Luego de más de once horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La votación se concretó cerca de las 2.30, tras una jornada atravesada por tensiones políticas, cuestionamientos reglamentarios y un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La sesión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el desenlace desde uno de los balcones del recinto. El oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados, en un escenario donde no cuenta con mayoría propia.

El resultado de la votación reflejó una coalición amplia en respaldo de la iniciativa impulsada por el espacio del presidente Javier Milei. Además de La Libertad Avanza, acompañaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales, junto con legisladores de distintos espacios que aportaron votos individuales.

Incluso, el oficialismo logró sumar apoyos provenientes de sectores de la oposición, como dos diputados de Unión por la Patria. En tanto, las abstenciones correspondieron a representantes del MID y de fuerzas provinciales.

En contra de la reforma se expresó la mayoría de Unión por la Patria, junto con legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos integrantes de bloques federales. También hubo rechazos individuales dentro de espacios no alineados plenamente con el oficialismo.

Durante la jornada, el tratamiento legislativo estuvo precedido por varios intentos de la oposición de introducir otros temas en el debate mediante mociones de apartamiento de reglamento.

Entre ellos, se incluyeron propuestas vinculadas a pedidos de informes, interpelaciones a funcionarios y posicionamientos sobre política exterior, que no lograron reunir los votos necesarios para su incorporación.

El eje central de la discusión giró en torno a los cambios introducidos en la normativa vigente desde 2010. La reforma redefine los alcances de protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, y habilita condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades productivas, especialmente en regiones cordilleranas.

Desde el oficialismo, los miembros informantes defendieron el proyecto al sostener que busca “clarificar conceptos” y armonizar la legislación nacional con las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. En esa línea, remarcaron que la iniciativa no implica un retroceso en la protección ambiental, sino una actualización del marco regulatorio.

También destacaron que la modificación permite a las provincias avanzar en estudios más detallados sobre sus territorios, en casos donde organismos técnicos nacionales no han completado relevamientos específicos.

Por el contrario, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa al advertir que podría debilitar los controles sobre áreas sensibles. Señalaron que la ley podría habilitar la exclusión de ciertos cuerpos del inventario oficial de glaciares, lo que implicaría riesgos para reservas estratégicas de agua dulce.

Durante el debate, se plantearon críticas sobre la base técnica del proyecto y sobre el proceso de discusión previo en comisiones. Algunos diputados anticiparon que la norma podría ser judicializada, al considerar que vulnera principios ambientales establecidos en la legislación vigente.

En paralelo, también se expusieron posturas intermedias. Algunos legisladores que acompañaron en general la iniciativa señalaron reparos puntuales, especialmente en relación con la posibilidad de modificar el inventario de glaciares o ampliar la intervención provincial en la evaluación de áreas protegidas.

El cierre del debate estuvo marcado por posicionamientos contrapuestos sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Mientras el oficialismo defendió una mayor autonomía provincial para definir políticas de desarrollo, la oposición insistió en la necesidad de mantener criterios uniformes de protección ambiental a nivel nacional.

Con la sanción de la reforma, el Gobierno logró avanzar en uno de los proyectos incluidos en su agenda legislativa. No obstante, el tema seguirá generando debate en distintos ámbitos, tanto por su impacto en la actividad económica como por sus implicancias en la preservación de los recursos naturales.

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Con un discurso cargado de críticas y fuertes metáforas, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois apuntó contra el oficialismo durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

X Juan Grabois

El líder de Patria Grande cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno y respaldado por provincias mineras, al que calificó como “terraplanista y oscurantista”. En ese marco, también lanzó ironías al señalar que algunos legisladores “tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y que las criptomonedas de Milei”.

Durante su intervención, el dirigente opositor advirtió: “Ustedes están hipotecando el futuro de la patria”, y redobló la apuesta con una de las frases más resonantes del debate: “Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Les van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”.

