Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre. Los arrestos fueron realizados por la Policía de Investigaciones provincial tras allanamientos en dos domicilios.

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Cinco personas fueron detenidas este miércoles en Rafaela, involucradas en un hecho de amenazas calificadas ocurrido el pasado 29 de diciembre. La intervención fue llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe, bajo la dirección del fiscal Guillermo Loyola.

El incidente se originó en la intersección de las calles Carlos Gardel y Ciudad de Esperanza, cuando un grupo de personas agredió a una mujer que se encontraba sentada en la vereda de su domicilio junto a su familia. Según la denuncia, los agresores arrojaron piedras y amenazaron a la mujer con un arma de fuego y cuchillos, aparentemente debido a conflictos previos.

La investigación fue inicialmente gestionada por la Comisaría 13°, pero luego fue derivada a la Policía de Investigaciones, quienes realizaron tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos responsables. Los detenidos fueron identificados como L.A.V., S.S.V., H.M.A., V.P.V., y A.N.A.

Bajo órdenes del fiscal Loyola, se realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en las calles Carlos Gardel 500 y Pje. Baroni 300. Durante los operativos, se logró la detención de los cinco involucrados, tres de los cuales fueron trasladados a la alcaldía de Rafaela. Las dos mujeres restantes continúan bajo resguardo en la sede de la Policía de Investigaciones.

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Así lo indicaron las autoridades presentes en conferencia de prensa. Aproximadamente 150 agentes de las fuerzas provinciales fueron parte de los procedimientos de la mañana.

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Tal como informó oportunamente Radio Rafaela, la mañana de este miércoles comenzó con 19 allanamientos simultáneos en la ciudad. Los procedimientos se concretaron en barrio Zazpe, Barranquitas, Virgen del Rosario y en el asentamiento de calle Río de Janeiro.

Se trató de los primeros operativos en el marco del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF) en la ciudad de Rafaela, que lleva adelante el Gobierno provincial, a través de diferentes áreas, en conjunto con el Municipio y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A minutos del mediodía, con varios de los procedimientos aún en marcha, las autoridades brindaron una conferencia de prensa con detalles de los resultados. Estuvieron presentes la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba; los fiscales Dr. Guillermo Loyola y Dra. Lorena Korakis en representación del Ministerio Público de la Acusación; y el jefe de la Unidad Regional 5 de Policía, Víctor Rivero.

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En charla con los medios, indicaron que aproximadamente 150 agentes de las fuerzas provinciales fueron parte de los procedimientos de la mañana. Como resultado de estas intervenciones, se logró la detención de al menos seis (6) personas.

Además, la fiscal Lorena Korakis añadió que “se logró secuestrar materiales de estupefaciente, una balanza en precisión, arma de fuego, mucha cantidad de proyectiles”, entre otros elementos.

Los procedimientos corresponden a “investigaciones que se han realizado a partir del mes de agosto, con lo cual esto marca un inicio porque se secuestraron dispositivos celulares, con lo cual es necesario, por supuesto, realizar las pericias que entendemos que es un paso importante y un instrumento adecuado para continuar con estas investigaciones”.

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Trabajo coordinado con colaboración local

En representación de la Municipalidad de Rafaela, el secretario de Prevención y Seguridad Juan Manuel Martínez Saliba agradeció la presencia de las autoridades provinciales, policiales y judiciales. “Es un día muy importante, ya que venimos trabajando con distintas reuniones hace un tiempo y hoy pudimos efectivizar en el territorio distintos tipos de medidas traducidas en allanamientos”, destacó.

“Entendemos claramente que este es el camino mancomunado para poder tener una ciudad más segura, ya que los esfuerzos que se han realizado hoy desde el Gobierno provincial y también desde el MPA fueron muy grandes. Como municipio, acompañamos siempre y trabajamos para mejorar la ciudad, para tener una ciudad más segura”, indicó el funcionario local.

Además, explicó que “el territorio al que fuimos hoy es muy complejo, sabemos que existe un problema grave de consumo problemático y por eso es necesario que todos juntos estemos trabajando. Por eso agradezco enormemente la tarea de todos”.

“Como Gobierno municipal, desde el primer día dijimos que íbamos a asumir un rol protagónico y fuerte en materia de seguridad, un rol que hoy con este procedimiento estamos demostrando, además de distintas acciones que estamos llevando adelante”, cerró.

