Lewandowski planteó que si los recursos tienen un destino específico no pueden utilizarse para ordenar las cuentas públicas mientras las rutas nacionales quedan sin obras. Además recordó que el propio vocero reconoció que parte de esos fondos fue destinada a bonos, inversiones o al sostenimiento del Estado. Frente a eso contrapuso la realidad de Santa Fe, con rutas deterioradas, banquinas sin mantenimiento y corredores productivos que no reciben las obras necesarias.

En ese marco, reclamó precisiones sobre la transferencia de la A012 a la provincia de Santa Fe. El senador pidió conocer la letra chica y criticó que una provincia afronte obras sobre una infraestructura que forma parte de la red nacional con fondos de sus ciudadanos. "Los santafesinos pagaremos tres veces por la misma ruta: el arreglo, el posterior peaje cuando se concesione ya reparada y el impuesto a los combustibles que se sigue cobrando", cuestionó.

Finalmente, Lewandowski cuestionó qué papel tendrá el Estado cuando empresas privadas definan cómo construir y mantener las rutas bajo las nuevas concesiones. Advirtió que no se trata solo de costos: detrás de cada decisión técnica está la seguridad de quienes circulan. También preguntó qué ocurrirá con los corredores que no sean rentables. El debate, sostuvo, no es solo quién paga, sino quién decide y quién garantiza la integración territorial, productiva y social. "Lamentablemente las definiciones del funcionario dejaron más dudas que certezas sobre el futuro de nuestras rutas", concluyó.

El Gobierno nacional estableció una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que comenzará a regir desde septiembre de 2026 y continuará con incrementos escalonados hasta abril de 2027.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización se definió luego de que los representantes sindicales y empresarios no lograran un acuerdo durante la reunión del Consejo del Salario realizada el 28 de agosto. Ante esa falta de consenso, el organismo determinó los nuevos valores mediante un laudo.

Desde el 1° de septiembre de 2026, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa quedó establecido en $383.800.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor fijado es de $1.919 por hora.

El esquema alcanza a trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

La resolución estableció ocho valores consecutivos:

Entre septiembre de 2026 y abril de 2027, el incremento acumulado será de $53.200, equivalente a una suba nominal del 13,86%.

La actualización del salario mínimo también modifica los límites de la Prestación por Desempleo.

El beneficio seguirá calculándose como el 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses previos al cese laboral.

Además, la prestación tendrá como referencia el salario mínimo vigente:

Con el valor de septiembre, el rango queda entre $191.900 y $383.800.

La reunión del Consejo del Salario no logró un entendimiento entre las partes. Según la resolución oficial, luego de un intercambio de propuestas no se alcanzó un consenso, por lo que correspondió al Ejecutivo establecer los nuevos valores.

De esta manera, el Gobierno dejó fijado un cronograma completo de actualización del salario mínimo para los próximos ocho meses, con vigencia hasta abril de 2027.

El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves por la noche para referirse a la cuestión de las Islas Malvinas, luego de las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó que no descarta revisar la postura de Estados Unidos sobre el conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

La decisión fue tomada durante la reunión de Gabinete realizada este martes en la Casa Rosada, donde el canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre los avances diplomáticos que el Gobierno considera vinculados a su estrategia internacional para reforzar el reclamo argentino.

Tras la exposición, Milei resolvió utilizar la cadena nacional para explicar los movimientos de la Cancillería y brindar detalles sobre la posición oficial del Ejecutivo.

El anuncio llega después de que Trump fuera consultado en el Salón Oval sobre la postura de Washington frente a las Malvinas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el presidente estadounidense.

La declaración generó expectativa en la Casa Rosada, aunque hasta el momento Estados Unidos no comunicó oficialmente un cambio en su política exterior sobre el archipiélago.

Actualmente, Washington mantiene una posición de neutralidad en la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, aunque reconoce la administración británica sobre las islas.

Milei había destacado la importancia de las declaraciones del mandatario norteamericano y señaló que se trataba de un hecho relevante para la causa argentina. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, expresó.

Mientras el Gobierno argentino analiza las señales provenientes de Estados Unidos, desde el Reino Unido ratificaron su posición histórica sobre las Islas Malvinas.

El secretario de Defensa británico, John Healey, sostuvo que Londres no recibió ninguna comunicación concreta de Washington sobre un cambio de postura y reafirmó la continuidad del control británico sobre el territorio.

En la Casa Rosada buscan diferenciar las expresiones políticas de un eventual cambio diplomático formal y sostienen que el vínculo construido por Milei con Estados Unidos puede abrir nuevas oportunidades para fortalecer el reclamo argentino.

Durante la reunión de ministros, además del tema Malvinas, Milei repasó indicadores económicos y la evolución de distintas áreas del Gobierno.

El Presidente analizó datos vinculados al mercado laboral, la inflación y la actividad económica, en una semana en la que el Ejecutivo busca reforzar la comunicación de los resultados de su gestión.

Participaron del encuentro Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros funcionarios.

