Ante un escenario climático que prevé lluvias superiores a los registros habituales, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, continúa ejecutando obras e intervenciones en las localidades con mayor vulnerabilidad hídrica de la provincia.El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “desde el inicio de la gestión, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue priorizar la infraestructura necesaria para mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables. Para ello se trabajó junto a los comités de cuenca, municipios y comunas, apoyados en estudios técnicos que permitieron establecer las prioridades de intervención”.En ese sentido, Enrico explicó que “el territorio santafesino presenta condiciones naturales que lo hacen propenso a anegamientos e inundaciones. De las 365 localidades de la provincia, identificamos 100 con mayor nivel de riesgo hídrico. Actualmente, 76 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que las 24 restantes tienen proyectos en distintas etapas de inicio”.

“El objetivo es proteger a las comunidades y a la producción. Priorizamos las defensas urbanas, la conectividad vial para evitar cortes de rutas y la protección de las áreas productivas”, agregó el ministro. 

Las intervenciones que desarrolla el Gobierno de Santa Fe incluyen la construcción de desagües pluviales, limpieza y reacondicionamiento de canales, mejoras en alcantarillas y la elaboración de proyectos destinados a optimizar los sistemas de drenaje en todo el territorio santafesino.

“Es fundamental actuar de manera preventiva. En gran parte de la provincia, durante los primeros cien días del año ya se superaron los niveles promedio de precipitaciones. Por eso reforzamos tanto las obras como las tareas de mantenimiento para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas hídricos”, sostuvo Enrico.

Desde el comienzo de la gestión, la Secretaría de Recursos Hídricos avanzó con obras de defensas perimetrales, desagües pluviales y limpieza de canales destinadas a mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos y proteger tanto áreas urbanas como productivas.Durante 2025 también se planificaron y ejecutaron obras de protección en ocho localidades afectadas por inundaciones, entre ellas María Teresa, Vera y La Chispa. Estos trabajos, financiados mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se encuentran en su etapa final de ejecución.De manera paralela, la Provincia avanza con un ambicioso plan de limpieza y mantenimiento de canales troncales, dividido en tres grandes regiones operativas.En el sur provincial -que comprende los departamentos General López, San Lorenzo, Iriondo, Constitución, Caseros, Belgrano y Rosario- se ejecutarán tareas sobre 322 kilómetros de canales, con impacto en 48 distritos. 

En la región centro -integrada por los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Justo, San Cristóbal, San Jerónimo y parte de 9 de Julio- ya fueron licitados trabajos sobre 356 kilómetros de canales que beneficiarán a 51 localidades. En tanto, en la zona norte -que abarca los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo- continúa el proceso licitatorio para intervenir 259 kilómetros de canales, con impacto directo en 17 distritos.

El Gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación, Obras Públicas y Economía, inauguró desde el inicio de la gestión 13 nuevos edificios para Jardines de Infantes distribuidos en todo el territorio provincial, con una inversión total de $ 15.433.605.781,5. En la Semana de los Jardines de Infantes, la administración provincial ratificó así su compromiso con el Nivel Inicial mediante la consolidación de un plan de infraestructura escolar destinado a fortalecer la educación de las primeras infancias.“Inaugurar nuevos establecimientos escolares siempre representa un hecho muy importante, pero cuando se inauguran Jardines de Infantes se da un paso fundamental en la construcción de un futuro mejor. Para ello se necesita decisión política y también el trabajo y el compromiso de equipos directivos y docentes”, expresó el ministro de Educación, José Goity.

El titular de la cartera educativa sostuvo además que “en este presente difícil, inaugurar trece Jardines de Infantes, tener otros seis en ejecución y sostener una inversión inédita en educación pública es algo que debe ser reconocido”. Y agregó: “Se tomó la decisión de no reducir ni un solo peso en educación y eso se refleja en el compromiso de seguir construyendo edificios de calidad para garantizar mejores aprendizajes”.Los Jardines de Infantes inaugurados desde 2024 fueron: 

Desde el Ministerio de Economía, el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE), Gonzalo Saglione, valoró el acompañamiento de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, “que aportó financiamiento en condiciones muy favorables para concretar proyectos de infraestructura educativa”.Además de las obras, la gestión provincial amplió el servicio educativo para niñas y niños de tres años, impulsó espacios de formación docente continua y llevó adelante concursos de ascenso a cargos directivos, con el objetivo de fortalecer la carrera docente y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El Gobierno de Santa Fe también avanza con la construcción de otros seis edificios de Nivel Inicial en Recreo y en los Jardines de Infantes Nº 377 de Rosario, Nº 365 de Pueblo Esther, Nº 328 de Soldini, Nº 82 de Casilda y el edificio de Nivel Inicial del barrio San Cayetano, en Villa Constitución.En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “con mucho esfuerzo y trabajo conjunto se pudieron terminar e inaugurar trece Jardines de Infantes distribuidos en distintas regiones de la provincia”. Además, remarcó que “no serán los únicos, porque hay otros en marcha y varios más proyectados”.

Este jueves 28 de mayo se conmemora el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, una fecha que pone en valor el rol de la educación inicial como primera experiencia de aprendizaje y socialización.

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que existe un compromiso sostenido con las primeras infancias mediante políticas públicas orientadas a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de aprendizajes fundamentales y espacios de cuidado de calidad.

El Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.092 por el cual fijó en el 30% el máximo incremento anual para la renovación de los contratos que realice la Administración Centralizada o Descentralizada. Hasta el momento regía un decreto del año 2022 que permitía renovaciones con subas anuales de hasta el 45%.

El mismo decreto establece que sólo se podrá presupuestar el gasto y/o adjudicar por un monto que implique un porcentaje de incremento mayor al 30% cuando el pedido esté acompañado de un informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad. En estos casos la gestión deberá instrumentarse por un decreto específico del Poder Ejecutivo.

La decisión firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, actualiza la reglamentación de un artículo -el 116- de la Ley N° 12.150, la de Administración, Eficiencia y Control del Estado.

El régimen de contrataciones de bienes y servicios en la provincia se encuentra regulado en el Título III, Capítulo I de la mencionada norma clave para la administración del Estado santafesino. Sucesivos decretos fueron modificando montos o porcentajes para la contratación directa e incluso estableciendo el esquema de autoridades competentes para suscribir los actos de aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares y de adjudicación de las contrataciones.

Se recuerda en los considerandos que el esquema de delegaciones fue implementado para agilizar los procedimientos de selección y con ello garantizar una mayor capacidad operativa en la compra de los bienes y contratación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del Estado Provincial.

Hasta hoy regía el Decreto N° 1555/22 que prevee que las renovaciones contractuales no pueden tener incrementos anuales superiores al 45% respecto del último valor contractual establecido, permitiéndose excepcionalmente presupuestar el gasto y/o adjudicar por un monto que represente un porcentaje superior cuando exista informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad y la gestión se resuelva por decreto.