Al evocar a la conocida “envenenadora de Monserrat”, Grabois buscó graficar, según su mirada, los riesgos de la iniciativa. En ese sentido, sostuvo que se intenta reemplazar “una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo” por una normativa que podría derivar en prácticas corruptas a nivel provincial.

“Lo que están haciendo es facilitar la corrupción, va a haber un festival Karina, un festival del 3%”, agregó en tono irónico, y cerró con otra crítica: “¿De verdad creen que con el terraplanismo berreta de La Libertad Avanza van a hacer algo mejor que los mejores científicos del mundo?”.

Antes de su discurso, Grabois también había protagonizado otro momento llamativo en el recinto, al colaborar con la diputada Adriana Serquis para sostener una maqueta que representaba los ecosistemas glaciares y periglaciares.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a la norma que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue aprobada en las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. También fue arduamente debatida en Audiencias Públicas

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

El oficialismo también captó votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad, optaron por la abstención.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

La Cámara de Diputados inició este miércoles la sesión especial para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, luego de que La Libertad Avanza y bloques aliados lograran reunir el quórum necesario con 129 legisladores presentes.

El debate comenzó a las 15.14 con el respaldo de diputados del oficialismo, el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, entre ellos Producción y Trabajo, Innovación Federal, Adelante Buenos Aires, Elijo Catamarca e Independencia, además de representantes de Provincias Unidas.

Entre estos últimos se destacaron las presencias de Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio García Aresca, Gabriela Scaglia, José Núñez y Sergio Cappozzi, quienes contribuyeron a habilitar el inicio de la sesión. 

Cruces y votaciones fallidas

En el arranque, legisladoras de la izquierda y de Unión por la Patria intentaron sin éxito incorporar al temario proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de retirar acreditaciones a medios de prensa, iniciativa que no logró el aval necesario.

Más tarde, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés propuso que Argentina adopte una posición de neutralidad frente al conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero tampoco consiguió los dos tercios requeridos para su tratamiento.

De este modo, la Cámara avanzó finalmente con el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo, en una sesión que se anticipa atravesada por fuertes debates.

Más de cien mil personas se inscribieron para participar de las dos jornadas de audiencia pública que convocó el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de Diputados de la Nación para tratar el proyecto de reforma de la ley de Glaciares.

Menos de 200 expositores estuvieron de manera presencial en la jornada del miércoles; entre ellos, Jorge Barraguirre, en su carácter de presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales.

Allí presentó de manera verbal, en los estrictos 4 minutos asignados a cada participante, una síntesis del documento que semanas atrás (el 6 de marzo) entregó a la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, con la firma de referentes de las distintas regiones que conforman la Red.

En ese listado figuran, además de Barraguirre, Gabriel Blanco (Región Cuyo), Florencia Gómez (Región Patagonia Sur), Maximiliano Breide Obeid (Región Patagonia Norte), Juan Sebastián Lloret (Región NOA), Ricardo Bomparolla (Región Centro), Gerardo Cabral y Noelia Miño (Región NEA), y Leonardo Fillipini, por la Fiscalía Nacional.

Mientras tanto, la modificación a la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de Glaciares cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación. En su exposición, Barraguirre cuestionó particularmente algunos artículos que componen el texto que a futuro deberá analizar Diputados.

El Procurador General ante la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, expuso en la audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares en su carácter de presidente de la Red Argentina de Fiscales Ambientales. Foto: Archivo.

“Entendemos, respetuosamente, que algunos cambios podrían ser objeto de cuestionamientos constitucionales”, señala el texto y especifica que “desconocería el sentido de una ley de presupuestos mínimos y tendría un carácter regresivo”.

La exposición del santafesino fue, como todas, brevísima, pero el documento en su totalidad aporta una profusa argumentación a la posición de la Red.

En primer lugar, alude al contexto de “triple crisis ambiental” que sufre el planeta, por contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático. “La gestión de los ambientes glaciares y periglaciares no es extraña a esta crisis, menos aún en Argentina”.