La cadena nacional del jueves tendrá como eje central la cuestión Malvinas y la lectura que el Gobierno hace sobre las recientes declaraciones de Trump y el escenario diplomático internacional.

El Gobierno nacional impulsa una nueva estrategia salarial para que trabajadores de sectores con remuneraciones más bajas puedan superar el millón de pesos a través de las próximas negociaciones paritarias.

La propuesta de la Secretaría de Trabajo establece como referencia un piso de $1.070.000 brutos para agosto de 2026, aunque su aplicación dependerá de los acuerdos que alcancen sindicatos y cámaras empresarias en cada actividad.

La medida apunta especialmente a convenios cuyas categorías iniciales se encuentran por debajo de ese nivel y no implica que todos los trabajadores registrados pasen automáticamente a cobrar más de $1 millón.

La intención oficial es que las categorías inferiores de determinados sectores alcancen un salario mínimo garantizado de $1.070.000 brutos, ya sea mediante aumentos porcentuales, sumas fijas, bonos u otros mecanismos incorporados a las negociaciones colectivas.

La cifra corresponde al salario antes de descuentos, por lo que no equivale a $1.070.000 de bolsillo.

Para que el incremento se concrete, primero deberá existir un acuerdo entre gremios y empleadores y posteriormente tendrá que ser homologado por la Secretaría de Trabajo.

Entre las actividades mencionadas aparecen Maestranza, UOCRA y Sanidad, aunque no existe todavía una nómina definitiva de sectores alcanzados.

Los principales potenciales beneficiarios son los trabajadores registrados bajo convenios colectivos cuyas categorías iniciales tengan salarios inferiores al nuevo piso de referencia.

En aquellas actividades donde las remuneraciones ya superan ampliamente el millón de pesos, el efecto sería menor o directamente inexistente.

Además, el ingreso final de cada trabajador dependerá de múltiples variables, como categoría, antigüedad, jornada laboral, adicionales y horas extras.

Por eso, el impacto concreto solo podrá conocerse cuando se cierren las respectivas paritarias.

Uno de los puntos centrales es diferenciar esta propuesta del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El salario mínimo legal vigente en agosto de 2026 es de $376.600 para trabajadores mensualizados con jornada completa.

En cambio, el piso de $1.070.000 aparece como una referencia para convenios colectivos específicos y no como una obligación general para todos los empleadores.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado para este viernes con el objetivo de discutir una nueva actualización del SMVM y de las prestaciones por desempleo.

La estrategia del Ejecutivo busca que las actividades más rezagadas puedan mejorar sus ingresos sin aplicar una suba uniforme para toda la economía.

La propuesta oficial apunta a mantener los esquemas porcentuales de negociación y, al mismo tiempo, reforzar las categorías inferiores mediante sumas adicionales o pisos garantizados.

De esta manera, la discusión quedará en manos de sindicatos y cámaras empresarias, que deberán definir las condiciones específicas para cada sector.

Los $1.070.000 corresponden a un salario bruto, por lo que el monto que finalmente cobre cada trabajador será inferior una vez aplicados los aportes correspondientes.

El ingreso neto dependerá de la situación particular de cada empleado y de los conceptos que integren su remuneración.

Por ese motivo, tampoco puede afirmarse que quienes sean alcanzados por la medida cobrarán necesariamente más de $1 millón en mano.

La CGT expresó reparos frente a la propuesta y considera que los ingresos deberían guardar mayor relación con el costo de vida.

Dentro de esa discusión aparece como referencia la Canasta Básica Total, que para una familia tipo se ubicó en torno a $1,56 millones en julio de 2026.

El planteo sindical pone el foco en el poder adquisitivo y no solamente en alcanzar una determinada cifra nominal.

Así, mientras el Gobierno busca establecer un piso de $1,07 millones brutos para las categorías más bajas de algunos convenios, los gremios reclaman mejoras que acompañen con mayor fuerza el costo de vida.

El Gobierno nacional apuesta a una mejora de la recaudación impositiva en julio, a partir del postergado pago del impuesto a las Ganancias para personas humanas.

En junio los ingresos fiscales fueron de unos $ 20 billones, lo que representó una baja de 8% real. El Ministerio de Economía adjudicó esta contracción a la postergación del pago del impuesto a las Ganancias para personas humanas que finalmente operó el 27 de julio.

Esta postergación había estado vinculada con la discusión por el proyecto de Inocencia Fiscal. Los datos de la recaudación de julio serán comunicados este lunes por la tarde por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La confianza en un resultado positivo está fundada en los ingresos que se computan día a día. Informes privados señalan que habrá una mejora impulsada por Ganancias, aunque aún el UVA corre débil.

Por este comportamiento, se observó que en julio las transferencias automáticas a provincias crecieron cerca de 7,5% real interanual. También alienta las expectativas una serie de informes que señalan un leve repunte de la actividad económica.

El Índice Líder de la Consultora Analytica mostró que la actividad aumentó 1,7% en junio con relación al mismo mes del año pasado y 0,3% contra mayo.

