El Gobierno nacional decidió no intervenir públicamente en los cruces recientes entre Donald Trump, el papa León XIV y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Medio Oriente.

Si bien en la Casa Rosada siguen de cerca la evolución del conflicto, la postura oficial se mantiene alineada con Washington. Desde Cancillería ya habían expresado que la Argentina “valora y apoya” las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel frente a Irán, una línea que el Ejecutivo busca sostener sin abrir frentes diplomáticos innecesarios.

En Balcarce 50 consideran que Trump “tiene todo bajo control” y apuestan a que, con el correr de los días, parte de Europa termine acompañando la posición estadounidense si la crisis escala. Esa lectura convive con una estrategia de prudencia, especialmente para evitar tensiones con Meloni, una de las principales aliadas políticas de Javier Milei en el continente europeo.

Ambos mandatarios se reunieron por última vez en Roma en junio de 2025, en un encuentro que reforzó el vínculo bilateral y que el Gobierno busca preservar en este contexto.

En paralelo, Milei tiene previsto viajar a Israel durante el fin de semana, aunque la agenda podría modificarse por cuestiones de seguridad. Durante la visita, el presidente participaría de los actos por el Día de la Independencia y recibiría una distinción oficial por parte de Isaac Herzog.

Uno de los puntos más sensibles del viaje es el posible traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Si bien el mandatario ya había anunciado esa decisión en 2025, en el entorno oficial señalan que, por ahora, se trataría de una reafirmación de la intención más que de una medida inmediata.

Desde el Ejecutivo insisten en que evitar opinar sobre los cruces internacionales no implica neutralidad. Por el contrario, remarcan que el objetivo es profundizar el alineamiento con Estados Unidos en áreas estratégicas como seguridad, defensa e inteligencia.

En ese marco, el ministro de Economía Luis Caputo viajará a Washington para participar de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, donde buscará avanzar en la segunda revisión del acuerdo y destrabar un desembolso de 1000 millones de dólares.

El respaldo de funcionarios estadounidenses, como el secretario del Tesoro Scott Bessent, es interpretado en el Gobierno como una señal positiva para el programa económico.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, el Gobierno opta por un delicado equilibrio: sostener su alineamiento con Estados Unidos sin romper puentes con aliados clave como Italia y evitando entrar en disputas públicas con el Vaticano.

La estrategia, por ahora, apunta a ganar tiempo, monitorear la evolución del conflicto y mantener abiertas todas las vías diplomáticas en un escenario de alta incertidumbre.

El Gobierno nacional oficializó modificaciones en el régimen de becas deportivas destinadas a atletas, entrenadores y equipos técnicos, en el marco de una reestructuración del sistema vigente. La medida fue establecida mediante la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Interior, dependiente del Ministerio del Interior, y publicada en el Boletín Oficial.

La nueva normativa comenzará a regir desde el 1° de abril e introduce cambios en los criterios de asignación, tramitación y otorgamiento de las becas de alto rendimiento, además de actualizar las categorías y los montos previstos hasta marzo de 2027.

Nuevas categorías y enfoque federal

Entre las principales novedades, se destacan la incorporación de dos nuevas categorías: “Excelencia Sudamericana” y “Juegos Deportivos Nacionales Evita”.

La primera estará destinada a deportistas con proyección internacional que aún no lograron medallas en competencias de mayor nivel, mientras que la segunda apunta a reconocer a quienes se destacaron en los Juegos Evita, integrando esta competencia como una plataforma formal dentro del sistema de alto rendimiento.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta inclusión busca fortalecer la detección y desarrollo de talentos en todo el país, con una mirada más federal del deporte.

Reorganización del sistema

La medida se enmarca en la reorganización de competencias impulsada por el Poder Ejecutivo, que trasladó al Ministerio del Interior las funciones vinculadas al área deportiva, incluyendo la administración de becas y subsidios.

En ese contexto, la Subsecretaría de Deportes promovió la actualización del régimen con el objetivo de acompañar el nuevo ciclo olímpico y mejorar la preparación de atletas y cuerpos técnicos frente a las crecientes exigencias internacionales.

Además, se dispuso la prórroga de los montos vigentes para entrenadores, profesionales de ciencias aplicadas al deporte y personal técnico hasta marzo de 2027.