Así, según el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) nuestro país cuenta con 16.968 glaciares, que ocupan un total de 8.484,21 km² y “son de gran relevancia para la comunidad, por sus funciones como reservas de agua dulce, como objeto de estudio de investigaciones científicas y como pilar esencial del sector turístico”.

Objeciones constitucionales

Entre las observaciones a los cambios introducidos por el Senado, la Red advierte que podría ser motivo de dos objeciones constitucionales serias: “La primera, es que afectaría el funcionamiento del sistema de leyes de presupuestos mínimos tal y como ha sido concebido en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

En tanto, la segunda “es que propondría un cambio regresivo, disminuyendo los estándares de protección actuales y, de ese modo, desdeñaría el texto y la jurisprudencia en materia de derechos socioambientales consagrados en tratados internacionales y tal como fueron interpretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En materia ambiental, la Convención Constituyente de 1994 establece un modelo de federalismo que consiste en proponer pisos de protección mínimos, comunes y homogéneos sobre los cuales las Provincias podrían edificar protecciones adicionales de mayor intensidad, alcance o extensión.

Según el texto de la Constitución, las regulaciones provinciales deberían dictarse para “completar” las normas nacionales.

“Que los recursos naturales sean del dominio de las Provincias (art. 124 de la CN), no implica un abandono del carácter universal de los derechos individuales y colectivos de las personas. Así lo viene señalando la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Este punto es central porque entre las reformas a la ley figura que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.

En este sentido, la Red recuerda el rol del Consejo Federal de Medio Ambiente de la República Argentina (COFEMA), para el que, de paso, reclama un mayor protagonismo.

Durante dos jornadas se escucharon presentaciones desde distintos puntos del país sobre la reforma a la Ley de Glaciares. Hubo una enorme cantidad de objeciones al proyecto que ahora está en manos de Diputados. Foto: Archivo.

“El COFEMA debiera poder concertar los niveles de protección de las áreas, balanceando los intereses productivos locales con los de funciones hídricas que se extienden más allá de las fronteras provinciales (que hacen a la disponibilidad de agua para uso y producción de otras zonas)”. De manera congruente, “las provincias ejercitarían su poder de gestión y aprovechamiento del recurso”.

De acuerdo a la norma con media sanción, advierte la Red que “cualquier emprendimiento que pretenda instalarse en un glaciar o ambiente (geoforma) periglaciar estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental a cargo de una autoridad provincial para que determine si la actividad puede generar una degradación en forma significativa” (artículo 11 de la ley 25.675).

A su vez, “cada una de las provincias relevantes podrá perforar los presupuestos mínimos al ordenar al IANIGLA que elimine del inventario aquellos glaciares y ambientes periglaciares que, a su modo de ver, no merezcan la protección de esta ley, vulnerando así el esquema normativo de protección ambiental dispuesto en la Constitución Nacional”.

Esas regresiones estarían vinculadas no sólo al perfil mismo de las leyes de presupuestos mínimos mismos, sino también al texto aprobado con media sanción, que restringe el objeto de protección de la Ley 26.639 únicamente a aquellos glaciares que tengan función hídrica como reserva estratégica como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. De este modo se reduce el inventario futuro.

Por último, refieren a la posible afectación sobre compromisos internacionales, como el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur que “contempla, entre sus objetivos, mejorar la integración del desarrollo sostenible en las relaciones comerciales y de inversión, debiendo las partes esforzarse por mejorar sus disposiciones legislativas y reglamentarias y sus políticas pertinentes para garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección ambiental”.

 Un grupo de diputados nacionales presentaron esta miércoles una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para tratar la modificación de la Ley de Glaciares.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo”, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien encabezó la iniciativa, señaló que “el esquema implementado limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas”. Asimismo, advirtió que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso, alterando las reglas originalmente establecidas.

Otra de los firmantes, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), dijo: “Se cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes”.