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Programa Intervención Barrial Focalizada (IBF)En representación de la Provincia, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que el gobernador les solicitó a sus funcionarios “estar en contacto directo, regular y ácido con los gobiernos locales. Este es un ejemplo, esta es una acción que se suma a un sinnúmero de acciones que venimos realizando con los gobiernos locales”.

Paralelamente, destacó que “lo que hoy se dio en la ciudad de Rafaela fue el puntapié de una serie de acciones y de intervenciones que se van a dar en Zazpe, este barrio que requería este tipo de intervención.

Se trata de “una intervención, en principio, que tiene que ver con la pata más dura del Estado, con allanamientos, con presencia policial, con presencia de la PDI. Hubo más de 150 efectivos de diferentes unidades regionales abocados al trabajo de operatividad en el barrio. Es recurso humano puesto al servicio de esta intervención”.

A partir de estos procedimientos, y con el paso del tiempo, vendrán otras acciones vinculadas a “reconstruir el tejido social”, adelantó Coudannes. En ese sentido, recordó que el Zazpe “tiene diferentes instituciones que vienen trabajando hace tiempo en el barrio. Hay que recuperar ese tejido social, hay que trabajar, con cuestiones puntuales como el tema de consumos, con las juventudes, con los proyectos de vida”.

Por lo pronto, estos 19 allanamientos concretados también en barrios Barranquitas y Virgen del Rosario, tuvieron importantes resultados. La funcionaria provincial aseguró que se logró “el secuestro de armas de fuego, de municiones, celulares para posteriores investigaciones, un motovehículo que fue robado hace unas semanas atrás aquí en Rafaela, estupefacientes, de dinero en efectivo”, entre otros.

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El aporte de la Justicia Para cerrar, la Dra. Lorena Korakis, en representación del MPA, agradeció al Ministerio de Seguridad y al Municipio la invitación a la conferencia. “Como fiscales, nos parece muy importante transmitirle a la ciudadanía la importancia del trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y fundamentalmente también a los resultados que vamos obteniendo de este trabajo conjunto y de las investigaciones”, dijo.

Los procedimientos se realizaron esta mañana temprano, con custodia especial en la escuela frente a la plaza.

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Tal como informó Radio Rafaela en las primeras horas de este martes, tuvieron lugar en barrio 2 de Abril seis allanamientos simultáneos. Los procedimientos se concretaron como respuesta a los violentos hechos que se registraron en las últimas semanas, con balaceras y robos.

Finalizando los operativos a minutos del mediodía, trascendieron detalles de los resultados obtenidos. Según se pudo saber, hay al menos tres personas detenidas de entre 18 y 25 años de edad. También habría un menor aprehendido.

Además, los efectivos procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa. Entre lo hallado, indicaron que habría municiones, aunque no lograron encontrar armas.

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En conferencia de prensa, el primer mandatario local, Leonardo Viotti, acompañado por el secretario de Prevención en Seguridad y el Fiscal Regional Carlos Vottero, brindaron detalles del procedimiento.

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A partir de la noche del jueves y durante las primeras horas de este viernes, se concretó un importante operativo en Rafaela. Tal como informó este medio, secuestraron un camión con toneladas de metales y chatarra.

Al respecto, el intendente Leonardo Viotti junto al Fiscal Regional Carlos Vottero, brindaron una conferencia de prensa. También estuvieron acompañados por el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba

En charla con la prensa, Viotti precisó que el camión secuestrado “estaba trasladando entre cinco y diez mil kilos de distintos metales. Se está realizando una tarea de determinar qué es específicamente, de dónde se había obtenido cada uno de estos metales y hacia dónde iban”.

“Recordemos que los rafaelinos estamos sufriendo una situación totalmente angustiante en materia de seguridad y especialmente ligado a los metales. Todos los días nos roban cables a instituciones, el municipio, a vecinos, somos víctimas”, comentó el intendente.

“Hay una economía del delito ligada a la reutilización de estos metales, la compra y venta. Según la información que tenemos, mucho tiene que ver con el consumo de sustancias. Estamos haciendo un trabajo específico y desde la Fiscalía regional se puso en marcha un equipo para trabajar esta problemática que nos está pegando muy duro. Pero ya empezamos a tener resultados importantes que queremos empezar a mostrar, y que sepan que estamos trabajando muy fuerte”, añadió.

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Trabajo coordinado

Por su parte, el Fiscal Regional Carlos Vottero afirmó: “estamos trabajando en conjunto con el Municipio y Provincia para abordar cada una de las materias que hoy generan una conflictividad social de consideración”.

