El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional declarará un feriado en todo el país en caso de que la Selección Argentina decida realizar un festejo público por el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026.

La comunicación fue realizada luego de la derrota por 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium. A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a los futbolistas por la actuación desarrollada durante el torneo.

“Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina, siempre en lo alto”, expresó Milei.

Posteriormente, el presidente explicó que la fecha de la eventual jornada no laborable dependerá de la decisión que adopten los integrantes del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“En función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, indicó.

FESTEJO MUNDIALDada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

La posibilidad de una celebración masiva permanece supeditada a la voluntad de los futbolistas, quienes aún no confirmaron si participarán de un recibimiento abierto al público.

Desde el Gobierno se evaluaron diferentes alternativas para facilitar una eventual movilización de hinchas, entre ellas la declaración de un feriado nacional, un día no laborable o un asueto para la administración pública. También se analizaron posibles operativos de seguridad ante la posibilidad de que millones de personas se movilicen para acompañar a la delegación.

La organización quedó bajo la coordinación de Karina Milei, en conjunto con la Casa Militar y representantes de las fuerzas federales, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las opciones consideradas apareció la posibilidad de que los jugadores saluden a los hinchas desde la Casa Rosada, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el recorrido ni sobre la realización de la celebración.

Muchas gracias Jugadores...!!!Hasta el final con las botas puestas.Argentina siempre en lo alto.

La Asociación del Fútbol Argentino informó que el plantel no regresará completo al país. Algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

Entre quienes no formarían parte del regreso aparecen Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso.

Una parte de la delegación, integrada por jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal del seleccionado, tiene previsto arribar a la Argentina este lunes.

Esta situación genera incertidumbre sobre la posibilidad de realizar un recibimiento con todos los integrantes del equipo y podría modificar la planificación del Gobierno.

El Gobierno de Santa Fe reclamó a la Nación que amplíe el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la totalidad de las empresas que prestan servicios de transporte interurbano dentro de la provincia.

Actualmente, cerca del 25 % de los pasajes interurbanos se comercializa sin SUBE, una situación que impide que miles de pasajeros puedan acceder a los descuentos correspondientes a la Tarifa Social Federal.

El planteo fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde donde señalaron que la falta de cobertura genera diferencias incluso entre usuarios santafesinos que cumplen con los requisitos para obtener el beneficio.

El ministro Gustavo Puccini sostuvo que la Nación debe extender la red hasta alcanzar al conjunto de las empresas provinciales.

“Es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia”.

De acuerdo con los datos difundidos por la Provincia, durante uno de los últimos meses analizados se registraron 698.071 pasajes abonados sin SUBE, mientras que casi 1,9 millones de viajes fueron pagados mediante el sistema electrónico.

Quienes no disponen de SUBE tampoco pueden utilizar la Tarifa Social Federal, que permite a determinados grupos beneficiarios pagar solamente el 45 % del valor total del boleto.

“Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %. Es una desigualdad que Nación debe resolver”, expresó Puccini.

La diferencia queda reflejada en distintos recorridos provinciales. Una persona beneficiaria que viaja entre Rosario y San Lorenzo abona $2.328 por un pasaje cuyo precio completo es de $5.174.

En el departamento Castellanos, un usuario que se traslada entre Rafaela y Bella Italia debe pagar actualmente $3.260 si la empresa no cuenta con SUBE. Con la Tarifa Social, el valor se reduciría a $1.467.

Una situación similar se presenta en el norte santafesino. El viaje entre Las Toscas y Villa Guillermina cuesta $5.800, pero con el beneficio nacional descendería a $2.610.

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, indicó que la Provincia gestiona la incorporación de SUBE en las 30 empresas interurbanas que todavía permanecen fuera de la red.

La funcionaria afirmó que la falta de acceso al sistema electrónico representa una barrera tecnológica y administrativa que perjudica directamente a los pasajeros de menores ingresos.

“Queremos que todos los usuarios tengan acceso a la Tarifa Social y a un esquema de financiamiento justo. Hoy quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver”.

El reclamo también fue enmarcado en la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que obligó a las provincias a destinar una mayor cantidad de recursos propios para sostener sus sistemas de transporte.

Desde el Gobierno santafesino cuestionaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires mantenga la cobertura total de SUBE y el acceso automático a la Tarifa Social, mientras numerosas localidades del interior continúan fuera del sistema.

Según la información provincial, desde 2024 Santa Fe aportó $706.761 millones mediante el impuesto a los combustibles. De esa suma regresaron al territorio santafesino alrededor de $133.000 millones, equivalentes al 19 %, y ninguno de esos fondos habría sido destinado al transporte de pasajeros.

“De cada 100 pesos que los santafesinos aportan en impuestos a los combustibles, solo 19 vuelven a la provincia. No pedimos privilegios; reclamamos un federalismo real y equitativo”, manifestó Puccini.

Ante la eliminación de la asistencia nacional, Santa Fe informó que destinó $193.039 millones de recursos provinciales para mantener el sistema de transporte y financiar el Boleto Educativo.

El Gobierno provincial aseguró que el pedido para incorporar a todas las empresas interurbanas a SUBE comenzó en enero de 2024, mediante reuniones con diferentes autoridades nacionales del área de Transporte.

Durante los últimos dos años se presentaron expedientes y se reiteraron las gestiones ante los sucesivos responsables nacionales, aunque, según indicaron desde la Provincia, hasta el momento no hubo respuestas concretas.

El objetivo del reclamo es que todos los santafesinos que reúnan los requisitos puedan acceder a la Tarifa Social, independientemente de la empresa o de la localidad desde la que realicen el viaje.

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo especial de seguridad ante la posibilidad de que integrantes de barras bravas argentinas viajen a Estados Unidos para presenciar la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.

El partido se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y, por tratarse de uno de los encuentros más convocantes y sensibles de la competencia, las autoridades argentinas decidieron intensificar el intercambio de información con los organismos de seguridad norteamericanos y británicos.

La estrategia incluye una reunión entre representantes del FBI, la Policía del estado de Georgia, la Policía de Miami y enlaces de las fuerzas de seguridad del Reino Unido. También participarán funcionarios argentinos especializados en la prevención de hechos violentos en espectáculos deportivos.

Del encuentro formarán parte el comisario mayor a cargo de la División de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Franco Berlín, responsable del programa Tribuna Segura.

Berlín se encuentra en Estados Unidos desde antes del comienzo de la Copa del Mundo y mantiene contactos con las autoridades locales cada vez que la Selección Argentina disputa un partido en una nueva sede.

