Por Gisel Mahmud

El mundo cambió y la educación tiene el desafío de acompañar ese cambio.

La información circula en redes, los trabajos se desarrollan en plataformas, los Estados incorporan cada vez más herramientas tecnológicas y gran parte de la vida social ocurre en entornos conectados. Ignorar esa realidad sería cerrar los ojos frente a un cambio que ya está en marcha y crece a pasos agigantados. Ya nadie duda a esta altura que lo digital, la revolución acelerada de la inteligencia artificial y los nuevos vínculos tecnológicos son parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida pública y nuestra intimidad. Con todo ello viene lo bueno y lo malo, nacen oportunidades y también nos enfrentamos a múltiples riesgos. 

La pandemia expuso con claridad algo que ya estaba latente: la necesidad de pensar la educación y la tecnología como partes de un mismo sistema.

Cuando las clases tuvieron que trasladarse a las pantallas, docentes y estudiantes convirtieron los hogares en aulas. En muchos casos funcionó y abrió nuevos universos posibles para la educación; en otros, no tanto.

Lo que está claro es que la experiencia nos dejó como enseñanza que garantizar el derecho a la educación hoy también implica garantizar conectividad, acceso a tecnología y nuevas formas de enseñar y aprender.

El mundo en el que vivimos es profundamente digital y la escuela y la educación no deben quedar al margen. Ahora bien, hablar de educación digital no significa simplemente repartir computadoras, pensar en wifi o instalar plataformas. El verdadero desafío es más profundo. El debate es amplio y colectivo.

En nuestro país, y la provincia de Santa Fe no es la excepción, todavía existen brechas importantes en el acceso y uso de la tecnología. La geografía, la realidad económica y los grupos sociales de pertenencia determinan el acceso a entornos digitales, por eso son necesarias políticas contextualizadas e igualadoras.

No es lo mismo una escuela de un pueblo del norte de la provincia que una de una gran ciudad; tampoco es igual la situación de un adolescente que comparte un dispositivo con toda su familia que la de un niño que cuenta con su propia computadora; tampoco es lo mismo una maestra que planifica desde su celular o un profesor que prepara sus clases en una sala de computación de una comuna. Estas realidades muestran que, cuando hablamos de tecnología en educación, debemos hacerlo desde una mirada que reconozca las diferencias existentes y trabaje para que no se profundicen las desigualdades  y se acorte la brecha en la apropiación de la tecnología.

Ese debate lo dimos y lo sostuvimos durante la Convención Reformadora de la Constitución provincial del año pasado, donde impulsamos con fuerza y convicción la incorporación de los derechos digitales como parte del marco de derechos que el Estado debe garantizar en el siglo XXI. Afirmábamos que hoy gran parte de la vida de las personas transcurre en entornos digitales: allí estudiamos, trabajamos, participamos e incluso debatimos sobre asuntos públicos. Por eso el acceso a internet, la protección de datos personales y la igualdad en el uso de las tecnologías ya no podían quedar fuera de la discusión sobre derechos.

Es allí donde se vuelve necesario reflexionar y actuar con el compromiso de todos los actores involucrados: los gobiernos y sus políticas, el Poder Legislativo, los docentes y equipos directivos, las familias y la comunidad en su conjunto.

Y en todo esto la escuela tiene un rol urgente y protagónico: es la institución común y democrática para muchos. Pero debemos ser claros: la tecnología por sí sola no transforma la educación. La experiencia de estos años lo vienen demostrando. Y los y las docentes no son los únicos responsables de este proceso ni en quienes tiene que recaer todo el peso de este tema, pero sí actores insustituibles para hacerlo posible.

El estado con todo su potencial debe acompañar y marcar este camino. Es innegable que Santa Fe está dando mensajes claros con este tema. En los últimos días el gobierno provincial anunció nuevas iniciativas vinculadas a la incorporación de tecnología en el sistema educativo y en especial un programa de Educación Digital para todas las escuelas del territorio provincial. También lo hicimos nosotros desde la legislatura con varios proyectos: Ley de Educación Digital, Ley de protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y Ley de Ludopatía, entre otros. 

