La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó las condiciones para operar con cuentas comitentes y estableció que los depósitos y retiros de dinero deberán realizarse exclusivamente mediante transferencias desde o hacia una cuenta bancaria.

La medida deja sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas, especialmente a las pymes, depositar cheques electrónicos (eCheq) directamente en cuentas radicadas en una Agente de Liquidación y Compensación (Alyc). Ese circuito había sido utilizado para evitar o reducir el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

La CNV justificó la decisión en la necesidad de asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, evitar rechazos vinculados con los cheques y fortalecer la trazabilidad y los controles de las operaciones.

Sin embargo, especialistas del mercado financiero relacionaron el cambio con la caída de la recaudación del impuesto al cheque.

El esquema había comenzado a funcionar en mayo, cuando la Resolución 1139 de la CNV habilitó el depósito de eCheq en cuentas comitentes sin límite.

Semanas después, la Resolución 1141 restringió la operatoria a dos eCheq por día y por cliente. Ahora, la CNV decidió eliminar completamente esa posibilidad como mecanismo de ingreso o retiro de fondos.

El circuito permitía que una pyme depositara un cheque directamente en una Alyc, sin que el dinero ingresara primero a una cuenta bancaria. De esa manera, podía evitar el 0,6% del impuesto al cheque.

Los fondos podían permanecer al menos un día en un fondo común de inversión, generalmente un money market, para luego ser retirados.

También existía una alternativa para utilizar el dinero directamente en operaciones comerciales. La empresa podía solicitar a la Alyc un eCheq, endosarlo y entregarlo a un proveedor, sin que los fondos pasaran por el sistema bancario.

Así, se podía evitar el impuesto tanto sobre el crédito como sobre el débito.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que, con la nueva disposición, las empresas que utilizaban este mecanismo ya no podrán hacerlo.

“Las pymes que utilizaban esto como una manera de hacer una inversión financiera por lo menos de un día y de evitarse pagar el total o al menos la mitad del impuesto, ya no tienen esa posibilidad. Tienen que depositar el cheque en su banco”, señaló.

Esto implica que los fondos deberán ingresar al circuito bancario y quedar alcanzados por el régimen tributario correspondiente.

La decisión también puede afectar el financiamiento disponible en el mercado de capitales, ya que parte de los fondos que anteriormente llegaban directamente a las Alyc deberán volver al sistema bancario.

La tributarista Elisabet Piacentini cuestionó la decisión y sostuvo que las pymes habían encontrado una alternativa legal para reducir el costo del impuesto.

Además, señaló que las empresas pueden recuperar parte de lo abonado mediante cargas sociales o anticipos de Ganancias, aunque ese mecanismo implica esperar para obtener la compensación.

Según Piacentini, existe una diferencia entre pagar el impuesto de manera inmediata y recuperarlo posteriormente, incluso con un plazo que puede extenderse durante meses.

De acuerdo con Domínguez, el nuevo esquema tendrá impacto sobre distintos actores. El Gobierno nacional incrementaría la recaudación del impuesto al cheque, mientras que las provincias y CABA podrían percibir mayores ingresos mediante mecanismos de recaudación de Ingresos Brutos, como el SIRCREB.

Los bancos también podrían beneficiarse por el retorno de fondos al sistema financiero y su posterior canalización hacia fondos comunes de inversión.

De esta manera, la nueva normativa pone fin, después de apenas cuatro meses, a un circuito que había permitido a las pymes reducir el impacto del impuesto al cheque mediante el uso de eCheq y cuentas comitentes, y las obliga nuevamente a canalizar estas operaciones a través del sistema bancario.

El Gobierno nacional estableció el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $383.800 mensuales desde septiembre de 2026 para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, con un esquema de aumentos escalonados que llevará el ingreso mínimo hasta $437.000 en abril de 2027.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

En el caso de trabajadores con jornadas inferiores a la legal, el salario deberá abonarse de manera proporcional.

La resolución fijó ocho valores mensuales consecutivos para el salario mínimo:

Los montos mensuales corresponden a trabajadores mensualizados con jornada completa, mientras que los valores horarios se aplican a quienes cobran por jornal.

La decisión del Ejecutivo llegó luego de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, realizada el 28 de agosto, donde representantes sindicales y empresarios no lograron alcanzar un consenso.

Según la resolución oficial, tras un “extenso intercambio de opiniones” no fue posible arribar a un acuerdo, por lo que correspondió al Gobierno establecer los nuevos valores mediante un laudo.

La CGT y las dos CTA habían rechazado la propuesta empresarial, que planteaba aumentos del 1,8% para septiembre y del 1,7% para los meses siguientes hasta abril.

La actualización del salario mínimo también modifica los valores de referencia para la Prestación por Desempleo.

El beneficio continuará calculándose como el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Además, tendrá límites vinculados al salario mínimo vigente:

Por lo tanto, los pisos y techos de la prestación se actualizarán automáticamente con cada aumento del salario mínimo hasta abril de 2027.

Analistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA señalaron que el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Según ese análisis, el ingreso mínimo pasó de un equivalente de $626.106 en noviembre de 2023 a $372.400 en julio de 2026 medido en términos reales.

En paralelo, el Gobierno abrió conversaciones para impulsar nuevas negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas, con la intención de que algunos salarios de convenio tengan un piso inicial cercano al millón de pesos brutos, aunque aclararon que se trató de intercambios informales.

La paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria volvió a terminar sin acuerdo y, como consecuencia, los gremios anunciaron un paro nacional de 24 horas para este miércoles. La oferta presentada por el Gobierno nacional, considerada insuficiente por las federaciones, contempla un incremento del 3% para septiembre y ratifica otro 3% para octubre, que ya estaba previsto en junio.