Más adelante, en los considerandos, el Ejecutivo entiende que "en virtud del contexto económico actual del país resulta oportuno modificar el porcentaje que se utiliza como parámetro por las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial en las gestiones de renovación contractual".

Añade que "el límite porcentual establecido requiere de observación periódica para evitar que se produzca una desactualización del mismo en relación con la situación económica del país, la cual repercute en las etapas de estimación del gasto, adjudicación, ejecución y renovación de las contrataciones públicas".

Hace notar que "un porcentaje que no mantenga un adecuado correlato con el proceso inflacionario anualy demás variables económicas podría ocasionar un incremento en el volumen de las gestiones de renovación a aprobarse por el Poder Ejecutivo, desnaturalizando el esquema de delegaciones previsto para agilizar los procesos de contrataciones o por el contrario impediría alcanzar el abordaje integral que, medidas como la presente, buscan implementar".

Por último y dada la especificidad de la materia "corresponde que los Ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Economía, en forma conjunta, dispongan la actualización del porcentaje establecido por el presente acto en caso de así considerarlo necesario".

El gobierno provincial destino la suma de $89.137.580,49 como reconocimiento y pago de los servicios de alojamiento y racionamiento de personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y segundo despliegue de Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del Comité de Crisis de Rosario por la emergencia en seguridad.

El período reconocido con esa partida es el comprendido entre el 5 de enero y el 1 de febrero de este año.

Son cuatro las firmas que facturaron servicios por alojamiento y racionamiento de fuerzas federales y en el decreto se desglosa el nombre de los integrantes de PSA y Policía Federal que participaron del operativo.

El gobierno provincial adjudicó a la firma Deprop SRL la obra para la construcción Espacio de Memoria "Quinta de Funes" en la ciudad homónima del dpto Rosario y con un presupuesto de $426.853.978,72.

Los apertura de sobres con las ofertas para la obra largamente demandada por organismos de Derechos Humanos fue el 25 de marzo en el sitio que ofició de centro clandestino de detención durante la última dictadura.

Ocho fueron las firmas que presentaron propuestas; siete de ellas fueron estimadas y de allí seleccionada la presentada por la rosarina Deprop por entender que era la más conveniente en términos económicos y pasaba todos los requerimientos técnicos.

El valor de la contratación es a febrero de este año y en los considerandos se señala que la oferta ganadora representa un 9,20% por debajo del presupuesto oficial.El Litoral

A una semana de su puesta en marcha, 10.138 trabajadores públicos y privados completaron el formulario para adherir al Plan de Protección del Salario, la herramienta impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro destinada a refinanciar deudas con tasas reducidas y plazos de hasta 60 cuotas. El objetivo es disminuir la presión de los descuentos sobre los haberes mensuales y mejorar el ingreso disponible de las familias santafesinas.

El Gobierno Provincial presentó días atrás el Plan de Protección de los Ingresos, una batería de medidas orientada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados cuyos salarios se encuentran afectados por compromisos crediticios. La iniciativa apunta a aliviar la carga financiera mediante la reestructuración de deudas y, en el caso de los empleados estatales, garantizar que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.

Desde la entrada en vigencia del programa, 10.138 trabajadores iniciaron el trámite de adhesión. Del total, 8.062 corresponden al sector público: 6.888 empleados activos y 1.174 pasivos. En tanto, 2.076 solicitudes provinieron del sector privado, de las cuales 1.826 pertenecen a trabajadores en relación de dependencia y 250 a autónomos.

“En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa en quienes todos los días se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro lanzamos estas medidas de alivio para ayudar a las familias santafesinas”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Respecto de quienes ya iniciaron el proceso, el funcionario explicó que “la reestructuración de las deudas se realizará durante mayo, mientras que las operatorias comenzarán a concretarse en junio”. 

Olivares destacó además que el esquema incorpora mecanismos de seguridad para evitar superposición de obligaciones. “El sistema garantiza que, mientras se otorga el nuevo financiamiento, exista un libre deuda emitido por los acreedores originales. De esa manera se asegura que el financiamiento cumpla su función y brinda tranquilidad al trabajador, que queda liberado de las obligaciones previas”, indicó. 

En esa línea, añadió que el acompañamiento estatal resulta clave porque “si este proceso tuviese que realizarlo individualmente un trabajador, podría resultar complejo”.

El titular de Economía remarcó también que la nueva cuota mensual puede “llegar a reducirse hasta un 66 % respecto de la que se venía pagando”, y aclaró que el plan contempla deudas contraídas hasta el 30 de abril. 

Los interesados pueden adherirse a través del portal oficial del Gobierno provincial. La inscripción permanecerá abierta durante tres meses. “Luego iremos evaluando cómo evoluciona, porque estamos brindando una posibilidad a muchas personas que no estaban acostumbradas a endeudarse y cuya situación económica reciente las llevó a esta instancia”, señaló Olivares.

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital mediante el portal oficial de la Provincia (https://www.santafe.gov.ar/gestionesciudadanas/tramite/6a05dfcfcf55711b5a45732e), utilizando su ID Ciudadana. Quienes aún no cuenten con esa herramienta encontrarán en la misma plataforma un tutorial para gestionarla.

Una vez completada la solicitud, los interesados serán contactados a través del correo electrónico declarado para continuar con el proceso. Para consultas o dudas, está habilitada la línea 0800-777-0801, de lunes a viernes, entre las 8 y las 18.

Sobre la modalidad de implementación, Olivares explicó que “el inicio del trámite se realiza de forma online, pero luego se coordina una instancia presencial, principalmente para evitar posibles estafas”. En ese sentido, detalló que “el proceso comienza con la ID Ciudadana, aunque la operación concluye con una validación presencial”.

El Gobierno de Santa Fe, a través del trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y de Gobierno e Innovación Pública, inauguró una vivienda recuperada en una causa penal que formará parte de los dispositivos habitacionales de Salud Mental. El inmueble, ubicado en Granadero Baigorria, funcionará como Hostal Asistido para 10 pacientes del Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila. 

Durante la inauguración, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, visitó a los usuarios y trabajadores del hostal y destacó que “en tiempos tan difíciles por la situación económica, poder transformar una vivienda recuperada del delito en una casa luminosa para recibir a los santafesinos que más lo necesitan es maravilloso”. 

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, recordó que “el día que vinimos a tomar posesión de la casa fue un momento importante para todo el equipo porque implicaba una decisión difícil, pero sabíamos que teníamos el respaldo del gobernador y que estábamos cumpliendo lo que él nos pide”, y señaló que el resultado “cobra hoy otro sentido” al ver transformada “una casa que era oscura desde lo simbólico en un lugar de luz”.

