Este viernes por la mañana, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela, integrantes del Gobierno Municipal llevaron adelante la presentación del Plan de contingencia municipal por el fenómeno “El Niño”.

Se trata de una fase del fenómeno climático ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) y ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de los valores normales.

Ese calentamiento puede generar lluvias superiores a lo normal en el centro y noreste argentino, mayor frecuencia de tormentas intensas, incremento del riesgo de inundaciones en algunas regiones y temperaturas más elevadas en determinados períodos del año.

Por este motivo, la Municipalidad de Rafaela se encuentra trabajando en un plan de gestión ante esta emergencia.

Asistieron al órgano legislativo local, Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización; Nicolás Asensio, secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente y Diego Álvarez, coordinador de Defensa Civil.

Todos ellos presentaron los planes de prevención, activación y emergencia y dieron a conocer las funciones de los distintos equipos de trabajo que se conformarán.

Asimismo, se enumeraron los centros de atención de evacuados, que van desde clubes hasta sedes de instituciones sociales.

Por otra parte, se informaron los trabajos de limpieza en los canales, los desagües y las cunetas en los caminos rurales.

El secretario de Gobierno y Modernización de Rafaela, Germán Bottero, analizó el paquete de medidas anunciado por el Municipio y defendió la necesidad de avanzar en una reducción del gasto público ante un escenario de caída de ingresos, menor actividad económica y mayor presión sobre las cuentas locales.

A casi 24 horas de los anuncios, el funcionario sostuvo que la administración municipal debe buscar “equilibrios entre ingresos y egresos”, en un contexto en el que los recursos previstos en el presupuesto no se concretarán en los niveles esperados.

“Claramente la Municipalidad va a tener menos ingresos de los que presupuestó hace un año”, señaló Bottero, al explicar que la situación responde a una combinación de factores: la caída de la actividad económica, la baja de la coparticipación en términos reales, la reducción de ingresos vinculados al Derecho de Registro e Inspección y el congelamiento de la UCM dispuesto por el Concejo Municipal.

Uno de los anuncios que generó mayor repercusión fue la decisión de suspender el servicio de transporte público los días sábados. Bottero reconoció que se trata de una medida sensible, pero aseguró que responde a datos concretos de utilización.

El funcionario explicó que el sistema de minibuses es altamente deficitario y que la situación se agravó tras la eliminación de los subsidios nacionales destinados a cubrir parte de los costos operativos.

“Entendemos el déficit del transporte público porque es un transporte social, pero Nación no manda más dinero para subsidiar el gasoil”, sostuvo.

Según detalló, el sábado es el día de menor uso del servicio. De acuerdo con los registros municipales, apenas alrededor del 7% de los usuarios del transporte público lo utiliza durante esa jornada.

“Se decidió trabajar sobre el sábado, que es el día que menos se usa. Este servicio no saldrá los días sábados en virtud de este plan de adecuación de gastos del Municipio”, confirmó.

Bottero también comparó el valor del boleto local con el de otras ciudades y marcó que Rafaela mantiene una tarifa más baja. “Hoy tenemos un costo de boleto que ha quedado bajo, de 1.200 pesos; en Santa Fe, por poner un ejemplo, está en 1.900”, indicó.

El ajuste también alcanza a obras, compras y contrataciones. Bottero mencionó que algunas decisiones pueden resultar más aceptadas por la ciudadanía, como dejar de pagar alquileres y trasladar oficinas municipales a espacios públicos disponibles.

En ese sentido, destacó el acuerdo con la Provincia para utilizar sectores del viejo hospital, como el vacunatorio y la escuela de enfermería, con el objetivo de reducir gastos fijos.

“Vamos a dejar de pagar un alquiler y vamos a reubicar oficinas en un lugar que es del Estado”, explicó.

También se refirió a obras o intervenciones que quedarán postergadas, entre ellas trabajos complementarios en plazas. En particular, mencionó el caso de una fuente ornamental que demandaba una inversión millonaria y que deberá esperar.

“Ojalá la plaza, que está quedando tan linda, pudiera terminarse como corresponde, pero la fuente tendrá que esperar un poquito más. Son pequeñas cosas que, a estos valores, suman millones”, expresó.

Otro de los puntos abordados fue la compra de bancos para espacios públicos. Bottero confirmó que el Municipio anuló una licitación porque los elementos enviados por el proveedor no cumplían con las especificaciones técnicas acordadas.

“No se mandaron las calidades con las especificidades técnicas habladas en el proceso licitatorio. Llegaron bancos de menor calidad y a un precio distinto”, explicó.

Ante esa situación, el proceso fue dado de baja y los bancos deberán ser retirados por la empresa proveedora.

“La licitación se dio por anulada y esos bancos no se van a volver a comprar”, afirmó.

Bottero fue crítico con la decisión del Concejo Municipal de congelar la UCM, unidad que impacta en el cálculo de tasas y derechos municipales. Según planteó, esa medida limita los recursos del Municipio en un contexto en el que los gastos siguen aumentando.

El funcionario adelantó que el Ejecutivo volverá a elevar el tema al Concejo con el objetivo de garantizar recursos para afrontar los compromisos salariales.

“Vamos a elevar nuevamente al Concejo el tema de la UCM para que por lo menos nos garantice esta pauta salarial necesaria para cumplir los compromisos de acá hasta fin de año”, sostuvo.

Además, confirmó que en julio deberá abrirse una nueva discusión paritaria con los trabajadores municipales.

“Nos vamos a sentar a negociar. No se cierra ninguna puerta”, aclaró, aunque advirtió que cualquier aumento salarial significará una nueva presión sobre el presupuesto.

El secretario no descartó que el Municipio deba tomar nuevas medidas si los ingresos continúan cayendo y los costos siguen en aumento.

“Estamos evaluando muchas alternativas. Primero queremos ver el impacto de estas medidas”, señaló.

En esa línea, remarcó que cada área recibió el pedido del intendente Leonardo Viotti de profundizar la austeridad y revisar “pequeños detalles” que, acumulados, pueden generar un impacto importante en las cuentas públicas.

“Si esto no alcanza, si los ingresos siguen cayendo y los compromisos siguen aumentando, habrá que seguir evaluando medidas”, advirtió.

Consultado por versiones sobre posibles cambios en la recolección de residuos, Bottero evitó confirmar una reducción del servicio, aunque tampoco cerró completamente la puerta a revisar alternativas si el escenario económico se profundiza.

“Rafaela es una ciudad que brinda muchos servicios. La recolección se hace seis veces por semana y nos da una calidad diferencial”, remarcó.

De todos modos, aclaró que el Municipio debe prever distintos escenarios ante una posible caída mayor de los recursos.

“No lo espero, pero tampoco cierro las puertas. Hay que prever algunas situaciones más profundas”, sostuvo.

Bottero buscó marcar diferencias con administraciones anteriores y aseguró que el actual gobierno no recurrirá a endeudamiento ni a la venta de activos para cubrir números en rojo.

“No somos una gestión que vaya a endeudar al Municipio ni que vaya a vender las joyas de la abuela”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que la gestión anterior haya vendido dólares para cubrir déficit y aseguró que la administración actual buscará ordenarse con los recursos disponibles.

“El intendente fue claro: no vamos a hacer eso. Vamos a ordenarnos con lo que tenemos y a gastar hasta donde tengamos posibilidad de hacerlo”, expresó.

Otro de los temas abordados fue el futuro del Festival de Teatro de Rafaela. Bottero confirmó que el evento se realizará, pero ajustado a los recursos ya previstos en el presupuesto.