“Se obligó a miles de personas que querían expresarse oralmente a reformular sus intervenciones, restringiendo su derecho a manifestarse a viva voz. Se ampararon en un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la participación de ciudadanos de todo el país. De esta manera, lo que se pretende es simular una audiencia pública, no cumplir con una instancia real de participación”, sentenció.

En su presentación, los diputados también remarcaron que el formato adoptado vulnera estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones.

Por estos motivos, solicitaron la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas de participación.

Finalmente, se dejó planteada la reserva de acudir a la vía judicial en caso de persistir la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Además de Ferraro y Selva, acompañaron la acción: María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías. NA

La apertura de audiencias públicas en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares generó una masiva participación ciudadana.

Según datos preliminares, más de 20 mil personas se inscribieron para exponer, lo que llevó a organizaciones ambientales y a bloques de la oposición a reclamar que se amplíe la cantidad de jornadas previstas para garantizar la participación de todos.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora debe ser debatida en la Cámara baja.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el proceso de inscripción y exigió mayor transparencia en la organización de las audiencias.

Dejen de hacer trampa con la audiencia pública de Glaciares. La inscripción comenzó el 5 de marzo y ya pasaron 5 días sin que se haya publicado el registro de personas inscriptas, algo básico para garantizar transparencia y control ciudadano.Además, a muchos participantes…

“Dejen de hacer trampa con la audiencia pública de Glaciares”, señaló el legislador en redes sociales.

Ferraro explicó que la inscripción comenzó el 5 de marzo y que aún no se había publicado el registro completo de personas anotadas, un requisito que considera fundamental para garantizar el control ciudadano.

“Muchos participantes recibieron primero un correo confirmando que estaban inscriptos y luego otro diciendo que solo se había recibido la solicitud. Esa picardía administrativa afecta la certeza de quienes quieren participar”, afirmó.

El legislador advirtió que la falta de transparencia en el procedimiento podría derivar en presentaciones judiciales.

“Una audiencia pública exige publicidad, acceso a la información y reglas claras. Si esas condiciones no se garantizan, se compromete la validez del proceso de toma de decisiones”, sostuvo.

Ferraro también planteó que, con la cantidad actual de inscriptos, será necesario extender el cronograma de audiencias para asegurar una participación efectiva.

En la misma línea se expresó la diputada santafesina Caren Tepp, del bloque Unión por la Patria, quien pidió que la Cámara publique la lista completa de inscriptos.

“Para que el proceso sea transparente presentamos una nota solicitando que la Presidencia de la Cámara publique el registro y extienda los días de exposición según la cantidad de participantes”, señaló.

¡Que no sea un simulacro! Exigimos al presidente de la Cámara la participación real, federal, abierta, plural, TRANSPARENTE y sin restricciones a las Audiencias Públicas por la reforma a la Ley de Glaciares. https://t.co/K2pNKIaG1a

La legisladora remarcó que el debate involucra temas sensibles como el agua y los recursos naturales.

“Cuando lo que se discute es el agua y nuestros bienes naturales, la participación no puede limitarse. Tiene que ser un proceso real, federal y plural”, afirmó.

La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo generó fuertes debates entre sectores políticos, ambientales y productivos.

Mientras el Gobierno sostiene que los cambios buscan facilitar inversiones y el desarrollo de actividades productivas —especialmente vinculadas a la minería—, organizaciones ambientalistas advierten que las modificaciones podrían afectar ecosistemas sensibles y reservas estratégicas de agua.

En ese contexto, las audiencias públicas fueron planteadas como un espacio para escuchar tanto a especialistas, organizaciones sociales y representantes del sector productivo antes de que el proyecto avance en el Congreso.

La Cámara de Diputados formalizó en las últimas horas la convocatoria a las audiencias públicas que se desarrollarán en forma previa al dictamen y posterior tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares.

La norma ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero (en extraordinarias).

Este martes fue convocado un plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para avanzar con un dictamen y dejar listo el texto para llevarlo al recinto.

No obstante, se decidió dar curso a un pedido de, entre otros, integrantes del interbloque Unidos para realizar una audiencia pública y habilitar, así, la opinión de interesados y especialistas.