La reunión se realizó este martes al mediodía y la respuesta oficial quedó muy por debajo de esa demanda. Por eso, las federaciones que integran el Frente Gremial Universitario resolvieron avanzar con una medida de fuerza de 24 horas para este miércoles.

Desde Conadu Histórica -que nuclea a los docentes y tiene representación local en Adul- señalaron que los trabajadores universitarios arrastran una pérdida salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% a julio de este año. A esto se suma la inflación correspondiente a agosto. Las federaciones estiman que la deuda salarial acumulada equivale al valor de cuatro salarios completos de julio de 2026, sin actualizar, o tres salarios calculados a valores actuales.

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“Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, al finalizar la reunión.

El planteo sindical durante la negociación fue una recomposición de lo perdido y una garantía salarial hacia adelante, con actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañen la inflación.

Del mismo modo, desde la Fatun -del sector de los "no docentes"- también definieron "no aceptar esta propuesta por considerarla insuficiente e inaceptable". Y anunciaron una medida de fuerza para este 2 de septiembre.

Cabe recordar que el jueves 3 de septiembre sesionará el plenario del Consejo Universitario Nacional (CIN) -que reúne a los rectores de todo el país- que se realizará en Bariloche. De allí salir un pronunciamiento ante los más de 300 días de "incumplimiento" de la Ley de Financiamiento Universitario, aún luego del fallo de la Corte Suprema.

Desde el Ministerio de Capital Humano dieron otra lectura al encuentro. A través de un comunicado, informaron que se presentó una propuesta de incremento salarial del 6% para el próximo bimestre.

La oferta contempla un aumento del 3% sobre las remuneraciones correspondientes a septiembre y la ratificación de otro 3% para octubre, porcentaje que, según la cartera nacional, había sido acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio.

De esta manera, para el Gobierno la propuesta representa un incremento acumulado del 6% para el personal docente universitario durante el próximo bimestre.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con representantes de Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

“Luego de la exposición técnica por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, se exhortó a los presentes a que estas no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender”, sostuvo el comunicado.

El Gobierno también propuso retomar las negociaciones paritarias el próximo jueves 17 de septiembre. La fecha, sin embargo, queda planteada en un escenario de creciente conflictividad, con los gremios ya encaminados hacia un nuevo paro nacional.

El Gobierno nacional adjudicó los ocho tramos que conforman la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU26. La adjudicación se concretó mediante la Resolución 1379/2026, firmada este lunes por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Según informó Vialidad Nacional, esta etapa comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y forma parte del proceso mediante el cual se busca incorporar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos a un esquema de concesión.

El nuevo sistema contempla que el sector privado se encargue de la operación y el mantenimiento de las trazas viales, sin erogaciones del Estado Nacional.

De acuerdo con el organismo, por estas rutas circula aproximadamente el 80 % del tránsito del país, por lo que el objetivo es garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.

Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, con la intención de dejar atrás esquemas considerados deficitarios y avanzar hacia un sistema orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional.

La información relacionada con el proceso de concesiones se encuentra disponible y actualizada en el sitio web oficial de Vialidad Nacional, tanto para la ciudadanía como para las empresas interesadas.

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística.

La convocatoria será publicada este jueves en el Boletín Oficial y abarcará una red de 7.594 kilómetros distribuida en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y pasos internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Luis Caputo confirmó que las concesiones funcionarán bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversión obligatorios y posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos ferroviarios de determinada escala.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza”, anunció el ministro de Economía, quien sostuvo que el objetivo es incorporar capital privado y modificar la gestión actual del sistema.

Caputo agregó que quienes inviertan al menos US$ 200 millones en renovación de vías podrán acceder a los beneficios previstos en el RIGI.

La privatización fue incluida dentro del programa habilitado por la Ley Bases y contempla que el Estado conserve tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que los privados asumirán la operación, las inversiones y el riesgo empresario.

El esquema permitirá además que diferentes operadores utilicen la infraestructura ferroviaria bajo condiciones de acceso abierto. Los adjudicatarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años y podrán comprometer intervenciones adicionales.

El plazo de medio siglo fue definido para facilitar proyectos ferroviarios de gran escala, cuyos períodos de recuperación requieren horizontes de inversión más largos.

Uno de los puntos de mayor impacto provincial será la intervención destinada a eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe. El anuncio nacional contempla avanzar sobre ese problema dentro de las inversiones de la Línea Belgrano.

La Provincia había solicitado en junio que la finalización del Circunvalar Ferroviario santafesino fuera incorporada explícitamente a los pliegos de la privatización. El proyecto conecta el norte de Santo Tomé con Laguna Paiva y tenía un avance cercano al 70%, según informó el Gobierno provincial.

La obra apunta a evitar que los trenes de cargas atraviesen la capital provincial. El proyecto original contempla unos 60,5 kilómetros de vías y un nuevo puente ferroviario sobre el río Salado.

El Circunvalar fue diseñado para reducir de aproximadamente diez a dos horas el tiempo que demandan las formaciones entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, además de eliminar decenas de pasos a nivel dentro del área urbana.

La Provincia también propuso que los oferentes que se comprometan a acelerar esos trabajos reciban una valoración favorable durante el proceso de adjudicación.

Además del proyecto santafesino, el Gobierno nacional mencionó la recuperación de un ramal azucarero de la Línea Belgrano y trabajos sobre los corredores principales del San Martín y el Urquiza.

Los futuros concesionarios podrán adquirir locomotoras y vagones correspondientes a cada línea. El dinero obtenido mediante esas ventas y otros remates será destinado a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las obras obligatorias.

Caputo defendió el cambio de modelo al afirmar que, pese al crecimiento de la producción agropecuaria desde 1970, el sistema ferroviario de cargas moviliza actualmente menos volumen que entonces.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, sostuvo.

