Un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Almagro fue allanado y clausurado en el marco de una investigación por presunto abandono de persona y maltrato, luego de que una inspección oficial revelara graves irregularidades en las condiciones de atención y funcionamiento.

La situación quedó expuesta a partir de un informe elaborado por el Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante entrevistas individuales y privadas, residentes del establecimiento describieron malos tratos verbales, gritos y conductas hostiles por parte de cuidadores, además de dificultades vinculadas con la alimentación y la asistencia cotidiana.

Uno de los testimonios que generó mayor preocupación fue el de una residente que presentaba un estado de extrema delgadez y manifestó reiteradamente que necesitaba comer. Según indicó, habitualmente recibía únicamente café con leche y pan.

El informe también señaló deficiencias en la alimentación, ausencia de asistencia durante la noche, falta de atención profesional y carencia de actividades terapéuticas adecuadas a las necesidades de las personas alojadas.

A estas situaciones se sumaron numerosos problemas edilicios y de funcionamiento, entre ellos falencias sanitarias, insuficiencia de personal e incumplimientos en los protocolos de atención.

Ante los elementos reunidos, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 25, a cargo de Juan Cruz Artico, solicitó el allanamiento, que fue autorizado por el Juzgado PCyF N.º 1, encabezado por Ricardo Baldomar.

El procedimiento fue realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño y la División Delitos Contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, junto con organismos del Gobierno porteño y personal del SAME.

Durante el operativo se secuestró documentación y otros elementos de interés para la investigación.

Los residentes fueron derivados a otros centros de cuidado y el geriátrico quedó clausurado. La causa continúa en investigación para determinar eventuales responsabilidades por los hechos denunciados.

Mucho antes de que las llamas expusieran públicamente lo que ocurría dentro del hogar de tránsito que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte, ya existían denuncias formales, cartas desesperadas y presentaciones ante distintos organismos del Estado que advertían sobre una situación que, de acuerdo con esos documentos, podía terminar de peor manera.

El Litoral tuvo acceso a las dos denuncias penales, presentaciones administrativas y la carta manuscrita de uno de los residentes del lugar, documentos que permiten reconstruir una cronología que hoy adquiere otra dimensión tras el incendio que motivó la intervención de la Justicia y la detención de un empleado del establecimiento.

La pregunta que surge casi naturalmente es otra: si las advertencias estaban hechas desde marzo, ¿por qué nadie logró evitar que las personas siguieran viviendo allí?

El primer antecedente que aparece en la documentación es del 2 de marzo de 2026. Ese día se presentó una actuación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que luego fue incorporada como prueba en la causa.

Más de un mes después, el 22 de abril, una joven santafesina, cuya identidad El Litoral preserva, D.E.R.D., decidió acudir al Centro de Denuncias Centro, en Las Heras 2883.

La denuncia quedó registrada bajo el número D-0100500311-0140520-20260422-1.

Allí relató que había descubierto una extracción de dinero de la cuenta donde su padre cobraba la pensión por discapacidad y apuntó contra la mujer que administraba el hogar donde él residía desde el año anterior.

En la denuncia reconstruyó cómo su padre, enfermo de Parkinson, había sido internado primero en el Nuevo Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital Protomédico "Dr. Manuel Rodríguez" de Recreo.

Según su relato, durante esa internación una trabajadora social, identificada, le explicó que, como la familia no podía afrontar un cuidado permanente, sería trasladado al hogar de Nuevo Horizonte.

Fue entonces cuando, siempre según la denuncia, les solicitaron entregar el DNI, la tarjeta donde se acreditaba la pensión y el PIN bancario del paciente.

La joven sostuvo que el pedido le pareció extraño desde el primer momento, pero terminó aceptándolo porque tanto la asistente social como la administradora insistían en que era necesario para concretar el traslado.

Pocos días después de llegar al lugar, su padre debió ser internado nuevamente, esta vez en el Hospital Cullen, por un cuadro de neumonía.

En diálogo con El Litoral, la denunciante aseguró que cada vez que visitaban el establecimiento encontraban a su padre cada vez más delgado y deteriorado.

Contó que él les decía que casi no recibía comida, que muchas veces no le daban la medicación y que lloraba mientras les pedía ayuda – lo dicho consta en las denuncias.

También describió otra escena que la marcó.

Según declaró, durante una visita su madre encontró a un hombre mayor acostado en un rincón del patio, pidiendo que alguien lo llevara al médico porque, según decía, nadie lo atendía.

La denuncia también sostiene que el establecimiento no contaba con médicos ni enfermeros permanentes, que no garantizaba condiciones mínimas de higiene ni alimentación y que la administradora cobraba mensualmente la pensión de su padre

Como respaldo, puso a disposición de la Fiscalía fotografías, conversaciones de WhatsApp, actuaciones administrativas y documentación relacionada con el caso.

Tres semanas después apareció una carta. En la mañana del 15 de mayo, la denunciante fue primero a la Defensoría del Pueblo.