“El Festival de Teatro tiene sus recursos previstos y se va a ajustar a esos recursos. No va a haber más fondos que los disponibles”, indicó.

Según anticipó, eso implicará una edición más austera, con menos días, menos obras y menor cantidad de elencos visitantes.

“Va a ser un Festival de Teatro más chico, adecuado a estos tiempos, y con más rafaelinos”, sostuvo.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de discutir el futuro del Cine Teatro Belgrano, aunque aclaró que cualquier avance en ese sentido excede al Ejecutivo y requerirá debate en el Concejo Municipal.

“Una posible concesión del Cine Belgrano es un debate que excede al Ejecutivo. Es una facultad que tendrá el Concejo”, concluyó.

El Ejecutivo Municipal de Rafaela anunció un paquete de medidas de ajuste y reducción del gasto ante la caída de recursos y el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal. La presentación estuvo encabezada por el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, y la secretaria de Hacienda, Silvina Bravino.

Bravino explicó que el municipio proyectaba un presupuesto cercano a los 90 mil millones de pesos, pero las primeras evaluaciones muestran una fuerte baja en los ingresos disponibles.

“Nos encontramos con que vamos a tener una reducción de aproximadamente 20 mil millones de pesos en los recursos”, señaló la funcionaria.

Según indicó, la situación responde a la caída real de la coparticipación, la eliminación de subsidios nacionales y el impacto del congelamiento de la UCM. “Hoy estamos cobrando una tasa a valores de abril de 2025”, advirtió Bravino, al explicar que los tributos municipales quedaron desactualizados frente a la inflación.

Uno de los sectores más afectados es el transporte público. La secretaria de Hacienda precisó que el sistema generó un fuerte déficit en los últimos años: “Durante 2025, el transporte público tuvo un quebranto de más de 2.000 millones de pesos que absorbió el municipio, y en 2024 fue de más de 1.000 millones”.

Bottero confirmó que la primera medida será la suspensión del ingreso de personal municipal a planta. “No va a ingresar más personal a planta”, afirmó.

También se reducirá el servicio de minibuses. El funcionario anunció que se suspenderá la circulación los días sábados, al señalar que ese día utiliza el sistema apenas un porcentaje menor de los pasajeros habituales.

“El sábado se va a suspender la circulación de minibuses”, confirmó. Además, adelantó que el Ejecutivo revisará recorridos y frecuencias, y enviará al Concejo un proyecto para aumentar el valor del boleto.

En ese sentido, comparó la tarifa local con otras ciudades: “Rafaela está pagando 1.200 pesos; Santa Fe está pagando 1.900 y Rosario 1.720. Hay que ajustarlo”.

El municipio también decidió no avanzar con la compra de dos minibuses que estaban previstos en el presupuesto, por unos 460 millones de pesos.

Otro de los puntos será la revisión de las horas extras dentro de todas las secretarías. “Llegó el momento de revisar hacia adentro respecto de la utilización de las horas extras”, sostuvo Bottero.

En obra pública, el Ejecutivo anticipó que algunas intervenciones serán suspendidas o postergadas. Entre ellas, mencionó la recuperación de fuentes en la plaza, que demandaba cerca de 50 millones de pesos, y la devolución de bancos que no cumplían con las condiciones técnicas solicitadas.

También habrá una revisión de compras de vehículos, maquinarias y otros bienes de capital. Algunas adquisiciones seguirán adelante por considerarse prioritarias, pero otras quedarán frenadas.

A esto se sumará un plan de reducción de alquileres de dependencias municipales y el congelamiento de la pauta publicitaria. “Se congela la pauta publicitaria y se va a profundizar este congelamiento”, indicó Bottero.

El secretario de Gobierno no descartó que el municipio avance con una segunda etapa de recortes si la situación económica no mejora.

“No dejamos cerrado nada. Esta es una primera etapa y, si esta situación no mejora, quizás haya que pensar en una fase dos”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que las medidas buscan sostener el funcionamiento del municipio sin endeudarse. “Esta es una administración eficiente, que no se va a endeudar y que no va a dejar de dar los servicios esenciales”, cerró.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, encabezó la presentación del primer informe de gestión municipal de 2026, una instancia en la que se respondieron las preguntas planteadas por los distintos bloques políticos del Concejo.

Durante el encuentro, Nicolás Asensio fue quien respondió las dudas y consultas vinculadas a distintos temas de infraestructura urbana, con especial atención en el avance del plan de pavimentación, el nivel de adhesión de los vecinos, el esquema de costos y las demoras relacionadas con el inicio de los trabajos.

Uno de los puntos abordados fue el registro de oposición, que fue muy bajo en relación con las obras previstas. En ese marco, también se explicó cómo variaron los valores entre el costo registrado en Catastro y el precio final de ejecución del pavimento, uno de los aspectos que había generado consultas dentro del debate político y administrativo.

Otro de los temas tratados durante el informe fue la demora en la llegada de las boletas correspondientes a la pavimentación. Sobre este punto, Asensio brindó precisiones sobre el cronograma de emisión y sobre el inicio efectivo de los trabajos.

De acuerdo con lo informado, el comienzo de las obras podría darse en aproximadamente un mes, con una estimación cercana a finales de junio.

Además, se evaluaron alternativas para garantizar la continuidad de los trabajos en caso de que la planta de Nuevo Torino no volviera a funcionar. En ese sentido, se analizó la posibilidad de conseguir otras plantas que trabajaran con pavimento y permitieran sostener el ritmo de ejecución previsto.

El estado de las calles también ocupó un lugar central dentro del informe. En particular, se planteó la situación de distintas arterias que presentaban baches y un deterioro avanzado, lo que obligó a evaluar intervenciones de mayor profundidad.

En ese sentido, Asensio explicó que muchas de las calles con baches no requerían solo reparaciones superficiales, sino una reconstrucción integral desde la base.

Según indicó, en gran parte de los casos se trataba de hormigón muy desgastado por el paso de los años, por lo que las tareas de bacheo tradicional no eran suficientes para resolver el problema de fondo.

El funcionamiento de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) también formó parte de las respuestas del informe. Uno de los datos señalados fue que los reclamos que llegaban a la empresa estaban siendo solucionados con una demora aproximada de 45 días desde el momento en que se realizaba el pedido.

Según se indicó, esa era la modalidad de trabajo actual de ASSA, aunque también se reconoció que la empresa no contaba con el personal suficiente para abarcar todos los problemas que presentaba la ciudad.

Entre las situaciones mencionadas aparecieron roturas de caños, pérdidas cloacales y baches en calles vinculados a intervenciones de ASSA, problemáticas que generaban reclamos frecuentes de los vecinos y que requerían coordinación entre distintos niveles de trabajo.

La presentación del primer informe de gestión municipal del año funcionó como una oportunidad para ordenar información, explicar avances y responder los planteos realizados por los bloques políticos.

Los temas de infraestructura urbana, especialmente pavimentación, bacheo y servicios sanitarios, ocuparon un lugar central dentro de la exposición, en un contexto en el que la ciudad mantenía distintos frentes abiertos vinculados al mantenimiento de calles y a la ejecución de obras públicas.

A 15 días de la entrada en vigencia del denominado “decreto antitrapito”, el Municipio de Rafaela comenzó a realizar una primera evaluación sobre su aplicación en la zona céntrica de la ciudad. Según informó Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización, hasta el momento se labraron 16 actas, la mayoría vinculadas a vehículos y motos.