A su vez, para el estudio de Orlando Ferreres el nivel general de actividad registró una suba de 1,9% anual en junio, acumulando para el primer semestre del año una variación de 0,1%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una expansión de 0,4% respecto al mes precedente.

Lo que marque la recaudación de julio será un indicio de si este escenario se mantuvo o volvió a frenarse. El dato a seguir es la evolución del IVA debido a que es uno de los principales tributos que reflejan la situación del consumo.

Al momento, los indicadores de consumo masivo no dan señales de recuperación y es uno de los principales factores que impacta en la recaudación.

Desde octubre pasado, el mercado cambiario argentino presenta un fenómeno que pocos analistas anticipaban: una estabilidad absoluta. Con el tipo de cambio nominal prácticamente estático frente a una inflación que, aunque en descenso, sigue corriendo a otro ritmo, el debate sobre el atraso cambiario se instaló en el centro de la escena.

En diálogo con CyD Litoral, el economista Germán Rolandi analizó los pilares de este plan económico y los riesgos que se asoman a partir de julio.

El primer trimestre del año dejó un dato alentador para las arcas del Banco Central: un superávit comercial acumulado de 5.500 millones de dólares, una cifra que no se alcanzaba en los últimos 30 años.

"Estamos ante un flujo de dólares muy elevado, traccionado por Vaca Muerta y una cosecha muy buena de maíz, trigo y soja", detalló Rolandi. A esto se suma el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), que ya comenzó a mostrar un cambio de tendencia con el ingreso de unos 800 millones de dólares, revirtiendo el saldo negativo de inversión extranjera directa del año anterior.

A pesar de la acumulación de reservas (5.500 millones en solo cuatro meses), el horizonte presenta nubarrones. Rolandi identificó tres factores que podrían presionar el tipo de cambio hacia el invierno:

Para el analista, el mayor riesgo es que la inflación no se desacelere lo suficiente para acompañar el ritmo del dólar. Esto genera dudas sobre cuándo vendrá el ajuste de competitividad.

"El Gobierno intenta despejar el horizonte para que la expectativa de una devaluación brusca no se produzca. A favor tiene que no hay tantos fondos extranjeros haciendo carry trade que puedan salir en estampida", explicó.

No obstante, Rolandi puso una cifra sobre la mesa para el cierre del año: 1.700 pesos. "Es probable que el tipo de cambio lentamente vaya ajustándose a la tasa inflacionaria a partir de julio, para converger cerca de ese valor en diciembre", concluyó.

El Gobierno nacional explicó este jueves que la restricción impuesta a periodistas acreditados en la Casa Rosada respondió a una denuncia de Casa Militar por presunto “espionaje ilegal”. La versión oficial fue difundida por el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, quien sostuvo que la medida se adoptó de manera preventiva y con el objetivo de “garantizar la seguridad nacional”.

La decisión se tradujo en la deshabilitación del sistema de ingreso por huella dactilar que utilizaban los cronistas acreditados para acceder a sus espacios habituales de trabajo dentro de la sede del Poder Ejecutivo. Según reportaron medios nacionales e internacionales, la restricción alcanzó a todos los periodistas acreditados y derivó también en el cierre transitorio de la sala de prensa.

Lanari publicó en su cuenta de X una aclaración en la que afirmó que la decisión fue tomada “de manera preventiva” luego de la denuncia presentada por Casa Militar. Sin embargo, no precisó hasta cuándo se mantendrá la medida ni detalló el alcance concreto de la investigación que la motivó.

Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional...

De acuerdo con las versiones periodísticas que circularon este jueves, el episodio estaría vinculado a una filmación presuntamente no autorizada realizada dentro del edificio gubernamental y atribuida a un equipo periodístico de TN, que habría utilizado anteojos inteligentes para registrar imágenes en sectores internos de la Casa Rosada. Esa situación habría derivado en la denuncia por parte de Casa Militar.

La medida generó una inmediata reacción de rechazo entre periodistas acreditados, que por la mañana denunciaron públicamente que no pudieron ingresar a su lugar de trabajo al no reconocerles el sistema las huellas digitales. También hubo cuestionamientos desde organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa, que interpretaron la decisión como una señal preocupante en la relación entre el Gobierno y los medios.

El episodio se produjo en un contexto de alta tensión entre la administración de Javier Milei y el periodismo, una relación que desde el inicio del mandato ha estado marcada por cruces públicos, cuestionamientos del oficialismo y denuncias de distintos sectores sobre restricciones al trabajo de la prensa.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe realizará en abril una nueva subasta de bienes incautados en causas judiciales, que tendrá lugar en el Salón Metropolitano de Rosario.

Se trata de la quinta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) en el marco de la actual gestión.

En los próximos días, el Ejecutivo dará a conocer la fecha exacta, los lotes disponibles y la apertura de inscripciones para participar.

Este martes se llevó adelante el sorteo de los martilleros que intervendrán en el remate, en articulación con los colegios profesionales de Rosario y Santa Fe.