“Uno de los principales problemas que estamos teniendo en la ciudad es la sustracción de cables y metales. En cuanto al cable, se relaciona fundamentalmente a la comercialización del cobre cuya circulación comienza desde el primer eslabón que es quien sustrae, el ladrón común”, comentó.

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“Hace tiempo que estamos abordando ese primer aspecto de toda esa cadena de circulación de comercialización. Esto avanza, llega a chacaritas o chatarrerías, que son un punto de comercialización importante”, dijo.

“Para abordar esto, hemos conformado desde la semana pasada un equipo. La PDI tiene nueve agentes destinados a abordar esta temática de la sustracción de cables y metales trabajando bajo la órbita directa del MPA”, precisó Vottero.

Con el traslado de 40 presos a Piñero continúa el proceso de vaciamiento de comisarías. A la vez se ajusta cada vez más el control para evitar que cometan delitos desde las cárceles.

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En el marco del plan de Seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro, este martes al mediodía se realizó el traslado de 40 presos desde la Alcaidía de Melincué hacia la Unidad Penal N° 11 de Piñero.

“Seguimos adelante con el programa de vaciamientos de comisarías para poner a la Policía en la calle, tal como lo ordenó el gobernador Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni”, expresó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Durante la campaña Pullaro detalló que su plan de Seguridad consistía en 5 ejes: Poner a la Policía en la calle; retomar el control de las cárceles; activar las Investigaciones Criminales contra las bandas delictivas; modificar las leyes, trabajar en coordinación con las Fuerzas Federales e intervenir en los barrios más complicados por el delito junto con todo los poderes del Estado. En estos 22 días que lleva de gobierno el primer mandatario provincial está cumpliendo con cada paso.

En ese sentido, desde la cartera de Justicia y Seguridad, el ministro Pablo Cococcioni y equipo trabajan a marcha forzada para aumentar la cantidad de móviles, vaciar las comisarías de presos para poner más efectivos en la calle y controlar las penitenciarías, entre otras acciones.

“El estado en que recibimos las cárceles es deplorable, desde inhibidores que no funcionan hasta falta de obras. Por suerte la nueva Ley del Servicio Penitenciario nos permite trabajar de manera más eficaz para controlar la situación”, manifestó Masneri, quien también se refirió a las últimas requisas preventivas: “Durante la tarde de fin de año hicimos una en Coronda y le secuestramos material estupefaciente a uno de los reclusos de alto perfil, Nano Leiva, que fue inmediatamente puesto en aislamiento”.

Controles en Piñero

El Servicio Penitenciario secuestró 119 dosis de marihuana, que intentó ingresar una mujer de 74 años ia la cárcel de Piñero a través de un recipiente hermético con comida. Las dosis incautadas por los agentes tenían como destino a un preso que cumple condena en el pabellón 15.

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Inmediatamente se le dio intervención a la Brigada Antinarcóticos de Rosario, que estableció que se trataba de 119 dosis de marihuana, con un peso aproximado de 85 gramos.

Este martes, la mujer fue llevada a audiencia imputativa por suministro gratuito de estupefacientes. Entre las medidas dispuestas por la Justicia, se le prohibió acercarse a lugares de detención por el plazo de un año dentro de la provincia de Santa Fe.

Se trata de una de las acciones dispuestas por el gobernador Maximiliano Pullaro en la primera semana de gestión al frente de la Provincia.

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El traslado de 13 sicarios y narcotraficantes de la cárcel de Piñero, vinculados a las principales bandas delictivas de Santa Fe a pabellones de máxima seguridad fue una de las acciones ejecutadas en materia de seguridad por Maximiliano Pullaro en los primeros días de su gestión al frente del Gobierno de la Provincia. La medida se completó el viernes con una acción similar en la cárcel de Coronda, donde se requisaron celdas, se secuestraron elementos y se aisló a delincuentes de alto perfil.

En coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni, se materializó un paquete de medidas que tienen como principal objetivo reorganizar y efectivizar la operatividad y funcionamiento de la policía y el servicio penitenciario santafesino.

“Daremos una batalla sin cuartel al delito, al crimen organizado y a aquellos personajes que se creen intocables”, aseguró el gobernador Pullaro días atrás para luego completar: “Los jefes narcos y sicarios volvieron a pabellones de alto perfil y eso nos va a permitir tener un mayor control de estos reclusos. El objetivo es que desde los penales no se cometan delitos; esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, van a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y van a estar monitoreados las 24 horas”.