La Secretaría de Transporte señaló que, al comienzo de la actual gestión, Belgrano Cargas y Logística presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura, elevados niveles de descarrilamientos y dificultades para cumplir los programas de mantenimiento.

La licitación busca trasladar la inversión y operación a actores privados mientras Nación conserva las facultades regulatorias. El proceso formal comenzará con la publicación de la convocatoria y los respectivos pliegos.

El Gobierno nacional ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios docentes y no docentes para el próximo 1.º de septiembre, al tiempo que cuestionó el paro anunciado para este miércoles 12 de agosto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, calificó la protesta como una medida de “carácter político” y rechazó los planteos sindicales sobre una supuesta falta de discusión salarial.

Desde la cartera señalaron que la reunión paritaria fue fijada “conforme al cronograma oportunamente establecido” y aseguraron que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se actuó “en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia”.

“El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, sostuvo el comunicado oficial.

La medida de fuerza fue confirmada la semana pasada por distintas organizaciones docentes y no docentes y se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Entre los principales reclamos aparecen una recomposición salarial, el pago de una deuda que los sindicatos estiman en 28,5 % hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

También cuestionan la falta de envío de fondos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades y reclaman la transferencia de un incremento del 20 % previsto para ese concepto.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) confirmó su adhesión a la jornada, mientras que Conadu Histórica anticipó además una nueva medida de mayor duración.

El gremio anunció un paro nacional entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto, profundizando el plan de lucha mientras continúa la disputa con el Gobierno por salarios y financiamiento.

Así, el conflicto universitario volverá a tener este miércoles una jornada de protesta nacional, mientras el Ejecutivo mantiene para el 1.º de septiembre la próxima instancia formal de negociación paritaria.

Con consignas como “Las Malvinas son argentinas, el resto de nuestro territorio también” y “La tierra no se vende, se defiende”, organizaciones sociales y políticas se movilizaron este miércoles por la tarde en la Plaza 25 de Mayo de Rafaela para expresar su rechazo a las iniciativas legislativas que se debaten en el Congreso de la Nación.

La convocatoria se realizó en el marco de una jornada nacional impulsada por distintos espacios, que cuestionan el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advierten sobre modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

Según manifestaron los organizadores en la convocatoria, consideran que las propuestas favorecerían la extranjerización de tierras, limitarían la capacidad del Estado para intervenir en cuestiones de interés público y facilitarían desalojos y procesos de especulación inmobiliaria.

A través de publicaciones difundidas en redes sociales, distintos espacios expresaron además su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, al sostener que afectaría la soberanía sobre el territorio y los recursos estratégicos del país.

Tras la movilización realizada el miércoles, las organizaciones anunciaron una nueva convocatoria para este jueves 6 de agosto a las 17:30, nuevamente en la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio municipal.

La actividad fue presentada como una "Radio Abierta y Soberana", bajo la misma consigna de defensa de la soberanía nacional y del territorio argentino.

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional declarará un feriado en todo el país en caso de que la Selección Argentina decida realizar un festejo público por el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026.

La comunicación fue realizada luego de la derrota por 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium. A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a los futbolistas por la actuación desarrollada durante el torneo.

“Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina, siempre en lo alto”, expresó Milei.

Posteriormente, el presidente explicó que la fecha de la eventual jornada no laborable dependerá de la decisión que adopten los integrantes del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“En función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, indicó.

FESTEJO MUNDIALDada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

La posibilidad de una celebración masiva permanece supeditada a la voluntad de los futbolistas, quienes aún no confirmaron si participarán de un recibimiento abierto al público.

Desde el Gobierno se evaluaron diferentes alternativas para facilitar una eventual movilización de hinchas, entre ellas la declaración de un feriado nacional, un día no laborable o un asueto para la administración pública. También se analizaron posibles operativos de seguridad ante la posibilidad de que millones de personas se movilicen para acompañar a la delegación.

La organización quedó bajo la coordinación de Karina Milei, en conjunto con la Casa Militar y representantes de las fuerzas federales, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las opciones consideradas apareció la posibilidad de que los jugadores saluden a los hinchas desde la Casa Rosada, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el recorrido ni sobre la realización de la celebración.

Muchas gracias Jugadores...!!!Hasta el final con las botas puestas.Argentina siempre en lo alto.

La Asociación del Fútbol Argentino informó que el plantel no regresará completo al país. Algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

Entre quienes no formarían parte del regreso aparecen Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso.

Una parte de la delegación, integrada por jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal del seleccionado, tiene previsto arribar a la Argentina este lunes.

Esta situación genera incertidumbre sobre la posibilidad de realizar un recibimiento con todos los integrantes del equipo y podría modificar la planificación del Gobierno.

El Gobierno de Santa Fe reclamó a la Nación que amplíe el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la totalidad de las empresas que prestan servicios de transporte interurbano dentro de la provincia.

Actualmente, cerca del 25 % de los pasajes interurbanos se comercializa sin SUBE, una situación que impide que miles de pasajeros puedan acceder a los descuentos correspondientes a la Tarifa Social Federal.

El planteo fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde donde señalaron que la falta de cobertura genera diferencias incluso entre usuarios santafesinos que cumplen con los requisitos para obtener el beneficio.

El ministro Gustavo Puccini sostuvo que la Nación debe extender la red hasta alcanzar al conjunto de las empresas provinciales.

“Es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia”.

De acuerdo con los datos difundidos por la Provincia, durante uno de los últimos meses analizados se registraron 698.071 pasajes abonados sin SUBE, mientras que casi 1,9 millones de viajes fueron pagados mediante el sistema electrónico.

Quienes no disponen de SUBE tampoco pueden utilizar la Tarifa Social Federal, que permite a determinados grupos beneficiarios pagar solamente el 45 % del valor total del boleto.

“Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %. Es una desigualdad que Nación debe resolver”, expresó Puccini.