En definitiva, la cuestión pasa por preguntarnos qué oportunidades queremos garantizar para quienes habitan la cotidianeidad de la tecnología y para las generaciones que vienen. Si logramos que cada estudiante tenga acceso a herramientas y recursos digitales, formación crítica y acompañamiento sostenido y contención desde el ámbito educativo, estaremos dando un paso importante hacia un futuro que ya llegó.

Por eso, la educación de hoy y para el futuro debe ser digital. Pero su sentido siempre profundamente humano.

La diputada provincial Gisel Mahmud (PS Unidos) realizó un balance del 2025 destacando que “este año será recordado por debates y reformas profundas en Santa Fe; nada más y nada menos que la reforma de la Constitución provincial”. En relación a ese proceso, la legisladora —que además fue convencional constituyente— señaló que “fue un hito para la provincia y un mensaje claro para el país”.

En su repaso anual, Mahmud también puso el acento en el trabajo sostenido en el territorio, “escuchando, recorriendo y buscando respuestas concretas a las necesidades reales de las santafesinas y los santafesinos”.

La nueva Constitución, debatida durante 60 días y que reformó 42 artículos del texto vigente desde 1962, incorporó herramientas y derechos vinculados a los desafíos actuales. “El nuevo texto amplía derechos y garantías, reflejando demandas ciudadanas del siglo XXI”, sostuvo Mahmud, y remarcó que “propone una transformación profunda del Estado para hacerlo más eficiente, moderno y verdaderamente al servicio de la ciudadanía”.

Entre los principales avances, destacó la incorporación de nuevos derechos —como los derechos digitales, la desconexión digital, los derechos ambientales y culturales—, la modernización institucional, el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura con mayor autonomía, la paridad de género en todos los poderes del Estado y mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular, los referéndums vinculantes, las consultas populares y las audiencias públicas obligatorias.

“Es una Constitución que amplía derechos, transparenta la justicia y elimina privilegios”, sintetizó.

En relación al trabajo territorial, Mahmud remarcó que las recorridas por comunas y ciudades de la provincia “permiten estar cerca del vecino, escuchar sus demandas y también sus proyectos”. En ese sentido, destacó la centralidad del diálogo con presidentes comunales, intendentes y representantes de instituciones para identificar prioridades y construir soluciones legislativas acordes.

“Miguel Lifschitz siempre nos decía que esta forma de entender la política es la única posible, y subrayaba el rol clave de las administraciones locales para resolver muchos de los problemas cotidianos”, recordó. Y agregó: “Unidos es esto: recorrer el territorio, escuchar a los santafesinos y trabajar, incluso en momentos complejos, dejando de lado diferencias para encontrar acuerdos que mejoren la vida diaria de nuestra gente”.

Al referirse al trabajo parlamentario, Mahmud señaló que “la coordinación con el Poder Ejecutivo permitió avanzar en iniciativas clave y cerrar el año con la aprobación del Presupuesto 2026, lo que es un acto de transparencia porque permite a la ciudadanía conocer con claridad el destino de los recursos y partidas”.

Además, recordó que desde la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación —que preside— se trabajó con representantes de todos los sectores, construyendo consensos y acuerdos. “Avanzamos en el dictamen de una Ley de Educación Ambiental Integral, para abordar en las escuelas las principales problemáticas ambientales”, explicó, y agregó que también se trabajó en la prevención de la violencia digital en el ámbito educativo “para promover entornos digitales seguros y libres de violencia” y en propuestas de educación financiera “para enfrentar los desafíos del presente.”

“Cerramos el año con avances concretos, muchos proyectos y grandes desafíos por delante para seguir fortaleciendo la educación”, subrayó.

Para Mahmud, lo que se vienen son tiempos de oportunidades y desafíos que ayuden a consolidar los cambios que la provincia necesita y transformar las reformas en políticas públicas concretas. En ese registro, sostuvo que uno de los principales desafíos será avanzar hacia una Ley de Educación, una deuda histórica de Santa Fe. “Si fuimos capaces de construir los consensos necesarios para reformar la Constitución, también podemos hacerlo para saldar esta deuda pendiente”, afirmó.

La diputada también remarcó la necesidad de trabajar en el marco normativo que permita implementar el nuevo sistema de justicia surgido de la reforma constitucional, así como en leyes que fortalezcan las autonomías y competencias de los gobiernos locales, con el objetivo de acercar el Estado a la vida cotidiana de las personas.

