El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó críticas fuertes para el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, marcando la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que Argentina volvió a endeudarse con él en 2018.

Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$ 1.050 millones al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción, destacando allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional, y apuntando además que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.

Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción y aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".

El reporte técnico añadió que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación", remarcando a su vez que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el stock la deuda pública se redujo 3,3 puntos durante mayo por la cancelación de deuda que realizó el Tesoro Nacional sobre pasivos del Banco Central.

“El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de US$22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p”, indicó Caputo en un posteo en redes sociales.

Caputo explicó que “esta cancelación se realizó por medio de dos operaciones: una recompra utilizando $18,4 billlones de las utilidades que el BCRA giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y otra utilizando el desembolso de aproximadamente US$1.000 millones realizado por el FMI en el marco de la segunda revisión del acuerdo”.

El Litoral

Luego del Tedeum por el 25 de mayo que dejó postales sobre  protagonistas de la interna libertaria, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.

El objetivo del presidente Javier Milei es volver a manejar la interna por carriles subterráneos, a diferencia de lo que sucedió en los últimos días, cuando la pelea estalló a cielo abierto.

Con las tribus en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por lo que Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem volverán a sentarse en la misma mesa.

Este lunes, en el marco de la celebración del 25 de mayo, los Menem se saludaron con el asesor y "hermano" del presidente, tal como el propio Milei lo definió.

Si bien el temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei. 

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron a esta agencia el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que "le mienten" al Presidente. NA

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de reclamos por demoras en prestaciones, falta de entrega de medicamentos y conflictos con prestadores de salud.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

Según se indicó en los considerandos de la normativa, el objetivo es que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Además, el texto reconoce la “crítica situación financiera” que atraviesa el instituto.

Para concretar el aporte, el Gobierno nacional ampliará la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), todas con vencimiento durante 2026.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, se cubrirá con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones.

Otro 33% se financiará mediante instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un total de $164.037 millones.

El 34% restante será cubierto con letras que vencerán el 30 de septiembre de 2026, por un monto de $187.363 millones.

De esta manera, el Gobierno tomará nueva deuda en pesos para asistir financieramente al PAMI.

La resolución establece que las Letras del Tesoro deberán ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan”, en línea con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto General 2026.

Los instrumentos financieros serán entregados al organismo a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La medida lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de zona fría y reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas. La iniciativa consiguió media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

De obtener la aprobación definitiva, el nuevo esquema limitará el beneficio únicamente a hogares ubicados en regiones de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En consecuencia, alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1.800.000 continuarán dentro del sistema con descuentos superiores al 75% durante el invierno.

En Santa Fe, el impacto podría sentirse especialmente en el sur provincial, donde miles de hogares dejarían de recibir el beneficio.

El ingeniero José Stella explicó que el principal efecto en la provincia será el fin del descuento para unos 550.000 hogares.“Esto involucra más o menos 1.700.000 personas, van a dejar de tener este subsidio por zona fría y van a pagar la factura de gas por redes plena”, señaló en diálogo con CyD Litoral.

Según detalló, la medida afectará principalmente a localidades del sur santafesino, incorporadas al régimen durante la ampliación aprobada en 2021. “El impacto en la factura va a ser entre el 30 y el 40% adicional a lo que hoy están pagando”, advirtió.

Uno de los cambios centrales del proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la boleta y se limitará exclusivamente al consumo de gas natural.

Además, Stella remarcó que quienes no reciben el beneficio actualmente seguirán financiando el fondo de zona fría mediante un cargo incluido en la factura. “Si vemos el último renglón dice subsidio zona fría, nos siguen cobrando un 7,5% porque esta ley sí financia esta zona fría”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que ese dinero ya no tendría como destino principal sostener el régimen ampliado, sino cubrir compromisos del sistema energético. “Vamos a seguir pagando ese 7,5% nosotros que no tenemos subsidio, pero no va a ir al fondo para seguir subsidiando”, afirmó.

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para reducir subsidios y avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas. Según Stella, el recorte en este punto representaría aproximadamente 272 mil millones de pesos. “Fundamentalmente lo que está buscando es superar el déficit fiscal”, sostuvo.

En paralelo, explicó que algunos sectores vulnerables podrán mantener asistencia mediante un esquema focalizado. Los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas —alrededor de 4.500.000 pesos por grupo familiar— podrán acceder al programa de subsidios energéticos. “Dejan de tener el subsidio zona fría pero pueden seguir subsidiados pero con mucho menos”, indicó. 

El factor del gas importado y el invierno

Stella también advirtió que el impacto económico podría sentirse aún más durante los meses fríos, especialmente por el costo del gas importado. “No lo van a cobrar ahora en la factura, sino que lo vamos a pagar en seis cómodas cuotas a partir de noviembre”, explicó.

Mientras tanto, sostuvo que los usuarios seguirán enfrentando facturas elevadas debido al incremento del consumo estacional y los ajustes tarifarios. “Vamos a seguir pagando alto hasta pasado el 2026”, concluyó.

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezaron este lunes en el Parque Industrial de Funes la puesta en funcionamiento del nuevo sistema provincial de operación logística sanitaria, desde donde partió el primer envío de medicamentos e insumos hacia 50 farmacias y droguerías de la red pública. Desde esos puntos se completará la distribución a más de 700 centros de salud y hospitales de toda la provincia.

La implementación representa un cambio estructural para el sistema sanitario santafesino: por primera vez la Provincia cuenta con una estrategia integral para recibir, almacenar y distribuir medicamentos y productos médicos a gran escala, incorporando trazabilidad, control de stock y logística especializada. El esquema busca garantizar abastecimiento sostenido ante la retracción de programas nacionales -durante la actividad se mostró la caja vacía del Plan Remediar, que enviaba Nación- y el incremento de la demanda en el sistema público santafesino.

Ningún santafesino sin medicamentos

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el sistema público enfrenta una presión creciente. “Argentina no la está pasando bien” y “nue

saron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025.

“Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento ni alimento”, aseguró el mandatario, quien vinculó la mayor demanda con los recortes nacionales. También remarcó que la decisión política del Ejecutivo provincial es sostener recursos para garantizar prestaciones esenciales: “Ahí estamos como Provincia para resolver los problemas”.

El gobernador recordó además que al inicio de la gestión se avanzó en compras centralizadas de medicamentos, lo que permitió adquirirlos “un 82 % más baratos que el precio de lista” durante el primer año y alcanzar ahorros cercanos al 90 % en las últimas licitaciones.

“Hay un gobierno austero, honesto y eficiente que piensa y diseña políticas públicas”, afirmó Pullaro, y añadió que la política sanitaria santafesina “es un orgullo para los santafesinos y una inspiración para toda Argentina, mostrando un Estado más eficiente que compra barato y resuelve los problemas de la gente”.

Ahorro, planificación y una nueva red logística

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, defendió el fortalecimiento del sistema público y señaló que la reducción de programas nacionales obligó a la provincia a ampliar su capacidad de respuesta. Recordó que el programa nacional Remediar abastecía históricamente medicamentos esenciales y sostuvo que hoy “esa caja está vacía”.

“Por definición de nuestro gobernador hoy tenemos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales”, afirmó. Según detalló, la estrategia basada en compras centralizadas, fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y planificación del área de medicamentos permitió “garantizar el acceso a la salud y ahorrar más de $ 500 mil millones”. El intendente de Funes, Roly Santacroce, destacó que la ciudad sea el punto de distribución hacia toda la provincia y sostuvo que la iniciativa “demuestra eficiencia” frente al retiro de programas nacionales. También estuvo presente el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero.

El nuevo esquema demandará una inversión anual de $ 2.334 millones e incluye almacenamiento seguro, cadena de frío, preparación de módulos sanitarios, monitoreo satelital y distribución especializada.

La medida se implementa en un contexto de caída sostenida del envío de tratamientos por parte del Estado nacional. Mientras en 2024 Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, en 2025 la cifra descendió a 920.000 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó 175.000 tratamientos antes del cierre del programa.

Ante ese escenario, la provincia reforzó las compras centralizadas y la producción pública del LIF -que incrementará un 26 % su fabricación este año- para sostener el abastecimiento de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos e insumos estratégicos. La inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 supera los $ 64.268 millones.

A solicitud de la Justicia, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino ante una situación detectada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, donde una niña se encontraba viviendo con una familia sin un marco legal que avalara esa convivencia. 

La situación se originó luego de que una pareja, que tenía bajo su cuidado a una niña que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes, se presentó ante la Justicia solicitando la tutela de la menor. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.

A partir de esa resolución judicial, desde la Secretaría se notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas, en el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral.

Durante la mañana de este sábado, la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. 

Desde el Gobierno de la Provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia.

El objetivo, a partir de ahora, es trabajar para brindarle a la niña un proyecto de vida basado en la restitución de derechos y garantizarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar adecuado que le permita desarrollarse plenamente.

Cabe destacar que durante el año 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección, intentando incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados de esa posibilidad luego de expresar que su objetivo era concretar una adopción.

En aquella instancia, se les informó y recomendó que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), organismo que constituye el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.

Cabe señalar también, que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

El Gobierno nacional oficializó una ampliación del programa Tribuna Segura que impedirá el ingreso a los estadios de fútbol de personas incluidas en registros de deudores alimentarios.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad y extiende a nivel nacional una restricción que ya se aplicaba en algunas provincias y jurisdicciones del país.

Según se informó, alrededor de 13.000 personas quedarán incorporadas al sistema nacional de control en espectáculos deportivos tras la incorporación de quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

Qué cambia con la nueva resolución

La normativa modifica el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula las restricciones administrativas de concurrencia en eventos futbolísticos.

A partir de ahora, también podrán ser alcanzadas por la prohibición de ingreso aquellas personas que tengan vigente una medida judicial o administrativa vinculada a incumplimientos de cuota alimentaria y estén registradas como deudores alimentarios.

La restricción permanecerá activa mientras continúe la situación que originó la sanción.

Quiénes pueden ser incluidos en Tribuna Segura

Además de los deudores alimentarios, el programa contempla restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por distintos delitos vinculados a la violencia en espectáculos deportivos.

Entre los casos previstos figuran:

También se contemplan conductas violentas registradas en manifestaciones o concentraciones públicas que puedan afectar la seguridad y el orden.

El objetivo del Gobierno

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la ampliación de Tribuna Segura busca reforzar los controles de admisión en las canchas y utilizar el sistema como una herramienta adicional para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y judiciales.

El programa funciona mediante controles de identidad en los accesos a los estadios y ya cuenta con bases de datos integradas para detectar personas con restricciones vigentes.

Con esta modificación, el Ejecutivo incorpora una nueva causal de prohibición de ingreso y amplía el alcance del sistema de control en los espectáculos futbolísticos de todo el país.

El Gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades para avanzar en una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria que tendrá lugar este martes y anticipó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos, con foco en los hospitales universitarios.

Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversaciones con los rectores para discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos destinados al sistema universitario.

El Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de hospitales universitarios para revisar el funcionamiento y la distribución de partidas destinadas a esas instituciones.

Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno mantiene la decisión de auditar el uso de fondos públicos en las universidades y defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales, con el objetivo de rediseñar la distribución de los fondos.

La convocatoria se dará luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública, en la que rectores, docentes y estudiantes reclamaran una actualización del presupuesto frente al impacto de la inflación.

En el oficialismo reconocieron la necesidad de sostener el diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado de mecanismos de control y rendición de cuentas.

Desde distintos sectores universitarios vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos de funcionamiento, salarios y el sostenimiento de hospitales y áreas de investigación.__IP__

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se convirtió en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas, tras las advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener el normal funcionamiento de las casas de estudio.