La diferencia queda reflejada en distintos recorridos provinciales. Una persona beneficiaria que viaja entre Rosario y San Lorenzo abona $2.328 por un pasaje cuyo precio completo es de $5.174.

En el departamento Castellanos, un usuario que se traslada entre Rafaela y Bella Italia debe pagar actualmente $3.260 si la empresa no cuenta con SUBE. Con la Tarifa Social, el valor se reduciría a $1.467.

Una situación similar se presenta en el norte santafesino. El viaje entre Las Toscas y Villa Guillermina cuesta $5.800, pero con el beneficio nacional descendería a $2.610.

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, indicó que la Provincia gestiona la incorporación de SUBE en las 30 empresas interurbanas que todavía permanecen fuera de la red.

La funcionaria afirmó que la falta de acceso al sistema electrónico representa una barrera tecnológica y administrativa que perjudica directamente a los pasajeros de menores ingresos.

“Queremos que todos los usuarios tengan acceso a la Tarifa Social y a un esquema de financiamiento justo. Hoy quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver”.

El reclamo también fue enmarcado en la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que obligó a las provincias a destinar una mayor cantidad de recursos propios para sostener sus sistemas de transporte.

Desde el Gobierno santafesino cuestionaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires mantenga la cobertura total de SUBE y el acceso automático a la Tarifa Social, mientras numerosas localidades del interior continúan fuera del sistema.

Según la información provincial, desde 2024 Santa Fe aportó $706.761 millones mediante el impuesto a los combustibles. De esa suma regresaron al territorio santafesino alrededor de $133.000 millones, equivalentes al 19 %, y ninguno de esos fondos habría sido destinado al transporte de pasajeros.

“De cada 100 pesos que los santafesinos aportan en impuestos a los combustibles, solo 19 vuelven a la provincia. No pedimos privilegios; reclamamos un federalismo real y equitativo”, manifestó Puccini.

Ante la eliminación de la asistencia nacional, Santa Fe informó que destinó $193.039 millones de recursos provinciales para mantener el sistema de transporte y financiar el Boleto Educativo.

El Gobierno provincial aseguró que el pedido para incorporar a todas las empresas interurbanas a SUBE comenzó en enero de 2024, mediante reuniones con diferentes autoridades nacionales del área de Transporte.

Durante los últimos dos años se presentaron expedientes y se reiteraron las gestiones ante los sucesivos responsables nacionales, aunque, según indicaron desde la Provincia, hasta el momento no hubo respuestas concretas.

El objetivo del reclamo es que todos los santafesinos que reúnan los requisitos puedan acceder a la Tarifa Social, independientemente de la empresa o de la localidad desde la que realicen el viaje.

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo especial de seguridad ante la posibilidad de que integrantes de barras bravas argentinas viajen a Estados Unidos para presenciar la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.

El partido se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y, por tratarse de uno de los encuentros más convocantes y sensibles de la competencia, las autoridades argentinas decidieron intensificar el intercambio de información con los organismos de seguridad norteamericanos y británicos.

La estrategia incluye una reunión entre representantes del FBI, la Policía del estado de Georgia, la Policía de Miami y enlaces de las fuerzas de seguridad del Reino Unido. También participarán funcionarios argentinos especializados en la prevención de hechos violentos en espectáculos deportivos.

Del encuentro formarán parte el comisario mayor a cargo de la División de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Franco Berlín, responsable del programa Tribuna Segura.

Berlín se encuentra en Estados Unidos desde antes del comienzo de la Copa del Mundo y mantiene contactos con las autoridades locales cada vez que la Selección Argentina disputa un partido en una nueva sede.

Durante la reunión se analizarán las medidas que se aplicarán dentro y fuera del estadio. Entre las recomendaciones argentinas se encuentra el aumento de la presencia policial en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium, el refuerzo de los controles de acceso y la incorporación de una mayor cantidad de personal de seguridad privada.

El objetivo es detectar posibles situaciones de riesgo antes del ingreso de los espectadores y actuar con rapidez ante eventuales incidentes.

La preocupación del Gobierno aumentó luego de la aparición de publicaciones en redes sociales que promovían el viaje de barras argentinos para asistir al encuentro frente a Inglaterra.

Ante ese escenario, las autoridades dispusieron el nivel de alerta máxima del sistema denominado “Alerta Halcón”, una herramienta que permite advertir cuando una persona incluida en el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión abandona el territorio argentino.

El mecanismo funciona de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

Hasta el momento, cuando una persona alcanzada por el derecho de admisión salía del país, la decisión sobre autorizar o rechazar su entrada a Estados Unidos quedaba exclusivamente en manos de las autoridades norteamericanas.

Para la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el procedimiento contará con un seguimiento especial. Cada vez que una persona incluida en la base de datos deje el país, se emitirá una notificación automática.

La alerta será recibida por Franco Berlín, quien pondrá la información a disposición de los organismos de seguridad estadounidenses. De esa manera, las autoridades locales podrán saber que el viajero tiene restricciones para ingresar a estadios en la Argentina.

La medida no representa una prohibición automática de ingreso a Estados Unidos ni impide por sí sola la asistencia al partido. La resolución final dependerá de las autoridades migratorias y de seguridad norteamericanas, que analizarán cada situación en particular.

El Gobierno argentino entregó a Estados Unidos una nómina de aproximadamente 35.000 personas alcanzadas por diferentes restricciones en el país.

La base de datos incluye a integrantes de barras bravas, personas con antecedentes penales y ciudadanos registrados como deudores de cuotas alimentarias.

Entre los clubes con mayor cantidad de personas incorporadas al registro aparecen Boca Juniors, con 59 casos; San Lorenzo, con 55; Almirante Brown, con 40; Independiente, con 39; Vélez, con 16; Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 15 cada uno. También figuran River Plate y All Boys, con 10 personas; Racing, con cuatro; Godoy Cruz y Huracán, con tres; y Platense, con una.