La Casa Baigorria es un dispositivo de inclusión habitacional, pensado como un espacio convivencial intermedio para aquellas personas en condiciones de ser externadas del hospital y que no cuentan con otras posibilidades de acceso a una vivienda digna. 

De ese modo, el hostal promueve un espacio real de autonomía, de decisión y acción. Cada persona alojada podrá recuperar un espacio íntimo, disponer de su tiempo, salir, elegir y preparar su comida, compartiendo la vida cotidiana con otros.

Con ese objetivo, el hostal contará con acompañamiento de personal de salud las 24 horas, todos los días. El equipo está conformado por enfermeras y enfermeros profesionales, que tendrán una presencia permanente, y un equipo interdisciplinario de profesionales integrado por psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y acompañantes terapéuticos.

La vivienda está destinada a personas que tuvieron una estadía hospitalaria prolongada en el Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”. De ese modo, se podrá cerrar una sala de larga estadía en ese efector para transformarla en un área de atención ambulatoria. La iniciativa se inscribe dentro del proceso de transformación del monovalente hacia un modelo de atención integral de la salud.

“Cambiar la lógica es respetar que las personas con padecimientos mentales pueden tomar decisiones, actuar y aprender de la experiencia, y que nuestra responsabilidad como agentes de salud es acompañarlos y brindarles los apoyos necesarios, sin tutelar”, sostuvo el director del Centro Regional, Rodrigo Ferrante. 

Ferrante destacó también que el hostal “devuelve a las personas las riendas de sus propias vidas y materializa el anhelo de vivir en una sociedad que tenga espacio para todas y todos”. Además, valoró que el proyecto se pensó “a partir de los recorridos y las expectativas de vida de cada persona, y no desde los diagnósticos”.

La inauguración del hostal en Granadero Baigorria se enmarca en un plan estratégico que busca fortalecer los dispositivos de internación y los procesos de externación en toda la provincia. Además, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante 112 dispositivos sociales, productivos y culturales; a los que se sumaron más de 50 juegotecas en centros de salud, una guía y El Mirador, un material para prevenir el uso problemático de tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia.De la actividad participaron integrantes del equipo de salud de la Casa; el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; los subsecretarios de Salud Mental, Liliana Olguin; de la Aprad, Hernán Matich; y de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; y los directores provinciales de Salud Mental, Victoria Mancini; y de Arquitectura de Salud, Lisandro Vaccaro, entre otros.

Tras haber sido presentada la semana pasada ante el gabinete por la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, el gobierno dictó el decreto creando la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (APETS) que dependerá del Ministerio de Salud y que tendrá como director responsable a Santiago Torales.

La Agencia tendrá "la función de evaluar técnica y científicamente todas las tecnologías sanitarias que se utilicen o pretendan incorporarse en el sistema de salud provincial, garantizando decisiones basadas en evidencia, promoviendo el uso racional de recursos y asegurando el acceso equitativo a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas en interacción con otras áreas y organismos de incumbencia en la temática, dentro de un marco de mejora de la gestión de calidad inherentes a la complejidad de los servicios sanitarios para toda la población de la Provincia de Santa Fe", determina el primer artículo del decreto.

Se trata del decreto N° 1057 que firman el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Salud, Silvia Ciancio.

En los considerandos se destaca que la creación de la Agencia responde a la necesidad de establecer una estructura organizativa especializada, orientada a la revisión sistemática e integral de tecnologías sanitarias, mediante la articulación de las diversas áreas de gestión con competencia en las etapas de investigación e innovación, priorización y evaluación, como así también en la optimización de los procesos desde la perspectiva de la calidad, a los fines de garantizar la incorporación efectiva de dichas tecnologías al sistema de salud provincial.

Para el Poder Ejecutivo "la evaluación de tecnologías sanitarias constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas en salud pública, ya que permite optimizar la asignación de recursos limitados, priorizar intervenciones basadas en evidencia científica y garantizar que el acceso de la población a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas".

También entiende que corresponde preservar la autonomía funcional y científica de órganos colegiados especializados como el Comité Provincial de Bioética y la Comisión Provincial del Medicamento, cuyos aportes resultan relevantes en materia de asesoramiento y complementación funcional en temáticas sensibles, tales como la investigación relacionada con la innovación en tecnologías en salud, la actualización de formularios terapéuticos en función de las necesidades de la población santafesina, entre otras tareas.

No deja de reconocer que la complejidad creciente en la producción y oferta de tecnologías sanitarias, caracterizada por un alto volumen de nuevos bienes y servicios orientados a patologías de alto costo y sujetos a la dinámica del mercado, "impone la necesidad de adoptar una perspectiva de salud pública que asegure la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema en el acceso a las mismas".

Con esos argumentos, el gobierno afirma que "resulta pertinente disponer la creación de la Agencia con la finalidad de establecer un examen técnico-científico integral de los fármacos, insumos y equipamiento médico que se incorporen al sistema de salud provincial, garantizando que la adopción de estas herramientas se sustente en evidencia rigurosa de seguridad, eficacia y optimización de recursos, bajo los preceptos de justicia distributiva y alcance universal, debiendo además articular sus dictámenes con las áreas técnicas que se vean alcanzadas por el impacto de dichas evaluaciones".

Después en los considerandos justifica la decisión de usar la denominación de "Agencia" a fin de adecuar su perfil institucional a los estándares técnico-científicos propios de la evaluación de tecnologías sanitarias, jerarquizando así su rol transversal como productor de evidencia objetiva, siguiendo para ello el precedente organizativo ya realizado con la creación de la Agencia de Control del Cáncer.

Un largo anexo al decreto le establece las competencias en cada una de las áreas de incumbencia y, por otra parte, la Agencia tendrá rango de Dirección Provincial, la que dependerá jerárquica y funcionalmente de la titular de la cartera.

Santiago Torales aceptó hacerse cargo de la Agencia y dejará el cargo que viene ejerciendo en Uruguay como gerente técnico de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del vecino país, con sede en Montevideo.

Especialista en nefrología, ha ocupado cargos en las carteras sanitarias tanto de nuestra provincia como de Nación.

En el Ministerio de Salud de la provincia ha desempeñado en roles técnicos y de gestión, como Director Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria formó parte en su momento del Comité Provincial de Bioética.

En Nación, fue Director de Investigación en Salud, coordinando convocatorias, becas de investigación (como las de Salud Investiga) y articulando las áreas de investigación sanitaria de las distintas provincias.

El decreto determina que la Agencia estará a cargo de un director ejecutivo más un equipo de asesores técnicos y un consejo consultivo. El director ejecutivo -será Santiago Torales- tendrá cargo de director provincia y en dependencia directa del Ministro.

El equipo de asesores técnicos estará conformado por profesionales convocados de manera específica en función de su experticia en la materia informes de evaluación de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas en salud y normativas de calidad.

