El presidente Javier Milei remitió el miércoles 21 de abril de 2026 al Congreso el esperado proyecto de Reforma Integral Electoral. Este paso se produce en el marco de la creciente relevancia de la Mesa Política, un grupo reducido de funcionarios cercanos al mandatario que se encarga de coordinar las estrategias del oficialismo en el Congreso.

La reunión de la Mesa Política, prevista para este viernes, tendrá como objetivo ajustar las estrategias parlamentarias para asegurar el apoyo necesario para la reforma. La iniciativa incluye varios cambios clave, como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un cambio profundo en el sistema político argentino que apunta a modificar la Ley de Partidos Políticos, fortalecer los requisitos de afiliación y modificar el financiamiento de la política.

La Mesa Política ya ha mantenido varios encuentros previos, con la presencia de Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y otros funcionarios clave como Santiago Caputo y Manuel Adorni, quienes se encargan de consolidar la agenda oficialista.

La reforma electoral es uno de los temas más destacados y se espera que sea un tema central de discusión durante esta nueva reunión. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la eliminación de las PASO, lo que podría alterar significativamente el sistema político y electoral del país.

La reforma también incluye el concepto de “Ficha Limpia”, que impide que personas con condenas por delitos dolosos sean candidatos, lo que ha generado debates en diferentes sectores del oficialismo y la oposición.

El enfoque del gobierno es generar una agenda que permita alinear los intereses de la sociedad con los de la política, una tarea en la que se han enfocado especialmente durante las últimas semanas. Sin embargo, la cuestión del financiamiento sigue siendo un tema de conversación importante, especialmente ante las tensiones internas dentro de los bloques aliados.

Pasó el fin de semana largo y la quietud en la Casa Rosada se diluyó, pese al viaje de Javier Milei a Washington para participar del primer encuentro del organismo de seguridad y mediación internacional que conformó Donald Trump -denominado Board of Peace- junto a países, que además de la Argentina, tiene como integrantes a Egipto, Marruecos, Arabia Saudita, Paraguay, El Salvador y Hungría, entre otros.

Previo a volar a EEUU, el jefe de Estado firmó el decreto que extiende un día más el período de sesiones extraordinarias (hasta el 28 de febrero) con el objetivo de que alcancen los tiempos para emitir el dictamen y el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara baja. El Poder Ejecutivo Nacional agregó otro proyecto que indefectiblemente será debatido en las Ordinarias que comienzan en marzo. Se trata del financiamiento universitario.

En las cuatro jornadas del feriado, a la administración libertaria no le quedó otra opción que retirar el artículo 44 de la Reforma Laboral -que obtuvo media sanción en el Senado- referido a las licencias médicas. El operativo para presentarlo así –y con tratamiento exprés en comisiones de Diputados- fue el resultado de negociaciones, más allá de las contradicciones en las incurrieron la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, y el legislador mendocino, Luis Petri, ambos ex integrantes de la fórmula presidencial del PRO que fue derrotada por LLA en 2023.

La primera había dicho que el capítulo era producto de un error técnico que derivó del haber “tomado la estructura de la vieja ley”. Por el contrario, el otrora ministro de Defensa expresó que el punto fue agregado en la discusión por un senador del que no dio el nombre. En esta circunstancia, si es votada a favor en la Cámara baja, la normativa deberá volver con la modificación al hemiciclo senatorial.

Vale decir que el tratamiento de la Modernización Laboral en el Congreso esta semana se viene enturbiando por varias cuestiones. En primer lugar, el paro general que confirmó la Confederación General del Trabajo y el cierre de la empresa Fate que dejará a más de novecientos trabajadores desocupados.

En la Casa Rosada infieren que hay algún tipo de conciliábulo de parte de ‘los Gordos’ cegetistas y el titular de la firma que da por finalizada su actividad, Javier Madanes Quintanilla. La sospecha del complot buscó ser instalada por el propio presidente de la Nación al postear un: “Conspiranoico yo? Fin.”.

A la vez, Milei se respaldó en el tuiteo de un asiduo visitante de Balcarce 50 que fue asesor del ex mandatario Alberto Fernández hasta que Sergio Massa lo hizo caer en desgracia por supuestas filtraciones a la prensa que lo perjudicaban en su gestión al frente del Palacio de Hacienda. Nos referimos a Antonio Aracre, quien sugirió un “principio de revelación” al reflotar una declaración del CEO de Aluar-Fate Company en la que se quejaba de la situación de las pequeñas y medianas empresas y manifestaba que “no hay que aguantar, hay que atacar”.

Antes de partir hacia EEUU, el primer magistrado recibió en la Residencia de Olivos a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, y más allá de que se trataba de una reunión acordada de antemano, el tema de la compañía de neumáticos ocupó la mayoría de la charla.