La información fue compartida con las autoridades estadounidenses para que puedan realizar evaluaciones preventivas antes y durante el partido.

Entre las personas alcanzadas por el derecho de admisión aparecen integrantes de La 12, la barra de Boca Juniors, como Rafael Di Zeo, Carlos “Skelethor” Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger. También fueron incluidos miembros de Los Borrachos del Tablón, la barra de River Plate, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera.

La presencia de una persona en este listado no determina automáticamente su inadmisión en territorio estadounidense. Sin embargo, funciona como un antecedente que puede ser tenido en cuenta por las autoridades al momento de resolver su entrada al país o al estadio.

El dispositivo de seguridad también contempla la incorporación al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión de quienes generen disturbios durante el partido. La sanción podrá aplicarse a espectadores que participen en enfrentamientos, provoquen daños o alteren el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

El objetivo es que las consecuencias de un eventual incidente en Estados Unidos también tengan efecto sobre el acceso de esas personas a los estadios argentinos.

La preocupación oficial tiene relación con situaciones registradas en anteriores Copas del Mundo.

Durante Qatar 2022, con el avance de la competencia, comenzaron a observarse en las tribunas integrantes de barras e hinchas identificados con distintos clubes argentinos. En ese momento también circularon versiones sobre un supuesto financiamiento para facilitar algunos viajes, aunque no hubo confirmaciones oficiales.

Un antecedente más grave ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella oportunidad, la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas organizó el traslado de barras de diferentes instituciones del fútbol nacional.

El operativo terminó con varios de sus integrantes deportados por las autoridades sudafricanas.

La combinación de antecedentes, publicaciones en redes sociales y la magnitud del partido llevó al Gobierno argentino a reforzar los controles.

La coordinación internacional continuará durante las horas previas al encuentro y se extenderá hasta la salida de los espectadores del estadio.

La prioridad será impedir el ingreso de personas consideradas potencialmente conflictivas, prevenir enfrentamientos entre hinchas y garantizar que la semifinal entre Argentina e Inglaterra se desarrolle sin incidentes.

El gobernador Maximiliano Pullaro definió como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno nacional y con el presidente Javier Milei. A 24 horas de reunirse con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y consultado por la prensa después de los actos por la Independencia en la ciudad de Rafaela, el mandatario santafesino admitió que hubo temas que lo "han diferenciado del gobierno central en algunos momentos", pero insistió en calificar como "bueno y correcto" su vínculo con el Jefe de Estado.

"Me he diferenciado en algunos momentos por defender a la provincia de Santa Fe – dijo Pullaro-. Tal vez cuando se quisieron aumentar las retenciones nos tuvieron a nosotros parados (enfrente) defendiendo al campo. Lo mismo – recordó-, cuando quisieron golpear a la industria. Pero después, coincidimos en muchas cosas".

En el plano de las "coincidencias", Pullaro mencionó "el equilibrio fiscal y la baja de la inflación". Y bregó porque "el esfuerzo que se hace para acomodar la macroeconomía también pueda empezar a llegar a la gente y que podamos tener un modelo mucho más productivo que financiero". "Si tuviéramos un modelo que apueste fundamentalmente a la producción y a la generación de empleo y trabajo; si fundamentalmente se reinvirtieran los recursos que salen de este interior productivo para que no queden sólo en el conurbano, podríamos mostrar que somos un país mucho más federal", planteó Pullaro. Y enfatizó que "el diálogo con el gobierno central pasa por defender a Santa Fe pero desde el acompañamiento, porque queremos que Argentina se ponga de pie".

En términos generales, opinó que "tanto la política nacional como provincial y en cada una de las localidades tenemos mucho que mejorar y corregir".

El gobernador también fue consultado sobre la reforma electoral que se plantea en la provincia. Como se sabe, el oficialismo ingresó la semana pasada dos proyectos a la Legislatura: uno es promovido por el radicalismo y el otro, por los diputados socialistas. Además, ya tienen estado parlamentario otras dos iniciativas sobre la materia que impulsan distintos sectores del Justicialismo, y uno presentado por el Frente Amplio por la Soberanía.

Indagado sobre el particular y sobre la eliminación de las elecciones primarias que se propone a nivel nacional, Pullaro separó los escenarios. Recordó que en la provincia, "hay cinco proyectos (de reforma electoral) que se están evaluando y ninguno – aclaró- plantea la derogación de las PASO".

Sobre la reforma electoral provincial, dejó en claro que el tema será resuelto "por la Legislatura", y adelantó que promulgará la versión de ley que se termine sancionando.

"Voy a promulgar la ley que salga de la Legislatura santafesina, como lo he hecho con todas las leyes. Con algunas estaba 100% de acuerdo, con algunas menos de acuerdo, pero siempre respeté la división de poderes que hay en la provincia de Santa Fe. No veté ninguna ley – se jactó- y no veté ninguna parte de ninguna ley; ningún artículo".

En particular sobre la propuesta de derogación de las Paso a nivel nacional, Pullaro dijo que ése "es un debate que tienen que dar los partidos políticos del orden nacional. A veces – apuntó-, las PASO son costosas y en el orden nacional, no se han utilizado porque en reiteradas oportunidades hubo fuerzas que no compitieron contra nadie. Pero ése es un debate que lo tienen que dar los legisladores nacionales - insistió- y los partidos políticos de ese orden".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió este martes que existen sectores de la sociedad que “no están bien”, aunque sostuvo que la Argentina se encuentra en una situación mejor que la de diciembre de 2023.

Durante su segunda conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada, el funcionario defendió el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, pero reconoció que el impacto positivo todavía no llega de manera generalizada.

“Yo también escucho en mi entorno que hay personas que no están bien y es una realidad”, expresó Ravier.