En cuanto al consejo consultivo estará conformado por un representante de la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud, otro representante de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Salud, más uno de la Secretaría de Economía para la Salud del Ministerio de Economía. También representante de la Subsecretaría de Planeamiento y Articulación Interinstitucional de IAPOS del Ministerio de Economía; del LIF y un representante del equipo de asesores técnicos de la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Sus funciones serán ejercidas de forma ad honorem.El Litoral

A solicitud de la Justicia, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino ante una situación detectada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, donde una niña se encontraba viviendo con una familia sin un marco legal que avalara esa convivencia. 

La situación se originó luego de que una pareja, que tenía bajo su cuidado a una niña que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes, se presentó ante la Justicia solicitando la tutela de la menor. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.

A partir de esa resolución judicial, desde la Secretaría se notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas, en el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral.

Durante la mañana de este sábado, la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. 

Desde el Gobierno de la Provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia.

El objetivo, a partir de ahora, es trabajar para brindarle a la niña un proyecto de vida basado en la restitución de derechos y garantizarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar adecuado que le permita desarrollarse plenamente.

Cabe destacar que durante el año 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección, intentando incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados de esa posibilidad luego de expresar que su objetivo era concretar una adopción.

En aquella instancia, se les informó y recomendó que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), organismo que constituye el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.

Cabe señalar también, que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe comunicó que, concluido el plazo de inscripciones al concurso de Residencias, el sistema provincial registró 1.865 solicitudes. 

El dato se conoció tras una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional que conforma la cartera sanitaria provincial, con el Colegio de Médicos 1° y 2° Circunscripción; las universidades nacionales del Litoral (UNL) y de Rosario (UNR), y la Municipalidad de Rosario. Durante el encuentro, se avanzó en la definición de criterios, modalidades y recomendaciones para el día del examen que tendrá lugar en Rosario y en Santa Fe, el próximo 17 de junio. 

“El balance de las inscripciones es muy positivo, la cifra que alcanzamos es muy importante y supera ampliamente la del año pasado”, destacó el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de la cartera sanitaria, Gonzalo Chiesa, al finalizar el encuentro en la Sede de Gobierno en Rosario. “La gran cantidad de inscriptos que hay este año habla de que Santa Fe ofrece un fuerte nivel de garantías”, sostuvo Chiesa.

Los 1.865 inscriptos en el sistema propio de Residencias en Salud que desarrolla la Provincia constituyen una cifra récord. El aumento de los postulantes marcó un crecimiento del 72 % con respecto al 2025 cuando los inscriptos habían sido 1.079; y un aumento del 93 % si se la compara con 2024, año en el que se registraron 972 aspirantes. El balance se da en el marco de la responsabilidad asumida por el Gobierno de Santa Fe en la coordinación e implementación del concurso tras la modificación intempestiva del reglamento por parte de Nación, en 2025, y su consecuente desfinanciamiento.Frente a este escenario, Chiesa remarcó que el sostenimiento de las Residencias “se da gracias a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio”.“Ante una situación imprevista, en Santa Fe apostamos por darle continuidad al sistema de formación en servicio que son las residencias con un fuerte trabajo colaborativo y conjunto con el resto de las instituciones formadoras”, señaló.

El sistema de residencias constituye una formación en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública de salud de la Provincia. A partir de este año, cuenta con un sistema propio, financiado con recursos provinciales, que busca dar previsibilidad a quienes se incorporan y consolidar un modelo de atención integral basado en una perspectiva de derechos.Las residencias 2026 financiadas por el Gobierno de la Provincia se llevarán adelante en 17 efectores distribuidos en 11 localidades, con rotaciones en distintos niveles de complejidad, lo que permite ampliar la experiencia en diversos contextos de atención. Además, el concurso 2026 consolida la oferta de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria, con sedes en Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, 

Se confirmó en mayo de 2027 quedará inaugurado “El Infierno”, la nueva cárcel destinada a internos de alto perfil que se construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero, con una inversión provincial superior a los $ 143.000 millones. El establecimiento alojará a más de 1.150 reclusos -entre ellos narcotraficantes y sicarios- y será una infraestructura sin precedentes en Sudamérica.

Las obras forman parte de una estrategia integral de seguridad pública que, según el gobernador Maximiliano Pullaro, excede el trabajo policial y la incorporación de tecnología. “La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, afirmó.En esa línea, explicó que cada interno alojado en “El Infierno” tendrá una celda individual bajo control permanente del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga.Pullaro destacó la decisión política de avanzar con la infraestructura penitenciaria para alojar a “1.150 reclusos de alto perfil” y señaló que, paralelamente, en el mismo predio se construyen otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una.

Además, indicó que al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados dentro de los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. Según el mandatario, esto permitirá “seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”.El gobernador subrayó también que se trata de “una cárcel de máxima seguridad” asociada a una inversión histórica para Santa Fe. “En cien años se construyeron 3.500 celdas y, en cuatro años de gestión, vamos a hacer más de 3.500. Seremos el gobierno que más plazas carcelarias construyó”, sostuvo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que la obra “marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y aseguró que no encontraron modelos equivalentes en la región para replicar.“En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, sostuvo.Cococcioni añadió que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” diseñado no solo para evitar fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas cada vez más complejas.Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, afirmó que el complejo fue concebido “a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”. Explicó que el diseño busca maximizar el aislamiento de personas que, aún detenidas, continuaron organizando delitos desde prisión.El establecimiento se inscribe dentro de las políticas provinciales orientadas a cortar la comunicación entre líderes criminales y las estructuras delictivas que operan fuera de los penales, mediante mayores niveles de aislamiento y control.

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto involucra a varias empresas trabajando de forma simultánea para acelerar la ejecución, aunque ello exige una coordinación técnica compleja para unificar materiales y sistemas en los distintos pabellones.La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas.También incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones a través de mamparas, evitando el contacto físico directo. El penal dispondrá de atención sanitaria intramuros para reducir traslados, sala de conferencias y helipuerto.