Según se aclaró oficialmente, los cambios no implican un incremento del gasto público, sino una reorganización de las categorías y los recursos existentes.

Montos actualizados

El nuevo esquema establece los siguientes valores:

Excelencia Sudamericana: $800.000

Suramericana (individual):

Oro: $648.000

Plata: $594.000

Bronce: $540.000

Categoría D: $486.000

Suramericano (conjunto):

Categoría A: $626.400

Categoría B: $572.400

Categoría C: $518.400

Relevos:

Categoría A: $378.000

Categoría B: $324.000

Proyección Suramericana:

Individual: $378.000

Conjunto: $270.000

Proyección Juvenil:

Categoría A: $302.400

Categoría B: $216.000

Juegos Evita: $300.000

Con un avance cercano al 40 % y el objetivo de atender una demanda histórica de la comunidad educativa de Pueblo Andino, en el departamento Iriondo, el Gobierno Provincial comenzó con los trabajos para construir el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 386 “Julio Maiztegui”.Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que “la obra la inició Nación pero estaba abandonada al comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro. Para retomarla, los santafesinos estamos haciendo una inversión superior a los 2.700 millones de pesos”.

“Por decisión del gobernador Pullaro, asumimos la continuidad de la construcción tras la cesión de la obra paralizada por parte de la Nación y hoy la empresa contratista ya está trabajando”, informó el ministro Enrico.Actualmente, la empresa Capaze SRL está desarrollando tareas para la ejecución de la estructura de hormigón en el sector de galerías, mampostería y aplicación de revoques y contrapisos de las futuras aulas.

La construcción del nuevo establecimiento permitirá resolver una necesidad que arrastra la comunidad educativa desde hace años, porque la escuela funciona actualmente en instalaciones prestadas que resultan insuficientes para la matrícula existente.En cuanto al nuevo edificio escolar, fue proyectado para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, incorporando espacios educativos adecuados para el nivel secundario, con una superficie a construir de 1072,72 m² cubiertos y 295,3 m² semicubiertos. La escuela tendrá 5 aulas, centro de recursos multimediales, taller multipropósito, SUM complementado con una cantina y un playón deportivo destinado para la educación física y el esparcimiento. Además, el establecimiento tendrá un área administrativa y docente compuesta por secretaría, dirección, vicedirección, office, sala docente con espacios de guardado, cooperadora y sanitarios.

La reactivación de esta obra se inscribe en una política del Gobierno Provincial orientada a fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio santafesino. Cabe recordar que, en febrero pasado, la gestión provincial inauguró la Escuela “Ricardo Torres Blanco” de Venado Tuerto y finalizó obras en la escuela “Gregoria Matorras” de Esperanza. Al igual que en Pueblo Andino, estas dos obras habían sido abandonadas por Nación y, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe las retomó y cumplió su compromiso de finalizarlas.

El máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina este sábado tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno nacional luego de ser declarado persona “non grata”.

La medida, que marca un quiebre histórico y posiciona a la administración de Javier Milei en una confrontación directa con el régimen de Teherán, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, informó el funcionario, ratificando así el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación desde 2021

X Pablo Quirno

La drástica decisión del Poder Ejecutivo se desencadenó el pasado jueves, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay difundiera un texto con duras críticas hacia la Casa Rosada por la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicaron que la expulsión respondió a expresiones que contienen “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

Según el comunicado oficial de la Cancillería, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las manifestaciones del régimen persa “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional”.

Este escenario de tensión extrema se enmarca en la alineación geopolítica del presidente Milei con Estados Unidos e Israel, países que se encuentran en conflicto bélico con Irán desde fines de febrero. Para el Gobierno, la salida de Tehrani representa el “paso previo” a una ruptura total de las relaciones diplomáticas con un Estado que, según la mirada oficial, es responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.

En ese sentido, la reciente incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro de entidades vinculadas al terrorismo implica no solo una condena política, sino también el congelamiento de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero local.

Por su parte, el régimen islámico advirtió que esta postura del gobierno argentino “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y calificó la medida como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. En sus críticas, Teherán sostuvo que tanto Milei como el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos” por sus aliados internacionales. __IP__

Pese a las advertencias, la Argentina profundizó su estrategia al recordar que figuras clave de la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, poseen pedidos de captura internacional de Interpol por su participación en el ataque a la mutual judía de 1994, consolidando así un distanciamiento que hoy parece irreversible.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de continuar con la reducción de la planta estatal.