Durante la reunión se analizarán las medidas que se aplicarán dentro y fuera del estadio. Entre las recomendaciones argentinas se encuentra el aumento de la presencia policial en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium, el refuerzo de los controles de acceso y la incorporación de una mayor cantidad de personal de seguridad privada.

El objetivo es detectar posibles situaciones de riesgo antes del ingreso de los espectadores y actuar con rapidez ante eventuales incidentes.

La preocupación del Gobierno aumentó luego de la aparición de publicaciones en redes sociales que promovían el viaje de barras argentinos para asistir al encuentro frente a Inglaterra.

Ante ese escenario, las autoridades dispusieron el nivel de alerta máxima del sistema denominado “Alerta Halcón”, una herramienta que permite advertir cuando una persona incluida en el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión abandona el territorio argentino.

El mecanismo funciona de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

Hasta el momento, cuando una persona alcanzada por el derecho de admisión salía del país, la decisión sobre autorizar o rechazar su entrada a Estados Unidos quedaba exclusivamente en manos de las autoridades norteamericanas.

Para la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el procedimiento contará con un seguimiento especial. Cada vez que una persona incluida en la base de datos deje el país, se emitirá una notificación automática.

La alerta será recibida por Franco Berlín, quien pondrá la información a disposición de los organismos de seguridad estadounidenses. De esa manera, las autoridades locales podrán saber que el viajero tiene restricciones para ingresar a estadios en la Argentina.

La medida no representa una prohibición automática de ingreso a Estados Unidos ni impide por sí sola la asistencia al partido. La resolución final dependerá de las autoridades migratorias y de seguridad norteamericanas, que analizarán cada situación en particular.

El Gobierno argentino entregó a Estados Unidos una nómina de aproximadamente 35.000 personas alcanzadas por diferentes restricciones en el país.

La base de datos incluye a integrantes de barras bravas, personas con antecedentes penales y ciudadanos registrados como deudores de cuotas alimentarias.

Entre los clubes con mayor cantidad de personas incorporadas al registro aparecen Boca Juniors, con 59 casos; San Lorenzo, con 55; Almirante Brown, con 40; Independiente, con 39; Vélez, con 16; Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 15 cada uno. También figuran River Plate y All Boys, con 10 personas; Racing, con cuatro; Godoy Cruz y Huracán, con tres; y Platense, con una.

La información fue compartida con las autoridades estadounidenses para que puedan realizar evaluaciones preventivas antes y durante el partido.

Entre las personas alcanzadas por el derecho de admisión aparecen integrantes de La 12, la barra de Boca Juniors, como Rafael Di Zeo, Carlos “Skelethor” Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger. También fueron incluidos miembros de Los Borrachos del Tablón, la barra de River Plate, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera.

La presencia de una persona en este listado no determina automáticamente su inadmisión en territorio estadounidense. Sin embargo, funciona como un antecedente que puede ser tenido en cuenta por las autoridades al momento de resolver su entrada al país o al estadio.

El dispositivo de seguridad también contempla la incorporación al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión de quienes generen disturbios durante el partido. La sanción podrá aplicarse a espectadores que participen en enfrentamientos, provoquen daños o alteren el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

El objetivo es que las consecuencias de un eventual incidente en Estados Unidos también tengan efecto sobre el acceso de esas personas a los estadios argentinos.

La preocupación oficial tiene relación con situaciones registradas en anteriores Copas del Mundo.

Durante Qatar 2022, con el avance de la competencia, comenzaron a observarse en las tribunas integrantes de barras e hinchas identificados con distintos clubes argentinos. En ese momento también circularon versiones sobre un supuesto financiamiento para facilitar algunos viajes, aunque no hubo confirmaciones oficiales.

Un antecedente más grave ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella oportunidad, la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas organizó el traslado de barras de diferentes instituciones del fútbol nacional.

El operativo terminó con varios de sus integrantes deportados por las autoridades sudafricanas.

La combinación de antecedentes, publicaciones en redes sociales y la magnitud del partido llevó al Gobierno argentino a reforzar los controles.

La coordinación internacional continuará durante las horas previas al encuentro y se extenderá hasta la salida de los espectadores del estadio.

La prioridad será impedir el ingreso de personas consideradas potencialmente conflictivas, prevenir enfrentamientos entre hinchas y garantizar que la semifinal entre Argentina e Inglaterra se desarrolle sin incidentes.

El gobernador Maximiliano Pullaro definió como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno nacional y con el presidente Javier Milei. A 24 horas de reunirse con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y consultado por la prensa después de los actos por la Independencia en la ciudad de Rafaela, el mandatario santafesino admitió que hubo temas que lo "han diferenciado del gobierno central en algunos momentos", pero insistió en calificar como "bueno y correcto" su vínculo con el Jefe de Estado.

"Me he diferenciado en algunos momentos por defender a la provincia de Santa Fe – dijo Pullaro-. Tal vez cuando se quisieron aumentar las retenciones nos tuvieron a nosotros parados (enfrente) defendiendo al campo. Lo mismo – recordó-, cuando quisieron golpear a la industria. Pero después, coincidimos en muchas cosas".

En el plano de las "coincidencias", Pullaro mencionó "el equilibrio fiscal y la baja de la inflación". Y bregó porque "el esfuerzo que se hace para acomodar la macroeconomía también pueda empezar a llegar a la gente y que podamos tener un modelo mucho más productivo que financiero". "Si tuviéramos un modelo que apueste fundamentalmente a la producción y a la generación de empleo y trabajo; si fundamentalmente se reinvirtieran los recursos que salen de este interior productivo para que no queden sólo en el conurbano, podríamos mostrar que somos un país mucho más federal", planteó Pullaro. Y enfatizó que "el diálogo con el gobierno central pasa por defender a Santa Fe pero desde el acompañamiento, porque queremos que Argentina se ponga de pie".

En términos generales, opinó que "tanto la política nacional como provincial y en cada una de las localidades tenemos mucho que mejorar y corregir".

El gobernador también fue consultado sobre la reforma electoral que se plantea en la provincia. Como se sabe, el oficialismo ingresó la semana pasada dos proyectos a la Legislatura: uno es promovido por el radicalismo y el otro, por los diputados socialistas. Además, ya tienen estado parlamentario otras dos iniciativas sobre la materia que impulsan distintos sectores del Justicialismo, y uno presentado por el Frente Amplio por la Soberanía.