“Este decreto ya tiene 15 días de vigencia, dos semanas, lo cual nos permite incipientemente empezar a evaluar. Estamos conformes con la aplicación y con el acompañamiento también”, expresó Bottero.

El funcionario destacó que, a partir de los controles realizados, se observó una baja notoria de la actividad en distintos sectores comerciales del centro. “La imagen que tenemos hoy circulando por el centro claramente muestra que la disminución se ha visto notoriamente”, afirmó.

Bottero precisó que hasta el día previo a la entrevista se habían registrado 16 actas labradas, de las cuales 13 correspondieron a vehículos o motos. En esos casos, explicó, cada infracción sobre un rodado tiene relación con la actividad de uno o más cuidacoches o lavacoches detectados en el lugar.

“Tenemos 16 actas labradas. La mayoría son a vehículos, 13 a vehículos o motos. Por supuesto que el acta labrada sobre un auto tiene su contraparte con algún trapito, en caso de que se haya detectado más de uno”, detalló.

Además, informó que también se constataron situaciones en dos comercios, por actividades que el decreto no permite.

“Hay dos comercios que han sido constatados por alguna actividad de esas que no están permitidas, como por ejemplo guardar los baldes, ceder agua o demás”, señaló.

El secretario aclaró que la presencia de personas en la vía pública no constituye una infracción en sí misma. Lo que el decreto busca impedir es la actividad de lavado o cuidado de vehículos en condiciones no autorizadas.

“Por supuesto, hay algunos que todavía siguen estando. Estar en la vía pública no es un delito, no está multado. Lo que hemos prohibido es la actividad”, remarcó Bottero.

En ese sentido, explicó que la primera reacción de muchos vecinos y usuarios fue evitar contratar este tipo de servicios por temor a recibir una infracción. “Si vos sos usuario, venís en moto o en auto y decís ‘no me lo puedo lavar porque me van a cobrar una multa’, es la primera reacción que muchos tienen”, indicó.

También señaló que los comercios deben colaborar evitando facilitar elementos que permitan sostener la actividad. “Los comercios también tienen que colaborar de esta manera”, agregó.

Bottero sostuvo que, junto con la aplicación del decreto, distintas áreas municipales se pusieron a disposición de las personas alcanzadas por la medida. En particular, mencionó el trabajo de la Oficina de Empleo y del área de Desarrollo Humano.

“La Oficina de Empleo se puso a disposición, y toda el área de Desarrollo Humano de la Municipalidad, más allá del relevamiento, que en todo caso sería la parte más sencilla”, explicó.

Según indicó, el objetivo fue ofrecer alternativas vinculadas a la formación, la capacitación y la inclusión laboral. “Después viene la invitación a que se sumen a distintos trabajos, formaciones y capacitaciones”, señaló.

El funcionario reconoció que no todos aceptaron esas propuestas, pero aseguró que algunas personas ya comenzaron procesos de inclusión educativa y de formación para el trabajo.

“No tuvimos una devolución del 100 por ciento, no todos lo han querido hacer. Quizás algunos están atravesados por otras situaciones, pero sí tenemos varias personas que empezaron y que están transitando proyectos de inclusión educativa”, sostuvo.

Y agregó: “Eso es positivo. Inclusión educativa e inclusión para el trabajo, educación para el trabajo y el oficio”.

Respecto al monto de las sanciones, Bottero aclaró que el decreto no tiene una finalidad recaudatoria. Actualmente, el pago voluntario por este tipo de infracción ronda los 25.000 pesos.

“Los costos de la multa, por supuesto, no tienen un fin recaudatorio. Hoy, un pago voluntario por esta actividad es de aproximadamente 25.000 pesos, redondeando”, precisó.

Además, confirmó que algunas de las multas ya fueron abonadas por usuarios mediante esa modalidad. “Ya hay algunas de estas multas que han sido canceladas por algún usuario, obviamente con pago voluntario”, indicó.

Finalmente, explicó que el pago voluntario implica un beneficio sobre el valor total de la infracción. “El pago voluntario tiene el beneficio de pagar la mitad de la infracción”, concluyó.

Este miércoles por la mañana, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela, los concejales de la ciudad mantuvieron un encuentro con funcionarios del Gobierno Municipal. Allí se expuso un proyecto que tiene como objetivo eliminar el cobro del sellado para el trámite de solicitud de reimpresión de la licencia de conducir vigente, en los casos en que fuere hurtada o robada.

Concurrieron Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización del Municipio; Analía Cañete, coordinadora del área de licencia de conducir y Carina Mustafá, subcoordinadora.

La propuesta fue presentada en octubre del año 2025, y propone además suprimir la obligatoriedad de la realización del examen psicofísico para el mismo trámite. A los fines de acreditar el hurto o robo, se sugiere presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Los funcionarios e integrantes de la dependencia de licencia de conducir explicaron que actualmente existen descuentos y bonificaciones por cambio de datos, robo o hurto. Mientras que, los exámenes son obligatorios realizarlos nuevamente ya que son solicitados por el sistema provincial.

Este martes por la tarde, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, los concejales mantuvieron una serie de encuentros vinculados al nuevo plan de pavimentación que será debatido en la próxima sesión ordinaria.

En una primera instancia, los ediles se reunieron con funcionarios del Ejecutivo local, entre ellos el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino; y el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio.

Durante el encuentro se analizaron detalles técnicos del proyecto y se alcanzaron acuerdos sobre modificaciones que serán incorporadas al texto a tratar. Entre los cambios, se planteó dividir el registro de oposición por sector, diferenciando entre pavimentación y repavimentación.

Además, se propuso extender el plazo del registro por 15 días hábiles adicionales, incluyendo los sábados, y habilitar la posibilidad de realizar el trámite a través de la carpeta ciudadana.

También se evaluó ampliar la cantidad de cuotas y aplicar un sistema de actualización mediante índices aún a definir, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Posteriormente, los concejales recibieron a vecinos del barrio Pizzurno, quienes expusieron distintas inquietudes relacionadas con el plan.

En ese marco, los legisladores brindaron detalles sobre las modificaciones previstas y escucharon los planteos realizados por los residentes, en la antesala del tratamiento del proyecto en el recinto.

Este martes por la mañana, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, los ediles mantuvieron una reunión con funcionarios del Ejecutivo local con el objetivo de interiorizarse sobre los proyectos que serán abordados en la sesión extraordinaria prevista para mañana miércoles a las 10.

Participaron del encuentro Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización; Silvina Bravino, secretaria de Hacienda; Juan Pablo Aversa, subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente; y María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

Durante la reunión se informó sobre el proyecto vinculado al reemplazo de equipamiento dañado por el temporal de diciembre. En ese marco, también se abordó la iniciativa referida a la reparación de equipos y maquinarias pesadas municipales.

Por su parte, Bravino brindó detalles sobre la modificación de los límites de contratación vigentes, uno de los puntos que formará parte del temario.

En tanto, Vidal explicó la propuesta relacionada con la reparación de veredas del microcentro, que contempla eximir del pago de la contribución por mejoras a los frentistas que ya habían realizado las obras por cuenta propia.

El encuentro permitió a los concejales evacuar dudas y conocer en profundidad los alcances de cada iniciativa antes de su tratamiento formal en el recinto.

El viernes 13 de febrero el intendente de la ciudad de Rafaela Leonardo Viotti, firmó un decreto mediante el cual se prohíbe totalmente la actividad de lavado de autos en la zona de estacionamiento controlado. El área comprende el sector céntrico, principalmente alrededor de la Plaza 25 de Mayo, el bulevar Santa Fe hasta la Jefatura de Policía, y se extiende a los primeros tramos de los bulevares Lehmann, Roca e Yrigoyen. 