La iniciativa fue formalizada a través de la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarca dentro de las políticas de modernización del Estado y reducción del gasto público impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

El programa lleva el nombre de Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y contempla un esquema de desvinculación por acuerdo mutuo entre el organismo y el trabajador.

El mecanismo se sustenta en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20.744), que establece la posibilidad de finalizar una relación laboral por voluntad concurrente de ambas partes.

Para concretar el retiro, el acuerdo deberá formalizarse mediante escritura pública o ante una autoridad judicial o administrativa del trabajo, y posteriormente será presentado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

El régimen está dirigido a empleados de ANSES con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo.

Sin embargo, la normativa aclara que la adhesión es estrictamente voluntaria y que su aprobación queda sujeta a la evaluación del organismo, por lo que no genera un derecho automático para quienes soliciten acceder al programa.

La resolución establece una serie de exclusiones para el plan de retiro. No podrán adherir:

Además, en el caso de trabajadores con cargos sindicales, deberán renunciar previamente a su mandato y a la tutela sindical para poder acceder al programa.

El personal que adhiera al retiro recibirá una gratificación extraordinaria de egreso, equivalente al 90% de la remuneración mensual por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses.

El cálculo se realizará sobre los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope máximo de 24 haberes brutos.

La compensación se abonará en un pago único de hasta 80 millones de pesos. En los casos en que el monto supere esa cifra, el pago se realizará en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.

El período de adhesión al plan estará abierto hasta el 5 de abril de 2026. Para quienes se encuentren con licencia anual o por maternidad, la firma del acuerdo podrá realizarse una vez finalizado ese período.

La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió eliminar del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) a diez empresas que no presentaban actividad operativa ni administrativa.

La medida forma parte de un proceso de depuración y actualización del listado de prestadores del sistema de salud privado.

Según informaron fuentes oficiales, con esta decisión ya son 162 las compañías que fueron dadas de baja del registro en el marco de controles realizados por el organismo.

La decisión se fundamenta en incumplimientos a la Ley N.º 26.682, normativa que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga en la Argentina.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

Estos requisitos son indispensables para que las entidades puedan mantener su habilitación y operar dentro del sistema de salud privado.

La Superintendencia informó que las entidades eliminadas del registro son las siguientes:

Desde el organismo indicaron que el objetivo de estas medidas es garantizar mayor transparencia y control en el sistema de medicina prepaga, asegurando que las entidades registradas cumplan con los requisitos legales y administrativos.

Luego del ajetreo y el encadenamiento de leyes emblemáticas aprobadas durante el período extraordinario de sesiones del Congreso, la mesa política de la gestión de Javier Milei se reunirá por por primera vez en el período de ordinarias.

El encuentro está agendado para el próximo lunes en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tiene un objetivo inmediato: comenzar a delinear cuál será la agenda legislativa para lo que resta del mes.

La Casa Rosada tiene especialmente en cuenta la relevancia de los próximos meses, porque considera que será un período clave para consolidar el programa legislativo de la administración de La Libertad Avanza, que apunta a profundizar cambios institucionales, económicos y regulatorios.

Sobre esa hoja de ruta conversarán Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, ministro del Interior; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La reunión también servirá para evaluar el clima político en el Congreso y la viabilidad de los proyectos en discusión, en un escenario en el que el oficialismo necesita sostener acuerdos con sectores de la oposición para avanzar con su agenda de reformas.

Uno será el que establece nuevos parámetros para la financiación de universidades. Otro eje prioritario será el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales, algo que fue adelantado por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Pero también hay en danza 10 proyectos por ministerios, tal como reveló Milei, que busca que durante 2026 el parlamento tenga "el año más reformista de su historia".

Por lo pronto, los presidentes de bloques de la Cámara alta se reunieron este martes por la tarde para avanzar en la organización de una sesión para el próximo miércoles 18 de marzo, en principio, a las 14.

El primer tema a debatir en el recinto de la Cámara alta será la extensión del mandato del juez federal Carlos Alberto Mahiques -padre del flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques- para extender la vocalía por cinco años, la cual ocupa desde 2018 en la Cámara Federal de Casación Penal. El 1° de noviembre, Coco Mahiques cumplirá 75 años.