El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó hoy que en el Gobierno existen “sobresueldos” que se pagan a funcionarios, y señaló que esto constituye “un patrón de conducta” desde que asumió Javier Milei.

“No tengo dudas de que hay sobresueldos, y de que este es un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza”, aseguró Ferraro.

El parlamentario lo expresó en alusión a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación de la Justicia por enriquecimiento ilícito, al encontrarse inmuebles de su propiedad no declarados y viajes a sitios de lujo del exterior, incluso en aviones privados.

El legislador sostuvo: “Hay sobresueldos que se podrían estar pagando a través de transferencias en criptomonedas, con gastos reservados de la SIDE y con contratos de consultorías a través de empresas públicas del estado nacional”.

Ferraro recalcó: “No solamente puede surgir dinero de empresarios vinculados a la Fundación Faro como espacio de ingreso de dinero para después efectuar los sobresueldos, sino también los gastos reservados con que cuenta la SIDE”.

Además, puntualizó que uno de los puntos que indica, según expresó, “cómo se han sectorizado algunos negocios en el seno del propio Gobierno nacional”.

“El mundo cripto es un ámbito donde La Libertad Avanza ha hecho operaciones en el pasado”, y a modo de ejemplo mencionó “el Tech Forum de 2024” un seminario en el que se pudo ver a “personajes muy marginales” haciendo negocios y “cobrando para entrevistarse con el Presidente”.

“Sabemos que muchos empresarios dijeron que, para poder acceder al Presidente, se tarifaban las reuniones”, añadió.

Asimismo, mencionó el caso del $Libra, donde la Justicia investiga “el tuit fijado por el Presidente de la Nación para la promoción de esta criptomoneda, con un contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público”.

“Hubo mas de 16 encuentros en Casa Rosada y la Residencia de Olivos con estos personajes para meter en este proyecto al Presidente”, recordó Ferraro. NA

Sin dudas, y mirando en perspectiva los más de dos años de gestión de La Libertad Avanza, los últimos dos meses han sido los más complicados para los hermanos Milei. Una crisis política que se desató en el momento menos esperado y que arrastra al Gobierno nacional a tener que tomar definiciones a contrarreloj. 

No solamente por la situación en el plano económico -y la injerencia que la situación de Manuel Adorni pueda sumar a ella- sino porque por primera vez las posiciones encontradas en el núcleo del mileísmo salen a la luz como nunca. Algo que ocurre en una fuerza que desde que está cargo del Poder Ejecutivo sufrió cambios permanentes de funcionarios, sin que eso fuera un problema que eclipsara la marcha del programa que lleva adelante el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada.

Como advirtió hace semanas uno de los altos asesores presidenciales, en el contexto de un vocero gubernamental que no puede ejercer su función -debido a la situación judicial que lo atraviesa- es el jefe de Estado y su ministro de Economía quienes cubren el vacío que no tiene un sucesor en puerta, al menos hasta ahora. La secretaria General, Karina Milei, nunca consideró que el actual jefe de Gabinete debiera dejar de ser la imagen comunicacional y el portavoz oficial de la usina central del mileísmo.

 Los nombres que le sugirieron y los perfiles que le acercaron, nunca le cerraron. Para ella esos apellidos no se condicen con la manera en que hasta hace dos meses se manejó el esquema informativo de un gobierno que le declaró la guerra a la mayoría de los medios y a sus periodistas.

"Como bien señaló el Presidente, nosotros no vamos a expulsar a un funcionario de la talla de Manuel porque se le ocurra a la prensa y a los intereses a los que responde. Sería mostrar una debilidad que Javier (Milei) se ha encargado en dejar en claro que nunca tuvimos, ni vamos a tener", señaló uno de los espadachines del karinismo que estuvo en Balcarce 50 abocado a analizar los temas partidarios, específicamente en el territorio que está bajo la égida de Axel Kicillof.

Ese mismo referente distrital, tal vez uno de los más distanciados de Las Fuerzas del Cielo, manifestó que la intención de los libertarios bonaerenses es "colaborar con los influencers en lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires. Los que vengan a buscar información con nosotros la van a tener", advirtió -pero dejando en claro en el marco de la interna interminable en el seno libertario- que "ahora apareció Tronco (el periodista y diputado de LLA Sergio Figliuolo) y su par en el Parlamento, Lilia Lemoine, quienes estuvieron hace unos días con el titular del PEN en la Residencia de Olivos.

A partir de la reapertura de la Sala de Prensa del palacio rosado el lunes pasado -bajo un estricto e inusual diagrama de restricciones impuesto por la Casa Militar a los acreditados- los popes violetas intentaron retomar el sendero de una normalidad que no consiguieron que retorne, porque la novedades tribunalicias que llegan desde el escritorio del Juez Federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita no dan tiempo a ser digeridas por los estrategas oficialistas.

 Tras la conferencia de prensa del lunes, en la que el ministro coordinador dejó en claro que no va a interferir en las causas que tramitan en Comodoro Py, se motorizó una agenda de actividades que Adorni fue cumpliendo al pie de la letra. Entre otras cosas, se reunió con el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y con representantes del directorio de YPF. 

Participó de un extenso streaming donde concedió una entrevista de tipo intimista y cerró el viernes inaugurando un sector de la planta industrial de Mercedes Benz en la localidad de Zárate, para concluir la jornada acompañado por Luis Caputo, que se refirió al super RIGI, y por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien hizo foco en el Plan Bandera. La rueda periodística hizo agua para quienes la organizaron cuando se pretendió limitar las preguntas de la prensa a los temas que plantearon los dirigentes.