El Gobierno de Santa Fe, junto con la Cámara de Urbanizadores y los colegios profesionales de Ingenieros y Agrimensores de Santa Fe y Rosario, presentó una nueva resolución para la obtención de factibilidades hídricas. La normativa busca modernizar procedimientos, actualizar exigencias y reducir tiempos administrativos para proyectos de urbanización, bajo criterios de seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental y previsibilidad para las inversiones.El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la nueva regulación apunta a “coordinar, acompasar, eficientizar y mejorar cuestiones que muchas veces están en tensión permanente: la radicación de inversiones, los nuevos desarrollos urbanos o proyectos productivos, y el cuidado hídrico y ambiental”.Además, señaló que la resolución procura brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a quienes invierten en la provincia: “Eliminamos numerosas disposiciones que considerábamos redundantes y simplificamos el trámite, que ahora será 100 % digital”, indicó. El cambio permitirá reducir los requisitos obligatorios de 34 a 11.La resolución del Ministerio de Obras Públicas establece así un nuevo marco regulatorio para evaluar el impacto hidrológico del desarrollo territorial, en línea con una política integral de ordenamiento hídrico que prioriza la seguridad, la sostenibilidad ambiental y un crecimiento urbano ordenado.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, afirmó que la modificación surgió de la necesidad de actualizar una normativa vigente desde 2016, que había incorporado sucesivos anexos y exigencias con el paso del tiempo.“Detectamos la necesidad de eliminar documentación que fue sumándose como parches a la resolución original y avanzar hacia procedimientos más simples”, explicó. Según detalló, la digitalización permite reducir burocracia, unificar evaluaciones, incorporar una mirada territorial preventiva y optimizar tiempos de respuesta, además de aportar mayor transparencia y acceso a la información.El funcionario precisó que el nuevo esquema contempla un certificado unificado con tres etapas de evaluación: el encuadre hídrico o zonificación territorial (certificado Nº 1), que la obtención permite avanzar el procedimiento con el Ministerio de Ambiente, y la evaluación técnica de drenajes (certificado Nº 2) y el certificado final de factibilidad hídrica o final de obra, que concluye el proceso.

El presidente de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe, Martín Weller, sostuvo que la medida representa “un paso adelante muy importante para el sector privado y la radicación de inversiones”.Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial: “La eficiencia requiere ámbitos de diálogo y articulación. Junto con la reducción de cargas, la capacitación y la inversión en infraestructura, estas son decisiones que favorecen nuevas inversiones en Santa Fe”, señaló.

La nueva normativa establece un procedimiento administrativo completamente digital a través de la plataforma Timbó. El sistema se divide en dos grandes instancias: una clasificación preliminar del terreno según riesgo de inundación, mediante el certificado de Encuadre hídrico -en articulación con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático-, y una evaluación técnica posterior sobre la aptitud de los sistemas de drenaje pluvial, que analiza escurrimientos y compatibilidad territorial.Entre los principales cambios también se encuentra la eliminación de memorándums incorporados por regulaciones anteriores, con el objetivo de simplificar exigencias y unificar criterios. A su vez, la normativa incorpora la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740 y fortalece la gestión integrada de los recursos hídricos.

Autoridades del Gobierno de Santa Fe brindaron detalles sobre los alcances y el proceso de inscripción al Plan de Protección de los Ingresos, una medida orientada a trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados cuyos ingresos se encuentran afectados por descuentos vinculados a créditos y otras obligaciones financieras.Durante la presentación realizada en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, destacó que “ya tenemos más de 1.500 trabajadores adheridos al plan, por lo que el próximo mes comenzarán a percibir un alivio en sus recibos de sueldo”.  

Además, sostuvo que “el gobierno de Maximiliano Pullaro está al lado de las familias que no llegan a fin de mes, que tienen deudas y necesitan oxigenar su economía”.Coudannes remarcó que la iniciativa “va a impulsar el consumo, fortalecer el comercio y dinamizar la economía provincial, cuidando el bolsillo y el salario de las familias santafesinas”.

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La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, explicó que el plan alcanza a trabajadores activos y pasivos del sector público provincial, así como a empleados del sector privado, autónomos y trabajadores municipales.“Para los empleados públicos habrá una regulación en los códigos de descuento que limitará el porcentaje de afectación del salario. Desde hoy, ningún trabajador tendrá comprometido más del 25 % de sus ingresos”, precisó Azario.La funcionaria añadió que “aquellos trabajadores o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones que actualmente tengan afectado más del 25 % de sus haberes deberán adherirse al plan para refinanciar sus deudas y, de esa manera, aliviar sus ingresos mensuales”. Asimismo, señaló que quienes superen ese porcentaje “podrán optar por la línea de financiamiento ofrecida por el agente financiero de la provincia”.En relación con los trabajadores del sector privado, Azario explicó que quienes atraviesen una situación similar podrán acceder a financiamiento mediante el agente financiero provincial. Para ello, deberán adherirse al programa y podrán obtener condiciones especiales, como planes de hasta 60 cuotas, dos meses de gracia y una tasa bonificada que no superará el límite establecido por el Banco Nación para empleados públicos con cuenta sueldo. 

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, destacó que “el objetivo es que el trámite sea sencillo”, y subrayó que la herramienta forma parte del proceso de digitalización impulsado por la provincia a través del programa Territorio 5.0.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de drogas en barrio Gráfico, en la ciudad de Rosario.

La primera inactivación se realizó en Benteveo al 700 y la segunda, una hora más tarde, en Jacobacci al 9000. Con estos procedimientos, ya son 118 los búnkeres derribados en toda la provincia durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el mandatario santafesino y vigente desde fines de 2023. 

Los operativos de derribo se sostienen de manera ininterrumpida desde comienzos de 2024 y constituyen uno de los ejes centrales de la política de seguridad provincial para recuperar territorios tomados por el narcotráfico y desarticular economías delictivas vinculadas al narcomenudeo. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno Provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos casos “representan un compendio de todas las cuestiones delictivas que rodean al microtráfico, como la usurpación y la venta ilegal de terrenos”. Y agregó: “Se genera un entramado de irregularidades vinculado a la violencia, los homicidios, las balaceras y la degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.

El funcionario remarcó además que “antes no contábamos con una herramienta legal”, y destacó que “desde la promulgación de la Ley de Microtráfico estamos avanzando junto al MPA no solo en Rosario, sino en toda la provincia”.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone brindó detalles sobre la investigación y explicó que, además de los dos inmuebles que serán demolidos, se restituyó formalmente una tercera propiedad a sus legítimos ocupantes.

“Hay una familia que tiene atemorizado a todo barrio Gráfico. Algunos de sus integrantes están detenidos y otros tienen pedido de captura. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y también a las extorsiones”, indicó el fiscal.}

Carbone explicó además que la organización operaba sobre inmuebles usurpados que luego eran revendidos a personas de buena fe para posteriormente recuperarlos mediante amenazas y violencia. “También consumían y comercializaban drogas en estos lugares, en un contexto atravesado por delitos conexos”, afirmó.

El fiscal señaló además que uno de los homicidios registrados en abril ocurrió a pocos metros de los inmuebles intervenidos y remarcó que las inactivaciones son “fundamentales para desarticular estructuras criminales que condicionan la vida cotidiana de los vecinos”.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe alumbró el decreto con el llamado Plan de Protección de los Ingresos para agentes (activos y pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, cuyo contenido había sido anunciado días atrás en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Pablo Olivares; la secretaria de la Función Pública, Malena Azario y la vocera gubernamental, Virginia Coudannes.