En total, fueron designados 20 martilleros, diez por cada circunscripción, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de la subasta.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó:

“Esto es inédito a nivel país: quitarle los bienes a los delincuentes y subastarlos públicamente”.

Según anticiparon desde el Gobierno, la subasta contará con entre 140 y 150 lotes, con una fuerte presencia de autos y motocicletas.

Además, se evalúa la posibilidad de incluir un elemento inédito:

“Se está analizando vender un avión, lo que sería la primera vez en la historia de la Aprad”, señaló Figueroa Escauriza.

También adelantaron que habrá vehículos con precios accesibles, incluso por debajo del millón de pesos, lo que amplía el interés para potenciales compradores.

En las cuatro subastas realizadas hasta el momento, la provincia logró recaudar más de 3.500 millones de pesos, consolidando este mecanismo como una herramienta clave en la política de seguridad y recuperación de activos.

Desde el Gobierno explicaron que el dinero obtenido tiene tres destinos principales:

“Todo lo que le quitamos a la delincuencia tratamos de transformarlo en bienes útiles para la sociedad”, remarcó el funcionario.

La Aprad es un organismo creado en 2016 que administra los bienes secuestrados en causas judiciales.

Estos pueden ser reutilizados por el Estado, entregados a instituciones o subastados, con el objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad.

El Gobierno nacional informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero durante febrero, marcando el segundo mes consecutivo con saldo positivo en las cuentas públicas.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que el superávit primario alcanzó los $1.410.640 millones, mientras que el superávit financiero fue de $144.421 millones.

En el mismo período, los pagos de intereses de la deuda sumaron $1.266.218 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el primer bimestre del año el Sector Público Nacional acumuló:

Desde el Ministerio de Economía señalaron que estos resultados reflejan la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno, basada en el control del gasto y la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas.

El informe oficial indicó que el gasto primario total registró una caída interanual del 8,8% en términos reales, uno de los factores que explican el resultado fiscal positivo.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo destacó que algunas partidas sociales mostraron incrementos.

Entre ellas se encuentran:

Según el Gobierno, durante el primer bimestre se priorizó el sostenimiento de prestaciones sociales básicas.

El resultado fiscal positivo se produjo en un contexto de descenso de los ingresos tributarios, que acumulan siete meses consecutivos de caída, según los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde el Ejecutivo vinculan este fenómeno tanto con la reducción o eliminación de algunos impuestos como con la desaceleración de la actividad económica.

El Gobierno también impulsa nuevas herramientas legislativas para sostener el equilibrio fiscal, entre ellas la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y la Reforma Laboral, que buscan favorecer la formalización de la economía.

En paralelo, continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según trascendió durante el Argentina Week realizado en Nueva York, el Ejecutivo espera que a fines de abril se apruebe la segunda revisión del acuerdo con el organismo, instancia en la que se definirán las metas fiscales para 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, 2025 cerró con superávit fiscal tanto primario como financiero.

El saldo primario fue de $11.769.219 millones (1,4% del PIB), mientras que el superávit financiero alcanzó $1.453.819 millones (0,2% del PIB).

El economista Federico Poli advirtió sobre un peligroso proceso de desindustrialización en Argentina, impulsado por políticas que combinan un marcado atraso cambiario con tasas de interés elevadas que asfixian la rentabilidad empresaria. 

Dijo que uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria actúa, en los hechos, como un subsidio a las importaciones y un impuesto encubierto a la producción local. "El atraso cambiario actúa como un impuesto sobre las exportaciones y un subsidio a las importaciones", afirmó Poli, señalando que este escenario ya se refleja en el achicamiento y cierre de empresas líderes en sectores como la siderurgia y el textil.

Para revertir este escenario de desocupación creciente, Poli propone corregir los precios relativos y aplicar medidas de resguardo comercial, como cuotas o derechos antidumping, especialmente frente a la competencia de China. 

El especialista argumentó que, ante un capitalismo de Estado como el asiático, no basta con competir por precios, sino que el Estado debe intervenir para proteger el mercado interno. "Con China, yo lo que creo es que no hay otro modo que cuotificar el mercado", sostuvo, mencionando que la Organización Mundial del Comercio permite el uso de salvaguardias cuando el daño a la industria local es inminente.

Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación

El  análisis también destaca la falta de un esquema de crédito productivo que permita una transición genuina hacia la competitividad. Poli criticó la visión oficial de que la desaparición de empresas dará lugar automáticamente a nuevos emprendimientos, señalando que la destrucción de capital humano y productivo es difícil de recuperar. 

"No hay crédito en Argentina; nosotros naturalizamos que el capitalismo funciona sin crédito", cuestionó el economista, enfatizando que sin políticas de Estado que acompañen al sector privado, cualquier intento de reconversión será fallido.