 Escasos de reflejos, ninguno de los tres funcionarios negó haber recibido sobresueldos cuando se los consultó al respecto, pese a que el jefe de Hacienda aprovechó el evento para decir que lo de Adorni no impacta en el Riesgo País, sino que lo que genera incertidumbre en los mercados y la política local es el 'riesgo kuka'. Desde los Estados Unidos, el propio Milei tuvo que salir a respaldar a su portavoz y bajarle el tono al pedido de Patricia Bullrich, vinculado a que se acelere la presentación de la Declaración Jurada del mandamás de las nueve carteras nacionales.

Uno de los ministros del Gabinete le dio detalles a El Litoral sobre lo que pasó en el cónclave convocado por Adorni: 

"Abrió la reunión el Presidente de la Nación. Habló media hora. Dio un panorama general y le dio un fuerte respaldo a Manuel. Después tomó el mando de la reunión Adorni que agradeció a los equipos técnicos por el informe de gestión que él mismo presentó en el Congreso la semana pasada", contó la fuente, que añadió que el ministro en jefe "expuso sobre el plan de gestión 2026/27; la reestructuración presupuestaria que se firmó,

 Y que se pasó a tratar la cuestión de los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con el objetivo de concretarse a fines de mayo". Al final de lo que el funcionario le contó a este diario, señaló que "se propuso una revisión de los organismos internacionales y especialmente de los proyectos legislativos a impulsar en el corto plazo".

Por otras vías, este medio se enteró que quienes tomaron la palabra en torno al caso Adorni fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien reiteró el pedido que había hecho público; la presentación adelantada de la DDJJ del titular de la Jefatura.

 Un reclamo con el que se tejieron especulaciones en referencia a la relación entre la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa y Karina Milei. El grueso de los colaboradores de ambas mujeres negaron los roces porque declararon que, "se pidió lo razonable y no que Manuel se vaya, ni mucho menos. Las dos saben quienes son y se conocen. Patricia no encabeza nuestro bloque porque sí", opinó uno de los operadores con despacho cercano al subsecretario de gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem.

Los hombres más cercanos a Manuel Adorni adelantaron que el ministro estará concediendo una -o dos- conferencias de prensa por semana, y manteniendo contacto directo con los jefes de las carteras que conduce. 

"El apoyo que tiene 'Manu' no es únicamente de Javier y Karina, es del Gobierno en su conjunto, y es así porque sabemos que cuando todo quede aclarado en la Justicia, muchos van a tener que retractarse y pedir perdón, porque él no cometió ningún delito. Los que sí lo hicieron están entre rejas o con una tobillera acá a unaS cuadras", señaló disgustado uno de los asistentes más fieles del ministro coordinador, quien, pese a todo, trabaja diariamente en reconstruir lazos con gente de su propia administración, pero también con opositores dialoguistas y parte del periodismo.

Miembros de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de la Provincia de Santa Fe (ALUASAFE) explicaron los alcances de la decisión tomada por el Gobierno Nacional el lunes pasado, cuando oficializó una serie de cambios en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429.

De acuerdo a lo explicitado por autoridades nacionales, el objetivo es actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas de fuego en el país. Las modificaciones fueron establecidas a través del decreto 306/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluyen reformas en la clasificación de armas y municiones, las condiciones de acceso y portación, los procesos de sucesión y transferencia, y las competencias del organismo registral.

En Santa Fe “estamos esperando la reglamentación de esta modificación, o sea la letra chica, porque el decreto es muy amplio”, advirtió Claudia Córdoba, desde la ALUASAFE, al tiempo que anticipó que el mismo “recalca algunas cuestiones que ya estaban en la ley, y se incorporan algunos elementos como los supresores de sonido y miras que antes estaban prohibidas”.

La nueva normativa establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar sujetos a “limitaciones irrazonables o desproporcionadas”, en línea con los derechos constitucionales y el principio de reserva. A la vez, regula de manera integral la adquisición, uso, tenencia, transporte, importación e introducción al país de armas de fuego, explosivos, pólvoras, agresivos químicos y otros materiales considerados de uso civil o de guerra.

“El tema de la portación de armas, que es un tema que se venía hablando a nivel gubernamental, no es que se flexibiliza, sino que se replantea, con una evaluación exhaustiva”, indicó Córdoba. “Todos los usuarios legítimos civiles la podrán pedir, cumplimentando una serie de requisitos estrictos”, agregó, pero “siempre va a quedar a criterio de la autoridad de aplicación” —históricamente el Registro Nacional de Armas (RENAR) y luego la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)—.

El decreto también retoma modificaciones introducidas en 2025 mediante los decretos 397 y 409, que avanzaron en la modernización de los procesos de adquisición y registración, especialmente para personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías provinciales.

Entre los principales cambios, se actualizó el listado de armas, dispositivos y municiones de uso prohibido. La nómina incluye escopetas de cañón corto por debajo de los 380 milímetros, dispositivos capaces de convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas de fuego disimuladas en objetos de uso cotidiano —como lapiceras o bastones—, así como distintos tipos de munición considerados de alto poder destructivo o letal, como proyectiles expansivos (fuera de la caza o el tiro deportivo), perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados. También se prohíben agresivos químicos de efectos letales y armas electrónicas diseñadas con ese mismo fin.

La normativa aclara que la prohibición alcanza no solo a la utilización de estos materiales, sino también a su adquisición, tenencia, portación, transporte, transferencia e importación. No obstante, se prevé que determinadas municiones puedan ser utilizadas por fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones.

La nueva disposición "ratifica la prohibición de uso civil de munición expansiva para defensa, salvo en los polígonos de tiro, a donde se puede ir a practicar tiro al blanco bajo las normas actuales", aclaró Córdoba.

Por otra parte, el decreto redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incorporando armas portátiles no incluidas en otras clasificaciones y aquellas que hayan dejado de ser de dotación oficial. En este grupo también se incluyen dispositivos como supresores de sonido y miras nocturnas especialmente diseñadas para el tiro en condiciones de baja visibilidad.