La medida, largamente esperada por un sector importante de estatales activos y pasivos, apunta a lograr un aletargamiento en las deudas de los agentes con entidades financieras o mutualistas que tienen códigos de descuento en el Estado santafesino y limita, a partir de ahora, al 25% el descuento por créditos.

El decreto lleva el número 1014, tiene fecha del 13 de mayo, conteniendo una batería de medidas destinada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados con salarios afectados por descuentos derivados de créditos. El objetivo es aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas y garantizar, en el caso de los estatales, que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.

El plan combina medidas de alivio inmediato con herramientas de educación financiera y asesoramiento institucional. "Promuévase un Programa Educativo de inclusión financiera en colaboración con entidades financieras, entidades no financieras y organismos nacionales y participación del Ministerio de Educación, destinado al personal del Estado y público en general para favorecer el desarrollo de las capacidades y la salud financiera de todas los ciudadanos", marca el artículo 14 del decreto.

En la provincia, el 33 % de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25 % de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.

El plan se estructura en cuatro ejes:

Reordenamiento del sistema de códigos de descuento a estatales mediante un reempadronamiento de entidades adheridas al esquema CUAD (Cuentas Unificadas de Aportes y Descuentos).

Nuevo límite para la afectación del salario, que pasa del 50% actual al 25 %.

Adecuación de las deudas vigentes a ese nuevo tope, ya sea mediante la refinanciación con el acreedor original a tasas más bajas o a través de la transferencia del saldo a otra entidad.

Habilitan a trabajadores públicos y privados líneas de crédito de menor costo para la consolidación de deudas.

Además, el Banco Solidario (dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano) activará medidas orientadas a sectores con ingresos irregulares o intermitentes, que suelen tener mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.

En el caso de privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios.

"El Comité de Expertos de la OIT sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha identificado que salarios adecuados y pagados puntualmente son esenciales para garantizar un trabajo decente y la justicia social, y tienen un efecto muy directo y tangible en la vida cotidiana de los trabajadores", expresa el decreto en uno de sus considerandos.

Agrega que la protección de salarios representa un desafío importante en este contexto de sostenimiento de tasas de interés elevadas en términos reales, configurando un desafío adicional para nuestra región, en la medida en que encarece el crédito, desalienta la inversión productiva y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica, y agravando el deterioro del poder adquisitivo de las familias.

El decreto firmado por Maximiliano Pullaro y los ministros Olivares y Pablo Bastía tiene 22 artículos e invita a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa, empresas y sociedades del Estado Provincial a adoptar disposiciones similares que establezcan el límite de afectación de los haberes de sus agentes.

El decreto habilita al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública requerir a las entidades titulares de los códigos de descuento vigentes que cumplimenten una serie de requisitos.

En el artículo 3 se define que "el haber mensual sujeto a descuentos está constituido por el monto del haber bruto mensual una vez practicadas las deducciones en concepto de: retenciones obligatoriamente impuestas por las leyes; cuota sindical Ley 23551; servicio complementario IAPOS; en su caso medidas dispuestas en sede judicial; y créditos a favor de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo".

Aclara que a los fines de la determinación del haber mensual sujeto a descuento no se computarán asignaciones familiares, sueldo anual complementario, haberes extraordinarios adicionales o complementarios que se perciban por única vez, ni retroactividades por haberes devengados.

Establece que entidades que sean acreedoras de agentes que, a la fecha de vigencia de la norma, tengan una afectación en sus haberes superior al 25%, deben adherir al régimen y refinanciar el pago de las diferencias a la tasa pactada en la operación original bajo apercibimiento de quedar inhabilitadas para futuras operaciones.

En caso de que entidades no refinancien el pago de las diferencias, el Estado Provincial, puede garantizar la medida a través de un mecanismo de anticipo de haberes con consentimiento del agente.

También el decreto habilita al Ministro de Economía a suscribir convenios con el agente financiero de la Provincia y otras entidades para implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las de mercado, incluyendo bonificación y/o subsidio de tasa, destinadas a precancelar deudas por parte de agentes activos y pasivos del Estado Provincial, municipales, trabajadores del sector privado y trabajadores independientes que se excedan del tope establecido.

El decreto prevé conformar una Unidad de Gestión integrada por representantes de las secretaría de Finanzas, Recursos Humanos y Función Pública, Política Económica, Hacienda y API del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno para realizar el seguimiento del plan.

También para evaluar aspectos operativos del sistema de prestación de servicios de procesamientos de datos a terceros y del sistema de deducciones y códigos de descuentos, y realizar las propuestas de modificaciones y de definición de criterios necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto.

La Unidad de Gestión podrá requerir la colaboración de la Oficina de Defensa del Consumidor y/u otras áreas operativas de la Administración Provincial a fin de brindar asistencia en la verificación y control de las operaciones de créditos tendientes minimizar los riesgos asociados a la falta de educación financiera de los agentes usuarios.

El Litoral

El Gobierno de Santa Fe continúa profundizando su política de seguridad con eje en la profesionalización de las fuerzas policiales y el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal. En ese marco, durante esta semana se desarrolla en Rosario la capacitación internacional “Asesoría antidrogas orientada a perfilamiento de carga y bandas criminales transnacionales”.

La actividad está a cargo de especialistas de la Policía Nacional de Colombia y cuenta con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. 

La apertura tuvo lugar este lunes en la sede de Gobierno de Rosario y fue encabezada por los secretarios de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y de Seguridad Pública, Omar Pereira.

La capacitación reúne a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), áreas de Análisis de Inteligencia Criminal, Guardia Provincial y otras fuerzas de seguridad, con el objetivo de incorporar herramientas para combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al delito transnacional. 

Santantino destacó que este tipo de instancias representan “una oportunidad única para seguir construyendo una carrera policial dentro de la Policía de Santa Fe, cada vez más moderna y con un fuerte eje en la profesionalización de sus funcionarios”. 

Además, valoró el trabajo articulado con la Embajada de Estados Unidos: “El vínculo que hemos logrado con INL nos permitió avanzar primero en capacitaciones a distancia y ahora en instancias presenciales, mucho más enriquecedoras, con una mirada de futuro que creemos que los santafesinos nos merecemos”.

La “Asesoría antidrogas orientada a perfilamiento de carga y bandas criminales transnacionales” se desarrolla desde este lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo en el Salón Walsh de la sede de Gobierno en Rosario.

La agenda incluye además la visita del agregado diplomático estadounidense Tim McNally, quien jueves y viernes mantendrá reuniones con autoridades provinciales y recorrerá distintos dispositivos vinculados a la seguridad pública, entre ellos la Central OJO, la Estación Policial Centro de Rosario y la obra de la cárcel de máxima seguridad “El Infierno”, en Piñero.

McNally también participará del acto de cierre y de la entrega de diplomas a los agentes que forman parte de la capacitación.