Según consta en la presentación judicial, allí le recomendaron radicar una nueva denuncia para que pudiera intervenir la Secretaría Provincial de Adultos Mayores.

Ese mismo día regresó al Centro de Denuncias Centro y presentó una segunda denuncia, registrada bajo el número D-0100500311-0156168-20260515-9.

Esta vez llevaba algo más que fotografías. Llevaba una carta escrita por uno de los propios residentes.

La denunciante contó que el 7 de mayo, cuando fue junto a su madre a festejar el cumpleaños de su padre, recibió una hoja doblada que él guardaba.

Era una carta escrita por Luis César Arriola, otro de los hombres alojados en el establecimiento, describía una situación desesperante que meses después terminaría en el incendio cómo "último recurso"

Decía que no recibían asistencia médica ni medicamentos, que el hambre avanzaba, que sufrían agresiones físicas y psicológicas y que su problema de visión empeoraba rápidamente.

Pedía que denunciaran la situación ante la Policía o el Ministerio Público de la Acusación. También rogaba que lo sacaran de allí antes de quedarse ciego.

La segunda denuncia agrega otro dato.

Según la familia, semanas antes de escribir esa carta, Arriola ya había contado personalmente que necesitaba atención médica urgente y que nadie lo llevaba a un centro de salud.

Meses más tarde ocurrió el incendio que hizo que el nombre del hogar clandestino llegara a toda la provincia.

Hubo evacuaciones, intervención policial y una investigación que terminó con la detención de un empleado mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables.

Pero la documentación a la que accedió El Litoral muestra que el incendio no fue el comienzo de la historia.

Fue el momento en que la historia dejó de ser invisible.

Si la causa penal busca establecer qué responsabilidad tuvieron quienes administraban el establecimiento, hay otra línea de análisis que inevitablemente aparece al leer la cronología.

¿Qué hicieron los organismos públicos cuando comenzaron a llegar las denuncias?

Los documentos muestran que hubo advertencias dirigidas a distintas dependencias del Estado.

La secuencia está documentada.

• 2 de marzo: presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

• 22 de abril: primera denuncia penal en el Centro de Denuncias Centro.

• 15 de mayo: consulta en la Defensoría del Pueblo y segunda denuncia penal acompañada por fotografías, conversaciones y la carta de Luis César Arriola.

Es decir, cuando ocurrió el incendio ya existían denuncias penales, actuaciones administrativas, material fotográfico y el testimonio escrito de uno de los propios residentes describiendo lo que ocurría dentro del establecimiento.

Funcionarios del Estado ya sabían lo que estaba pasando, la línea investigativa de El Litoral, nos lleva hacia tres establecimientos más, uno en Santo Tomé. Todas regenteadas por M.L.M, además de una red en distintos organismos que permitian a esta mujer de 51 años, tener poderes para manejar el dinero de los abuelos sin autorización de los titulares ni de sus familiares.

No fue sorpresivo lo que ocurrió para los organismos responsables, fue la única manera de que haya salido a la luz una situación que refleja el inhumano y cruel ejercicio contra personas mayores que viven peor que animales ante la indiferencia de una sociedad que “descarta” a los ancianos como si fuesen escoria.

El discurso dominante sobre la vejez y el “gasto” se ve reflejado de las maneras más perversas.

¿Importa?

Durante la madrugada de este martes, un incendio desató una tragedia en el geriátrico Sagrada Familia, en Mar del Plata. Por causas que aún serán materia de investigación, el fuego se propagó dentro del inmueble y provocó la muerte de cuatro mujeres que residían en el lugar. En total, 38 residentes junto con el personal del establecimiento lograron ser evacuados a tiempo.

A pesar del rápido y sostenido trabajo de los bomberos y del personal policial, tres mujeres fueron halladas sin vida dentro del hogar de adultos mayores. La cuarta víctima falleció poco después, tras ser trasladada a un centro de salud. Con el correr de las horas se confirmaron las edades de las mujeres fallecidas: 79 años, 80 años y dos de 95.

El incendio afectó especialmente al sector que contaba con 27 habitaciones distribuidas en distintos niveles del edificio. La densidad del humo y la rápida propagación del fuego dificultaron las tareas iniciales de rescate.

Tras el llamado a la central de emergencias 911, varias dotaciones de bomberos de distintas dependencias acudieron de inmediato al lugar, junto con ambulancias del SAME. El operativo permitió contener el fuego y evitar que se extendiera a la totalidad del inmueble.

Como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, al menos 12 efectivos policiales debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad. Durante la mañana de este miércoles, todos recibieron el alta médica. Además, varias personas necesitaron asistencia psicológica a raíz del impacto emocional que dejó el episodio.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli quedó a cargo de la causa y llevará adelante la investigación para determinar qué originó el incendio. En los próximos días se realizarán pericias en el lugar y se aguardarán los resultados de las autopsias para avanzar en el expediente judicial.

El fuego se inició en una habitación y luego se extendió hacia un pasillo y otro sector del segundo piso.