Finalmente, el economista alertó que el actual camino hacia la "inflación cero" puede derivar en una crisis social de magnitud histórica debido al desplome del consumo y la actividad. Poli trazó un paralelismo con planes económicos del pasado que terminaron en explosiones del sector externo y devaluaciones bruscas. __IP__

"Prefiero tener un poquito más de inflación pero que el proceso sea consistente", concluyó, advirtiendo que, de profundizarse el modelo, el impacto sobre el empleo transformará a la Argentina en una sociedad inviable.

El Gobierno nacional avanzó este viernes en el proceso de privatización de centrales hidroeléctricas del Comahue al preadjudicar el paquete accionario de cuatro complejos estratégicos por un monto superior a los 700 millones de dólares. La medida se formalizó a través de la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo.

Según se informó oficialmente, la resolución aprobó lo actuado en la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades que operan las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la órbita de las empresas estatales ENARSA y NASA.

En el detalle de las preadjudicaciones, la central Piedra del Águila fue asignada a Central Puerto S.A., que presentó una oferta de 245 millones de dólares.

Por su parte, el complejo El Chocón quedó en manos del consorcio encabezado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, junto a otros socios, con una propuesta económica de 235.671.294 dólares.

En tanto, las centrales Alicurá y Cerros Colorados fueron preadjudicadas al grupo conformado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, con ofertas de 162.040.002 dólares y 64.174.002 dólares, respectivamente. En este último caso, el proceso incluyó instancias de mejora de precios antes de definir la adjudicación.

La resolución también dejó fuera de competencia a las ofertas presentadas por el grupo integrado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar, que había participado en tres de los renglones del concurso. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas, que ascendían a un dólar, constituían un “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”, por lo que fueron desestimadas.

El Ministerio de Economía fijó para el 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y transferencia, que se realizará en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Los acuerdos comenzarán a regir una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial.

Con este paso, el Gobierno consolida uno de los procesos de privatización más relevantes del sector energético, con impacto directo en la región del Comahue y en el esquema de generación eléctrica a nivel nacional.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después para la televisión argentina. Por primera vez desde 1974, la Televisión Pública (TVP) no transmitirá el evento deportivo más importante del planeta. La decisión fue confirmada por el Gobierno nacional, que argumentó motivos presupuestarios: “no gastar siete millones de dólares en fútbol”, en un contexto de fuerte recorte del gasto público.

Desde el Mundial de Alemania 1974, la TV Pública había estado presente en cada edición de la Copa del Mundo, ya sea transmitiendo todos los partidos o una selección de ellos. En 2022, durante el Mundial de Qatar, el canal estatal invirtió alrededor de 10 millones de dólares en derechos y logística, pero según datos oficiales, recuperó cerca de 12 millones a través de la publicidad, un 20% de la cual provino de aportes de organismos estatales y gobiernos provinciales.

Ahora, en línea con la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo, se resolvió no destinar fondos públicos a la cobertura del evento. “No se trata de una decisión política, sino presupuestaria”, indicaron voceros oficiales, aunque dejaron abierta una puerta: existe tiempo hasta diciembre para revertir la decisión si cambian las condiciones.

La TV Pública ya había dado señales de este nuevo rumbo: en septiembre pasado no transmitió el partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, al no lograr un acuerdo con los tenedores de los derechos (Torneos y Telefe).

Además, trascendió que la emisora estatal podría ser objeto de una auditoría en los próximos meses, lo que se suma al proceso de revisión de gastos que atraviesan distintos organismos de comunicación pública.

La ausencia de la TV Pública en el Mundial 2026 no solo representa un cambio en la política comunicacional del Estado, sino que abre interrogantes sobre el acceso equitativo de la ciudadanía a contenidos de alto interés público, como los partidos de la Selección Argentina en la máxima competencia futbolística.

Para gran parte del país, especialmente en regiones con acceso limitado a cable o servicios de streaming, la TV Pública es el único canal gratuito y de cobertura nacional. Su exclusión del Mundial podría dejar a millones de argentinos sin posibilidad de ver los partidos en vivo, a menos que medios privados asuman la transmisión en abierto.

La administración de Javier Milei sumó una nueva baja en su equipo de gobierno. Esta vez fue el turno del vicecanciller Eduardo Miguel Bustamante, quien presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, aceptada oficialmente a través de un decreto publicado este martes 18 de julio en el Boletín Oficial.

Bustamante, diplomático de carrera, había asumido el cargo durante la breve gestión de Diana Mondino, y fue designado tras la salida de Leopoldo Sahores en octubre de 2024, en un contexto marcado por los reclamos del personal diplomático respecto al impacto del Impuesto a las Ganancias sobre sus salarios.

Su permanencia en el cargo se volvió frágil luego de que Argentina mantuviera su histórica postura en la ONU contra el bloqueo a Cuba, una decisión que molestó profundamente al presidente Milei y precipitó la salida de Mondino de la Cancillería. Desde entonces, Bustamante quedó bajo observación, especialmente por parte de Karina Milei, quien finalmente impulsó su salida tras el arribo de Gerardo Werthein al frente del ministerio.