Serán, en definitiva, dos jornadas de audiencia en las que se espera contar con la voz de referentes provinciales, teniendo en cuenta que la actividad se desarrollará en un anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, en el centro porteño.

La inscripción al registro de participantes se podrá realizar, a título personal o en representación de personas jurídicas, de dos maneras.

Una de ellas es presentándose personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación.

La otra es por vía electrónica, a través del link:

 https://app.hcdn.gob.ar/aplicaciones/inscripciones/inscripciones/audienciapublica/formulario-de-inscripcion-a-audiencia-publica.

En ambos casos, el plazo de inscripción es hasta el viernes 20 de marzo a las 16.

Como se dijo, las audiencias se realizarán en dependencias de la Cámara baja los días 25 de marzo con exposiciones presenciales, en la franja horaria de 10 a 19.

Al día siguiente, el 26 de este mes, será el turno de las presentaciones por modalidad virtual, en el mismo horario.

El proyecto de ley que modifica el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue aprobado por el Senado con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.

Con las modificaciones a la ley, el gobierno busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”.

Sin embargo, organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió, y advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

Mientras tanto, la ley, que fue sancionada en el año 2010 y ahora se pretende modificar, define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior.

Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.

En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce -apta para el consumo humano- más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio.

Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país.

Ese es el argumento por el que se insiste con la participación federal en el debate, previo al tratamiento del proyecto de modificación de la ley.

Si bien no primó la propuesta de llevar la audiencia pública al interior del país, como se hizo previo al tratamiento de la Ley de Medios y del Código Civil y Comercial, se abrió la posibilidad de participación virtual, que se concretará previo a la inscripción abierta hasta el 20 de marzo.

El Litoral.

Luego de obtener media sanción en el Senado, el oficialismo comenzará este miércoles el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Glaciares de Argentina, una iniciativa clave para los planes del Gobierno de atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos.

El debate se iniciará a las 10 de la mañana en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —presidida por el diputado libertario Jose Peluc— y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolas Mayoraz.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que la intención del Ejecutivo es convertir el proyecto en ley antes de fin de mes, aunque el debate recién comienza y no se espera que el dictamen se firme en esta primera reunión.

En paralelo, en la Casa Rosada consideran estratégico avanzar con la iniciativa mientras el presidente Javier Milei participe en el evento Argentina Week 2026, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York, donde el Gobierno buscará atraer inversiones internacionales.

La idea es presentar la media sanción del Senado como una señal de apertura a proyectos de explotación de recursos naturales.

El 26 de febrero, la Cámara alta aprobó el proyecto con 40 votos a favor y 31 en contra.

Entre los apoyos se destacaron los votos de los ex gobernadores peronistas Sergio Uñac y Lucia Corpacci, quienes acompañaron la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

El respaldo responde, en parte, a la presión de provincias cordilleranas que buscan flexibilizar la legislación para facilitar inversiones en minería y explotación hidrocarburífera.

El proyecto propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010.

Entre los puntos centrales se destacan:

La normativa actual protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por hielo, suelo congelado, rocas y sedimentos.

Con la reforma, los glaciares seguirán protegidos, pero se habilitaría la posibilidad de desarrollar proyectos extractivos en zonas periglaciares que no cumplan funciones de reserva estratégica de agua.

Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición rechazan la iniciativa al considerar que podría debilitar la protección de reservas hídricas estratégicas, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

Sostienen que la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares podría abrir la puerta a proyectos que afecten ecosistemas sensibles de la cordillera.

Mientras tanto, el debate recién comienza en Diputados y promete convertirse en uno de los temas más controvertidos de la agenda parlamentaria del mes.