El pleno del Senado le dará ingreso en el recinto a la prórroga del juez federal y luego deberá ser defendido en la Comisión de Acuerdos antes del pase a la firma. Carlos Mahiques deberá presentarse a la audiencia pública en la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

El último antecedente de prórroga por cinco años fue el de la jueza Ana María Figueroa, quien se presentó en el Congreso y logró que su pliego se dictaminara, pero no llegó a tratarse antes de cumplir los 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para ejercer la magistratura.

Además del pliego del magistrado, el temario estará comprendido por los acuerdos internacionales dictaminados este martes en el plenario de Presupuesto y Hacienda junto a Relaciones Exteriores y Culto. Se trata del protocolo de enmienda al convenio con el gobierno de la República Francesa, que tiene por objetivo eliminar la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal; y el Acuerdo sobre medidas de eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suscripto junto a la República Italiana.

Finalmente, también estará en el temario de órdenes el proyecto de ley que aprueba el convenio con la República de Austria para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta, el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal. Este es el único texto de los tres acuerdos que podría quedar sancionado, ya que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1ero. de octubre del 2024 por unanimidad.

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei afirmó que este año habrá numerosos paquetes de reformas que se enviarán desde el Poder Ejecutivo. El oficialismo de La Libertad Avanza tiene una masa legislativa notablemente mayor en ambas cámaras y busca aprovechar esa ventaja numérica para poder imponer agenda antes de las elecciones del año próximo.

De todos modos, cada negociación legislativa acarreará su respectiva tensión con los aliados circunstanciales que tiene el Gobierno: más allá de que la agenda política es favorable al oficialismo, habrá momentos en donde los dialoguistas colaborarán en términos meramente transaccionales.

Al día de hoy, hay dos iniciativas que permanecen en los despachos del Palacio del Congreso desde las sesiones extraordinarias y que esperan ser tratadas.

La más conocida es la modificación a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción desde el Senado y que el oficialismo se negó a avanzar por estas semanas porque se le está dificultando conseguir adhesiones. Se trata de una iniciativa que es central para las llegadas de inversiones que Milei quiere que se produzcan.

También está en el tintero la nueva Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno presentó semanas atrás para barrer el que fue ratificado el año pasado por la oposición ante el veto de Milei. La nueva iniciativa libertaria propone una recomposición salarial limitada: tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.

Hay iniciativas que ya fueron anunciadas previamente por la Casa Rosada. Sigue pendiente la presentación de las reformas sobre el Código Civil y Comercial, orientadas a limitar compensaciones en expropiaciones al valor de mercado y a exigir el pago previo a la transferencia de dominio, entre otros aspectos. En materia penal, el gobierno impulsará un proyecto con más de 900 artículos para endurecer penas y aumentar la proporción de delitos con cumplimiento efectivo de prisión.

Una de las que ganaría terreno para ser presentadas en breve es la reforma electoral. Todavía resta definir la magnitud de la misma, pero los puntos centrales eran la eliminación de las PASO, la modificación en el esquema de financiamiento de los partidos políticos y la introducción de la opción de lista completa en la Boleta Única Papel (BUP).

Se estudia el sistema de circunscripción uninominal, el mismo que se utiliza en Estados Unidos e Inglaterra; así como cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el cual contribuiría a reducir su cantidad y prevenir aún más los denominados sellos de goma.

Pero no se trata de una reforma que vaya a tener un tránsito pacífico, en la medida en que se percibe como un diseño a medida de las conveniencias electorales del oficialismo, con lo cual no solamente será confrontada por la oposición, sin que también deberá convencer a los aliados.

En el plano internacional, el gobierno busca la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026, alineando el sistema argentino con estándares globales y generando impacto en sectores como el farmacéutico y agroindustrial

El paquete incluye siete iniciativas sobre tratados de propiedad intelectual y la reforma del Código Aduanero para facilitar la integración de Argentina en los foros de comercio internacional. La nueva legislación de semillas permitirá, según Milei, duplicar la producción de granos hasta 300 millones de toneladas, siempre que se garanticen los derechos de propiedad intelectual.