La situación con los lavacoches no tenía conformes a los vecinos de la ciudad de Rafaela, ya que muchos se mostraban insistentes e incluso insultaban a quienes no aceptaban el servicio, llegando en algunos casos a provocar daños materiales en los vehículos. La problemática lleva años y ninguna gestión había logrado darle una solución efectiva.

Además, estos trabajadores informales amedrentaban a comerciantes para que les entregaran cambio u otros elementos para realizar la actividad. Existen varios grupos de “trapitos” que trabajan desde hace tiempo —los más conocidos se ubican alrededor de la plaza y suelen ser los más conflictivos—, aunque también hay quienes realizan su tarea con respeto y sin molestar. Pero, la medida alcanza a todos. 

Otra parte importante de los vecinos también manifestó su disconformidad con la medida, al señalar que muchos de los trapitos y sus familias dependen de ese ingreso para subsistir diariamente. En ese sentido, advirtieron que la problemática es social y económica, y que una prohibición por sí sola no resolvería el trasfondo de la situación. Además, expresaron desconfianza frente a las supuestas soluciones planteadas, al considerar que en otras oportunidades solo quedaron en promesas sin políticas de acompañamiento ni alternativas laborales concretas.

La medida comenzará a aplicarse formalmente el 15 de abril, una vez cumplidos los 60 días de información y notificación previstos en el decreto. En este sentido, Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización, comentó cómo será la campaña de concientización y la logística para poner en marcha el decreto “antitrapitos”.

“Lo único que nosotros podemos hacer es prohibir la actividad como una contravención. Hasta ahí llega la facultad del municipio”, se explicó. La herramienta legal disponible es la multa, tanto para quien realice la actividad como para quien la contrate.

La normativa no solo alcanzará a los llamados “trapitos”, sino también a los propietarios de vehículos que permitan el lavado en la vía pública y a los comercios que colaboren con la práctica.

“Al prohibir la actividad vos prohibís a quien la realiza, el trapito, pero también a quien se deja hacer ese trabajo y hay una extensión hacia los comercios para que tampoco colaboren”, señalaron.

En ese sentido, se apuntó a desalentar cualquier forma de apoyo logístico: “Sabemos que muchos prestan agua, guardan los baldes, guardan los trapos. Tratamos de involucrar a todos porque estas situaciones deben abordarse integralmente”.

Desde el Ejecutivo aclararon que la intención no es recaudatoria. “No queremos cobrar plata, queremos desalentar una actividad en un radio limitado”, remarcaron.

Durante los 60 días previos a la entrada en vigencia, se desarrollará una fuerte campaña informativa.

Voluntarios de Defensa Civil recorrerán la zona de estacionamiento controlado para informar a quienes estacionen vehículos que a partir del 15 de abril la actividad no estará permitida.

“Se les va a decir que por favor no se dejen lavar el auto y si sufren alguna amenaza vamos a entregar un QR para hacer una denuncia anónima”, explicaron.

También se visitará a los comercios del área para pedirles que no colaboren con la práctica y que ante cualquier situación informen rápidamente a la policía, la GUR o fuerzas de seguridad que patrullen el sector.

En paralelo, el Municipio buscará ofrecer alternativas a quienes desarrollan esta actividad. Las áreas de Desarrollo Humano y Desarrollo Económico trabajarán en encuentros individuales para proponer capacitaciones y oficios.

“Estamos pensando en cuestiones que tienen que ver con jardinería, pintura, albañilería, bloqueras para hacer bloques de cemento, distintas cuestiones como para ofrecer una respuesta”, detallaron.

Se reconoce que la transición no será sencilla. “Sabemos que no va a ser fácil y que no todos lo van a tomar. Salir de la informalidad, que te da dinero todos los días en el centro, no va a ser bien recibido por todos”, admitieron.

También se señaló que existen situaciones complejas vinculadas a consumos problemáticos u otras dificultades sociales. “Desde lo social tenemos que estar atentos y prestar especial atención a quienes manifiesten voluntad, acompañarlos, asistirlos y ayudarlos”.

La implementación comenzará el 15 de abril, en un esquema que busca combinar prohibición, control y contención social en un abordaje integral de la problemática.

En medio de la polémica política por la futura alcaidía en Rafaela, el secretario de Gobierno y Modernización del municipio, Germán Bottero, salió a fijar la posición del Ejecutivo local frente al planteo impulsado por sectores de la oposición para rechazar la localización del nuevo establecimiento penitenciario.

Bottero dejó en claro que la iniciativa de frenar el proyecto no partió del oficialismo. “Esta es una propuesta de la oposición”, afirmó, y remarcó: “Nuestra posición es clara”.

En ese marco, explicó que la Provincia definió un criterio específico para este tipo de obras. “Nosotros hemos entendido que hoy la Provincia está disponiendo recursos para hacer alcaidías en un lugar donde la ciudad esté lejos”, señaló. Y agregó que ese requisito se cumplió en el caso de Rafaela: “Por supuesto que hay algunos barrios cercanos, pero está lejos y aparte no va a ser un lugar urbanizable el día de mañana”.

El funcionario detalló las características del terreno elegido. “Muchos terrenos ahí son municipales, otros son bajos y otros directamente no se van a urbanizar”, explicó, y sostuvo que la decisión responde a una planificación a largo plazo. “Tampoco es la idea que la ciudad empiece a rodear esta construcción, para eso se planifica con suficiente tiempo”.

En ese sentido, defendió la localización como una mejora respecto al edificio actual. “Entendemos que es un lugar superador al que está hoy”, aseguró.

Bottero también deslizó una crítica política hacia quienes cuestionaron ahora el proyecto. “Ahora hay tantas ideas dando vueltas… hubo gente que gobernó 32 años y por ahí quizás no se le cayeron tantas ideas y ahora aparecen todas juntas”, expresó.

El secretario remarcó que la nueva alcaidía respondió a una necesidad concreta de la ciudad. “Es una necesidad, lamentablemente es una necesidad frente a situaciones que se ven en la ciudad, la reiterancia y demás”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que contar con una nueva infraestructura es parte de la solución. “Tener un lugar más seguro para alojar gente que no está haciendo las cosas bien es parte de la respuesta”, subrayó.

Consultado sobre el estado del proyecto, Bottero indicó que el municipio cuenta con información oficial. “Nosotros tenemos la información de la Provincia de que está próximo a licitarse el inicio de la construcción”, explicó.

También manifestó su expectativa de que la obra avance pronto. “Ojalá que se empiece a realizar, porque hoy no lo dimensionamos, pero va a ser una mejora clara para la ciudad de Rafaela”, afirmó.

Finalmente, el funcionario se refirió al tratamiento del tema en el Concejo Municipal. “Todos tienen derecho en el recinto a declarar lo que quieran, y me parece bárbaro que todos se manifiesten”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que el Ejecutivo mantendrá su postura. “La decisión nuestra es ir en esta línea, por supuesto”, concluyó Bottero, ratificando el respaldo del municipio a la construcción de la nueva alcaidía.

En un clima de alta tensión, este jueves remiseros de Rafaela realizaron una contundente protesta frente al edificio municipal en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza destinado a regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI.

La manifestación se desarrolló con un corte total en la intersección de bulevar Lehmann y el inicio de calle Moreno, y derivó en momentos de violencia, fogatas y agresiones hacia trabajadores de prensa.

El conflicto entre remiseros y la plataforma DiDi en Rafaela comenzó cuando la aplicación anunció su llegada a la ciudad, a mediados de junio de 2025, sin haber presentado ante el Municipio una solicitud formal de habilitación.