En esa misma línea, Mahmud destacó la importancia de avanzar en iniciativas que permitan modernizar el Estado, adecuándolo a las demandas de la era digital, y de profundizar herramientas que hagan efectiva la participación ciudadana, fortaleciendo la democracia y el vínculo entre la sociedad y las instituciones.

“Sin dudas será un año de mucho trabajo legislativo, de construcción de acuerdos y de apertura, como estamos acostumbrados a hacerlo en la Cámara de Diputadas y Diputados”, concluyó.

La diputada provincial y convencional constituyente Gisel Mahmud, participó de una Jornada sobre la “Reforma en la era digital”. Más de cuarenta especialistas, académicos, referentes, promotores de derechos digitales y funcionarios debatieron en la capital provincial durante más de dos horas en el marco del ciclo “Conversaciones para la Reforma 2025” organizado por DEMOS Centro Cultural y de Estudios. Ciudadanía digital, gobierno abierto, neuroderechos, ciberseguridad, protección de datos personales y alfabetización digital fueron algunos de los ejes de la actividad. El intercambio dejó propuestas concretas que servirán de insumo y lineamientos que impulsará la convencional durante el proceso de Reforma que comenzará el próximo 14 de julio.

Mahmud, impulsora de la mesa, valoró “el salto de calidad” que supone poner los desafíos tecnológicos en el centro de la discusión: “Estamos a tiempo de escribir la Constitución más moderna de la Argentina. Una Constitución que responda a la realidad del santafesino del siglo XXI”. En esa línea destacó: “Muchísimas cuestiones que hacemos cotidianamente están atravesadas por esta era digital. Desde una compra, una consulta médica, el trabajo o estudiar. Es fundamental garantizar nuestros derechos on-line y proteger la privacidad de nuestros datos personales. La alfabetización digital debe estar en cada barrio, en cada pueblo de la provincia”.

La legisladora señaló también que los aportes recogidos durante el evento, formarán parte del documento que está elaborando junto a diferentes actores del sector: “el acceso a Internet es un derecho humano esencial. Debemos ensanchar el camino de la participación ciudadana digital”.

Uno de los tantos aportes destacados del encuentro fue el del filósofo, escritor y divulgador cientifico Tomás Balmaceda, quien subrayó: “Todos vivimos los derechos digitales en carne propia. Son derechos que atraviesan otros, como los vinculados a la educación, a la libertad de expresión o al trabajo por ejemplo. La tecnología nunca es neutral”.

Del conversatorio participaron referentes del Poder Ejecutivo provincial y municipal, del Cluster TIC Santa Fe, del Instituto de Derecho Informático, del Parque Tecnológico del Litoral Centro,de ONG's como Faro Digital, IniciActiva, del ámbito académico (UNER, UTN, UNL, Instituto 12) Defensoría del pueblo además de especialistas en la materia. También acompañaron representantes del Colegio de Abogados de Santa Fe, de COPRINF(cooperativa de base tecnológica), de escuelas secundarias, y terciarias de la ciudad, docentes, estudiantes, activistas por la discapacidad y empresarios de la comunicación de Santa Fe.

Alejandro Ambort, precandidato a concejal por la lista Adelante (Unidos para Cambiar Santa Fe), visitó esta semana varias instituciones deportivas de la ciudad. En la oportunidad, dio a conocer algunas de las propuestas relacionadas con el deporte que presentará al cuerpo legislativo local y a la vez escuchó sugerencias e ideas que le permitirán fortalecer sus proyectos. En esta ocasión, lo hizo acompañado por los diputados provinciales Gisel Mahmud y Pablo Farías quienes integran además la lista de Convencionales Constituyentes que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Poner el foco en los clubes y en las escuelas forma parte de la solución de muchos de los problemas que atravesamos como sociedad. Son los lugares donde los padres y madres confían para dejar a sus hijos. Allí pueden desarrollar tanto conocimientos como diversas actividades que los ayudan a crecer. Allí encuentran contención social. Muchísimas veces son los profes en el club o  los maestros en las escuelas quienes descubren problemas que pueden estar afectando al chico, al joven. Mas tiempo en el club significa menos tiempo en la calle”. 