Hay planes para avanzar en una reforma educativa consensuada en el Consejo de Mayo y que incluiría una declaración de la educación básica como servicio esencial y el reconocimiento del home schooling, entre otros aspectos.

Otros de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

El Litoral.

 El presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional ante los hechos de público conocimiento ocurridos en Medio Oriente, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

X Oficina del Presidente

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.

El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

El Ministerio de Justicia resolvió avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. La resolución será oficializada en las próximas horas.

La medida contempla la designación de tres profesionales —dos abogados y un contador— que tendrán como función relevar documentación interna y verificar información financiera que, según el organismo de control, fue solicitada y no entregada por la entidad. Desde el Gobierno aclararon que se trata de una veeduría y no de una intervención institucional.

El requerimiento original fue firmado por el inspector general Daniel Roque Vítolo luego de detectar lo que calificó como “graves irregularidades”. La IGJ busca acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y analizar la estructura financiera completa de la asociación.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo compra de inmuebles, equipamiento, designación de autoridades y convenios con terceros. También se examinarán las relaciones comerciales vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

El organismo advirtió que la AFA no presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025 dentro de los plazos legales y que la documentación remitida resultó incompleta, especialmente en lo referido a ingresos y egresos.

Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que la asociación se negó a entregar la documentación requerida pese a las intimaciones formales. Los veedores deberán obtener y verificar esos datos faltantes.

La auditoría incluirá además los movimientos relacionados con la firma TourProdEnter y otras sociedades vinculadas a la explotación comercial de derechos deportivos. El objetivo será reconstruir el flujo de fondos, incluidas posibles transferencias internacionales, y comprobar el cumplimiento de normas legales y estatutarias.

En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires al comprobar que la sede declarada no funcionaba como centro administrativo real. Por ello, el organismo determinó que la institución continúa bajo su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia aseguran que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que la entidad mantiene cumplimiento impositivo vigente. No descartan recurrir a la Justicia una vez formalizada la veeduría.

El Gobierno, en cambio, afirma que la medida forma parte de las facultades de fiscalización previstas por ley y que no implica sanciones ni desplazamiento de autoridades.

La decisión se produce en medio de tensiones entre el Ejecutivo y la dirigencia del fútbol, atravesadas por la investigación judicial contra Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 Luego de una nueva audiencia infructuosa en la que se ausentó la representante de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y no hubo ninguna propuesta salarial formal, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, anunció que continúan en Estado de Alerta.

Los trabajadores viales tienen los salarios congelados desde octubre de 2024.

En este marco, y ante un “nuevo capítulo de desidia” por parte de las autoridades de la DNV, desde STVyARA recordaron que el congelamiento salarial, que ya lleva más de un año, “ha sumido por debajo de la línea de pobreza acerca de 2900 trabajadores de esta Dirección Nacional”.

En relación con las medidas adoptadas en tal sentido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), señalaron que “pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”, denunciaron desde el gremio.

Aleñá lanzó duras críticas al retirado accionar de la DNV para obstruir el procedimiento de negociación colectiva.

“Someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza y sin recibir ajuste de salarios, pese al proceso inflacionario descontrolado que en estos dieciséis meses alcanza al 50%, con el solo objetivo de concretar un proceso de reestructuración más barato”, denunció.

La gremialista dejó en claro que, ante el pedido de la Administración de la DNV sobre continuar la negociación luego de finalizar el régimen de retiros voluntarios, no se cederá el porcentaje de pérdida del poder adquisitivo que arrastran los trabajadores.

“No vamos a renunciar a nada, reclamamos una recomposición salarial que comprenda desde noviembre 2024 al mes que se negocie la paritaria. Los derechos alimentarios de los trabajadores y sus familias se encuentran fuertemente endeudados con el sólo objetivo de garantizar su ingesta calórica mínima diaria”, concluyó.

Hace una semana desde la organización gremial también había denunciado un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado, que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”, a partir del nuevo organigrama impulsado por la administración de Javier Milei y diseñado bajo los lineamientos del ministro Federico Sturzenegger. Lo que se suma un escenario salarial sumamente complejo.

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.__IP__

Se dieron cita desde las 14 los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el aseso presidencial Santiago Caputo. NA

En un clima de extrema tensión, el Gobierno nacional recibirá este lunes al mediodía a los directivos de la empresa FATE y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la Secretaría de Trabajo. 