Rápidamente, las usinas comunicacionales del planeta libertario se activaron para afincar la idea del conjuro intentando no poner en riesgo la sesión de este jueves en el Parlamento. La novedad es la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor, que en un principio no iba a acompañar la medida.

En la sede ejecutiva nacional un asesor presidencial del ala norte de la Casa de Gobierno reiteró su latiguillo: “Que hagan los paros que quieran y marchen, así se exponen y la gente recuerda quienes son los que tienen sometido al país hace más de 70 años”.

En el sector sur de la Rosada dejaron trascender que, “lo de los sindicalistas es un acting”, porque ellos “ya se quedaron con lo que querían; mantener la cuota solidaria que le roban a sus representados… ¡a los que quieren que los representen y a los que no! ¡O sea, la quieren toda!”, espetó enojado el colaborador de Santiago Caputo que supo tener varios encuentros con los caciques gremiales al comienzo de la actual gestión.

Un funcionario que responde a Karina Milei le mencionó a El Litoral -en torno a la noción confabuladora- que “patronales y burócratas sindicales son lo mismo. Revisá la historia y vas a ver. Siempre se juntaron para joder al que labura. Por qué ahora no habría que pensar que están viendo un fallido sentido de oportunidad para hacer lo que hacen; llamar a una huelga y cerrar una empresa emblemática buscando generar un clima desestabilizante. ¡Vamos! Ya todos conocemos el modus operandi de estos tipos. Es algo que hicieron con todo gobierno que no tranzara con ellos ¡basta!”, concluyó encolerizado el ataviado hombre con despacho en el histórico edificio del PEN. Sin solución de continuidad, y tras los movimientos que se vieron en los despachos, pasillos, galerías y patios internos del centro neurálgico de la política argentina, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto de Fate.

De esta manera, la aceitada maquinaria administrativa de La Libertad Avanza pretende desactivar, como ha hecho en otras oportunidades, situaciones complejas a la hora de accionar con legislaciones que, en un principio, parecen ser de difícil aprobación por considerárselas impopulares.

Más allá de las especulaciones de propios y extraños, hay que decir que no son pocos los que especulan con que la potencial salida de la nueva legislación en el mundo del trabajo no va a disminuir el grado de litigiosidad, sino que por el contrario la va a incrementar.

Los técnicos libertarios lo niegan y también desestiman los últimos datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que indican que en relación a noviembre de 2023 cerraron casi 22 mil empresas y se perdieron más de 290.000 fuentes de empleo.

En el seno de la comandancia mileísta entienden que este fenómeno forma parte de la "reconversión" que se está produciendo y por la que "es imprescindible modernizar la relación entre empresarios locales e inversores extranjeros con quienes quieren trabajar", cerró una fuente oficial.

La IGJ reglamentó parte del DNU 70/23 para autorizar la transformación de los clubes en sociedades anónimas, pese al rechazo de la AFA. Dipuso que se permita el ingreso de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas, además de facilitar la entrada de fondos extranjeros.

El Gobierno dio un nuevo paso en uno de los proyectos que obsesionan al presidente Javier Milei: el ingreso de capitales privados en los clubes de fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Esta mañana la Inspeccion General de Justicia (IGJ) publicó una resolución en el Boletín Oficial para reglamentar partes del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero sigue vigente hasta que sea tratado por Diputados.

La IGJ dispuso que, de acuerdo a los artículos 346 y 347 del DNU, "debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas". Agrega que debe "simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”.

Se trata de la puerta de entrada de los capitales privados - y extranjeros- a la estructura societaria de los clubes, que en la Argentina funcionaron históricamente como sociedades civiles sin fines de lucro. El presidente Javier Milei viene haciendo campaña por este cambio, que también es impulsado por el exmandatario Mauricio Macri.

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Las promesas del Gobierno y el rechazo de la AFA

El Gobierno argumenta que la privatización de los clubes será algo "opcional" y dependerá de la decisión de los socios de cada entidad, al mismo tiempo que promete que la entrada de los capitales elevará el nivel de la liga local como sucede en Inglaterra. Sin embargo, elige hacerse el distraído con las cientos de experiencias fallidas de gerenciamiento privado en todo el mundo que llegaron con cantos de sirena y terminaron con el vaciamiento de los clubes.

La AFA rechaza la iniciativa y ya advirtió que su estatuto no permite la inscripción de otra figura que no sea la de las asociaciones civiles sin fines de lucro.

La Casa Rosada detalló que la resolución de la IGJ publicada hoy entrará en vigencia el 1° de noviembre, por lo que desde esa fecha los clubes podrían aprobar el ingreso de los capitales privados.(Página 12)