El Senado de la Nación dio este jueves media sanción a la reforma de la ley de Glaciares, una de las apuestas más sensibles del cierre de las sesiones extraordinarias, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

El oficialismo consiguió de esta manera avanzar con un proyecto que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, en un debate donde se colaron discusiones sobre la minería, el federalismo, el ambiente, la seguridad jurídica. Afuera del recinto, detuvieron a doce activistas de Greenpeace, quienes saltaron las rejas e irrumpieron en las escalinatas del Congreso en protesta contra la norma.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, provinciales y también integrantes del peronismo en provincias mineras como el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci. En tanto, aportaron a los votos negativos Andrea Cristina y Victoria Huala del Pro; Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger de la UCR; Natalia Gadano y José María Carambia de Moveré por Santa Cruz; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo; 19 integrantes del bloque Justicialista; los dos santiagueños del Frente Cívico; y los de Justicia Social Federal. La única abstención fue de la neuquina Julieta Corroza.

La sesión había comenzado a las 11.11 con quorum de 40 senadores. Antes del tema más resistido del día, la Cámara alta aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y ratificó el Acuerdo Comercial Mercosur–Unión Europea. Recién cerca de las 16 empezó el tratamiento de la reforma glaciar, el expediente que ya venía marcado como el más áspero, incluso entre aliados habituales de La Libertad Avanza.

El resultado en general le dio al Gobierno la media sanción que fue a buscar, bajo la presencia de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el ministro de Interior Diego Santilli. Luego llegó la votación en particular, con modificaciones informadas en plena sesión y con una oposición que hizo de ese punto uno de sus principales ejes de reclamo por el modo en que se discutió una de las leyes ambientales más importantes del país.

El proyecto ahora seguirá su recorrido legislativo en Diputados, pero en como parte del temario en el período ordinario de sesiones que dejará inaugurado este domingo 1 de marzo el presidente Javier Milei al dar su discurso desde las 21 ante la Asamblea Legislativa.

La reforma apunta a modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En concreto, cambia el artículo 1 y agrega un segundo párrafo para establecer que la protección de glaciares y ambiente periglacial debe interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Ese encuadre forma el corazón político del proyecto, luego de que el Gobierno nacional asumiera el compromiso con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una norma “más dinámica y menos rígida” para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Y esa fue la lógica que defendió el oficialismo: mantener la protección de los glaciares, pero abrir la posibilidad de desarrollar actividades económicas en áreas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobable.

La ley vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos, como ecosistemas de alta montaña que cumplen un rol en la regulación hídrica y geomorfológica. El proyecto aprobado en el Senado introduce una distinción: separa las formas periglaciares que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente lo hacen y que, por lo tanto, podrían quedar habilitadas para un aprovechamiento económico.

Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. Ese inventario deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y, sobre estas últimas, distinguir cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.

Entre las actividades prohibidas seguirán estando la liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales que alteren de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. Las actividades permitidas continúan siendo investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como andinismo y escalada.

La miembro informante fue la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el arranque hizo un repaso del tratamiento legislativo y defendió el procedimiento seguido en diciembre, cuando el proyecto ingresó ya iniciado el período de extraordinarias. “En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible”, explicó, al enumerar que escucharon a funcionarios del Ejecutivo, ambientalistas, organizaciones, gobernadores, abogados y cámaras mineras. También detalló que el dictamen reunió 19 firmas, dos en disidencia.

Pero el tono del debate cambió rápido. Una parte de la oposición puso el foco en las modificaciones de último momento incorporadas al texto. Daniel Bensusán, del PJ pampeano, fue de los más duros: “Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos”, lanzó. Y remató: “Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuida al medio ambiente en Argentina, entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche. Así no se legisla, así no se discute”. Según su mirada, la reforma se estaba haciendo “para favorecer la actividad económica de unos pocos en algunas provincias, en detrimento de defender el medio ambiente en la Argentina”.

Carlos Linares se sumó al reproche en la misma frecuencia. “No se puede cambiar una ley a la 1 y 35”, se quejó. Y fue más allá: “Nos están utilizando a todos acá”. Alicia Kirchner también machacó sobre ese punto y llevó la crítica hacia un terreno más institucional. Dijo que el dictamen parecía “un adorno” y se preguntó: “¿Pretenderán lavar estas torpezas con el agua de los glaciares?”. Para la senadora santacruceña, la reforma “producirá muchos litigios” y “no tiene seguridad jurídica”.