Desde ese momento, se abrió un espacio de diálogo entre autoridades municipales y representantes de remises y agencias, ya que en la ciudad no existe hasta ahora un permiso oficial que contemple el funcionamiento de este tipo de plataformas.

Desde ese primer momento, las agencias de remises y los taxistas sostienen que la aplicación genera una situación de competencia desleal, dado que el servicio tradicional está sujeto a exigencias como habilitación municipal, seguros específicos, licencias profesionales y controles técnicos, mientras que los conductores que utilizan DiDi operarían bajo requisitos más flexibles. 

Además, advierten que esta situación pone en riesgo fuentes de empleo y la seguridad de los usuarios, ya que sin regulación local no hay un control claro sobre los vehículos ni garantías frente a incidentes.

Desde DiDi y quienes apoyan la llegada de la app argumentan que se trata de una herramienta tecnológica independiente y que, por esa razón, su funcionamiento no requiere de habilitación municipal.

Señalan que los requisitos exigidos a los conductores -seguro, documentación obligatoria y licencia común- son suficientes, y remarcan que muchos choferes que migraron a la plataforma lo hicieron en busca de mejores ingresos y mayor disponibilidad de viajes. También destacan que para los usuarios la aplicación representa una alternativa más económica y accesible frente al remis tradicional.

Sin embargo, el debate en Rafaela se inserta en una discusión más amplia que atraviesa a numerosas ciudades: la tensión entre el modelo de transporte regulado y la nueva economía digital. En este contexto, el rol del Estado local apareció en el centro de la escena, con el desafío de definir si debe crear un marco normativo que equipare condiciones entre los distintos sistemas de transporte o si permitirá que las aplicaciones continúen operando bajo un esquema diferenciado.

Semanas atrás, referentes de las empresas de remises de la ciudad de Rafaela cobraron notoriedad tras encabezar una serie de reclamos públicos, recurriendo a distintos medios para “hacerse escuchar”.

El 28 de noviembre, durante la inauguración del nuevo hospital de la ciudad, decenas de remiseros se movilizaron en caravana hasta el lugar, portando pancartas y haciendo sonar sus bocinas con el objetivo de intensificar la visibilidad de su demanda.

Este jueves 4 de diciembre, por la mañana, alrededor de 50 remiseros de Rafaela llevaron adelante una contundente protesta frente al edificio municipal, en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI.

Un dato particular de este jueves fue la presencia de un reducido grupo de remiseros -alrededor de diez, según pudo constatar Radio Rafaela- que intentó ingresar a la sesión del Concejo Municipal con la intención de dialogar con los ediles una vez finalizada la sesión del día.

Sin embargo, desde el interior del hall municipal se les negó el acceso y, además, arribaron al lugar varios agentes policiales que bloquearon la entrada. Finalmente, solo se autorizó el ingreso de dos representantes para que pudieran subir hasta el sexto piso del edificio, donde funciona actualmente la Municipalidad. La situación llamó la atención considerando que las sesiones del Concejo en Rafaela son, por norma, públicas y abiertas a toda la comunidad.

El titular de Remisería Stylo, Darío Solís, fue una de las voces más críticas. En medio de la manifestación pidió que los funcionarios se presentaran frente a los trabajadores. Además, Darío afirmó que la actividad está “entrando en una selva” y denunció la falta de respuestas oficiales durante casi cinco meses de gestiones infructuosas.

Aseguró que los trabajadores sienten que están “perdiendo una fuente de trabajo día a día” y exigió que los funcionarios den explicaciones frente a quienes, según dijo, representan “500 familias que pueden quedarse sin ingreso”.

Solís relató que en cuatro meses y medio intentaron “todos los medios” para dialogar, pero no obtuvieron respuestas del oficialismo. Cuestionó, además, el borrador de ordenanza que les acercaron en los últimos días, señalando que contiene puntos “descabellados”, como exigir domicilio en Santa Fe para poder trabajar.

Para el sector, cualquier regulación debe equiparar las condiciones entre remiseros y la aplicación: identificación visible, seguros, un lugar físico para reclamos y responsabilidad jurídica definida.

El concejal electo Fabricio Dellasanta, que asumirá en pocos días, también se presentó en la manifestación planteó un enfoque diametralmente opuesto. Consideró que el sistema actual está sobrerregulado y que la solución es “quemar la ordenanza” y permitir que remiseros y aplicaciones trabajen sin cargas burocráticas.

Afirmó que nadie debería “pedir permiso para trabajar” y que la ciudad necesita adaptarse a los nuevos tiempos: “No podemos seguir con leyes del 1900; la gente no anda más a caballo”. Anunció que presentará un proyecto propio apenas asuma.

Por su parte, el concejal Lisandro Marsico explicó que el proyecto previsto para tratarse este jueves finalmente no se votó. “Hubo distintas posiciones y no hubo consenso. El proyecto pasa a comisión”, resumió.

Señaló que, con la nueva conformación que asumirá el próximo 9 de diciembre, el Concejo retomará la discusión: “El miércoles se va a leer el nuevo proyecto y, a partir de ahí, se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar”. Aclaró además que desde ahora existe “un único proyecto” que aborda tanto los remises como las aplicaciones.

Además, remarcó que van a estar abordando la cuestión principalmente con la ejecución de controles en diferentes puntos de la ciudad. “Ya hablamos con los encargados de control público para que ese proceso se active”, manifestió. Y añadió que “nosotros permanentemente insistimos al ejecutivo con los controles".

El concejal Augusto Rolando sostuvo que el proyecto buscaba “dar un marco para controlar a DiDi e impedir que funcione de manera irregular”, pero la falta de acuerdo político volvió a frenar el avance.

Aseguró que desde su bloque reclamaron en repetidas oportunidades que el Ejecutivo intensifique los controles y que ese pedido ya fue transmitido a las áreas correspondientes. Sin embargo, insistió en que avanzar con una norma definitiva es indispensable para cerrar el vacío actual. Y bajo ese concepto, el edil remarcó que el objetivo es legislar para toda la ciudad y no para unos pocos.

En medio de la tensión, llegó al lugar el secretario de Gobierno, Germán Bottero, a quien los remiseros le consultaron, sobre cómo se implementarán los controles en la calle. Su respuesta fue cauta: aseguró que los controles se profundizarán, pero evitó adelantar la estrategia operativa, argumentando que necesitará logística y planificación.

En paralelo, remarcó que la resolución del problema depende principalmente de la legislación, no de la ejecución desde su área. 

La protesta terminó sin un acuerdo y con el anuncio de que el proyecto volverá a comisión. Mientras tanto, los remiseros continúan reclamando definiciones y advirtieron que la situación “nos está llevando a una selva, donde cada uno hace lo que quiere”.

La nueva conformación del Concejo asumirá este martes 9 de diciembre y heredará un conflicto que ya acumula meses de tensión, falta de consenso y un visible deterioro en la paz social alrededor del municipio. 

Luego de la movilización realizada frente al edificio municipal, el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, dialogó con los integrantes de los Clubes de Abuelos Unidos y Club de Abuelos de calle Palmieri, que atraviesan una situación de conflicto a raíz de denuncias por ruidos molestos.

“Ayer tuvimos la presencia de varios abuelos, incluso los presidentes de las dos instituciones, y subieron al tercer piso donde estábamos varios funcionarios, concejales y empleados municipales para charlar y buscar una forma de que todo siga funcionando de la mejor manera”, relató Bottero.