Indagado sobre el particular y sobre la eliminación de las elecciones primarias que se propone a nivel nacional, Pullaro separó los escenarios. Recordó que en la provincia, "hay cinco proyectos (de reforma electoral) que se están evaluando y ninguno – aclaró- plantea la derogación de las PASO".

Sobre la reforma electoral provincial, dejó en claro que el tema será resuelto "por la Legislatura", y adelantó que promulgará la versión de ley que se termine sancionando.

"Voy a promulgar la ley que salga de la Legislatura santafesina, como lo he hecho con todas las leyes. Con algunas estaba 100% de acuerdo, con algunas menos de acuerdo, pero siempre respeté la división de poderes que hay en la provincia de Santa Fe. No veté ninguna ley – se jactó- y no veté ninguna parte de ninguna ley; ningún artículo".

En particular sobre la propuesta de derogación de las Paso a nivel nacional, Pullaro dijo que ése "es un debate que tienen que dar los partidos políticos del orden nacional. A veces – apuntó-, las PASO son costosas y en el orden nacional, no se han utilizado porque en reiteradas oportunidades hubo fuerzas que no compitieron contra nadie. Pero ése es un debate que lo tienen que dar los legisladores nacionales - insistió- y los partidos políticos de ese orden".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió este martes que existen sectores de la sociedad que “no están bien”, aunque sostuvo que la Argentina se encuentra en una situación mejor que la de diciembre de 2023.

Durante su segunda conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada, el funcionario defendió el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, pero reconoció que el impacto positivo todavía no llega de manera generalizada.

“Yo también escucho en mi entorno que hay personas que no están bien y es una realidad”, expresó Ravier.

En su análisis, el vocero remarcó que el Gobierno considera necesario sostener el camino de ordenamiento económico, apertura y desregulación.

“No estamos todavía en donde queremos estar. Este es el camino de ordenar la macro, de tener una moneda sana, de abrir la economía, de desregular procesos para que el Estado deje de ser la máquina de impedir que ha sido en las últimas décadas, y tengamos un crecimiento, más exportaciones y desarrollo económico”, señaló.

Ravier también destacó el rol del interior del país y aseguró que el federalismo será clave para consolidar los resultados del programa oficial.

Pese a la defensa del rumbo económico, el funcionario admitió que no todos los argentinos perciben una mejora en su situación cotidiana.

“Está claro que no todo el mundo siente que está bien”, afirmó, al tiempo que reconoció que la administración libertaria tiene por delante “muchos desafíos”.

En esa línea, agregó: “Nos encantaría que sea generalizada la sensación que algunos tenemos, que muestran los datos también en términos genéricos de que estamos bien, pero bueno, falta”.

Ravier sostuvo que, desde la llegada de Milei al poder, el país atravesó una transformación económica significativa.

“Han pasado apenas dos años y medio. Ya es otra Argentina porque si vamos a datos de diciembre del 2023, como economista podría citar un centenar de indicadores, todos eran rojos, y hoy veo una situación mejor en muchos sentidos”, subrayó.

Además, se mostró optimista de cara al futuro y planteó que una eventual reelección del Presidente permitiría profundizar el plan oficial.

“Eventualmente, si el presidente Milei es reelecto hasta el 31, que creo que va a ocurrir, podamos fortalecer este plan de estabilización, sumado al proceso de regulación y a las inversiones en salud, en Capital Humano”, aseguró.

Finalmente, el vocero reconoció que el proceso requiere más tiempo del deseado: “Esperemos que la gente realmente perciba lo mismo, pero es un camino más largo de lo que todos quisiéramos”.

El sistema de los Registros del Automotor comenzó una nueva etapa de transformación en Argentina. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia puso en marcha un plan de reforma que apunta a digitalizar los trámites, reorganizar el funcionamiento de los registros y modificar la forma en que se calculan los aranceles.

El objetivo, según el Gobierno nacional, es avanzar hacia un modelo más simple, moderno y accesible para los ciudadanos.

La principal medida quedó plasmada en la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, mediante la cual se creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. La iniciativa busca profundizar el proceso de modernización que comenzó en 2024 y que tiene como eje la digitalización de los trámites vinculados a los vehículos.

Desde la cartera de Justicia sostienen que durante décadas el sistema registral fue acumulando una gran cantidad de trámites, formularios, procedimientos y requisitos que terminaron convirtiéndose en un esquema complejo tanto para los usuarios como para la propia administración. Esa situación, explican, incrementó los tiempos de gestión y los costos administrativos.

Según los fundamentos de la resolución, el nuevo plan pretende simplificar esos procesos mediante el uso de herramientas digitales, eliminando trámites innecesarios y favoreciendo una atención más ágil.

La reforma se apoya en distintas medidas adoptadas durante los últimos dos años. Entre ellas aparecen la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA), la eliminación de los límites territoriales que obligaban a realizar los trámites en un registro determinado y la puesta en funcionamiento del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y del Registro Único Virtual (RUV), que permiten avanzar hacia una gestión remota de diversos procedimientos.

El Gobierno considera que esas herramientas tecnológicas ya ofrecen condiciones suficientes de seguridad para continuar con la digitalización del sistema y, por ese motivo, entiende que también es necesario reorganizar la estructura física de los Registros Seccionales.

La resolución señala que el nuevo plan se desarrollará sobre tres ejes principales: la transformación digital del sistema registral, la evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales y la adecuación normativa necesaria para consolidar el nuevo modelo de funcionamiento.

Además, se aclara que estas etapas no necesariamente deberán implementarse una después de la otra, sino que podrán avanzar de manera simultánea según las necesidades técnicas y operativas de cada momento.

Otro de los objetivos planteados consiste en reducir progresivamente la dependencia del papel. Para ello, el Ministerio propone digitalizar el archivo documental existente para que los antecedentes registrales puedan consultarse de manera remota y formar parte de un sistema completamente digital.

Como parte de la implementación del plan, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá presentar en un plazo de 30 días un cronograma con las distintas etapas de ejecución, mientras que la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana será la autoridad encargada de supervisar el proceso.

Junto con la reorganización del sistema, el Ministerio de Justicia también aprobó un nuevo mecanismo para calcular los aranceles de los trámites registrales mediante la Resolución 308/2026.

La principal novedad es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá como referencia para determinar el valor de los distintos trámites que se realizan en los registros automotores.