El decreto de remoción fue escueto pero contundente:

“Acéptase, a partir del 18 de julio de 2025, la renuncia presentada por el señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Eduardo Miguel Bustamante al cargo de Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

Bustamante se desempeñó anteriormente en las embajadas argentinas en Angola y Pakistán, y tuvo un paso por el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Su salida representa una nueva señal de reconfiguración interna en la política exterior de la administración Milei, marcada por los alineamientos ideológicos y decisiones verticales.

Por ahora, no se conoce quién lo reemplazará en un rol clave para la diplomacia argentina.

El presidente Javier Milei le tomó juramento a Werthein en Casa de Gobierno.

Gerardo Werthein asumió hoy como nuevo canciller de Argentina, después de haber jurado ante el presidente Javier Milei en un acto que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El ex embajador en los Estados Unidos juró por "Dios, la Patria y sobre la Torá". Se trató de la primera vez que un funcionario jura con una alusión al libro sagrado de la religión judía.

La breve ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada con la presencia de familiares del nuevo canciller y los ministros del Gabinete. También estuvieron los empresarios Miguel Migoya (Globant) y Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), además de Zulemita Menem.

Werthein, de 68 años, toma el control de la diplomacia argentina luego de que Milei echara a Diana Mondino, en desacuerdo con su voto en contra del embargo de los Estados Unidos a Cuba en la ONU.

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El flamante canciller designado por el mandatario es un empresario que tiene un estrecho lazo con el establishment norteamericano. Acompañó a Milei en su primera gira como jefe de Estado electo, en noviembre pasado, cuando visitó Nueva York.

Trascendió durante la jornada que Werthein dispuso desplazar a varios de los colaboradores de Mondino en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en línea con la postura de Milei de encolumnar por completo el servicio exterior de la Nación detrás de sus iniciativas.

Cerca de Milei se muestran críticos con el accionar de funcionarios de la Cancillería y anticiparon cambios: "En el servicio exterior hay una casta que quiere funcionar como si fuera una especie de Poder Judicial, haciendo lo que quieren. Pero a diferencia de la Justicia, que es un Poder aparte, la Cancillería es parte del Poder Ejecutivo y tiene que seguir las disposiciones del Presidente", advirtió un influyente funcionario con despacho en la Rosada en declaraciones a un grupo de periodistas.

El miércoles pasado, el Gobierno Nacional decidió desvincular a la ex canciller y remarcó que fue por "mantener el voto histórico" del país "sobre el embargo a Cuba sin consultar" al Ejecutivo.

El decreto 88/2023 publicado en el Boletín Oficial funda la medida en la necesidad de "asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional".

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El Gobierno nacional oficializó este miércoles la prórroga por un año de la vigencia del Presupuesto 2023, con la publicación de Decreto 88/2023 en el Boletín Oficial.

"Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2023, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente. Teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2023", señala la norma en sus considerandos.

El Decreto 88 instruye también al jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, a "adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga"

En tanto, en el artículo 2 instruye al jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, a "adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga mediante el artículo 1° del presente decreto con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias".

La inclusión de "sus modificatorias" alude a todas las ampliaciones y reasignaciones de gastos y recursos dispuestas a lo largo del año por medio de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, por más de $ 11 billones.

De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley 27.701 estableció un crédito presupuestario inicial de 28 billones 954.031 millones de pesos y el vigente hasta la última modificación ascendía a 40 billones 75.656 millones, con un incremento del 38,4% respecto de la autorización inicial.

El decreto que formaliza la prórroga de la vigencia del Presupuesto 2023 lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Precisamente, el jefe del Palacio de Hacienda fue el 13 de diciembre el primer funcionario en confirmar que se iba a recurrir a una prórroga y no a la sanción de una nueva ley, por el escaso tiempo disponible para el debate parlamentario.

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EL PRESUPUESTO QUE NO FUE

El proyecto de ley de Presupuesto 2024 - que finalmente queda descartado a partir de la prórroga del anterior- fue presentado en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre de este año, dentro de los plazos establecidos en la ley 24.156 de Administración Financiera.

Por entonces, tanto el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, como Milei, su oponente de La Libertad Avanza, finalmente consagrado presidente, coincidieron en postergar el debate para después de las elecciones del 22 de octubre.

La convocatoria a una segunda vuelta dejó un margen aún más estrecho para el tratamiento del proyecto y en consecuencia en 2024 se ejecutará la prórroga del Presupuesto 2023 y sus modificatorias, tal como ya había ocurrido con los ejercicios 2011, 2020 y 2022.

Fuente: Télam

El asesor presidencial Federico Sturzenegger anticipó que el paquete que enviará el Ejecutivo es más "grande y sustancioso" que el contenido del DNU de la semana pasada. El trabajo legislativo en esta instancia se extenderá hasta el 31 de enero de 2024.

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Con la publicación del Decreto 76/2023 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional que se desarrollarán hasta el próximo 31 de enero.