En su análisis, el vocero remarcó que el Gobierno considera necesario sostener el camino de ordenamiento económico, apertura y desregulación.

“No estamos todavía en donde queremos estar. Este es el camino de ordenar la macro, de tener una moneda sana, de abrir la economía, de desregular procesos para que el Estado deje de ser la máquina de impedir que ha sido en las últimas décadas, y tengamos un crecimiento, más exportaciones y desarrollo económico”, señaló.

Ravier también destacó el rol del interior del país y aseguró que el federalismo será clave para consolidar los resultados del programa oficial.

Pese a la defensa del rumbo económico, el funcionario admitió que no todos los argentinos perciben una mejora en su situación cotidiana.

“Está claro que no todo el mundo siente que está bien”, afirmó, al tiempo que reconoció que la administración libertaria tiene por delante “muchos desafíos”.

En esa línea, agregó: “Nos encantaría que sea generalizada la sensación que algunos tenemos, que muestran los datos también en términos genéricos de que estamos bien, pero bueno, falta”.

Ravier sostuvo que, desde la llegada de Milei al poder, el país atravesó una transformación económica significativa.

“Han pasado apenas dos años y medio. Ya es otra Argentina porque si vamos a datos de diciembre del 2023, como economista podría citar un centenar de indicadores, todos eran rojos, y hoy veo una situación mejor en muchos sentidos”, subrayó.

Además, se mostró optimista de cara al futuro y planteó que una eventual reelección del Presidente permitiría profundizar el plan oficial.

“Eventualmente, si el presidente Milei es reelecto hasta el 31, que creo que va a ocurrir, podamos fortalecer este plan de estabilización, sumado al proceso de regulación y a las inversiones en salud, en Capital Humano”, aseguró.

Finalmente, el vocero reconoció que el proceso requiere más tiempo del deseado: “Esperemos que la gente realmente perciba lo mismo, pero es un camino más largo de lo que todos quisiéramos”.

El sistema de los Registros del Automotor comenzó una nueva etapa de transformación en Argentina. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia puso en marcha un plan de reforma que apunta a digitalizar los trámites, reorganizar el funcionamiento de los registros y modificar la forma en que se calculan los aranceles.

El objetivo, según el Gobierno nacional, es avanzar hacia un modelo más simple, moderno y accesible para los ciudadanos.

La principal medida quedó plasmada en la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, mediante la cual se creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. La iniciativa busca profundizar el proceso de modernización que comenzó en 2024 y que tiene como eje la digitalización de los trámites vinculados a los vehículos.

Desde la cartera de Justicia sostienen que durante décadas el sistema registral fue acumulando una gran cantidad de trámites, formularios, procedimientos y requisitos que terminaron convirtiéndose en un esquema complejo tanto para los usuarios como para la propia administración. Esa situación, explican, incrementó los tiempos de gestión y los costos administrativos.

Según los fundamentos de la resolución, el nuevo plan pretende simplificar esos procesos mediante el uso de herramientas digitales, eliminando trámites innecesarios y favoreciendo una atención más ágil.

La reforma se apoya en distintas medidas adoptadas durante los últimos dos años. Entre ellas aparecen la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA), la eliminación de los límites territoriales que obligaban a realizar los trámites en un registro determinado y la puesta en funcionamiento del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y del Registro Único Virtual (RUV), que permiten avanzar hacia una gestión remota de diversos procedimientos.

El Gobierno considera que esas herramientas tecnológicas ya ofrecen condiciones suficientes de seguridad para continuar con la digitalización del sistema y, por ese motivo, entiende que también es necesario reorganizar la estructura física de los Registros Seccionales.

La resolución señala que el nuevo plan se desarrollará sobre tres ejes principales: la transformación digital del sistema registral, la evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales y la adecuación normativa necesaria para consolidar el nuevo modelo de funcionamiento.

Además, se aclara que estas etapas no necesariamente deberán implementarse una después de la otra, sino que podrán avanzar de manera simultánea según las necesidades técnicas y operativas de cada momento.

Otro de los objetivos planteados consiste en reducir progresivamente la dependencia del papel. Para ello, el Ministerio propone digitalizar el archivo documental existente para que los antecedentes registrales puedan consultarse de manera remota y formar parte de un sistema completamente digital.

Como parte de la implementación del plan, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá presentar en un plazo de 30 días un cronograma con las distintas etapas de ejecución, mientras que la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana será la autoridad encargada de supervisar el proceso.

Junto con la reorganización del sistema, el Ministerio de Justicia también aprobó un nuevo mecanismo para calcular los aranceles de los trámites registrales mediante la Resolución 308/2026.

La principal novedad es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá como referencia para determinar el valor de los distintos trámites que se realizan en los registros automotores.

Hasta ahora, el régimen contemplaba más de cien trámites con valores diferentes y mecanismos de cálculo particulares, lo que, según el Ministerio, dificultaba la administración del sistema. Con el nuevo esquema se busca unificar esos criterios y simplificar la determinación de los costos.

La resolución establece que el MRPA tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice que publica el Banco Central. Ese valor se actualizará automáticamente cada cuatro meses siguiendo la evolución de la UVA, con un sistema de redondeo para facilitar su aplicación.

Además, la Dirección Nacional contará con un plazo de veinte días para definir cómo se asignarán estos módulos a cada uno de los trámites registrales. Recién entonces se conocerá cuántos MRPA corresponderán a cada gestión específica.

La resolución también modifica el mecanismo mediante el cual se calculan las remuneraciones de los encargados de los Registros Seccionales, incorporando el nuevo módulo como referencia para determinar distintos conceptos económicos vinculados con la prestación del servicio.