Se puso en marcha la realización del nuevo centro de capacitación y entrenamiento para bomberos, una obra sin precedentes que constituye un reconocimiento genuino a la valentía, compromiso y dedicación de miles de voluntarios santafesinos.Ante el inicio de los primeros trabajos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, expresó: “La Provincia de Santa Fe tiene a los voluntarios más preparados de la República Argentina, y este centro será uno de los mejores del país. Sus espacios estarán dotados con equipamiento de calidad y posibilitarán la ejercitación, la planificación y capacitación para dar respuestas a distintas emergencias que podrían presentarse”.

“Estamos convencidos de que cada recurso que destina el gobierno de la provincia a las asociaciones o cuarteles de bomberos es una inversión que tiene un impacto muy importante en cada una de las comunidades”, explicó Enrico.

“Este nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento designado para la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, contará con más de 21.000 metros cuadrados intervenidos que, entre otras dependencias, tendrá 15 playones de hormigón para simulaciones y entrenamiento”, concluyó.

Desde la Secretaría de Obras Públicas precisaron que, por un lado, la empresa a cargo de la obra, VFM S.A, ya trabaja en la colocación de insertos metálicos, troncos y recalce en columnas redondas, así como en las vigas de fundación para el edificio institucional. Por otro lado, la firma comenzó también con el destape, nivelación y relleno de terreno para los playones de hormigón. Estos primeros trabajos marcan un paso importante para el fortalecimiento del cuerpo de Bomberos, especialmente en una ciudad con una fuerte tradición bomberil como es Gálvez. Para la construcción de este moderno centro de entrenamiento, el Gobierno Provincial realiza una inversión que supera los 5.600 millones de pesos.

El centro contará con: 

La construcción adoptará un sistema tradicional racionalizado, con mamposterías de bloques cerámicos y refuerzos de hormigón armado, cubiertas livianas y revoques húmedos. Para cubiertas y galerías se prevé el uso de estructuras metálicas.

Además de los bomberos santafesinos, se espera que el centro pueda ser utilizado por otras asociaciones de bomberos del país para su entrenamiento y capacitación.

En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento, destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.La medida fue informada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro a través de su cuenta en X, y se instrumentará mediante la Administración Provincial de Impuestos (API). El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal.

X Maximiliano Pullaro 

 “En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, afirmó el mandatario. En ese sentido, remarcó: “Este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.Pullaro recordó además que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

El programa contempla:

La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la Provincia viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

 Plan A Está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular. 

Plan BPara quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5 %; y hasta 36 cuotas con un interés del 2 %. Plan CEs para grandes contribuyentes y podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75 %; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 %.Plan D Alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5 % mensual en seis cuotas; del 1,5 % hasta 12 cuotas; y del 3 % para planes de hasta 36 cuotas. 

Plan E Incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0 % de interés mensual.La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ya invirtió durante 2026 más de $ 18.000 millones en obras y acciones preventivas destinadas a reducir el impacto de emergencias hídricas en distintas localidades del territorio santafesino.Los trabajos incluyen obras de infraestructura, limpieza y reacondicionamiento de canales, intervenciones en alcantarillas, mejoras en caminos rurales y optimización de sistemas de desagüe, entre otras tareas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extraordinarios.Estas acciones se articulan de manera interministerial entre las áreas de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo, de Gobierno e Igualdad y de Desarrollo Humano, con el objetivo de coordinar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia.En lo que va del año, el gobierno de Maximiliano Pullaro destinó $ 13.999.014.005 a obras ejecutadas mediante licitación pública; $ 2.123.469.166 a convenios con municipios y comunas; y otros $ 2.756.781.150 a obras especiales. En total, la inversión alcanza los $ 18.879.264.719.

Desde el inicio de la gestión de Pullaro, la Provincia lleva invertidos más de $ 75.000 millones en obras hídricas estratégicas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua, reducir riesgos y fortalecer la gestión territorial de los recursos hídricos.Las intervenciones contemplan obras estructurales de gran escala, como canalizaciones, defensas y reacondicionamiento de sistemas hídricos estratégicos en distintos puntos de la provincia.

Las tareas forman parte del Plan Estratégico de Gestión Institucional, que establece las condiciones operativas y técnicas necesarias para avanzar en políticas sostenidas de prevención y manejo hídrico. El programa incluye fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas, incorporación de nuevas tecnologías, mejora continua de procesos, generación de instrumentos de gestión y creación de espacios participativos.

En paralelo, a través de convenios de administración delegada con municipios, comunas y comités de cuenca, la Provincia destinó más de $ 8.000 millones para intervenciones locales. Este esquema permite acelerar la ejecución de obras y optimizar la respuesta ante problemáticas específicas de cada región, al tiempo que fortalece la articulación con los gobiernos territoriales.

Además, los comités de cuenca continúan desempeñando un papel central en el sostenimiento del sistema hídrico provincial. En ese marco, se ejecuta una inversión cercana a los $ 14.500 millones, financiada mediante las tasas abonadas por productores agropecuarios. Los recursos se destinan principalmente al mantenimiento, limpieza y mejora de la red secundaria y terciaria de canales.

La provincia de Santa Fe fue sede de la primera reunión de la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026, organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). El objetivo fue analizar la situación actual, revisar antecedentes y evaluar el posible impacto del fenómeno en las provincias de la Cuenca del Plata.

Del encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de la capital provincial, participaron el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo; el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; y representantes de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, además de otras autoridades nacionales y provinciales.

Tras la reunión, Escajadillo destacó la importancia de la jornada y agradeció a la AFE por haber elegido a Santa Fe como sede inicial de estos encuentros con las provincias que podrían verse afectadas por el fenómeno: “Tenemos que prepararnos, aunque todavía no sabemos cuál será su intensidad”, afirmó.El funcionario remarcó que el Gobierno Provincial ya trabaja sobre esta hipótesis de riesgo y explicó que se solicitó a municipios y comunas la actualización de sus planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer la articulación local.

En relación con el contenido del encuentro, Escajadillo precisó que se abordaron las tormentas recientes y los fenómenos convectivos, con la intención de avanzar hacia un protocolo único de actuación junto al Gobierno nacional. “La idea es optimizar recursos para brindar una respuesta más rápida y eficaz a los damnificados”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, subrayó la importancia de una mirada regional. Explicó que, en el marco del Consejo Federal, se decidió convocar a las provincias de la Cuenca del Plata ante la probabilidad de un año Niño, aunque aún sin precisiones sobre su magnitud.

“Estamos ante un proceso en formación. Probablemente en primavera tengamos mayor claridad”, indicó. En ese sentido, detalló que uno de los ejes del encuentro fue planificar distintos escenarios y coordinar la respuesta entre organismos nacionales y jurisdicciones provinciales, afirmó el funcionario

Hardie agregó que se realizó un diagnóstico de la situación meteorológica actual, marcada por precipitaciones intensas y suelos saturados. “Necesitamos un invierno con menores lluvias para que, si el fenómeno se consolida hacia agosto o septiembre, no encuentre condiciones tan críticas”, advirtió.