Quiénes son los delincuentes de alto perfil

Los 13 internos que se encontraban en pabellones comunes y fueron trasladados a pabellones de alto perfil son Ariel Máximo Cantero, Juan Carlos Olguín, Valentino Barjacoba, Marcos Mac Caddon, Gastón Alejandro Berlari, Mauro Javier Gerez, Andy Fabián Benítez, Leandro Daniel Olivera, Ariel Sebastián Acosta, Juan José Villazon, Franco Matías Almaraz, Fabio Alejandro Giménez y Andrés Alejandro Bracamonte. En consecuencia, en pabellones de alto perfil se pasa de tener 25 internos a 38 detenidos en esa categorización.

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Vaciamiento de comisarías

Asociada a esta medida, el ministro también ordenó el vaciamiento de varias comisarías de Rosario y trasladaron un total de 86 presos a dependencias del Servicio Penitenciario. De esta manera el personal policial ya no tendrá la tarea de custodiar presos y se dedicará exclusivamente a los patrullajes de prevención. En los próximos días se realizará lo mismo en la ciudad de Santa Fe, y luego se continuará con el resto de las comisarías de la Provincia.

Por otra parte, Coccocioni detalló otras medidas que se están llevando adelante en todos los edificios que alojan detenidos y en la calle. “Estamos desarrollando operativos de cacheo, control y requisas aleatorias en la vía pública; prohibición de entrada de elementos al servicio penitenciario, restricción de horarios de visitas, horarios de patios y comunicaciones y otros derechos reglamentarios de los reclusos”. Y remarcó: “Vamos a adoptar todas las medidas necesarias, y de la forma más enérgica posible, para garantizar y recobrar la paz pública en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe”.

Mayor presencia y patrullaje

Desde el primer día de gestión, también se dispuso un bloqueo administrativo de la Policía provincial. “Esto significa que sólo funcionará con guardias mínimas en las oficinas y nos permite contar con mayor presencia policial en las calles y el territorio”, marcó Coccocioni. La consigna general es que hasta el último policía esté en la calle, haciendo patrullaje preventivo, y no en oficina juntando papeles”.

Además, el Ministro sostuvo que “a una semana de estar en el Gobierno, podemos decir que hoy las rutinas de patrullaje cuentan, como mínimo, con el doble de vehículos en calle por efecto de estas medidas que estamos tomando. Avanzaremos a paso firme en función de la planificación establecida por el gobernador Pullaro para reequipar la institución policial que tiene una flota de vehículos absolutamente desmantelada. Esta semana ingresamos con talleres móviles en las unidades regionales y nos encontramos con unidades en estado calamitoso. Esto no puede volver a pasar nunca más en la provincia de Santa Fe. Recibimos una policía colapsada que iremos reconstruyendo en el corto, mediano y largo plazo, apuntando, entre otras cosas, a que la flota de patrulleros esté en condiciones”, completó.

Sucedió después de las 19 en la ruta nacional 168. El conductor de un vehículo que viajaba como custodia delante del camión de caudales fue embestido por este último. Su conductor resultó lesionado.

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Este martes por la tarde, cerca de las 19.15, en la ruta nacional 168, a la altura del hipermercado, un camión de caudales procedente de la sucursal de Rosario que iba hacia la vecina ciudad de Paraná, chocó con un vehículo utilitario, Renault Kangoo, que era parte de la misma custodia del transporte de caudales.

Como consecuencia del impacto se produjo un atascamiento en el tránsito vehicular. Al lugar llegaron oficiales y suboficiales de Orden Público de la policía capitalina, de la Policía de Seguridad Vial que implementaron un operativo para asegurar la circulación, y una ambulancia atendió al conductor del utilitario, lesionado en la colisión.

Los vigiladores de la empresa de seguridad privada que ofician como custodios del camión de caudales, denunciaron el suceso y pidieron apoyo a la central de emergencias 911.

Al lugar llegaron después oficiales y suboficiales de la Comisaría 2° de barrio El Pozo, del Cuerpo Guardia de Infantería CGI y del Grupo de Operaciones Especiales GOE como de la Policía de Seguridad Vial PSV, que preservaron el lugar y también arribaron médicos en ambulancias para asistir a los heridos. Ya se dispuso un operativo policial de acompañamiento hasta la ciudad de Paraná y allí entregaran el resto del acompañamiento a policías de la provincia de Entre Ríos.