Desde hace más de 20 años, Ale Ambort ejerce su profesión de periodista deportivo en varios medios de nuestra ciudad. “Este camino me dio un conocimiento profundo del significado de las instituciones deportivas de Rafaela. Me permitió tender una red muy importante de relaciones con los dirigentes, los cuerpos técnicos, los mismos jugadores y los socios. Estoy convencido que se debe fortalecer el deporte, el rol de los clubes y tener mucha cercanía con estas entidades”

Los dirigentes visitaron las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) donde fueron recibidos por su presidente Leonardo Crosetti y parte de la comisión directiva. 

En la Liga Rafaelina de Fútbol se entrevistaron con su vicepresidente, Daniel Girardini; su secretario, Edgardo Peretti y representantes de la Neutral de Árbitros.

Ale Ambort les presentó (como lo viene haciendo en las últimas semanas en otras instituciones deportivas) una batería de propuestas y proyectos que presentará si accede a una banca en el Concejo Municipal

1)  El “Programa de fortalecimiento del deporte social para clubes de barrio”; 2) “Capacitaciones gratuitas brindadas por el municipio”; 3) “Becas para deportistas de alto rendimiento”; 4) “Casa del deportista rafaelino/a”; 5) “Embajadores deportivos” y 6) “Corredores Seguros para Clubes”

Los dirigentes también visitaron la sede de ALPI Rafaela. Allí, dialogaron con directivos de la entidad que les dieron a conocer las necesidades y propuestas que proyectan desde la entidad. ALPI RAFAELA es una organización sin fines de lucro que se dedica a la rehabilitación integral de pediátricos y adultos. Cuenta con un importante equipo de profesionales de diversas especialidades.

Así lo dijo la diputada provincial, quien dialogó con RADIO RAFAELA para brindar detalles acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.

La diputada provincial Gisel Mahmud anunció la reintroducción de un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, buscando modernizar un sistema que, según ella, está "muy desactualizado". "El régimen del derecho civil y comercial es el régimen que regula la vida cotidiana de las personas, en un montón de cosas que nos atraviesan todos los días", explica Mahmud, destacando la importancia de este código en asuntos tan variados como el derecho de familia, las sucesiones, los contratos de alquiler y las sociedades comerciales.

El actual Código de Procedimientos Civil y Comercial de Santa Fe, que establece cómo se deben llevar a cabo los procedimientos legales en la justicia provincial, necesita urgentemente una actualización. "Los plazos podrían ser mucho más breves, todo podría demorar mucho menos tiempo para la ciudadanía", señala Mahmud. La reforma propuesta pretende agilizar estos procesos, redistribuir los recursos humanos y materiales de manera más eficiente y aprovechar mejor la tecnología, para que los trámites ante la justicia sean más rápidos y efectivos.

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La propuesta de ley que se presenta ahora retoma un proyecto de la gestión de Miguel Lifschitz, que había obtenido media sanción pero no llegó a ser aprobado por completo. "Había estado muy cerca de sancionarse por el Senado", menciona la diputada, quien también aclara que el actual gobernador Maximiliano Pullaro y el Secretario de Justicia han mostrado su apoyo a esta reforma. El socialismo, añade Mahmud, ha presentado su propuesta para servir de base y continuar el trabajo desde donde se dejó, en lugar de empezar desde cero.

La reforma busca no solo mejorar los tiempos y la eficiencia del sistema judicial, sino también liberar a los jueces de tareas administrativas que podrían ser realizadas por otro personal del Poder Judicial, permitiéndoles concentrarse en emitir sentencias y resolver problemas con mayor celeridad. "Muchas veces, además de emitir decisiones, sentencias o resolver problemas que les pedimos que resuelvan, también están haciendo gestiones administrativas cotidianas que para nuestro entender deberían recaer en personal del Poder Judicial", afirma.

Mahmud también subraya las dificultades actuales del Poder Judicial en circunscripciones como la de Rafaela, donde hay vacantes sin cubrir y concursos que convocar. "Sabemos que con la pandemia la justicia empezó a incorporar cuestiones tecnológicas digitales y virtuales que aceleraron procesos, pero todavía nos queda mucho por avanzar", concluye, señalando la necesidad de seguir implementando y fortaleciendo estas herramientas tecnológicas para una justicia más eficiente y accesible.