Hasta ahora, el régimen contemplaba más de cien trámites con valores diferentes y mecanismos de cálculo particulares, lo que, según el Ministerio, dificultaba la administración del sistema. Con el nuevo esquema se busca unificar esos criterios y simplificar la determinación de los costos.

La resolución establece que el MRPA tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice que publica el Banco Central. Ese valor se actualizará automáticamente cada cuatro meses siguiendo la evolución de la UVA, con un sistema de redondeo para facilitar su aplicación.

Además, la Dirección Nacional contará con un plazo de veinte días para definir cómo se asignarán estos módulos a cada uno de los trámites registrales. Recién entonces se conocerá cuántos MRPA corresponderán a cada gestión específica.

La resolución también modifica el mecanismo mediante el cual se calculan las remuneraciones de los encargados de los Registros Seccionales, incorporando el nuevo módulo como referencia para determinar distintos conceptos económicos vinculados con la prestación del servicio.

Desde el Ministerio de Justicia aclararon que la implementación del nuevo sistema no implica un costo adicional para los usuarios, ya que el objetivo es ordenar y simplificar la estructura arancelaria vigente, sin generar una carga económica extra para quienes realizan trámites registrales.

La resolución dispone que la creación del MRPA y la elaboración del nuevo sistema de módulos entraron en vigencia al día siguiente de su dictado, mientras que el resto de las modificaciones comenzarán a regir desde el primer día hábil del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.

Con estas dos medidas, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema registral con mayor protagonismo de las herramientas digitales, menos trámites presenciales y una estructura administrativa más simple.

La implementación será gradual y requerirá nuevas reglamentaciones para definir cómo funcionarán en la práctica tanto la reorganización de los registros como el nuevo esquema de aranceles. Mientras tanto, quienes deban realizar trámites en el Registro Automotor continuarán utilizando el sistema vigente hasta que cada una de las etapas del plan entre formalmente en funcionamiento.

EL

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció este miércoles que fue “poco feliz” la frase que pronunció en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando sostuvo que, ante el aumento del gas, una familia podía optar por “abrigarse más” antes que prender la calefacción.

Tras la repercusión pública de sus dichos, el funcionario aclaró que no quiso expresar que quienes no puedan pagar el servicio deban “arreglarse” por su cuenta y defendió la política tarifaria del Gobierno nacional.

“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios. No fue esa la intención. Este Gobierno cuida a los más humildes”, señaló Ravier en declaraciones radiales.

El vocero explicó que su planteo buscaba remarcar que, cuando los usuarios pagan el costo real de un servicio, tienden a cuidar más el consumo.

“Si pagás el costo del gas por lo que vale, te cuidás un poquito más”, sostuvo, aunque admitió que no lo expresó “de la manera más afortunada”.

La controversia se originó el martes, durante su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, cuando Ravier defendió la actualización de tarifas de servicios públicos. En ese contexto, afirmó que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real, “alguien lo tiene que pagar”.

Luego, al referirse al impacto del aumento del gas durante el invierno, expresó: “Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”.

La frase generó cuestionamientos políticos y repercusión en redes sociales, en medio de la suba de tarifas y del debate por la quita o reducción de subsidios.

Este miércoles, Ravier buscó corregir el alcance de sus declaraciones y negó que el Gobierno esté desentendiéndose de quienes no pueden afrontar el pago del servicio. “No le estamos diciendo a aquel que no puede pagar el gas ‘abrigate o arreglate’. Ese no fue el mensaje”, afirmó.

En esa línea, puntualizó que el Poder Ejecutivo mantiene los subsidios para los sectores de menores ingresos y sostuvo que la administración nacional “cuida a los más humildes”.

Ravier también defendió los cambios en el esquema de subsidios y señaló que se eliminaron beneficios que, según el Gobierno, se habían extendido a sectores que no los necesitaban.

En particular, mencionó la revisión de subsidios vinculados a zonas frías, al sostener que fueron quitados en áreas consideradas templadas para volver al criterio original de la ley.

“Se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba”, indicó.

El vocero insistió en que la recomposición tarifaria forma parte del proceso de ordenamiento económico impulsado por el Gobierno nacional, aunque reconoció que su ejemplo sobre el uso del gas durante el invierno no fue el adecuado.

La Municipalidad de Rafaela decidió asumir con fondos propios la deuda de $385.000.000 que el Gobierno Nacional dejó de transferir para financiar los Certificados de Obra N° 13, 14 y 15 correspondientes a la infraestructura básica de 315 lotes en la zona Noroeste de la ciudad, obras terminadas desde fines de 2023. La medida se formalizó mediante el Decreto DFC-2026-832, firmado por el intendente Leonardo Viotti.

El incumplimiento se registró en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde la Municipalidad actuó como ejecutora de las obras y remitió los certificados de octubre, noviembre y diciembre de 2023 sin recibir los fondos correspondientes. Ante esta situación, el Municipio optó por pagar a la empresa contratista en tres cuotas de $128.333.333,33, evitando así un litigio que afectara a los vecinos.

El secretario de Infraestructura, Nicolás Asensio, enfatizó que “Rafaela cumplió con todo lo que le correspondía para que Nación girara los fondos. Licitamos, controlamos y certificamos. No hubo observaciones ni incumplimientos de nuestra parte. Ahora que Nación le pague a Rafaela”.

Las obras incluyen redes de agua, cloacas, energía eléctrica y apertura de calles, y son clave para garantizar el acceso a la tierra de cientos de familias. El intendente Viotti afirmó: “Esta es la diferencia entre un Estado que abandona y un Municipio que se hace cargo. Mientras Nación se borra, Rafaela paga, terminó las obras y defiende a su gente”.

El decreto también establece que el Municipio iniciará acciones legales de recupero contra la Nación por el incumplimiento en la transferencia de fondos.

Adrián Ravier tuvo su primera aparición pública como vocero presidencial en la Casa Rosada, en un contexto político marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El debut se dio en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio donde Adorni había realizado su primera conferencia como vocero, aunque habitualmente las ruedas de prensa se desarrollan en la Sala de Conferencias.

Ravier llegó acompañado por parte del equipo de comunicación del Gobierno y mantuvo una breve preparación previa antes de hablar durante unos 13 minutos ante la prensa acreditada.

En primera fila lo esperaba el nuevo secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, con quien se espera que trabaje de manera coordinada en la estrategia comunicacional del oficialismo.

El flamante vocero anunció que las conferencias serán semanales, todos los martes a las 11, y que su rol se concentrará en cuestiones de gestión, al menos en una primera etapa. Incluso no se descarta la participación ocasional de ministros para ampliar información.