El funcionario explicó que decidió salir a hablar con los manifestantes que se encontraban frente a la Municipalidad:“A veces hay que hablar con quienes representan a las instituciones, pero también con los abuelos que vinieron a acompañar un reclamo legítimo. Les aclaré algunas cuestiones maliciosas y mentirosas, como que queremos cerrar o vender los clubes. Eso es falso. No hay ningún interés de ese tipo”, subrayó.

Bottero insistió en que el objetivo del Municipio es buscar un equilibrio entre el derecho al esparcimiento y el derecho al descanso de los vecinos. “Es cierto que las denuncias provienen siempre de las mismas personas, pero eso no le quita a nadie su derecho a reclamar si considera vulnerado su descanso. Queremos que los clubes sigan funcionando, que los abuelos sigan bailando y disfrutando, pero también garantizar que el sonido no trascienda hacia afuera”, sostuvo.

Luego del encuentro con los vecinos, se llevó a cabo una reunión con los presidentes de ambos clubes para establecer un plan de acción conjunto. “Marcamos algunas líneas de trabajo para corregir pequeñas cosas que hay que mejorar. No se trata de clausurar ni de impedir el funcionamiento, sino de acompañar a las instituciones para que puedan cumplir con las normas y convivir en armonía con el entorno”, explicó el secretario.

Entre las medidas propuestas, Bottero adelantó que el Municipio adquirirá equipos limitadores y registradores de sonido para poner a disposición de los clubes. “Estos dispositivos, que cuestan varios millones de pesos, permiten garantizar que no se superen los niveles permitidos. Además, les dan tranquilidad a las instituciones de que están cumpliendo con la norma y a los vecinos de que el ruido no será un problema”, señaló.

Del encuentro participaron los concejales Lisandro Mársico, Mabel Fonsatti, Alejandra Sagardoy, Augusto Rolando y Carla Boidi, quienes acompañaron la instancia de diálogo.

Bottero valoró el compromiso de las partes y destacó la predisposición para encontrar soluciones “No queremos cerrar nada, queremos ponernos de acuerdo. La voluntad está, tanto del municipio como de las comisiones de los clubes, que también son nuevas y están con muchas ganas de trabajar. Vamos a lograr que todos se queden tranquilos y que los abuelos sigan disfrutando de sus espacios”, concluyó.

Los presidentes del Club de Abuelos de calle Palmieri y del Club de Abuelos Unidos de la ciudad manifestaron a Radio Rafaela que en las últimas semanas les llegaron denuncias constantes y que las exigencias municipales podrían forzar el cierre de sus actividades sociales.

En ese marco, el secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela, Germán Bottero, pasó por el estudio de Radio Rafaela y explicó cuál es la situación de los Clubes de Abuelos.

“No queremos cerrar nada. Queremos que la gente se divierta y la pase bien. Rafaela tiene pocos espacios de recreación y los que existen son muy usados porque la gente necesita divertirse”, expresó Bottero.

El funcionario reconoció que se trata de una situación sensible que requiere equilibrio entre las partes. “El vecino lindante también tiene sus derechos, y cuando siente que se vulnera su posibilidad de descansar, puede hacer las denuncias correspondientes. Nosotros, como autoridad de aplicación, tenemos la obligación de intervenir. Tanto Protección Vial como el área de Ambiente están atentas a estos reclamos”, señaló.

Bottero aclaró que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática que se repite en distintos sectores de la ciudad.

“No es el único lugar donde hay denuncias por ruidos molestos. Pero en este caso, la situación se ha extendido en el tiempo y ya hemos charlado muchas veces con las partes. La voluntad siempre es mediar, encontrar puntos de acuerdo y que nadie salga perjudicado”, remarcó.

El secretario recordó que el Club de Abuelos de Palmieri fue clausurado años atrás por decisión judicial, no por disposición del municipio. “Hace más de 10 o 15 años la justicia intervino por las quejas de los vecinos y decidió el cierre del club durante varios años. No queremos volver a esa situación. No queremos que sea la justicia quien reactive un tema que hoy está dormido pero latente”, advirtió.

En este sentido, confirmó que el municipio propondrá un plan de acción consensuado con ambas instituciones, que incluya mejoras menores en la insonorización, como trabajos en cielorrasos, paredes y tratamientos acústicos internos.

“Son modificaciones simples, cuestiones técnicas que pueden resolverse con voluntad y acompañamiento. Vamos a reunirnos nuevamente con los dirigentes, establecer plazos de ejecución razonables y buscar que todos se queden tranquilos: los vecinos, los clubes y el municipio”, sostuvo Bottero en charla con este medio.

El funcionario insistió en que el objetivo es preservar las actividades sociales y culturales que realizan los clubes, pero garantizando el derecho al descanso de los vecinos.

“Queremos que la gente se divierta y que los clubes sigan funcionando, pero también que quienes viven cerca puedan descansar”, concluyó.

El intendente Leonardo Viotti elevó al Concejo Municipal el proyecto de Presupuesto 2026, enfocado en ampliar la obra pública, fortalecer la prevención, avanzar en la modernización del Estado y profundizar las políticas de inclusión social. El plan contempla inversiones estratégicas que impactarán en infraestructura, seguridad, servicios urbanos y calidad de vida de los rafaelinos.

En el sexto piso el palacio municipal, fue el propio secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, encabezó este lunes la entrega formal del Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tributaria ante el Concejo Municipal de Rafaela, cumpliendo con el plazo establecido para la presentación de ambos instrumentos financieros.

“Hoy 30 de septiembre es la fecha para presentar no solo el presupuesto, sino también la ordenanza tributaria. Así que vinimos al Concejo a cumplir con eso”, señaló Bottero ante Radio Rafaela

Bottero explicó que el proyecto contempla ingresos y egresos estimados en 94 mil millones de pesos, con un superávit previsto de 48 millones. “Estamos hablando de un presupuesto equilibrado, como siempre genera Rafaela, donde lo que ingresa se reinvierte en cosas que la ciudad necesita”, subrayó.

Más del 70% del presupuesto estará destinado a gastos corrientes, mientras que el restante 27-28% será para inversión. “Dentro de lo que pensamos hacer, hay que remarcar la obra pública. Vamos a iniciar el tercer año de gestión y será el año con mayor presupuesto destinado a obras”, indicó.

Entre las obras prioritarias se encuentran la creación de una Escuela de Oficios en el norte de la ciudad, con una inversión de más de 1.100 millones de pesos en su primera etapa; un plan de pavimentación sectorizado de 2.700 millones; la modernización de las veredas del área central —licitada en 2025 y en ejecución durante 2026—; la restauración de la fachada de los ex Almacenes Ripamonti; la recuperación de la recova; y la remodelación integral de la Plaza 25 de Mayo con la terminación de su anillo central.

En el eje de prevención, el presupuesto prevé la incorporación de luminarias LED con una inversión superior a 1.200 millones de pesos, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en los próximos cinco años. Asimismo, se destinarán recursos para sumar 16 nuevas maquinarias y equipos pesados y 7 motovehículos, totalizando 23 unidades, reforzando servicios como recolección de residuos, riego, limpieza urbana, tránsito y patrullaje preventivo.

La modernización del Estado tendrá un impulso con un nuevo sistema de reclamos, digitalización de trámites, inteligencia artificial aplicada al Centro de Monitoreo Urbano y un sistema actualizado de control de multas. 