En la misma línea, Maximiliano Abad advirtió que, aunque consideraba que la ley debía modificarse por una “laguna jurídica” alrededor del inventario nacional, su voto sería “no positivo” porque el proyecto terminaba debilitando al IANIGLA y dejando en manos de las provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. “Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, señaló.

Adán Bahl también se plantó en esa línea. Reconoció que la ley vigente tuvo interpretaciones divergentes, pero sostuvo que la reforma “no resuelve ninguna de esas situaciones”. Por el contrario, dijo, “genera mayores grises que seguramente van a ser cuestionados desde su inconstitucionalidad”. Su razonamiento fue más político que retórico: una norma que se judicializa no protege ni el ambiente ni las inversiones. O sea, no cierra por ningún lado.

José María Carambia, desde Santa Cruz, se detuvo especialmente en el artículo 6. Dijo que ofrece “mucha libre interpretación” y dejó una imagen deliberadamente extrema para mostrar su preocupación: “El día de mañana en Santa Cruz, que somos de una provincia que hay pingüinos, se les ocurre y ponen minería en el glaciar Perito Moreno”. Para él, el espíritu del proyecto es “una autorización tácita encubierta para hacer lo que quieran donde sea”.

Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa con argumentos de federalismo, producción y corrección técnica. Agustín Coto fue quizá el más provocador. Apuntó contra la ley impulsada por Miguel Bonasso y la recordó como una norma redactada “dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos”. También se burló del viejo lema “Planten un pino en el Senado” y añadió: “Pero no crece nada debajo de los pinos”. Ya sobre el proyecto en discusión, retrucó: “Si acá hay una concesión es a la ciencia, no a una industria en particular”.

Flavio Fama, radical catamarqueño, defendió la reforma desde la necesidad de darle salida productiva a provincias con menos alternativas. “En provincias pobres como la mía, la minería puede ser una solución, tal vez no una solución ideal pero es una solución”, dijo. Y agregó que la ley actual “genera incertidumbre y eso trae como consecuencia la paralización de las inversiones”. Para él, el problema es que la norma se volvió “rígida”, con “zonas grises” y “tensiones federales”.

Sonia Rojas Decut, desde Misiones, encuadró el debate en el “federalismo ambiental”. “Nadie está diciendo que el agua no se va a cuidar. Nación no tiene competencia para cuidarla, pero las provincias sí”, sostuvo. Flavia Royón, por su parte, salió al cruce de lo que definió como “terrorismo ambiental”. “Quiero dejar claro que acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección del recurso”, afirmó. Y remató con una fórmula que condensa la defensa oficialista y aliada: “La minería sí, dentro del cuidado sustentable”.

A medida que avanzó el debate, la discusión cobró un tinte más político. Martín Soria habló de una reforma “ideológica” y “servil”, diseñada “para un grupo de empresas privilegiadas, seguramente amigos de Milei, Toto Caputo y Sturzenegger”. Ana Marks cargó contra lo que describió como un Gobierno “flexibilizador”, “entreguista” y orientado al “saqueo” en beneficio de corporaciones. Anabel Fernández Sagasti, a cargo del cierre del bloque Justicialista, dijo que la modificación “no es una cuestión técnica” sino un retroceso ambiental, y denunció que la ley se está “rifando” por las urgencias de un Gobierno endeudado.

Luis Juez, ya incorporado a La Libertad Avanza, optó por explicar su cambio respecto a la votación de 2010, cuando él era diputado y votó por esa norma. Para ello, subrayó que el kirchnerismo entonces votó en contra de la ley que ahora defendía con vehemencia. “Hoy parecería que viven en un iglú en el medio de un glaciar, rodeado de pingüinos”, ironizó.

