

Por su parte, Hernández valoró que “lo resuelto sienta un precedente muy importante”, y explicó que “se tuvo en cuenta el planteo que realizamos desde la Fiscalía para que se respete el derecho a un ambiente sano, que está establecido en nuestra Constitución Nacional”.

Multas y obras necesarias

Rubén y Raúl Carlen fueron condenados como coautores del delito de estrago doloso por inundación. Se les impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y multas por un total de 180.000 pesos (cada uno deberá abonar 90.000 pesos).

Además, la jueza ordenó que los condenados y su empresa afronten económicamente “la realización de todas las obras necesarias y pertinentes a fin de recomponer el ambiente al estado anterior de las obras realizadas, respecto de la afectación de la cuenca del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación”. En tal sentido, la magistrada especificó que “la elaboración del programa de remediación quedará a cargo de la provincia, por intermedio de los organismos competentes o, en su caso, por entidades públicas o privadas con capacidad para ello”, y aclaró que se deberán contemplar parámetros científicos actuales.

En cuanto a la recomposición del ambiente, Hernández señaló que “fue un pedido expreso que hicimos desde la Fiscalía, según lo estipulado por la Ley General del Ambiente (ley nacional número 25.675)”. Por otro lado, entre las normas de conducta que la jueza les impuso a los condenados está la obligación de capacitarse en el cuidado del medioambiente y/o en el uso racional del agua.

Desviación de caudalesIlera remarcó que “el debate fue intenso y contó con la participación de especialistas que brindaron precisiones sobre el daño causado”. Aseguró que “logramos demostrar que, para mejorar sus rindes, los condenados llevaron a cabo obras ilegales, con la deliberada intención de modificar el cauce natural del arroyo Saladillo Dulce”.

Según expuso la fiscal, “alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa, los hermanos Carlen levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión que, en algunos tramos, superan los dos metros y medio de alto”.

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“También construyeron canales de riego y desagûes que provocaron el endicamiento de las aguas del Arroyo Saladillo e impidieron su normal escurrimiento", agregó y mencionó que “los trabajos se iniciaron en 2007 sin la autorización correspondiente de los organismos públicos competentes y, pese a reiteradas intimaciones para que los deshagan, sostuvieron las obras con el riesgo que ello implicaba y se hizo manifiesto con la inundación de campos aledaños y la destrucción de una parte de la ruta 1 en 2019”.

“Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo y ocasionaron una desviación de caudales hacia el río San Javier”, explicó Ilera.

Asimismo, resaltó que “en enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 de la ruta provincial número 1 superara ampliamente su capacidad”. Agregó que “como consecuencia, se derrumbó un tramo de la vía de comunicación terrestre”.

La fiscal hizo hincapié en que “las obras ilegales produjeron la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria arrocera”. A su vez, “las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa”, concluyeron.

Sucedió en Santa Fe. Un hombre de 42 años y su hija fueron detenidos en 2022 por una causa judicial que los dejó en prisión preventiva. Este jueves salió la sentencia y resultaron condenados.

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Un hombre y su hija, ambos oriundos del barrio Loyola Sur de Santa Fe, fueron recientemente condenados en el Tribunal Oral Federal a partir de una causa judicial que investigó la venta de drogas la menudeo en su domicilio.

La sentencia, que lleva la firma del juez José María Escobar Cello, se dio tras un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía General y la defensa de ambos imputados, a cargo de la abogada María Macarena Olivera.

Dicho acuerdo condenó a Miguel Ángel Chávez (42) a la pena de cuatro años de prisión y lo declaró autor de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. El fallo además alcanzó a su hija, Melany Guadalupe (19), quien recibió dos años de cárcel por el mismo delito, pero como partícipe secundaria.

La sentencia fue a partir de una investigación que se inició el 15 de junio del 2022 con motivo de una a denuncia anónima efectuada por la División Investigaciones Judiciales y Administrativas (DIJA) del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La misma acusó a Chávez de efectuar, desde su casa de Mantovani al 6400 del barrio Loyola Sur, maniobras vinculadas al narcomenudeo.

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El caso derivó en una causa judicial que se instruyó en la Fiscalía Federal N°2, cuya investigación fue delegada al personal de la Agencia de Control Policial (ACP) que tras una serie de tareas de campo en la zona, advirtieron que al domicilio de Chávez llegaban personas y tras permanecer unos minutos se retiraban. Una clara maniobra de venta al menudeo de estupefacientes.

El 24 de septiembre, los investigadores, junto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) irrumpieron en la vivienda y tras revisar su interior encontraron 99 envoltorios de papel satinado con cocaína, 26 plantines, cinco celulares, una balanza, dinero y un arma de fuego con municiones.

Detenidos y puestos a disposición de la Justicia, los Chávez fueron procesados como presuntos autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, fallo que luego fue confirmado en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Finalmente, el 29 de diciembre pasado fueron enviados a juicio al Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en donde acordaron penas por distintos montos.