El presupuesto también contempla medidas de inclusión social: se mantienen las exenciones de la TGI para instituciones, jubilados con ingresos mínimos, excombatientes y personas con discapacidad, entre otros. Además, se continuará fortaleciendo el Refugio de Invierno, política pública que brinda contención a personas en situación de extrema vulnerabilidad durante la época de bajas temperaturas. Se suman programas sociales, educativos y de promoción laboral para los sectores más vulnerables, incluyendo seguridad alimentaria, capacitaciones en oficios, microcréditos y actividades comunitarias.

De cara al 2026, Rafaela será sede de los Juegos Sudamericanos Odesur, un acontecimiento histórico que implicará una importante inversión municipal para acompañar el esfuerzo provincial, reflejada en partidas de distintas secretarías.

En relación con la Ordenanza Tributaria, Bottero confirmó a Radio Rafaela que se mantendrán los beneficios para los buenos pagadores.

“En Rafaela todavía tenemos una cultura del pago. Quien abona de contado tendrá un 15% de descuento y quien elige el pago semestral, un 10%. Los jubilados seguirán con los beneficios actuales”, dijo.

Además, aclaró que la ordenanza no incluye una modificación del valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), aunque anticipó que será un tema de debate: “La actual UCM está vigente hasta diciembre de 2025. A partir de enero de 2026 será el Consejo el que defina un posible ajuste de los tributos municipales”.

Por último, Bottero valoró que el tratamiento del presupuesto se dé en el marco de una nueva composición del Concejo Municipal: “Habrá una nueva fuerza participando y me parece bien que haga su aporte. Será parte del debate y la construcción del presupuesto de la ciudad”, cerró.

El Programa Rafaelino por los Derechos de los Animales (PRADA), dependiente del Instituto de Desarrollo Sustentable de Rafaela, continúa dando pasos firmes para mejorar las condiciones de vida de los animales en nuestra ciudad y atender las necesidades que se presentan en el vínculo con la comunidad, vecinalistas, instituciones y agrupaciones.

Esta semana, el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero y el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, Enrique Soffietti, se reunieron con las integrantes de PRADA, la abogada, Valeria Brunone y la licenciada Graciela Maubé que presentaron la estructura y determinaron los lineamientos vinculados con la Brigada de Protección Animal Rafaela.

Este espacio tendrá como objetivo principal intervenir en situaciones vinculadas a la infracción de la normativa local en materia de bienestar animal, como casos de explotación y venta ilegal de animales, criaderos, denuncias por maltrato y actos de crueldad. También en situaciones de urgencia, como accidentes de tránsito, y/o emergencias donde los animales se encuentren en peligro y necesitan ser rescatados y asistidos de manera inmediata.

La presentación de esta propuesta, constituye un paso significativo, teniendo presente que el contexto actual requiere de manera urgente implementar soluciones concretas y superadoras, que den respuesta a los reclamos de la ciudadanía y a las crecientes demandas que plantea la problemática animal en la comunidad.

Soffietti, señaló al respecto que "la creación de esta brigada representa un compromiso concreto del Estado local para dar respuesta a una problemática que nos plantea la sociedad. Se trata de un paso fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y, sobre todo, para proteger la vida y el bienestar de los animales en nuestra ciudad. Además de la respuesta inmediata, la brigada tiene un valor educativo y cultural muy importante, porque promueve un cambio de conciencia sobre el cuidado animal y el respeto hacia todas las formas de vida".

El equipo de PRADA trabaja incansablemente para que los animales sean reconocidos no solo por su valor moral, sino también por su reconocimiento en el ámbito legal y jurídico.

Para el Gobierno local es fundamental generar equipos y ámbitos que permitan intercambios enriquecedores y la búsqueda de objetivos comunes, para proteger y garantizar el bienestar animal, prevenir y contrarrestar el maltrato y la crueldad.

El concejal Augusto Rolando explicó los fundamentos de la reforma: “El código actual está obsoleto por su antigüedad, sancionado en 1970, en un gobierno nacional de facto, y carece de legitimidad democrática”. Además, señaló que la normativa vigente “no contempla sanciones para numerosas situaciones actuales, lo que impide a los Jueces de Faltas aplicar multas o medidas adecuadas”.

Rolando añadió que algunas disposiciones generan conflictos constitucionales, como “la posibilidad de arresto por deber una multa o la negación de la libertad condicional para faltas”, y destacó la necesidad de adaptar la normativa al crecimiento de la ciudad: “Rafaela ha experimentado un crecimiento significativo en población, barrios, parque automotor y actividades comerciales y sociales, y requerimos un marco normativo que se adapte a estas nuevas realidades”.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, remarcó la necesidad de que el nuevo código contemple los avances tecnológicos: “Es necesario que las normas se adapten a los cambios tecnológicos y a la digitalización, incorporando nuevas herramientas de control, fiscalización y comunicación con los ciudadanos”. Asimismo, aseguró que el proyecto está alineado con los principios del derecho administrativo sancionador moderno y respeta los derechos humanos.

Rolando detalló los cambios más importantes que se implementarán: “El código se aplicará a todas las faltas, infracciones o contravenciones en la ciudad, previstas en las Ordenanzas y Decretos Municipales. Se establece que el obrar culposo será suficiente para que una falta sea punible, y la tentativa no es punible”.

En caso de infracciones cometidas por menores, el Juez podrá dirigir el procedimiento contra los padres o tutores si la falta se produjo por negligencia de ellos. Además, se presume la responsabilidad del propietario de un vehículo si no se identifica al conductor infractor.

Entre las sanciones, se incluyen: “Multa, inhabilitación para conducir de 15 días a 2 años, clausura temporal o por tiempo indeterminado, decomiso de elementos prohibidos, amonestación, trabajos comunitarios y concurrencia a cursos de educación y capacitación”.

Se establece también un régimen de reincidencia: “Se considera reincidente a quien, habiendo sido condenado por una falta, incurra en otra de la misma especie dentro de un año para faltas leves y dos años para faltas graves. Las sanciones de multa e inhabilitación se incrementan en caso de reincidencia”.

Bottero explicó cómo se aplicarán las sanciones: “Un agente municipal que compruebe una infracción labrará un acta en papel o digital. La constatación puede realizarse con medios digitales o electrónicos, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El presunto infractor tendrá un plazo de 10 días para presentar su descargo si la falta es de tránsito, o 3 días si es de otra naturaleza”.

El secretario también detalló que los Jueces de Faltas podrán disponer clausuras preventivas: “Si existe un peligro grave e inminente para la seguridad o la salubridad, se podrá clausurar locales no habilitados”.

La empresa DiDi, una de las principales plataformas de intermediación de viajes a través de aplicaciones móviles, anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en la ciudad de Rafaela. Cabe destacar que la compañía de origen chino ya brinda servicio en otras localidades como Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista.

Según el comunicado difundido por la firma, el objetivo de esta expansión es ofrecer nuevas alternativas de movilidad a los usuarios, así como generar oportunidades económicas para los conductores locales. 

Más allá de la novedad, la llegada de DiDi a Rafaela sorprendió al propio municipio. Así lo confirmó el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, quien señaló a Radio Rafaela que no hubo ningún pedido formal de habilitación previo al desembarco de la plataforma.

“Nos enteramos de la misma manera que ustedes, cuando comenzó a circular la información. La app ya está disponible para ofrecer servicios en Rafaela, pero oficialmente no ingresó ninguna solicitud ni en tránsito, ni en obras públicas, ni en el área tributaria”, afirmó el funcionario.

Bottero explicó que el caso de DiDi, al igual que otras plataformas similares, representa una nueva lógica en la prestación de servicios que escapa a las estructuras tradicionales: “No tienen sede física, no hay una relación directa con el municipio como en el caso de un remis o un taxi. Es una dinámica completamente distinta”.