Sobre este punto, Córdoba mencionó que las miras nocturnas y supresores podrán ser utilizados en polígonos de tiro y actividades recreativas como la caza, por lo que esos materiales deberán ser registrados como de uso civil condicional”.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la flexibilización de los trámites para la registración de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán inscribir el armamento ante el Registro Nacional de Armas (RENAR) sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido mediante la documentación correspondiente, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.

El texto oficial precisa que este procedimiento no implica el reconocimiento de la calidad de heredero ni de la propiedad del arma, sino que se limita a regularizar su tenencia y mantener la trazabilidad estatal del material.

“En Santa Fe no cambia ni afecta en nada en particular”, resumió Córdoba, porque “es una medida nacional que tiene implicancias en todo el país”. Luego destacó la “ratificación de la edad mínima de 18 años para ser legítimo usuario de armas, la validez de 5 años de la credencial de portación, la digitalización de todos los trámites, la simplificación de trámites de armas heredadas”.

Respecto de este último punto, Córdoba mencionó que “antes había que recolectar gran cantidad de papeles, en cambio ahora simplemente con acreditar el vínculo de parentesco con la persona fallecida se podrá registrar a su nombre, evitando la burocracia y pérdida de tiempo”.

La provincia de Santa Fe fue sede de la primera reunión de la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026, organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). El objetivo fue analizar la situación actual, revisar antecedentes y evaluar el posible impacto del fenómeno en las provincias de la Cuenca del Plata.

Del encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de la capital provincial, participaron el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo; el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; y representantes de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, además de otras autoridades nacionales y provinciales.

Tras la reunión, Escajadillo destacó la importancia de la jornada y agradeció a la AFE por haber elegido a Santa Fe como sede inicial de estos encuentros con las provincias que podrían verse afectadas por el fenómeno: “Tenemos que prepararnos, aunque todavía no sabemos cuál será su intensidad”, afirmó.El funcionario remarcó que el Gobierno Provincial ya trabaja sobre esta hipótesis de riesgo y explicó que se solicitó a municipios y comunas la actualización de sus planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer la articulación local.

En relación con el contenido del encuentro, Escajadillo precisó que se abordaron las tormentas recientes y los fenómenos convectivos, con la intención de avanzar hacia un protocolo único de actuación junto al Gobierno nacional. “La idea es optimizar recursos para brindar una respuesta más rápida y eficaz a los damnificados”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, subrayó la importancia de una mirada regional. Explicó que, en el marco del Consejo Federal, se decidió convocar a las provincias de la Cuenca del Plata ante la probabilidad de un año Niño, aunque aún sin precisiones sobre su magnitud.

“Estamos ante un proceso en formación. Probablemente en primavera tengamos mayor claridad”, indicó. En ese sentido, detalló que uno de los ejes del encuentro fue planificar distintos escenarios y coordinar la respuesta entre organismos nacionales y jurisdicciones provinciales, afirmó el funcionario

Hardie agregó que se realizó un diagnóstico de la situación meteorológica actual, marcada por precipitaciones intensas y suelos saturados. “Necesitamos un invierno con menores lluvias para que, si el fenómeno se consolida hacia agosto o septiembre, no encuentre condiciones tan críticas”, advirtió.

Finalmente, adelantó que la próxima reunión podría realizarse en junio, en Corrientes, con el objetivo de relevar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales evacuaciones, afectación de rutas o pérdidas productivas. “Estamos hablando tanto de producción como de la población”, concluyó.

 La desaprobación de la ciudadanía hacia el Gobierno alcanza en este mes de mayo el 64,5%, con “apenas 34,3% de aprobación”, y el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de Gobierno, según una encuesta conocida hoy de la consultora Zuban-Córdoba y Asociados.

El informe destaca la importancia de estos números “no porque hayan cambiado de forma dramática respecto del mes anterior, sino porque se consolida una tendencia”, en la desaprobación de la gestión que encabeza el presidente Javier Milei.

“Con 64,5% de desaprobación y apenas 34,3% de aprobación, la gestión se estabiliza en niveles que, en perspectiva histórica, configuran una administración con problemas políticos serios a mitad de mandato”, asegura el informe.

El trabajo de campo abarca un universo de 2.000 casos con un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de +/- 2 %, realizado del 25 de abril al 1 de mayo de 2026, entre ciudadanos mayores de 16 años.

Los datos de este mes, indica el muestreo, “reafirman, además, una fractura que el gobierno no logra cerrar: casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión libertaria, casi 10 puntos por encima del rechazo masculino”.

“No es un dato coyuntural ni un ruido estadístico; es una señal estructural que cualquier estrategia electoral libertaria debe procesar, porque sin recuperar terreno en ese segmento será difícil mover el techo de 2027", dice la encuestadora.

Dentro del propio espacio del oficialismo, la imagen del elenco gubernamental “muestra otra paradoja incómoda: quien mejor sale parada es Patricia Bullrich, con una imagen negativa del 55,5%, y no el Presidente, cuya imagen negativa llega al 60,6%”.

“El resto de los referentes oficialistas -Karina Milei y Manuel Adorni, que superan el 65% de imagen negativa- acumulan un desgaste que ya no es solo presidencial, sino que se extiende al conjunto del armado político y comunicacional del gobierno”, agrega.

Zuban-Córdoba destaca como un dato saliente que “el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de gobierno”, y resalta que “en otro contexto político, esa cifra se leería como el obituario de una gestión”.

Sin embargo, la encuestadora advierte que existe un escenario con “complejidad”, porque “que la mayoría quiera un cambio no significa que sepa quién debería protagonizarlo ni que confíe en alguna alternativa concreta” que permita optar por otro camino y no el del Gobierno.

“La demanda de cambio existe; la oferta creíble, todavía no. La Argentina de mayo de 2026 es, en definitiva, una sociedad que sabe con mucha más claridad lo que no quiere que lo que quiere”, asevera el trabajo.