Durante su presentación, Ravier abrió con una mención a la situación humanitaria en Venezuela y luego desarrolló un discurso centrado en su trayectoria personal y en los lineamientos de su futura gestión.

Uno de los ejes centrales fue su postura respecto del rol institucional: afirmó que no intervendrá en asuntos de otros poderes del Estado ni en temas de política partidaria ajenos a la administración.

También dedicó un tramo de su exposición a su visión del periodismo, al que definió como un pilar de la democracia, y expresó su intención de construir una relación basada en la “objetividad, el espíritu crítico y la ecuanimidad”.

El debut del nuevo vocero se produjo en paralelo a una creciente incertidumbre sobre la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

En el Gobierno conviven distintas versiones sobre su futuro, mientras el avance de la causa judicial que lo involucra y las discusiones internas en la Casa Rosada alimentan la posibilidad de una eventual salida.

Incluso, en el entorno presidencial se analiza el impacto político de sus declaraciones recientes y la conveniencia de sostenerlo en el cargo en medio de la presión opositora.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó críticas fuertes para el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, marcando la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que Argentina volvió a endeudarse con él en 2018.

Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$ 1.050 millones al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción, destacando allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional, y apuntando además que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.

Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción y aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".

El reporte técnico añadió que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación", remarcando a su vez que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el stock la deuda pública se redujo 3,3 puntos durante mayo por la cancelación de deuda que realizó el Tesoro Nacional sobre pasivos del Banco Central.

“El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de US$22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p”, indicó Caputo en un posteo en redes sociales.

Caputo explicó que “esta cancelación se realizó por medio de dos operaciones: una recompra utilizando $18,4 billlones de las utilidades que el BCRA giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y otra utilizando el desembolso de aproximadamente US$1.000 millones realizado por el FMI en el marco de la segunda revisión del acuerdo”.

El Litoral

Luego del Tedeum por el 25 de mayo que dejó postales sobre  protagonistas de la interna libertaria, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.

El objetivo del presidente Javier Milei es volver a manejar la interna por carriles subterráneos, a diferencia de lo que sucedió en los últimos días, cuando la pelea estalló a cielo abierto.

Con las tribus en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por lo que Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem volverán a sentarse en la misma mesa.

Este lunes, en el marco de la celebración del 25 de mayo, los Menem se saludaron con el asesor y "hermano" del presidente, tal como el propio Milei lo definió.

Si bien el temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei. 

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron a esta agencia el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que "le mienten" al Presidente. NA

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de reclamos por demoras en prestaciones, falta de entrega de medicamentos y conflictos con prestadores de salud.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

Según se indicó en los considerandos de la normativa, el objetivo es que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Además, el texto reconoce la “crítica situación financiera” que atraviesa el instituto.

Para concretar el aporte, el Gobierno nacional ampliará la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), todas con vencimiento durante 2026.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, se cubrirá con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones.

Otro 33% se financiará mediante instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un total de $164.037 millones.

El 34% restante será cubierto con letras que vencerán el 30 de septiembre de 2026, por un monto de $187.363 millones.

De esta manera, el Gobierno tomará nueva deuda en pesos para asistir financieramente al PAMI.

La resolución establece que las Letras del Tesoro deberán ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan”, en línea con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto General 2026.

Los instrumentos financieros serán entregados al organismo a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La medida lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de zona fría y reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas. La iniciativa consiguió media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

De obtener la aprobación definitiva, el nuevo esquema limitará el beneficio únicamente a hogares ubicados en regiones de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En consecuencia, alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1.800.000 continuarán dentro del sistema con descuentos superiores al 75% durante el invierno.

En Santa Fe, el impacto podría sentirse especialmente en el sur provincial, donde miles de hogares dejarían de recibir el beneficio.

El ingeniero José Stella explicó que el principal efecto en la provincia será el fin del descuento para unos 550.000 hogares.“Esto involucra más o menos 1.700.000 personas, van a dejar de tener este subsidio por zona fría y van a pagar la factura de gas por redes plena”, señaló en diálogo con CyD Litoral.

Según detalló, la medida afectará principalmente a localidades del sur santafesino, incorporadas al régimen durante la ampliación aprobada en 2021. “El impacto en la factura va a ser entre el 30 y el 40% adicional a lo que hoy están pagando”, advirtió.

Uno de los cambios centrales del proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la boleta y se limitará exclusivamente al consumo de gas natural.

Además, Stella remarcó que quienes no reciben el beneficio actualmente seguirán financiando el fondo de zona fría mediante un cargo incluido en la factura. “Si vemos el último renglón dice subsidio zona fría, nos siguen cobrando un 7,5% porque esta ley sí financia esta zona fría”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que ese dinero ya no tendría como destino principal sostener el régimen ampliado, sino cubrir compromisos del sistema energético. “Vamos a seguir pagando ese 7,5% nosotros que no tenemos subsidio, pero no va a ir al fondo para seguir subsidiando”, afirmó.

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para reducir subsidios y avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas. Según Stella, el recorte en este punto representaría aproximadamente 272 mil millones de pesos. “Fundamentalmente lo que está buscando es superar el déficit fiscal”, sostuvo.

En paralelo, explicó que algunos sectores vulnerables podrán mantener asistencia mediante un esquema focalizado. Los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas —alrededor de 4.500.000 pesos por grupo familiar— podrán acceder al programa de subsidios energéticos. “Dejan de tener el subsidio zona fría pero pueden seguir subsidiados pero con mucho menos”, indicó. 

El factor del gas importado y el invierno

Stella también advirtió que el impacto económico podría sentirse aún más durante los meses fríos, especialmente por el costo del gas importado. “No lo van a cobrar ahora en la factura, sino que lo vamos a pagar en seis cómodas cuotas a partir de noviembre”, explicó.

Mientras tanto, sostuvo que los usuarios seguirán enfrentando facturas elevadas debido al incremento del consumo estacional y los ajustes tarifarios. “Vamos a seguir pagando alto hasta pasado el 2026”, concluyó.

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezaron este lunes en el Parque Industrial de Funes la puesta en funcionamiento del nuevo sistema provincial de operación logística sanitaria, desde donde partió el primer envío de medicamentos e insumos hacia 50 farmacias y droguerías de la red pública. Desde esos puntos se completará la distribución a más de 700 centros de salud y hospitales de toda la provincia.