En ese sentido, remarcó que la regulación de este tipo de actividades es una materia pendiente que deberán abordar con urgencia, tomando como referencia otras ciudades similares.

“La prohibición no la veo como una alternativa”, afirmó. Y agregó: “Tenemos que ver lo que ya se ha hecho en otros lugares. Ciudades como Santa Fe ya vienen trabajando en esto. Se trata de plataformas muy tecnológicas, que rompen con la lógica tradicional del transporte público. Más allá de los ruidos que se generan, lo cierto es que estas apps no se van de donde llegan”.

El secretario reconoció que la aparición de estas plataformas responde a una demanda creciente de los usuarios. “El rafaelino también está pidiendo este tipo de servicios. Quiere pagar menos, tener más disponibilidad y mayor comodidad. El desafío es que el servicio esté lo más ajustado posible a la normativa vigente”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario insistió en que el municipio no buscará confrontar con la aplicación, sino buscar consensos que permitan integrar este nuevo sistema de movilidad a las regulaciones locales. “No hay que inventar nada. Tenemos que estudiar lo que otros municipios ya hicieron, adaptar esas herramientas y trabajar en conjunto para que sea seguro, justo y funcional para todos”.

Una violenta agresión a inspectores municipales en pleno centro de Rafaela generó preocupación en toda la ciudad y, particularmente, al gobierno local. Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Moreno y 25 de Mayo, cuando un motociclista se resistió a un control vial y atacó a golpes de puño a un agente de tránsito. El hecho quedó registrado en video y circuló rápidamente por redes sociales.

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Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización, repudió lo ocurrido y brindó detalles sobre la secuencia. “Esto pasó en pleno centro de Rafaela, en horas de la tardecita de ayer”, comenzó relatando. 

“Apenas nos enteramos, lo primero que hicimos fue determinar que estos dos inspectores, un hombre y una mujer, se hagan un chequeo rutinario en el Hospital. Gracias a Dios, no hubo más consecuencias que los moretones y los golpes propios de ese estado de locura y de violencia que se registró allí”, indicó. Los inspectores también realizaron la denuncia en sede de la Comisaría Segunda. 

Según precisó Bottero, todo comenzó cuando el motociclista se negó a detenerse. “La declaración que los agentes hacen es que esto empezó con este conductor ‘tirándole’ la moto arriba o apuntando directamente a la inspectora que lo quería parar golpeándole la pierna”, relató. Luego, el otro agente intervino en su defensa: “Es ahí cuando empieza el video que está dando vuelta por todos lados, una agresión física de esta persona hacia el inspector municipal”.

“El conductor era detenido por falta de licencia. No tenía la licencia”, confirmó el funcionario. En cuanto al accionar policial, explicó: “La policía respondió rápidamente al llamado y el responsable quedó demorado, alojado en Alcaidía. La Justicia ha entendido que ha habido un hecho de agresión que ameritaba una intervención del fiscal”.

Durante la jornada de este miércoles, el hecho fue abordado en la reunión del Comando Unificado, integrada por todas las fuerzas de seguridad. “Se hizo un pedido claro para que la policía nos acompañe constantemente en los operativos porque hay mucha violencia, y nosotros tenemos que proteger a nuestros agentes”, aseguró Bottero.

El funcionario fue enfático al rechazar cualquier forma de violencia. “Aunque la situación es compleja con la sociedad y en la calle, no podemos permitir que cualquiera haga de la violencia una forma de expresión y que ande a golpes de puño, o que te tire una moto encima. En ese sentido, primero vamos a proteger a nuestros agentes, y por supuesto también a quienes estamos controlando, no vamos a generar ningún hecho de violencia”.

Por último, pidió calma a los agentes en este tipo de intervenciones. “Nuestras indicaciones a los agentes son claras. Vamos a respetar su trabajo, pero no vamos a entrar en ningún hecho de violencia. Yo también puedo entender que en esos momentos no es fácil controlarse, pero las instrucciones son que nadie ponga en riesgo su propia salud, ni la de un tercero”, indicó. 

Un nuevo episodio de hundimiento de calzada se registró este martes por la mañana en la ciudad de Rafaela. Un camión quedó atascado en un pozo generado en la intersección de Tucumán y O'Higgins. 

La situación se produjo a pocos metros de la esquina de Tucumán y 1° de Mayo, escenario de un hecho similar a comienzos de año, cuando un automóvil quedó colgado por el colapso del pavimento. El hecho generó preocupación en los vecinos de la zona, quienes ya venían manifestando reclamos por el estado del asfalto.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, se hizo presente en el lugar y brindó detalles sobre el origen del colapso. “Hablamos con la empresa que está trabajando aquí a cien metros, que es la empresa que está haciendo justamente todo esto, reparar el colector dañado desde hace añares, y que ha generado este vacío abajo del pavimento derivando en esta situación”, explicó.

En relación con las tareas para liberar el camión, Bottero señaló que estaban en diálogo con la contratista para definir cómo proceder. “Vamos a ver si tenemos colaboración de la empresa y, si no, habrá que traer algún otro equipo pesado para retirar este camión. Para hacerlo, hay que anular la circulación y esperar que la empresa ASSA y la empresa contratista que está haciendo la obra de reparación del colector avancen lo antes posible”, indicó.

Bottero remarcó que la intervención forma parte de una obra que ya se encuentra en ejecución. “Justamente esta obra termina acá. Hay que reparar hasta Tucumán y O'Higgins, en esta boca de registro sobre la que estamos parados. Aquí termina la obra porque hacia el Norte, hacia calle Brasil, se había reparado hace años y quedaba esta parte”, sostuvo.

El funcionario lamentó que el avance de los trabajos no haya llegado a tiempo. “Lamentablemente, ocurrió otra vez. Ya habíamos tenido un hecho de un auto en la otra esquina, y ahora nos ocurre acá en Tucumán y O'Higgins”, manifestó. 

Sobre los reclamos de los vecinos del sector, Bottero pidió comprensión: “sabemos de algunos reclamos públicos. Pedimos paciencia a los vecinos, sabemos que esta es una calle totalmente intervenida, ha habido un desagüe hace años atrás que a muchos les ha generado inconvenientes, y esta situación les vuelve a generar inconveniente a muchos vecinos otra vez”.

Finalmente, sostuvo que estas tareas son inevitables y necesarias para la seguridad vial: “Son obras necesarias. Con el tránsito que tiene calle Tucumán, esta obra hay que hacerla, no podemos tener esta situación de peligro constante y latente. Lamentablemente, no pudo llegar la empresa hasta aquí, finalizar la obra antes de que vuelva a ocurrir esto”.

Y cerró: “Gracias a Dios, fue una situación menor. Paciencia a los vecinos, pero son obras que, lamentablemente, hay que hacer. Ahora se están haciendo”.

En la mañana de este miércoles,  los concejales recibieron al Secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela, Lic. Germán Bottero, para analizar los actos administrativos para la posesión e inscripción del Lote Nº 1, referido al Convenio urbanístico Elejua S.A.

El proyecto presentado solicita autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder estas fracciones de terreno en proporciones iguales a la Liga Rafaelina de Fútbol y al Club Atlético Juventud con el cargo de uso para el desarrollo de sus actividades deportivas.

También quedó establecido para mañana a las 8.30 una nueva reunión con Germán Bottero y la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitana, María Emilia Vidal, para analizar la construcción del velódromo, en el marco de los XIII Juegos Sudamericanos 2026.