Entre las iniciativas que el Gobierno nacional enviará al Congreso nacional para su tratamiento durante este período se incluyen una amplia ley sobre reforma del Estado, el establecimiento de la Boleta Única de Papel como método de votación en las elecciones nacionales, y la modificación en el régimen del impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias

El proyecto vinculado a las modificaciones al impuesto a las Ganancias ingresará al Parlamento por la Cámara de Diputados, y con esta iniciativa el Gobierno nacional intentará revertir lo aprobado en septiembre pasado, cuando solamente pasaron a pagar el impuesto los trabajadores con salarios brutos en torno a los 2.000.000 de pesos.

Si bien se desconoce la letra chica de la iniciativa que será enviada finalmente para su discusión legislativa, los cambios que propone el Gobierno nacional implicarían que pasen a pagar ganancias quienes tengan salarios brutos mensuales superiores a un monto alrededor de los 975 mil pesos.

La cuestión de estos cambios en el impuesto a las Ganancias formó parte de la reunión que Javier Milei mantuvo con los gobernadores luego de asumir al frente de la Casa Rosada.

Los mandatarios provinciales vinculados a UxP están en contra de que sus diputados aprueben la iniciativa, y prefieren que lo que perdieron en sus distritos por la disminución de la cantidad de personas que pagan Ganancias se compense por otros tributos, como por ejemplo el impuesto al cheque.

Sin embargo, Milei insistirá con su iniciativa para elevar la cantidad de personas que pagan Ganancias. Durante su intervención este fin de semana pasado en el programa de Mirtha Legrand, Milei dijo al respecto: “No le voy a coparticipar el impuesto al cheque a las provincias”.

Durante su intervención este fin de semana pasado en el programa de Mirtha Legrand, Milei dijo al respecto: “No le voy a coparticipar el impuesto al cheque a las provincias”.

“Hay un problema que es el agujero fiscal que tienen las provincias. Yo no le voy a coparticipar el impuesto al cheque. Si no quieren reinstaurar (Ganancias), lo que vamos a hacer es bajarles más las transferencias”, aseguró el Presidente.

En tanto, una de las iniciativas que se llevará la atención del paquete de leyes que enviará Milei es el proyecto que establecerá una profunda reforma del Estado.

Un paquete de medidas

Según anticipó el asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los principales autores del DNU que publicó el Poder Ejecutivo y ahora tiene que ser revisado por el Congreso, la reforma del Estado que se plantea por ley será amplia.

“Va a venir un paquete que vamos a llevar al Congreso, que es todavía más sustancioso y más grande (en comparación con el DNU). La Presidencia arranca con contundencia, con cosas concretas que no habíamos visto antes”, aseguró Sturzenegger.

Asimismo consideró que "la cantidad de reformas que necesita la Argentina es muchísimo más grande”, que las establecidas en el DNU conocido la semana pasada.

“Queremos hacer algo en educación y en el régimen electoral, queremos hacer cosas con el régimen de pesca, en el régimen de competencia. Eso va a ir muy pronto al Congreso para tener una discusión muy rica”, adelantó Sturzenegger.

Otra de las iniciativas parlamentarias en las que buscará avanzar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias tiene que ver con los cambios en el sistema electoral a nivel nacional, donde se aspira a pasar del actual modelo de votación con las llamadas “listas sábanas” al modelo de Boleta Única Papel (BUP), un sistema que ya rige, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe.

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Las otras iniciativas incluidas en el llamado a extraordinarias tienen que ver por un lado con el pedido de autorización al Congreso para que Milei pueda ausentarse del país durante el año próximo cuando lo imponga la agenda de Gobierno.

En este sentido, el Presidente de la Nación tiene previsto ya un primer viaje para 2024, cuando visite a mediados de enero el Foro de Davos, el encuentro de empresarios y políticos de todo el mundo que se realiza todos los años en esa localidad suiza.

Por último, el paquete legislativo a ser tratado en extraordinarias también incluye la eliminación de la llamada “doble imposición” en materia impositiva para empresas de distintos países que operan en Argentina.

Entre los países beneficiados por esta iniciativa están Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

El Gobierno argentino había firmado convenios con estos países en los últimos años para evitarle a sus empresas la doble imposición (es decir pagar impuestos en sus países de origen y en la Argentina), pero estos convenios no habían tenido aplicación concreta porque no contaban con aval legislativo.

Fuente: Télam

Este martes anunciará a los ministros que lo acompañarán los próximos 4 años.

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El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentará este martes a los integrantes del gabinete que lo acompañarán en su gestión cuando asuma el próximo 10 de diciembre.

Se trata de los 11 nombres que encabezarán los Ministerios y 3 Secretarías de Estado, los mandos de las segundas y terceras líneas, y el fiscal de Estado. La presentación se realizará a partir de las 17 horas en Cayastá.

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El gabinete quedará compuesto de la siguiente manera: Pablo Cococcioni (Seguridad), Pablo Olivares (Economía), Fabián Bastía (Gobierno), Lisandro Enrico (Obras Públicas), Gustavo Puccini (Producción), José Goity (Educación), Silvia Ciancio (Salud), Victoria Tejeda (Desarrollo Humano), Road Báscolo (Trabajo), Susana Rueda (Cultura), Enrique Estévez (Ambiente) y Domingo Rondina (fiscal de Estado).