La implementación representa un cambio estructural para el sistema sanitario santafesino: por primera vez la Provincia cuenta con una estrategia integral para recibir, almacenar y distribuir medicamentos y productos médicos a gran escala, incorporando trazabilidad, control de stock y logística especializada. El esquema busca garantizar abastecimiento sostenido ante la retracción de programas nacionales -durante la actividad se mostró la caja vacía del Plan Remediar, que enviaba Nación- y el incremento de la demanda en el sistema público santafesino.

Ningún santafesino sin medicamentos

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el sistema público enfrenta una presión creciente. “Argentina no la está pasando bien” y “nue

saron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025.

“Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento ni alimento”, aseguró el mandatario, quien vinculó la mayor demanda con los recortes nacionales. También remarcó que la decisión política del Ejecutivo provincial es sostener recursos para garantizar prestaciones esenciales: “Ahí estamos como Provincia para resolver los problemas”.

El gobernador recordó además que al inicio de la gestión se avanzó en compras centralizadas de medicamentos, lo que permitió adquirirlos “un 82 % más baratos que el precio de lista” durante el primer año y alcanzar ahorros cercanos al 90 % en las últimas licitaciones.

“Hay un gobierno austero, honesto y eficiente que piensa y diseña políticas públicas”, afirmó Pullaro, y añadió que la política sanitaria santafesina “es un orgullo para los santafesinos y una inspiración para toda Argentina, mostrando un Estado más eficiente que compra barato y resuelve los problemas de la gente”.

Ahorro, planificación y una nueva red logística

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, defendió el fortalecimiento del sistema público y señaló que la reducción de programas nacionales obligó a la provincia a ampliar su capacidad de respuesta. Recordó que el programa nacional Remediar abastecía históricamente medicamentos esenciales y sostuvo que hoy “esa caja está vacía”.

“Por definición de nuestro gobernador hoy tenemos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales”, afirmó. Según detalló, la estrategia basada en compras centralizadas, fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y planificación del área de medicamentos permitió “garantizar el acceso a la salud y ahorrar más de $ 500 mil millones”. El intendente de Funes, Roly Santacroce, destacó que la ciudad sea el punto de distribución hacia toda la provincia y sostuvo que la iniciativa “demuestra eficiencia” frente al retiro de programas nacionales. También estuvo presente el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero.

El nuevo esquema demandará una inversión anual de $ 2.334 millones e incluye almacenamiento seguro, cadena de frío, preparación de módulos sanitarios, monitoreo satelital y distribución especializada.

La medida se implementa en un contexto de caída sostenida del envío de tratamientos por parte del Estado nacional. Mientras en 2024 Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, en 2025 la cifra descendió a 920.000 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó 175.000 tratamientos antes del cierre del programa.

Ante ese escenario, la provincia reforzó las compras centralizadas y la producción pública del LIF -que incrementará un 26 % su fabricación este año- para sostener el abastecimiento de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos e insumos estratégicos. La inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 supera los $ 64.268 millones.

A solicitud de la Justicia, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino ante una situación detectada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, donde una niña se encontraba viviendo con una familia sin un marco legal que avalara esa convivencia. 

La situación se originó luego de que una pareja, que tenía bajo su cuidado a una niña que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes, se presentó ante la Justicia solicitando la tutela de la menor. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.

A partir de esa resolución judicial, desde la Secretaría se notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas, en el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral.

Durante la mañana de este sábado, la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. 

Desde el Gobierno de la Provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia.

El objetivo, a partir de ahora, es trabajar para brindarle a la niña un proyecto de vida basado en la restitución de derechos y garantizarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar adecuado que le permita desarrollarse plenamente.

Cabe destacar que durante el año 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección, intentando incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados de esa posibilidad luego de expresar que su objetivo era concretar una adopción.

En aquella instancia, se les informó y recomendó que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), organismo que constituye el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.

Cabe señalar también, que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

El Gobierno nacional oficializó una ampliación del programa Tribuna Segura que impedirá el ingreso a los estadios de fútbol de personas incluidas en registros de deudores alimentarios.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad y extiende a nivel nacional una restricción que ya se aplicaba en algunas provincias y jurisdicciones del país.

Según se informó, alrededor de 13.000 personas quedarán incorporadas al sistema nacional de control en espectáculos deportivos tras la incorporación de quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

Qué cambia con la nueva resolución

La normativa modifica el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula las restricciones administrativas de concurrencia en eventos futbolísticos.

A partir de ahora, también podrán ser alcanzadas por la prohibición de ingreso aquellas personas que tengan vigente una medida judicial o administrativa vinculada a incumplimientos de cuota alimentaria y estén registradas como deudores alimentarios.

La restricción permanecerá activa mientras continúe la situación que originó la sanción.

Quiénes pueden ser incluidos en Tribuna Segura

Además de los deudores alimentarios, el programa contempla restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por distintos delitos vinculados a la violencia en espectáculos deportivos.

Entre los casos previstos figuran:

También se contemplan conductas violentas registradas en manifestaciones o concentraciones públicas que puedan afectar la seguridad y el orden.

El objetivo del Gobierno

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la ampliación de Tribuna Segura busca reforzar los controles de admisión en las canchas y utilizar el sistema como una herramienta adicional para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y judiciales.

El programa funciona mediante controles de identidad en los accesos a los estadios y ya cuenta con bases de datos integradas para detectar personas con restricciones vigentes.

Con esta modificación, el Ejecutivo incorpora una nueva causal de prohibición de ingreso y amplía el alcance del sistema de control en los espectáculos futbolísticos de todo el país.

El Gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades para avanzar en una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria que tendrá lugar este martes y anticipó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos, con foco en los hospitales universitarios.

Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversaciones con los rectores para discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos destinados al sistema universitario.

El Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de hospitales universitarios para revisar el funcionamiento y la distribución de partidas destinadas a esas instituciones.

Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno mantiene la decisión de auditar el uso de fondos públicos en las universidades y defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales, con el objetivo de rediseñar la distribución de los fondos.

La convocatoria se dará luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública, en la que rectores, docentes y estudiantes reclamaran una actualización del presupuesto frente al impacto de la inflación.

En el oficialismo reconocieron la necesidad de sostener el diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado de mecanismos de control y rendición de cuentas.

Desde distintos sectores universitarios vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos de funcionamiento, salarios y el sostenimiento de hospitales y áreas de investigación.__IP__

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se convirtió en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas, tras las advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener el normal funcionamiento de las casas de estudio.