Desde el Ministerio de Justicia aclararon que la implementación del nuevo sistema no implica un costo adicional para los usuarios, ya que el objetivo es ordenar y simplificar la estructura arancelaria vigente, sin generar una carga económica extra para quienes realizan trámites registrales.

La resolución dispone que la creación del MRPA y la elaboración del nuevo sistema de módulos entraron en vigencia al día siguiente de su dictado, mientras que el resto de las modificaciones comenzarán a regir desde el primer día hábil del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.

Con estas dos medidas, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema registral con mayor protagonismo de las herramientas digitales, menos trámites presenciales y una estructura administrativa más simple.

La implementación será gradual y requerirá nuevas reglamentaciones para definir cómo funcionarán en la práctica tanto la reorganización de los registros como el nuevo esquema de aranceles. Mientras tanto, quienes deban realizar trámites en el Registro Automotor continuarán utilizando el sistema vigente hasta que cada una de las etapas del plan entre formalmente en funcionamiento.

EL

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció este miércoles que fue “poco feliz” la frase que pronunció en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando sostuvo que, ante el aumento del gas, una familia podía optar por “abrigarse más” antes que prender la calefacción.

Tras la repercusión pública de sus dichos, el funcionario aclaró que no quiso expresar que quienes no puedan pagar el servicio deban “arreglarse” por su cuenta y defendió la política tarifaria del Gobierno nacional.

“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios. No fue esa la intención. Este Gobierno cuida a los más humildes”, señaló Ravier en declaraciones radiales.

El vocero explicó que su planteo buscaba remarcar que, cuando los usuarios pagan el costo real de un servicio, tienden a cuidar más el consumo.

“Si pagás el costo del gas por lo que vale, te cuidás un poquito más”, sostuvo, aunque admitió que no lo expresó “de la manera más afortunada”.

La controversia se originó el martes, durante su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, cuando Ravier defendió la actualización de tarifas de servicios públicos. En ese contexto, afirmó que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real, “alguien lo tiene que pagar”.

Luego, al referirse al impacto del aumento del gas durante el invierno, expresó: “Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”.

La frase generó cuestionamientos políticos y repercusión en redes sociales, en medio de la suba de tarifas y del debate por la quita o reducción de subsidios.

Este miércoles, Ravier buscó corregir el alcance de sus declaraciones y negó que el Gobierno esté desentendiéndose de quienes no pueden afrontar el pago del servicio. “No le estamos diciendo a aquel que no puede pagar el gas ‘abrigate o arreglate’. Ese no fue el mensaje”, afirmó.

En esa línea, puntualizó que el Poder Ejecutivo mantiene los subsidios para los sectores de menores ingresos y sostuvo que la administración nacional “cuida a los más humildes”.

Ravier también defendió los cambios en el esquema de subsidios y señaló que se eliminaron beneficios que, según el Gobierno, se habían extendido a sectores que no los necesitaban.

En particular, mencionó la revisión de subsidios vinculados a zonas frías, al sostener que fueron quitados en áreas consideradas templadas para volver al criterio original de la ley.

“Se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba”, indicó.

El vocero insistió en que la recomposición tarifaria forma parte del proceso de ordenamiento económico impulsado por el Gobierno nacional, aunque reconoció que su ejemplo sobre el uso del gas durante el invierno no fue el adecuado.

La Municipalidad de Rafaela decidió asumir con fondos propios la deuda de $385.000.000 que el Gobierno Nacional dejó de transferir para financiar los Certificados de Obra N° 13, 14 y 15 correspondientes a la infraestructura básica de 315 lotes en la zona Noroeste de la ciudad, obras terminadas desde fines de 2023. La medida se formalizó mediante el Decreto DFC-2026-832, firmado por el intendente Leonardo Viotti.

El incumplimiento se registró en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde la Municipalidad actuó como ejecutora de las obras y remitió los certificados de octubre, noviembre y diciembre de 2023 sin recibir los fondos correspondientes. Ante esta situación, el Municipio optó por pagar a la empresa contratista en tres cuotas de $128.333.333,33, evitando así un litigio que afectara a los vecinos.

El secretario de Infraestructura, Nicolás Asensio, enfatizó que “Rafaela cumplió con todo lo que le correspondía para que Nación girara los fondos. Licitamos, controlamos y certificamos. No hubo observaciones ni incumplimientos de nuestra parte. Ahora que Nación le pague a Rafaela”.

Las obras incluyen redes de agua, cloacas, energía eléctrica y apertura de calles, y son clave para garantizar el acceso a la tierra de cientos de familias. El intendente Viotti afirmó: “Esta es la diferencia entre un Estado que abandona y un Municipio que se hace cargo. Mientras Nación se borra, Rafaela paga, terminó las obras y defiende a su gente”.

El decreto también establece que el Municipio iniciará acciones legales de recupero contra la Nación por el incumplimiento en la transferencia de fondos.

Adrián Ravier tuvo su primera aparición pública como vocero presidencial en la Casa Rosada, en un contexto político marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El debut se dio en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio donde Adorni había realizado su primera conferencia como vocero, aunque habitualmente las ruedas de prensa se desarrollan en la Sala de Conferencias.

Ravier llegó acompañado por parte del equipo de comunicación del Gobierno y mantuvo una breve preparación previa antes de hablar durante unos 13 minutos ante la prensa acreditada.

En primera fila lo esperaba el nuevo secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, con quien se espera que trabaje de manera coordinada en la estrategia comunicacional del oficialismo.

El flamante vocero anunció que las conferencias serán semanales, todos los martes a las 11, y que su rol se concentrará en cuestiones de gestión, al menos en una primera etapa. Incluso no se descarta la participación ocasional de ministros para ampliar información.

Durante su presentación, Ravier abrió con una mención a la situación humanitaria en Venezuela y luego desarrolló un discurso centrado en su trayectoria personal y en los lineamientos de su futura gestión.