Fuente: SFC

El Gobierno desplegará un fuerte operativo de seguridad para controlar en los próximos las inmediaciones del Sheraton Hotel, en el bajo porteño, ya que allí se realizará la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La Ciudad de Buenos Aires recibirá a representantes de los 33 países miembros, así como también a invitados de Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Entre los mandatarios que confirmaron su presencia se encuentran el brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva; el colombiano Gustavo Petro; el venezolano Nicolás Maduro; el cubano Miguel Díaz-Canel; el chileno Gabriel Boric; la hondureña Xiomara Castro; el ecuatoriano Guillermo Lasso; el boliviano Luis Arce; el uruguayo Luis Lacalle Pou; el dominicano Luis Abinader; el paraguayo Mario Abdo Benítez; la barbadense Mia Mottley; el sanvicentino Ralph Gonsalves; y el haitiano Ariel Henry.

Por parte de Estados Unidos vendrá el asesor especial de la Casa Blanca para las Américas, Christopher Dodd, así como también llegará el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel.

Algunos de los mandatarios enviaron con anticipación una "avanzada" para analizar los lugares y cómo será el dispositivo de seguridad y de logística: uno de esos fue el venezolano Nicolás Maduro.

Ante la envergadura que tendrá la Cumbre regional, una gran cantidad de efectivos de fuerzas federales custodiarán tanto las inmediaciones del Sheraton Hotel, donde se llevarán a cabo las distintas actividades, así como también en los lugares que elijan para hospedarse aquellos representantes de la CELAC e invitados que decidan pasar más de una noche en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el Gobierno creó el pasado 12 de enero un Comando Unificado de Seguridad para custodiar el evento, que se realizará el próximo martes en la Ciudad de Buenos Aires.

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La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad a través de la Resolución 11/2023 y dispuso que el Comando Unificado está conformado por personal de la cartera conducida por Aníbal Fernández; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio; la Policía Federal; la Gendarmería; la Prefectura; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, se convocó al Gobierno porteño para que designe un representante de la Policía de la Ciudad y uno de la Dirección General de Tránsito y Transporte para que formen parte del Comando, que tendrá como coordinador general al jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández.

Al respecto, también se esperan cortes de calle en las inmediaciones del Sheraton Hotel, así como también en otros puntos de la Ciudad, ya que se esperan algunas protestas.

Noticias Argentinas

El Gobierno solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia, mediante un escrito de la Procuración del Tesoro, Carlos Zanini, revocar el fallo que ordenó al Estado Nacional restituirle fondos coparticipables a la Ciudad, y pidió el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.

El escrito del Gobierno señaló que en la decisión sobre la medida cautelar se adelantó opinión sobre el fondo del caso.

LEÉ: El Gobierno oficializó la transferencia al Banco Nación para el pago en bonos a la Ciudad por la coparticipación

Además, argumentó que el fallo es "arbitrario" porque no se explicaron los motivos por los cuales se estableció la transferencia de un monto fijo del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables de la Nación.

La Corte que no tiene previsto más acuerdos ordinarios este año y no se reunirá por estos pedidos, según trascendió.

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El Gobierno oficializó la transferencia al Banco Nación para efectivizar el pago, a través de bonos del Tesoro, de los 2.95% en materia de coparticipación a la Ciudad. Lo hizo a través de la decisión administrativa 2022-1282, publicada en el Boletín Oficial, en la que establece el depósito de 98.500 millones de pesos en bonos TX31.

En la misma línea, informó la instrucción del presidente Alberto Fernández al Ministerio de Economía para que presente un proyecto de ley en el Congreso que prevea en el presupuesto la atención de la medida, y al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, para que impulse un recurso de revocatoria de la decisión de la Corte Suprema.

"Que en atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta", reza el cuerpo de la decisión administrativa.

Asimismo agrega "que a través de la Procuración del Tesoro de la Nación se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida".

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Bajo el artículo 22 de la ley Nº 23.982, la Jefatura de Gabinete informó que “los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto y se advierte que, ni el presupuesto del año 2022 vigente, ni la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2023 prevén partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar dictada".

La decisión que lleva la firma de los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) menciona que "el Ministerio de Economía a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación el monto equivalente a PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES ($98.500.000.000) en Bonos del Tesoro TX31 y dará instrucciones a esa entidad bancaria para que transfiera diariamente a una Cuenta Bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el uno como cuatro por ciento (1,4%) que históricamente se le transfería a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el marco del artículo 8°de la Ley N° 23.548, y el dos coma noventa y cinco por ciento (2,95%) que dispuso la medida cautelar dictada".

El mandatario fue el encargado de informar el accionar de su gestión, a través de un extenso hilo de Twitter, en el que cuestionó el fallo de la Corte, pero aseguró que acataría la decisión a pesar de haberla calificado de "imposible cumplimiento" tras un encuentro con gobernadores.

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