El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó hoy que en el Gobierno existen “sobresueldos” que se pagan a funcionarios, y señaló que esto constituye “un patrón de conducta” desde que asumió Javier Milei.

“No tengo dudas de que hay sobresueldos, y de que este es un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza”, aseguró Ferraro.

El parlamentario lo expresó en alusión a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación de la Justicia por enriquecimiento ilícito, al encontrarse inmuebles de su propiedad no declarados y viajes a sitios de lujo del exterior, incluso en aviones privados.

El legislador sostuvo: “Hay sobresueldos que se podrían estar pagando a través de transferencias en criptomonedas, con gastos reservados de la SIDE y con contratos de consultorías a través de empresas públicas del estado nacional”.

Ferraro recalcó: “No solamente puede surgir dinero de empresarios vinculados a la Fundación Faro como espacio de ingreso de dinero para después efectuar los sobresueldos, sino también los gastos reservados con que cuenta la SIDE”.

Además, puntualizó que uno de los puntos que indica, según expresó, “cómo se han sectorizado algunos negocios en el seno del propio Gobierno nacional”.

“El mundo cripto es un ámbito donde La Libertad Avanza ha hecho operaciones en el pasado”, y a modo de ejemplo mencionó “el Tech Forum de 2024” un seminario en el que se pudo ver a “personajes muy marginales” haciendo negocios y “cobrando para entrevistarse con el Presidente”.

“Sabemos que muchos empresarios dijeron que, para poder acceder al Presidente, se tarifaban las reuniones”, añadió.

Asimismo, mencionó el caso del $Libra, donde la Justicia investiga “el tuit fijado por el Presidente de la Nación para la promoción de esta criptomoneda, con un contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público”.

“Hubo mas de 16 encuentros en Casa Rosada y la Residencia de Olivos con estos personajes para meter en este proyecto al Presidente”, recordó Ferraro. NA

Sin dudas, y mirando en perspectiva los más de dos años de gestión de La Libertad Avanza, los últimos dos meses han sido los más complicados para los hermanos Milei. Una crisis política que se desató en el momento menos esperado y que arrastra al Gobierno nacional a tener que tomar definiciones a contrarreloj. 

No solamente por la situación en el plano económico -y la injerencia que la situación de Manuel Adorni pueda sumar a ella- sino porque por primera vez las posiciones encontradas en el núcleo del mileísmo salen a la luz como nunca. Algo que ocurre en una fuerza que desde que está cargo del Poder Ejecutivo sufrió cambios permanentes de funcionarios, sin que eso fuera un problema que eclipsara la marcha del programa que lleva adelante el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada.

Como advirtió hace semanas uno de los altos asesores presidenciales, en el contexto de un vocero gubernamental que no puede ejercer su función -debido a la situación judicial que lo atraviesa- es el jefe de Estado y su ministro de Economía quienes cubren el vacío que no tiene un sucesor en puerta, al menos hasta ahora. La secretaria General, Karina Milei, nunca consideró que el actual jefe de Gabinete debiera dejar de ser la imagen comunicacional y el portavoz oficial de la usina central del mileísmo.

 Los nombres que le sugirieron y los perfiles que le acercaron, nunca le cerraron. Para ella esos apellidos no se condicen con la manera en que hasta hace dos meses se manejó el esquema informativo de un gobierno que le declaró la guerra a la mayoría de los medios y a sus periodistas.

"Como bien señaló el Presidente, nosotros no vamos a expulsar a un funcionario de la talla de Manuel porque se le ocurra a la prensa y a los intereses a los que responde. Sería mostrar una debilidad que Javier (Milei) se ha encargado en dejar en claro que nunca tuvimos, ni vamos a tener", señaló uno de los espadachines del karinismo que estuvo en Balcarce 50 abocado a analizar los temas partidarios, específicamente en el territorio que está bajo la égida de Axel Kicillof.

Ese mismo referente distrital, tal vez uno de los más distanciados de Las Fuerzas del Cielo, manifestó que la intención de los libertarios bonaerenses es "colaborar con los influencers en lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires. Los que vengan a buscar información con nosotros la van a tener", advirtió -pero dejando en claro en el marco de la interna interminable en el seno libertario- que "ahora apareció Tronco (el periodista y diputado de LLA Sergio Figliuolo) y su par en el Parlamento, Lilia Lemoine, quienes estuvieron hace unos días con el titular del PEN en la Residencia de Olivos.

A partir de la reapertura de la Sala de Prensa del palacio rosado el lunes pasado -bajo un estricto e inusual diagrama de restricciones impuesto por la Casa Militar a los acreditados- los popes violetas intentaron retomar el sendero de una normalidad que no consiguieron que retorne, porque la novedades tribunalicias que llegan desde el escritorio del Juez Federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita no dan tiempo a ser digeridas por los estrategas oficialistas.

 Tras la conferencia de prensa del lunes, en la que el ministro coordinador dejó en claro que no va a interferir en las causas que tramitan en Comodoro Py, se motorizó una agenda de actividades que Adorni fue cumpliendo al pie de la letra. Entre otras cosas, se reunió con el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y con representantes del directorio de YPF. 

Participó de un extenso streaming donde concedió una entrevista de tipo intimista y cerró el viernes inaugurando un sector de la planta industrial de Mercedes Benz en la localidad de Zárate, para concluir la jornada acompañado por Luis Caputo, que se refirió al super RIGI, y por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien hizo foco en el Plan Bandera. La rueda periodística hizo agua para quienes la organizaron cuando se pretendió limitar las preguntas de la prensa a los temas que plantearon los dirigentes.

 Escasos de reflejos, ninguno de los tres funcionarios negó haber recibido sobresueldos cuando se los consultó al respecto, pese a que el jefe de Hacienda aprovechó el evento para decir que lo de Adorni no impacta en el Riesgo País, sino que lo que genera incertidumbre en los mercados y la política local es el 'riesgo kuka'. Desde los Estados Unidos, el propio Milei tuvo que salir a respaldar a su portavoz y bajarle el tono al pedido de Patricia Bullrich, vinculado a que se acelere la presentación de la Declaración Jurada del mandamás de las nueve carteras nacionales.