La audiencia, de carácter virtual, busca destrabar un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de San Fernando.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la planta continúa paralizada. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas, mientras que el sindicato liderado por Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo.

Fuentes de FATE confirmaron que, independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales. Atribuyen la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

Existe una disputa política paralela entre el Gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires también dictó su propia conciliación obligatoria con apenas minutos de diferencia respecto a la Nación, buscando intervenir en el conflicto territorial.__IP__

El conflicto tomó una dimensión política mayor tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lejos de mediar para evitar el cierre, arremetió contra la empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", acusando a los dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo para no competir.

El SUTNA sumó en las últimas horas el apoyo de Pablo Moyano (Camioneros), quien denunció el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles, asegurando que esto no solo afecta a los trabajadores de FATE sino también a la seguridad en el transporte de cargas. 

AgenciaNA

El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo apuntó a la suspensión de los despidos. La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Esta medida se activó tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta en San Fernando, luego de 80 años de servicio, y el despido de 920 trabajadores que quedaron en la calle.

Hasta el momento, ambas partes deben abstenerse de tomar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral mientras dure el período de negociación.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, expresó a través de un comunicado que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó. 

AgenciaNA

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después.  En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales.

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión.  

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. 

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

NA

A las puertas de la sesión, el oficialismo confía en que tiene los votos para la media sanción a la reforma laboral en el Senado; con ese fin, afina el proyecto que le garantice los acompañamientos necesarios en el recinto.

El Ministro de Interior, Diego Santilli, lo reconoció este lunes tras recibir al gobernador de Chaco, Leonardo Zdero: “Es importante que la ley salga”, dijo y aseguró que “creo que vamos a tener los votos para dar el primer paso este miércoles”.

A la seguridad le sumó la posibilidad de que haya modificaciones al texto. “El objetivo central de la ley no se ha modificado”, dijo pero admitió que puede haber “correcciones”. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar experiencias… siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado”, aclaró.

En el operativo de última hora, Patricia Bullrich volvió a reunirse con legisladores dialoguistas para terminar de acordar el articulado y llevar las definiciones mañana a la Casa Rosada para que la Mesa Política termine de definir la maniobra.

En la previa de la reunión, la jefa del bloque oficialista en el Senado reforzó el mensaje en redes con una consigna de polarización: “O modernizamos el sistema, o seguimos igual de mal. Es ahora. No hay más excusas”, publicó este lunes por la tarde.

El Gobierno confía en tener los votos para aprobar el proyecto en general y apuesta a blindar la media sanción con un acuerdo lo suficientemente firme como para que las concesiones no obstaculicen el trazo grueso de la iniciativa.

El capítulo que aparece como principal obstáculo es el fiscal. Los gobernadores plantean que la baja del Impuesto a las Ganancias es el punto más sensible del paquete porque impacta en la recaudación coparticipable.

Si bien el ala más dura de la Mesa Política apuesta por no ceder en ese reclamo, aparece como alternativa la propuesta de mantener el capítulo pero postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas. La discusión se acelera porque el oficialismo quiere llegar al recinto sin variables abiertas.

En ese sentido, Santilli recibió en Casa Rosada al chaqueño Zdero. Tras el encuentro, ambos subrayaron la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma: “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, deslizaron desde el entorno del ministro.

No fue el primer contacto del año. Ya se habían visto el 12 de enero en Chaco, cuando Zdero respaldó públicamente el proyecto y lo vinculó al rumbo económico de déficit cero y a la baja del riesgo país. Santilli replicó encuentros con gobernadores clave en el poroteo legislativo por la modernización laboral como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, Marcelo Orrego de San Juan, Ignacio Torres Chubut, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

Según la posición que fijó este lunes Santilli, la iniciativa se trata de “modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto”. A esto incluye un estancamiento en la creación de empleo: “más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con la ley van a pasar a la formalidad”, con acceso a “una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado”, argumentó.

Mientras el Gobierno resalta que la reforma no es contra el trabajador sino contra el sistema que desalienta contratación, el sector sindical descree y decidió movilizar este miércoles en rechazo a la reforma. Si bien en la CGT consideran que es probable que la norma sea aprobada, apuestan a cambiar artículos que tienen impacto directo en la gremial.