Zuban-Córdoba destaca que la Argentina tiene “un Gobierno que perdió la iniciativa política y una oposición que todavía no terminó de encontrarse”, y asevera que “en ese empate de debilidades, quien primero logre articular una propuesta que combine credibilidad y amplitud tendrá una ventaja que hoy no tiene ningún actor del sistema”.

Entre deudas previsionales sujetas a revisión, rutas que sólo avanzarán si entran en el circuito de concesiones y servicios federales que siguen esperando definiciones de fondo, Santa Fe aparece en el Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete atravesada por el nuevo paradigma fiscal del gobierno de Javier Milei.

El documento, con más de dos mil respuestas remitidas el último miércoles al Congreso, permite hacer una lectura del lugar que ocupa la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro en la hoja de ruta de la Casa Rosada. Manuel Adorni defendió esa orientación en la Cámara de Diputados con un discurso que combinó ajuste, reforma del Estado y promesas de eficiencia.

Leídos en clave santafesina, el informe de 1.935 páginas y el discurso de hora y media, dejan una imagen del modelo de relación que la Nación propone a la provincia. Algunos datos: menos transferencias automáticas, más auditoría, menos obra pública directa y más espera de iniciativa privada, con un superávit nacional que también se explica por lo que deja de ejecutarse en el territorio local.

La política vial quedó expuesta bajo un criterio que el Gobierno repite desde hace meses: la Nación sólo terminará aquellas obras con alto grado de ejecución o con financiamiento externo asegurado. El resto queda en una zona gris, sujeta al traspaso al sector privado.

Para el norte provincial, Adorni precisó en la respuesta 639 que Vialidad Nacional priorizó el sistema modular de la RN 11 / RN A009, en el tramo Crespo-Avellaneda y Puerto Reconquista. La obra, a cargo de COINGSA S.A., registra un avance del 85,52% y tiene como fecha prevista de finalización junio de 2026. Pero el panorama cambia en el resto de la traza. Desde Nelson hasta el límite con Chaco, la Ruta 11 fue incluida en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En los hechos, eso implica que su mantenimiento quedará atado al cobro de peajes, una vez concretado el proceso licitatorio.

En el centro y sur santafesino, la lógica es la misma. En la respuesta 819, la Jefatura de Gabinete informó que la RN 34, en el tramo VI de la autopista Rosario-Sunchales, presenta un avance del 79,30%. La RN 1V09, entre el empalme con la A012 y Bell Ville, alcanza el 76,41%. Se trata de obras relevantes, pero todavía sujetas al piso de ejecución que la Nación fijó como condición de continuidad con fondos estatales.

En la respuesta 634, aparece una definición con un matiz más político: “Ahora, las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado”. La frase resume el cambio de criterio. Tramos clave de las rutas 7, 8, 33 y 34 que recorren territorio santafesino pasarán al esquema de concesión sin subsidios públicos, bajo la premisa de que el modelo anterior era deficitario para el Estado.

En esa línea, la respuesta 636 confirmó que la Ruta 33, desde Rufino hasta la A012, integra el Tramo Portuario Norte, ya incorporado a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Para la conexión Rosario-Victoria, en tanto, el informe destaca que la operación ya fue adjudicada dentro de los Tramos Oriental y Conexión.

El otro dato que acompaña esa reconfiguración es el propio recorte estatal. Según el informe, Vialidad Nacional pasó de 5.703 agentes a comienzos de 2024 a 4.894 en la actualidad. Se evita, además, precisar partidas concretas para intervenciones urgentes en sectores críticos, dejando esa responsabilidad en el nuevo esquema concesionado.

El capítulo de seguridad ocupó un lugar central en la exposición de Adorni. Rosario volvió a aparecer como emblema del despliegue federal y como uno de los pocos puntos donde la Casa Rosada busca mostrar resultados concretos.

El jefe de Gabinete sostuvo que en 2023 la ciudad tenía una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cinco veces superior a la media nacional, y afirmó que hoy ese indicador cayó a 6,91. El Gobierno atribuye esa mejora al Plan Bandera y al refuerzo de los controles federales, incluidos los realizados sobre la Hidrovía a través del Plan Paraná.

Sin embargo, la política de seguridad no aparece exenta de zonas grises. En la respuesta 816, el Ejecutivo justificó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO) como parte de una “evolución hacia un modelo de seguridad consolidado”. Según esa explicación, el grupo cumplió su función de intervención rápida hasta que se afianzó el Comando Unificado.

En relación al despliegue de Gendarmería en la provincia, la respuesta 814 evitó dar una cifra consolidada de efectivos permanentes por razones de estrategia. Sólo se indicó que el esquema combina personal fijo con relevos rotativos, dejando abierta la pregunta sobre cuánto de este refuerzo federal es estructura estable.

En el plano judicial, el informe volvió a mostrar que una de las cuentas pendientes de la Nación con Santa Fe sigue siendo la cobertura de vacantes. En la respuesta 642 se informó que, en los últimos 45 días, fueron enviados al Senado 103 pliegos, entre ellos tres correspondientes a la provincia: Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe; Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Rafaela.

Pero la situación de Rosario, clave para el trámite de causas ligadas al narcotráfico y al lavado, sigue sin resolverse. El concurso para la Cámara Federal de Apelaciones permanece “en análisis” en el Ministerio de Justicia. Es una demora de peso para una jurisdicción donde la discusión sobre seguridad tiene, necesariamente, su contracara judicial.

Cuando se preguntó por el déficit edilicio de la Justicia Federal santafesina, la respuesta oficial fue correrse del tema y derivarlo al Consejo de la Magistratura.

El informe expuso falencias sensibles en materia sanitaria que viene siendo parte de la agenda de reclamos durante las últimas semanas.

En la respuesta 628, el Ministerio de Salud reconoció que durante el primer cuatrimestre de 2026 hubo un desvío del 28% en la entrega de medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados en Santa Fe. 