Uno de los ministros del Gabinete le dio detalles a El Litoral sobre lo que pasó en el cónclave convocado por Adorni: 

"Abrió la reunión el Presidente de la Nación. Habló media hora. Dio un panorama general y le dio un fuerte respaldo a Manuel. Después tomó el mando de la reunión Adorni que agradeció a los equipos técnicos por el informe de gestión que él mismo presentó en el Congreso la semana pasada", contó la fuente, que añadió que el ministro en jefe "expuso sobre el plan de gestión 2026/27; la reestructuración presupuestaria que se firmó,

 Y que se pasó a tratar la cuestión de los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con el objetivo de concretarse a fines de mayo". Al final de lo que el funcionario le contó a este diario, señaló que "se propuso una revisión de los organismos internacionales y especialmente de los proyectos legislativos a impulsar en el corto plazo".

Por otras vías, este medio se enteró que quienes tomaron la palabra en torno al caso Adorni fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien reiteró el pedido que había hecho público; la presentación adelantada de la DDJJ del titular de la Jefatura.

 Un reclamo con el que se tejieron especulaciones en referencia a la relación entre la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa y Karina Milei. El grueso de los colaboradores de ambas mujeres negaron los roces porque declararon que, "se pidió lo razonable y no que Manuel se vaya, ni mucho menos. Las dos saben quienes son y se conocen. Patricia no encabeza nuestro bloque porque sí", opinó uno de los operadores con despacho cercano al subsecretario de gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem.

Los hombres más cercanos a Manuel Adorni adelantaron que el ministro estará concediendo una -o dos- conferencias de prensa por semana, y manteniendo contacto directo con los jefes de las carteras que conduce. 

"El apoyo que tiene 'Manu' no es únicamente de Javier y Karina, es del Gobierno en su conjunto, y es así porque sabemos que cuando todo quede aclarado en la Justicia, muchos van a tener que retractarse y pedir perdón, porque él no cometió ningún delito. Los que sí lo hicieron están entre rejas o con una tobillera acá a unaS cuadras", señaló disgustado uno de los asistentes más fieles del ministro coordinador, quien, pese a todo, trabaja diariamente en reconstruir lazos con gente de su propia administración, pero también con opositores dialoguistas y parte del periodismo.

Miembros de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de la Provincia de Santa Fe (ALUASAFE) explicaron los alcances de la decisión tomada por el Gobierno Nacional el lunes pasado, cuando oficializó una serie de cambios en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429.

De acuerdo a lo explicitado por autoridades nacionales, el objetivo es actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas de fuego en el país. Las modificaciones fueron establecidas a través del decreto 306/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluyen reformas en la clasificación de armas y municiones, las condiciones de acceso y portación, los procesos de sucesión y transferencia, y las competencias del organismo registral.

En Santa Fe “estamos esperando la reglamentación de esta modificación, o sea la letra chica, porque el decreto es muy amplio”, advirtió Claudia Córdoba, desde la ALUASAFE, al tiempo que anticipó que el mismo “recalca algunas cuestiones que ya estaban en la ley, y se incorporan algunos elementos como los supresores de sonido y miras que antes estaban prohibidas”.

La nueva normativa establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar sujetos a “limitaciones irrazonables o desproporcionadas”, en línea con los derechos constitucionales y el principio de reserva. A la vez, regula de manera integral la adquisición, uso, tenencia, transporte, importación e introducción al país de armas de fuego, explosivos, pólvoras, agresivos químicos y otros materiales considerados de uso civil o de guerra.

“El tema de la portación de armas, que es un tema que se venía hablando a nivel gubernamental, no es que se flexibiliza, sino que se replantea, con una evaluación exhaustiva”, indicó Córdoba. “Todos los usuarios legítimos civiles la podrán pedir, cumplimentando una serie de requisitos estrictos”, agregó, pero “siempre va a quedar a criterio de la autoridad de aplicación” —históricamente el Registro Nacional de Armas (RENAR) y luego la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)—.

El decreto también retoma modificaciones introducidas en 2025 mediante los decretos 397 y 409, que avanzaron en la modernización de los procesos de adquisición y registración, especialmente para personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías provinciales.

Entre los principales cambios, se actualizó el listado de armas, dispositivos y municiones de uso prohibido. La nómina incluye escopetas de cañón corto por debajo de los 380 milímetros, dispositivos capaces de convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas de fuego disimuladas en objetos de uso cotidiano —como lapiceras o bastones—, así como distintos tipos de munición considerados de alto poder destructivo o letal, como proyectiles expansivos (fuera de la caza o el tiro deportivo), perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados. También se prohíben agresivos químicos de efectos letales y armas electrónicas diseñadas con ese mismo fin.

La normativa aclara que la prohibición alcanza no solo a la utilización de estos materiales, sino también a su adquisición, tenencia, portación, transporte, transferencia e importación. No obstante, se prevé que determinadas municiones puedan ser utilizadas por fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones.

La nueva disposición "ratifica la prohibición de uso civil de munición expansiva para defensa, salvo en los polígonos de tiro, a donde se puede ir a practicar tiro al blanco bajo las normas actuales", aclaró Córdoba.

Por otra parte, el decreto redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incorporando armas portátiles no incluidas en otras clasificaciones y aquellas que hayan dejado de ser de dotación oficial. En este grupo también se incluyen dispositivos como supresores de sonido y miras nocturnas especialmente diseñadas para el tiro en condiciones de baja visibilidad.

Sobre este punto, Córdoba mencionó que las miras nocturnas y supresores podrán ser utilizados en polígonos de tiro y actividades recreativas como la caza, por lo que esos materiales deberán ser registrados como de uso civil condicional”.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la flexibilización de los trámites para la registración de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán inscribir el armamento ante el Registro Nacional de Armas (RENAR) sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido mediante la documentación correspondiente, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.

El texto oficial precisa que este procedimiento no implica el reconocimiento de la calidad de heredero ni de la propiedad del arma, sino que se limita a regularizar su tenencia y mantener la trazabilidad estatal del material.

“En Santa Fe no cambia ni afecta en nada en particular”, resumió Córdoba, porque “es una medida nacional que tiene implicancias en todo el país”. Luego destacó la “ratificación de la edad mínima de 18 años para ser legítimo usuario de armas, la validez de 5 años de la credencial de portación, la digitalización de todos los trámites, la simplificación de trámites de armas heredadas”.

Respecto de este último punto, Córdoba mencionó que “antes había que recolectar gran cantidad de papeles, en cambio ahora simplemente con acreditar el vínculo de parentesco con la persona fallecida se podrá registrar a su nombre, evitando la burocracia y pérdida de tiempo”.