En ese marco, este lunes salió a hablar Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y de Relaciones Internacionales de la central obrera. Sostuvo que, aunque los trabajadores deberían “ganar beneficios” con el Proyecto de Modernización Laboral, no es lo que ve “en las realidades concretas”.

Asimismo, apuntó al punto que el Gobierno presenta como bandera: el empleo formal. “En ningún momento (la ley) habla de generación de puesto de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, dijo, en un contexto donde —según describió— alrededor del 46% de la sociedad asalariada se encuentra en la informalidad.

La conducción sindical, además, ya identificó los ítems que quiere discutir o recortar: financiamiento, limitación de la ultraactividad, restricción del derecho a huelga. “Es un punto innegociable”, definió Martínez sobre los derechos colectivos, y avisó que el proyecto pretende “romper el modelo” gremial argentino.

Aun con esa dureza, dejó una puerta abierta que el Gobierno también lee: el diálogo “no está cortado” y los sindicatos tienen “la obligación de hablar”, porque “nadie puede resolver en la soledad los problemas estructurales” del país.

Para el miércoles, en la Casa Rosada esperan “tensión en la calle” mientras se debate en el recinto y descuentan despliegue de fuerzas federales para custodiar el Congreso y vallas. El oficialismo también juega ahí: orden en la calle para no regalar imágenes, orden en el recinto para no perder votos.

El Litoral

 Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Federal, afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”. 

El legislador fue categórico al señalar que los ataques del presidente Javier Milei hacia figuras como Paolo Rocca y el sector textil no son exabruptos, sino parte de una “estrategia para eliminar un entramado productivo” que la gestión considera un gasto.

 "Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria", disparó el diputado, vinculando esta tendencia a asesores oficiales que buscan transformar al país en un productor primario para pocos habitantes, ignorando la realidad de 50 millones de argentinos.

El dirigente de Encuentro Federal analizó la política de apertura comercial y la calificó como una "mirada estúpida" de libre mercado que no se condice con el proteccionismo que hoy aplican potencias como Estados Unidos. En ese sentido, cuestionó que el alineamiento con Donald Trump “no se traduzca en una defensa de la producción propia”, destacando que “el acero y el aluminio nacional siguen sufriendo aranceles del 50%” mientras el mercado interno es "devastado" por productos chinos. 

"La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith", denunció Pichetto, quien también advirtió que la reforma laboral carecerá de impacto real si se mantiene la recesión y los salarios de miseria._

En términos institucionales, Pichetto calificó la renuncia de Marco Lavagna al INDEC como un “golpe a la confianza internacional” y rechazó la creación de oficinas oficiales para hostigar al periodismo, tildando estas prácticas de "propias de modelos altamente autoritarios". 

Finalmente, el legislador envió un mensaje hacia la interna del peronismo, instando a su espacio a modernizarse y dejar atrás consignas que considera terminadas. "El Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública. El peronismo tiene que volver a recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si quiere ser alternativa de poder", concluyó.

AgenciaNa

Desde noviembre de 2023, inicio de la gestión de Javier Milei, se perdieron alrededor de 180.000 puestos de trabajo privados registrados, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La caída se concentró en la industria y en otros sectores intensivos en mano de obra vinculados al mercado interno, justamente aquellos que más perdieron participación frente al avance de las importaciones en los últimos dos años.

Según consignó el diario La Nación, estimaciones basadas en cifras oficiales de Econviews y Fundación Capital señalan que entre octubre–noviembre de 2023 y octubre de 2025, la caída del empleo privado asalariado registrado se ubicó entre 177.000 y 182.000 puestos. Ambas mediciones coinciden en que, durante la gestión de Milei, el empleo formal privado no logró recomponerse, aun cuando la actividad económica dejó de caer con la intensidad observada al inicio del mandato.

El análisis sectorial muestra disparidad: de 19 sectores de la economía, solo seis registraron aumentos netos de empleo. El comercio sumó cerca de 14.000 trabajadores registrados, mientras que actividades vinculadas a informática y servicios basados en conocimiento crecieron en 7.500 puestos, aún con un peso limitado sobre el empleo total.