De 293.888 unidades solicitadas, sólo se enviaron 212.454. La explicación oficial fue un problema de stock del laboratorio Novartis, único proveedor de determinadas drogas críticas, que ofertó apenas el 20% de lo requerido en la última licitación.

En salud sexual, la caída fue todavía más marcada. En la respuesta 631, el Gobierno admitió una disminución del 64% en los envíos de anticonceptivos y preservativos a la provincia. La causa alegada fue que dos procesos de contratación previos resultaron fracasados. Para 2026, la Nación promete regularizar la provisión, aunque lo supedita al éxito de las nuevas licitaciones. En paralelo, la campaña antigripal muestra niveles de cumplimiento apenas por debajo del 50%, tanto en la provincia como en Rosario.

Si de deudas se trata, una de las de mayor peso es la previsional, que también ocupó la agenda pública durante las últimas semanas. El informe indicó en la respuesta 709 que durante 2025 la Nación transfirió a Santa Fe $38.018,41 millones por el déficit de su Caja de Jubilaciones no transferida. Pero cuando se pidió precisión sobre la deuda acumulada, el Ejecutivo evitó dar una cifra total y sostuvo que sólo será reconocida aquella que se determine fehacientemente tras las auditorías correspondientes de ANSES.

En materia de política habitacional, la respuesta 823 consignó que la deuda de la Nación para terminar obras del programa Casa Propia en Santa Fe asciende a 46.183.430,26 UVIS. Esas obras están hoy en proceso de traspaso a la provincia o de rescisión.

Además, respecto del Procrear, se confirmó que quedó sin efecto la subasta del predio Parque Federal en la ciudad de Santa Fe, aunque el informe no precisó qué destino tendrán finalmente esas tierras tras la disolución del fondo fiduciario.

En conectividad ferroviaria dejó datos duros. En la respuesta 1049, el Gobierno informó que el servicio Buenos Aires-Rosario perdió casi el 87% de sus pasajeros en lo que va de 2026 frente a 2023.

Adorni confirmó, además, que se detectaron 50 mil durmientes con fallas estructurales de fabricación en los ramales hacia Córdoba y Tucumán, pasando por Rosario y Rafaela. El plazo de remediación técnica estimado es de entre 10 y 12 meses.

Mauro Muñoz - Política - Economía El Litoral

En el mes de abril de 2026, la provincia de Santa Fe recibió un total de $474.174 millones en concepto de transferencias automáticas nacionales (coparticipación, leyes especiales y compensaciones), según se desprende de un nuevo informe del Instituo Argentino de Análisis Fiscal.

La cifra es de todas maneras superior a los $ 425.014 millones que la Casa Gris recepcionó desde el gobierno central en la comparación con marzo, lo que representa un alivio en el marco de una pérdida acumulada de recursos en el cuatrimestre.

Si bien la cifra interanual de comparación representa un incremento nominal del 28,2% respecto al año anterior, al descontar el efecto de la inflación se traduce en una caída real del 3,0% de acuerdo a la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Esta contracción significó para las arcas santafesinas una pérdida de recursos de $ 14.913millones a precios de abril de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer cuatrimestre, la situación de Santa Fe se agrava. Entre enero y abril de 2026, la provincia recibió envíos por $1.943.495 millones, lo que implica una caída real del 6,5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta es una de las bajas más pronunciadas del país, solo superada por Córdoba (-6,6%).

La caída observada en Santa Fe se enmarca en un retroceso generalizado de los recursos que la Nación envía a las provincias. Tucumán registró la baja más leve (-0,6%), seguida por Buenos Aires (-2,4%) y Neuquén (-2,7%).

El mejor desempeño de estas jurisdicciones se explica por una mayor participación en leyes especiales y compensaciones, que crecieron un 2% real. En el extremo opuesto, La Rioja lideró las bajas con un -3,7%, seguida por Santa Cruz (-3,6%) y Catamarca (-3,5%).

A nivel nacional, el conjunto de provincias más CABA recibió $5.584.000 millones -siempre en concepto de coparticipación,, leyes especiales y compensaciones- lo que representó una baja real promedio del 3,2%.

La caída de la coparticipación neta en abril (-3,6% real) se debió principalmente al flojo desempeño de los impuestos que representan el 94% de la masa coparticipable. IVA: Registró una variación negativa del 3,3% real. Impuesto a las Ganancias: Mostró una disminución real del 2,4%

A pesar de la caída actual, el monto acumulado de transferencias reales en el primer cuatrimestre de 2026 se ubica en el séptimo lugar de los últimos 17 años (ordenando de mayor a menor)

Abril marca el cuarto mes consecutivo de descenso en la variación porcentual real del acumulado de los últimos 12 meses, consolidando una tendencia a la baja que comenzó tras el pico de agosto de 2025

Ignacio Hintermeister | Prosecretario de Redacción | Economía - PolíticaEl Litoral

 El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, avanzará con una denuncia contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión se vincula con las afirmaciones que realizó el legislador durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, donde hizo referencia a supuestos movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, su esposa, incluyendo salidas nocturnas y viajes al exterior.

En ese contexto, Tailhade sostuvo en el recinto que Angeletti habría utilizado custodia oficial para actividades personales y mencionó un viaje a Madrid en septiembre de 2025, que —según afirmó— habría realizado en primera clase junto a un grupo de madres del colegio, haciéndose cargo de los gastos.

Tras la polémica, el diputado redobló su postura y desafió al Gobierno: “Ojalá me denuncien, porque así voy a poder ir a la Justicia y demostrar todo lo que dije”, expresó en una entrevista posterior.

 La última semana de abril comenzó con cese de actividades de bancarios y universitarios en rechazo a las políticas que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei: por un lado, repudiaron el cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, por otro, exigieron la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario.

En un contexto de crisis económica y laboral, la Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas, que finalizará este martes a primera hora, en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del BCRA y por la falta de diálogo con las autoridades nacionales. 