Terenzi, que había presentado el proyecto como miembro informante, cerró por Despierta Chubut pronunciándose por preservar íntegramente la ley vigente, enumerando objeciones constitucionales y fue terminante: impulsar “una reforma regresiva con visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino más incertidumbre”.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich. Para la presidenta del bloque libertario, la reforma “es profundamente política” porque enfrenta dos modelos de país: uno que busca crecer y construir riqueza, y otro que, según su mirada, “solo sabe crear Estado y, en consecuencia, la pobreza de los argentinos”. “No queremos más discutir esta lógica retrógrada entre ambiente y economía porque esa dicotomía hace pobre a los argentinos”, recalcó.

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En la antesala del tratamiento en el Senado de una iniciativa impulsada por el Gobierno para allanar el camino a la explotación minera e hidrocarburífera en zonas de glaciares, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó, como de réplica, un proyecto de ley para reforzar el actual Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La iniciativa de la Casa Rosada, respaldada con vehemencia por gobernadores de provincias cordilleranas exportadoras de minerales y rechazada enérgicamente por organizaciones ambientalistas, busca descentralizar en las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de derribar barreras para la inversión en el sector.

El oficialismo buscará el viernes próximo en el recinto de la Cámara alta aprobar el proyecto que elimina prohibiciones de explotación en zonas periglaciales. 

En esencia, con esta reforma el Gobierno propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución tras la reforma de 1994.

Con la reforma, se les transfieren a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo al mínimo la injerencia de la administración central.

La ley 26.639, que está vigente desde su sanción a finales de 2010, además de prohibir la exploración y explotación económica en glaciares, limita la instalación de proyectos en zonas periglaciares, que son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

El proyecto de Valdés recupera esta impronta de protección y la refuerza, con criterios bien restrictivos para el desarrollo de actividades económicas en zonas periglaciares, manteniendo la prohibición absoluta en glaciares.

El objetivo de esta ley de presupuestos mínimos es consolidar un estándar de protección ambiental mínimo en todo el país y preservar a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo turístico.

En la iniciativa del diputado peronista quedan expresamente prohibidas “las actividades de exploración, prospección y explotación minera, tanto metalífera como no metalífera, incluidas las realizadas mediante métodos subterráneos o a cielo abierto”; como así también “la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional”; y “la construcción de obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico de glaciares y ambiente periglacial”. 

En tanto, las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial que no se encuentran prohibidas “deberán someterse obligatoriamente a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa, pública y vinculante”.

Solamente estarán exceptuadas de esta obligación las tareas de rescate por emergencias aéreas o terrestres, las actividades científicas que no dejen desechos en los ambientes, y las actividades deportivas, “incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente”.

En el artículo referido a las sanciones, se listan los castigos ante infracciones a la ley, que van desde el mero apercibimiento, pasando por multas económicas de 100 a 100 mil salarios mínimos, la suspensión de 30 días a un año, hasta el cese definitivo de la actividad.

“El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”, argumentó Valdés. 

En la Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y garantizan agua para millones de personas.

"En un Estado federal, la protección de estos ecosistemas requiere la coordinación entre Nación y provincias, en línea con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 remarcó el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de considerar de manera sistémica la preservación ambiental cuando está en juego el acceso al agua de grandes poblaciones", apuntó Valdés en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa se embebe también en los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París y retoma advertencias de organizaciones ambientales que vienen señalando los riesgos de flexibilizar la normativa vigente en plena crisis de cambio climático, como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima.

Valdés indicó que la iniciativa pone especial énfasis en la defensa de las poblaciones cordilleranas y de las localidades ubicadas aguas abajo de los sistemas glaciares, que podrían ver afectadas tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico ante la expansión de actividades extractivas sin controles adecuados.__IP__

“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, concluyó el legislador de Unión por la Patria, que busca consolidar un marco normativo robusto frente a cualquier intento de retroceso en la protección de uno de los bienes estratégicos más importantes del país.

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