En contraste, la destrucción de puestos se concentró en ramas intensivas en mano de obra y ligadas al mercado interno. La construcción lideró las pérdidas, con 73.000 empleos registrados menos, afectada por la paralización de la obra pública y la insuficiente inversión privada. La industria manufacturera recortó alrededor de 58.000 puestos formales, con caídas distribuidas en numerosos sectores.

Dentro de la industria, la contracción fue más marcada en sectores tradicionales: el complejo textil, confección, cuero y calzado perdió unos 18.500 empleos, mientras que la metalmecánica redujo 16.400 puestos. Otras ramas como muebles, plásticos, productos metálicos y maquinaria registraron bajas adicionales por más de 10.000 empleos. Solo alimentos y tabaco mostraron cierta estabilidad relativa.

El deterioro del empleo industrial coincidió con una recomposición del peso de los bienes importados en el mercado local. Según Equilibra, de 55 sectores productivos, solo 19 lograron expandirse entre 2023 y 2025. Entre 26 sectores transables —competidores directos de importaciones—, 20 redujeron su producción y en 14 de ellos se combinó menor producción doméstica con mayor volumen de importaciones, afectando directamente al empleo.

Los sectores que lideraron el crecimiento, como intermediación financiera y minería, mostraron escasa generación de empleo formal debido a digitalización, automatización y estructuras más intensivas en capital que en trabajo, limitando la absorción de mano de obra registrada.

Desde el Gobierno reconocen el problema del empleo formal, pero descartan que la apertura comercial sea la causa principal. La visión oficial sostiene que la liberalización reordena la estructura productiva y que la principal herramienta para reducir la informalidad será una reforma laboral que incentive la contratación y reduzca costos.

Durante los dos años de gestión, según datos del Indec el desempleo no aumentó, sino que cayó porque más personas ingresaron al mercado laboral. Sin embargo, la mayoría de los nuevos puestos corresponde a cuentapropistas informales: trabajadores independientes sin registro fiscal ni aportes, que realizan actividades como venta de comida, albañilería no registrada, ferias o pequeños fletes. Estas actividades generan ingresos, pero permanecen fuera del sistema formal.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a la magnitud de los incendios forestales que afectan a la región patagónica y al riesgo creciente para poblaciones, infraestructura y patrimonio ambiental.

La decisión se conoció a través de un anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó desde redes sociales la firma del decreto. La medida fue adoptada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada y en respuesta directa a los reclamos de los gobernadores del sur.

El DNU establece un plazo inicial de un año de emergencia y declara además zona de desastre a los territorios comprometidos por los incendios. El objetivo central es habilitar herramientas legales y operativas para actuar con rapidez en la presupresión, el combate del fuego, la asistencia a las comunidades y la restauración ambiental.

La norma se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y en el marco legal vigente: la Ley de Manejo del Fuego (26.815) y la Ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (27.287).

En ese esquema, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por decreto en 2025 y dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, queda a cargo de la coordinación operativa de todas las acciones en las provincias afectadas.

El decreto encomienda a la AFE la coordinación del despliegue de recursos humanos, técnicos y logísticos para la prevención, combate de incendios y atención de emergencias, en articulación directa con gobiernos provinciales y municipios.

Las tareas incluyen la asistencia a familias damnificadas, la protección de bienes, la recomposición productiva y la restauración de zonas degradadas, además del refuerzo de los sistemas de prevención para evitar nuevos focos.

El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación y en la imposibilidad de seguir los tiempos del trámite legislativo ordinario sin comprometer la respuesta inmediata ante la emergencia ambiental.

La decisión también se enmarca en un contexto de negociaciones políticas más amplias entre la Casa Rosada y los gobernadores, especialmente en torno a la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

Del total, $100.810 millones serán distribuidos entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado en todo el país, destinados a la compra de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal y vestuario técnico.

Según informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, la medida responde a los desastres de gran magnitud registrados durante el último año y a los riesgos previstos para 2026, que exigen reforzar la capacidad operativa del sistema de protección civil.

El escenario climático adverso, marcado por sequías prolongadas y vientos intensos, profundizó el impacto de los incendios, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces, donde los daños ambientales y ecosistémicos son considerados críticos.

La declaración de la Emergencia Ígnea busca consolidar un esquema de respuesta federal, con intervención directa del Estado nacional, para enfrentar una crisis ambiental que ya es considerada estructural en amplias zonas del sur argentino.

El Litoral