En ese sentido, destacó el accionar coordinado de los equipos de emergencia. Señaló que, si bien el desenlace fue trágico, el protocolo aplicado por bomberos, defensa civil y personal sanitario permitió evitar un daño aún mayor dentro del establecimiento.

El Litoral

Este miércoles 18 de junio, por orden del fiscal Iván Raposo del Ministerio Público de la Acusación, se realizaron allanamientos en dos domicilios particulares de Venado Tuerto que funcionaban como hogares de adultos mayores sin habilitación ni condiciones mínimas.

El operativo fue impulsado y llevado adelante por el equipo de Hogares de Convivencia, con la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, a la cabeza.

Los operativos se extendieron desde las 9.30 hasta cerca de las 15, con participación del SIES 107, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), la Defensoría General, Georgina Paulich, trabajadora social del área de Adultos Mayores, un inspector de la Dirección de Inspección General, y la concejal Florencia Di Pizio, quien estuvo presente en el primero de los domicilios.

El primer procedimiento fue en un domicilio de calle Garbarino casi Rivadavia, donde se encontraron ocho hombres adultos, entre ellos una persona con discapacidad, una con problemas de salud mental y un adulto mayor postrado en cama.

Todos estaban alojados en una única habitación, sin baño en condiciones (solo un precario en el patio), sin cocina ni agua caliente, y con un artefacto eléctrico casero como única fuente de calefacción.

El equipo del SIES 107, con médico y enfermera, examinó a cada uno de los residentes. Uno de ellos fue trasladado de urgencia al hospital con escaras, signos de deshidratación y desnutrición. Cuatro fueron reubicados por el área de Adultos Mayores y tres fueron retirados por sus familiares, que se acercaron al lugar.

En el segundo domicilio, calle Sigal al 500, había cuatro mujeres que dormían todas en una misma habitación, incluso compartiendo cama, y dos varones alojados en sofás del living. Las mujeres fueron retiradas por sus familiares.

En cuanto a los varones, ambos estaban bajo régimen de prisión domiciliaria, por lo que se notificó a los jueces intervinientes y quedaron a disposición judicial con control policial.

Según se constató, ambos domicilios estaban vinculados a la misma responsable, aunque funcionaban en diferentes viviendas: uno en la casa de su hermana y otro en la casa de su madre.

Dada la magnitud de lo encontrado, el equipo de hogares solicitó refuerzo de asistencia a la Secretaría de Desarrollo Humano, que sumó personal para acompañar la reubicación de las personas alojadas.

Actualmente, en Venado Tuerto existen 28 hogares de convivencia registrados: 19 ya cuentan con habilitación definitiva y los restantes se encuentran con trámite iniciado y en seguimiento, conforme a lo establecido por la ordenanza vigente.

Desde el Gobierno local se informó que ya se presentó la denuncia correspondiente y que se iniciaron actuaciones administrativas ante el Juzgado de Faltas: “Vamos a solicitar la inhabilitación de esta persona y que quede registrada para que no vuelva a ejercer. No vamos a mirar para otro lado cuando se vulneran los derechos de nuestros adultos mayores”, remarcaron.

EL

Este viernes, la Municipalidad de Rafaela clausuró preventivamente un geriátrico, por no cumplir con los requisitos exigidos.

El edificio se encuentra en calle Chile al 500. Este lugar, en el momento que fue inspeccionado, debió cumplimentar una serie de requisitos para obtener la habilitación definitiva y no lo hizo”, explicó el juez de Faltas, Rubén Pavetti.

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El juez de Faltas, Rubén Pavetti, se hizo presente en el lugar junto a agentes de Protección Vial y Comunitaria para notificar a sus propietarios y colocar la banda de clausura correspondiente.

Tal como se viene realizando desde hace tiempo, continuamos con el control de los geriátricos de la ciudad. Este lugar, en el momento que fue inspeccionado, debió cumplimentar una serie de requisitos para obtener la habilitación definitiva y no lo hizo[explicó Pavetti]

Además, comentó que “en los últimos días del año pasado, se dictó una resolución por la cual se le otorgaba un plazo definitivo para que solucione la situación y pueda cumplir con la normativa”.

El jueves, a través de una inspección conjunta de todas las áreas de la Municipalidad, constataron:

Una serie de elementos que no correspondían a lo establecido, por ejemplo, tienen ocho internos cuando en realidad deben ser cuatro. Tampoco cumplían una serie de medidas en cuanto a higiene y los planos correspondientes

Cabe aclarar que se le notificó a cada uno de los internos, “tal como veníamos haciendo con otros lugares que clausuramos, a los fines de que sus familiares procedan a retirarlos de forma personal”.

Por otro lado, aclaró que “en caso contrario, el lunes procederemos a realizarlo a través de la Subsecretaría de Salud, para trasladarlos a los geriátricos habilitados hasta tanto el lugar cumplimente con los requisitos que se le exigen y tenga la habilitación municipal que le corresponde”.