Finalmente, adelantó que la próxima reunión podría realizarse en junio, en Corrientes, con el objetivo de relevar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales evacuaciones, afectación de rutas o pérdidas productivas. “Estamos hablando tanto de producción como de la población”, concluyó.

En la sede gubernamental de Rosario, las autoridades del Gobierno Provincial, entre ellas, el gobernador Maximiliano Pullaro junto a los ministros Lisandro Enrico, de Obras Públicas; , Gustavo Puccini, de Desarrollo Productivo, y Pablo Olivares, de Economía, lograron un punto de encuentro y equilibrio con los intendentes de las ciudades interesadas, en el marco de una nueva reunión para tratar la propuesta oficial hacia un sistema planificado y moderno para mejorar las rutas. 

Además, la reunión contó con el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, y demás representantes de la entidad.

Por su parte, los intendentes y presidentes comunales que dijeron presente en la reunión fueron: Leonardo Raimundo, de San Lorenzo; Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Antonio Fiorenza, de Timbúes; Daniel Tonelli, de Arroyo Seco; Carlos Pighín, de Alvear; y Natalia Giovacchini, la vicepresidenta de General Lagos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “la idea central fue lograr un acuerdo para unificar un circuito de ingreso por rutas a los puertos. Esta propuesta de la Provincia tiene en un horizonte cercano comenzar a trabajar en pos de recuperar la infraestructura vial, y a su vez, desarrollar un plan de obras con la intencionalidad de propiciar una circulación segura y ordenada para la gran cantidad de camiones que ingresan a la zona de puertos”. 

“Por campaña de cosecha, tenemos alrededor de 2 millones de camiones que ingresan a los puertos, un cúmulo de tránsito pesado que es procedente de 13 provincias, y no solo es toda una actividad que posibilita sostener a miles de fuentes de trabajo del país, sino también que consolidan un eslabón clave para la salida de la producción nacional hacia el exterior”, agregó Enrico.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini remarcó: “Estamos construyendo una política de Estado en materia logística, que no se agota en este mandato y que tiene que sostenerse en los próximos gobiernos, con consenso, por eso trabajamos con cada actor para lograr que el Circuito de Ingresos a Puertos sea convalidado y fruto de un gran acuerdo. Todos coincidimos en que los caminos por los que la producción llega a los puertos no pueden estar en este estado”.

 “Por nuestros puertos sale el 80 % de la producción nacional de granos, y eso exige una mirada integral que incluya infraestructura acorde, servicios de calidad, normativa clara y gestión conjunta. Ordenar este sistema, generar un cobro único y que los fondos tengan un destino específico es dar previsibilidad a futuro. Cada kilómetro que mejora su infraestructura, es tiempo que le reducimos a los privados y es ganancia en materia de competitividad”, recordó Puccini.

“Lo primero que se debe informar del tema es que la reunión generó conclusiones positivas y el consenso fue en buen tono, con buena predisposición de cada una de las partes. Lo más destacado es que todos los presentes coincidimos en que es el momento de dar una vuelta de página con este tema e ir hacia un circuito portuario moderno, que tenga un plan de obras progresivo en plazos, que minimice los problemas ambientales y los cascos urbanos que se le generan a las ciudades que son atravesadas por rutas portuarias”, señaló Enrico.

Finalmente, concluyó: “Estamos ante la oportunidad de poder organizarnos y trabajar conjuntamente, para mejorar la circulación en esas rutas y darle mayor agilidad al transporte. Es el momento de comenzar un camino de obras, porque realmente se las necesita; hoy es una travesía muy riesgosa poder llegar a los puertos. Tenemos que hacer todo lo que está postergado, como rotondas, puentes, doble carriles, y por supuesto un mantenimiento general de todas esas obras. Por eso, la reunión fue muy buena, todos salimos con el compromiso de unir esfuerzos para que en poco tiempo se pueda elevar un proyecto de ley a la Legislatura que sea analizado y pueda plasmar cada uno de los puntos que son necesarios para lograr el nuevo circuito de ingreso a los puertos”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles una serie de inauguraciones y recorridas en el departamento 9 de Julio, donde el Gobierno Provincial ejecuta obras de infraestructura educativa por más de 1.170 millones de pesos. Las intervenciones incluyen la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y mejoras en establecimientos de nivel inicial y secundario, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.En ese marco, Pullaro dejó inaugurado el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 749, en la localidad de Gregoria Pérez de Denis, y un aula en la Escuela de Educación Secundaria Nº 949 de Santa Margarita, ejecutada mediante el programa “Mil Aulas”, con una inversión de 40 millones de pesos. 

“Para mejorar la calidad educativa es fundamental que los niños, niñas y adolescentes estén en espacios adecuados. Hoy el norte santafesino está priorizado”, sostuvo el gobernador. Y añadió: “Invertimos para garantizar igualdad de oportunidades en cada región, de modo que todos los estudiantes puedan aprender en las mismas condiciones”.

El mandatario remarcó que la política educativa provincial se apoya en tres ejes: la construcción de nuevas escuelas, la ampliación de la infraestructura existente y el mantenimiento edilicio. 

“Estamos construyendo 54 nuevas escuelas; con el programa Mil Aulas ampliamos la capacidad de los establecimientos y, a través de los Fondos de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI), atendemos las demandas urgentes. Solo en 9 de Julio ya intervenimos en 150 edificios escolares”, detalló.En esa línea, durante la jornada también se entregó a la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 501 de Los Saladillos un aporte FANI de 14.750.000 pesos para el cerramiento lateral de su tinglado.

El flamante edificio del Jardín de Infantes Nº 749 cuenta con una superficie de 547 metros cuadrados cubiertos e incluye hall de ingreso, salón de usos múltiples, tres salas, sanitarios -incluidos espacios adaptados-, área de gobierno, cocina, sector técnico y depósito. La obra demandó una inversión de 1.133.167.606,67 pesos.

El director del establecimiento, Miguel Rodríguez, destacó que “la inauguración de un edificio propio para el nivel inicial fortalece las bases del sistema educativo”, mientras que el presidente comunal Marcelo Furlán subrayó que el espacio “no solo implica infraestructura, sino también contención y desarrollo para los más pequeños”.

Durante la jornada, Pullaro también visitó las localidades de Villa Minetti y Gato Colorado, donde tomó contacto con autoridades locales y supervisó distintas acciones vinculadas a la gestión provincial.En Villa Minetti, además, entregó a los Bomberos Voluntarios una camioneta Toyota Hilux recuperada del delito a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en reconocimiento al trabajo realizado durante la reciente emergencia hídrica en la región.