Uno de los ejes centrales fue su postura respecto del rol institucional: afirmó que no intervendrá en asuntos de otros poderes del Estado ni en temas de política partidaria ajenos a la administración.

También dedicó un tramo de su exposición a su visión del periodismo, al que definió como un pilar de la democracia, y expresó su intención de construir una relación basada en la “objetividad, el espíritu crítico y la ecuanimidad”.

El debut del nuevo vocero se produjo en paralelo a una creciente incertidumbre sobre la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

En el Gobierno conviven distintas versiones sobre su futuro, mientras el avance de la causa judicial que lo involucra y las discusiones internas en la Casa Rosada alimentan la posibilidad de una eventual salida.

Incluso, en el entorno presidencial se analiza el impacto político de sus declaraciones recientes y la conveniencia de sostenerlo en el cargo en medio de la presión opositora.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó críticas fuertes para el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, marcando la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que Argentina volvió a endeudarse con él en 2018.

Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$ 1.050 millones al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción, destacando allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional, y apuntando además que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.

Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción y aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".

El reporte técnico añadió que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación", remarcando a su vez que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el stock la deuda pública se redujo 3,3 puntos durante mayo por la cancelación de deuda que realizó el Tesoro Nacional sobre pasivos del Banco Central.

“El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de US$22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p”, indicó Caputo en un posteo en redes sociales.

Caputo explicó que “esta cancelación se realizó por medio de dos operaciones: una recompra utilizando $18,4 billlones de las utilidades que el BCRA giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y otra utilizando el desembolso de aproximadamente US$1.000 millones realizado por el FMI en el marco de la segunda revisión del acuerdo”.

El Litoral

Luego del Tedeum por el 25 de mayo que dejó postales sobre  protagonistas de la interna libertaria, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.

El objetivo del presidente Javier Milei es volver a manejar la interna por carriles subterráneos, a diferencia de lo que sucedió en los últimos días, cuando la pelea estalló a cielo abierto.

Con las tribus en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por lo que Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem volverán a sentarse en la misma mesa.

Este lunes, en el marco de la celebración del 25 de mayo, los Menem se saludaron con el asesor y "hermano" del presidente, tal como el propio Milei lo definió.

Si bien el temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei. 

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron a esta agencia el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que "le mienten" al Presidente. NA

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de reclamos por demoras en prestaciones, falta de entrega de medicamentos y conflictos con prestadores de salud.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

Según se indicó en los considerandos de la normativa, el objetivo es que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Además, el texto reconoce la “crítica situación financiera” que atraviesa el instituto.

Para concretar el aporte, el Gobierno nacional ampliará la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), todas con vencimiento durante 2026.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, se cubrirá con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones.

Otro 33% se financiará mediante instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un total de $164.037 millones.

El 34% restante será cubierto con letras que vencerán el 30 de septiembre de 2026, por un monto de $187.363 millones.

De esta manera, el Gobierno tomará nueva deuda en pesos para asistir financieramente al PAMI.

La resolución establece que las Letras del Tesoro deberán ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan”, en línea con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto General 2026.

Los instrumentos financieros serán entregados al organismo a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La medida lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de zona fría y reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas. La iniciativa consiguió media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

De obtener la aprobación definitiva, el nuevo esquema limitará el beneficio únicamente a hogares ubicados en regiones de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En consecuencia, alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1.800.000 continuarán dentro del sistema con descuentos superiores al 75% durante el invierno.

En Santa Fe, el impacto podría sentirse especialmente en el sur provincial, donde miles de hogares dejarían de recibir el beneficio.

El ingeniero José Stella explicó que el principal efecto en la provincia será el fin del descuento para unos 550.000 hogares.“Esto involucra más o menos 1.700.000 personas, van a dejar de tener este subsidio por zona fría y van a pagar la factura de gas por redes plena”, señaló en diálogo con CyD Litoral.

Según detalló, la medida afectará principalmente a localidades del sur santafesino, incorporadas al régimen durante la ampliación aprobada en 2021. “El impacto en la factura va a ser entre el 30 y el 40% adicional a lo que hoy están pagando”, advirtió.

Uno de los cambios centrales del proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la boleta y se limitará exclusivamente al consumo de gas natural.

Además, Stella remarcó que quienes no reciben el beneficio actualmente seguirán financiando el fondo de zona fría mediante un cargo incluido en la factura. “Si vemos el último renglón dice subsidio zona fría, nos siguen cobrando un 7,5% porque esta ley sí financia esta zona fría”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que ese dinero ya no tendría como destino principal sostener el régimen ampliado, sino cubrir compromisos del sistema energético. “Vamos a seguir pagando ese 7,5% nosotros que no tenemos subsidio, pero no va a ir al fondo para seguir subsidiando”, afirmó.

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para reducir subsidios y avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas. Según Stella, el recorte en este punto representaría aproximadamente 272 mil millones de pesos. “Fundamentalmente lo que está buscando es superar el déficit fiscal”, sostuvo.

En paralelo, explicó que algunos sectores vulnerables podrán mantener asistencia mediante un esquema focalizado. Los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas —alrededor de 4.500.000 pesos por grupo familiar— podrán acceder al programa de subsidios energéticos. “Dejan de tener el subsidio zona fría pero pueden seguir subsidiados pero con mucho menos”, indicó. 

El factor del gas importado y el invierno

Stella también advirtió que el impacto económico podría sentirse aún más durante los meses fríos, especialmente por el costo del gas importado. “No lo van a cobrar ahora en la factura, sino que lo vamos a pagar en seis cómodas cuotas a partir de noviembre”, explicó.

Mientras tanto, sostuvo que los usuarios seguirán enfrentando facturas elevadas debido al incremento del consumo estacional y los ajustes tarifarios. “Vamos a seguir pagando alto hasta pasado el 2026”, concluyó.