Esta medida afectó a los tesoros regionales, a pesar de que las sucursales bancarias abrieron con normalidad; lo que no funcionó fue la red de logística del Central, lo que limitó la reposición de efectivo en cajeros automáticos.

Por su parte, el personal universitario docente y no docente continúan con el plan de lucha, que mantienen desde el inicio de clases, y que incluyó paros y clases públicas durante toda esta semana, para exigir la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.

Esta semana, se realizaron medidas en todas las Facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras casas de altos estudios: hubo clases públicas, huelgas totales y paros “a la japonesa”, con atención al público, pero sin dictado de clases. Esta modalidad se mantendrá desde hoy hasta el viernes 2 de mayo.

Por su parte, el sector no-docente también realizó paros por sus paritarias, ya que denuncian que sus sueldos siguen pisados desde hace meses.

Más allá de las jornadas de lucha de esta semana y las anteriores, se prepara un paro nacional de todas las universidades y una nueva Marcha federal universitaria a Plaza de Mayo para el próximo martes 12 de mayo, por la aplicación de la Ley de Financiamiento y en “defensa de la universidad pública y gratuita”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el acto, el mandatario destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, y remarcó que ambos factores “definen la identidad productiva de la provincia”.

Pullaro sostuvo que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más” y señaló que, tras 28 meses de gestión, la Provincia puede exhibir avances concretos. “Hoy podemos mostrar que las principales obras comprometidas están en ejecución: los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y las rutas transversales que conectan con los nodos portuarios”, detalló.

En esa línea, enfatizó que estas inversiones buscan mejorar la logística del transporte de cargas: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

El gobernador subrayó que esas obras “no corresponden a la Provincia, sino al Estado nacional”, al que le atribuyó la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, indicó.

No obstante, afirmó que la provincia decidió intervenir: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Aunque no recibamos esos fondos, invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.

Pullaro también cuestionó el estado de la red vial nacional: “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”, graficó.

Sobre la eventual transferencia de rutas a la órbita provincial, el mandatario sostuvo que responde a una falta de acción del Gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no lo hace aunque el equilibrio fiscal se sostiene, en gran medida, con recursos de las provincias”.

En ese contexto, planteó la necesidad de un enfoque más amplio de la política económica: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.

El gobernador también destacó las políticas de financiamiento impulsadas por la Provincia. “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía que permite sostener a nuestras empresas en un contexto de recesión”, explicó.

Asimismo, volvió a pedir la eliminación de las retenciones por parte de Nación, y defendió la política tributaria provincial: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años. El campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, precisó.

En cuanto a incentivos, señaló que las empresas pueden deducir parte de los salarios de nuevos empleados -hasta 1,7 millones de pesos- y también un porcentaje del consumo eléctrico. “Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, puntualizó.

Pullaro advirtió que estas medidas implicarán una menor recaudación para la Provincia: “Cuando todos accedan a estos beneficios, el Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año. Aun así, creemos que es el camino: más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.

Por último, el mandatario agradeció el respaldo institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario durante los momentos más críticos en materia de seguridad. “Al inicio de la gestión enfrentamos una situación compleja. Tomamos decisiones firmes en las cárceles y en las calles, y demostramos que cuando el Estado actúa con determinación, puede revertir escenarios adversos”, afirmó.En ese sentido, aseguró que actualmente la provincia registra “la tasa de violencia y de delitos más baja del siglo”.Del acto participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; y las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Miguel Simioni, entre otros.

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de subsidios para la compra de garrafas, que se implementará mediante un sistema de reintegro directo a los usuarios. La medida está orientada a hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural y busca garantizar el acceso a un insumo básico en sectores vulnerables.

El nuevo mecanismo reemplaza progresivamente al anterior Programa Hogar y se integra dentro del régimen de subsidios energéticos focalizados. A diferencia del esquema previo, el beneficio se percibirá como una devolución del dinero tras la compra, lo que apunta a mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema.

El programa está dirigido a usuarios residenciales que utilizan garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) en sus viviendas y que no están conectados a la red de gas natural.

Según se informó, el Estado fijó un monto de reintegro que ronda los $9.593 por cada garrafa de 10 kilos adquirida. Este valor cubre una parte del precio de mercado, que actualmente es superior, por lo que el beneficio actúa como un subsidio parcial.

El esquema contempla un límite de consumo subsidiado, que en los meses de invierno podría alcanzar hasta dos garrafas mensuales por hogar, dependiendo de la zona y la situación socioeconómica.

Para acceder, los hogares deberán cumplir con ciertos criterios de ingresos y condiciones patrimoniales. Entre ellos, se evalúa que los ingresos del grupo familiar no superen determinados umbrales y que no posean bienes considerados incompatibles con el beneficio, como vehículos de alta gama o de reciente adquisición.

El objetivo, según explicaron fuentes oficiales, es focalizar la asistencia en los sectores de menores recursos, priorizando a quienes dependen exclusivamente de la garrafa para cocinar o calefaccionarse.

El acceso al reintegro requerirá la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una plataforma oficial en la que los usuarios deberán cargar sus datos socioeconómicos.

Quienes ya percibían el subsidio a través del Programa Hogar deberán actualizar su información para continuar dentro del sistema, mientras que los nuevos beneficiarios podrán anotarse cuando se habilite el registro, previsto de manera progresiva desde mayo.

Uno de los cambios centrales es la modalidad de pago. El reintegro se acreditará a través de transferencias bancarias o billeteras virtuales, e incluso podría aplicarse como descuento directo al momento de la compra en algunos casos.

Además, el esquema tendrá carácter retroactivo para las compras realizadas desde abril, lo que implica que quienes cumplan con los requisitos podrán recibir la devolución correspondiente una vez completado el trámite de inscripción.

Desde el Gobierno señalaron que este sistema busca reducir intermediaciones y asegurar que el subsidio llegue de manera directa al usuario final, evitando distorsiones en los precios o en la cadena de comercialización.

 El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca._

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo. NA