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Informaron la novedad sobre la ocurrencia del choque y de sus consecuencias a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó un informe sobre el suceso, un operativo de protección del camión y el aseguramiento del lugar hasta la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los que serán realizados por los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

DiarioUNO.

El financista Luis Herrera fue detenido esta mañana, junto con sus dos hijos, investigado por millonarias estafas a partir de su default ocurrido en septiembre del año pasado.

Las detenciones, pedidas por el fiscal Miguel Moreno, se realizaron junto con una serie de allanamientos en sus domicilios particulares (en barrio Alberdi de la ciudad de Rosario, adonde vive, y en Timbúes, adonde fijó residencia) y profesionales a partir de las 7 de la mañana. Incluso, una dirección mal registrada demoró el inicio de las acciones judiciales. En concreto, su detención se produjo en su domicilio en Timbúes con orden de un juez de San Lorenzo.

Herrera acumula más de 60 denuncias penales en su contra de inversores por algo más de 10 millones de dólares. También tiene otra tanda de denuncias en la Justicia civil. En círculos financieros se estima que su deuda es, como mínimo, de 30 millones de dólares.

El fiscal Moreno, a cargo de la Unidad Especial de Delitos Económicos Complejos, comentó que "los delitos que buscamos imputarle a Herrera son el de estafa, administración fraudulenta, lavado de activos y asociación ilícita".

Sus hijos también quedaron detenidos por ser parte del negocio. Y este jueves tendrá la audiencia imputativa.Su defensa penal está a cargo del abogado Jorge Ihlarrescondo, quien esta mañana señaló que "Herrera no cometió estafas sino que tuvo contingencias económicas", y se quejó de la prisión preventiva. "No hay razones jurídicas", aseguró.

La defensa

“A Herrera se le alteraron las variables económicas que tenía fijadas cuando definía sus políticas de inversiones en activos de terceros. Tenía inversiones en determinados títulos de la deuda. Esos títulos cayeron, fundamentalmente producto del default que el Estado argentino produjo en el año 2019 con el reperfilamiento de la deuda. Esos títulos pasaron a costar un valor inferior hasta el valor nominal”, dijo. El abogado también culpó a la pandemia. "Hubo corridas financieras y también económicas. Hubo imposibilidad de afrontar la situación por circunstancias exógenas y también, por qué no decirlo, por una mala decisión en términos estratégicos comerciales, pero de ninguna manera pudo haber delitos”, afirmó.

“Una cosa es que yo incumpla y otra que yo estafe. Si vamos a decir que todos aquellos que se reflejan como incumplidores, deben ser objeto de una persecución penal por esa situación, las cárceles estarían llenas de gente. Luis Herrera no es un estafador. Reconozco que hubo un incumplimiento y el propio Herrera lo ha reconocido al presentarse en sede civil. Eso es muy diferente a decir que hay asociación ilícita, administración fraudulenta o estafa como circuló en portales de noticias, lo cual no se ajusta ni remotamente a la realidad”, completó Ilharrescondo.

Foto: Alan Monzón/Rosario3Los allanamientos

En total, el caso activó ocho allanamientos, tanto en Timbúes como en Rosario, Granadero Baigorria y Pueblo Esther. Las ordenes de detenciones fueron para: Diego Herrera que vive en Alvarez Thomas al 1.300, Ignacio Luis Herrera, que vive en Rioja al 3000 y Luis Herrera, que mudó residencia a Timbues, pero residía en J.C. Paz al 1900, en barrio Alberdi. Todos quedaron detenidos e incomunicados hasta el próximo jueves, fecha en que se desarrollará la audiencia imputativa.

En rigor, Herrera vivía en Rosario pero al verse que se le complicaba el frente penal, fijo residencial en una quinta en Timbués. Y es que, por su edad, puede acceder a prisión domiciliaria. Fue así que en los últimos días estuvo acondicionando su casa para una posible larga estadía.

Según averiguó Rosario3, la semana pasada el fiscal Moreno terminó de redactar las imputaciones al recibir los últimos informes encargados a autoridades bursátiles de Argentina y del exterior. Y si bien la detención parecía cantada desde hace meses -por la acumulación de denuncias y la falta de respuestas de Herrera- los fiscales también lo dejaron correr mucho (a sabiendas de que no parecía querer fugarse) para darle el tiempo suficiente para que logre un entendimiento con sus acreedores.

Los últimos movimientos de Herrera fueron en línea de buscar un juicio abreviado, que le reduzca la pena, pero para eso debía hacer frente a las deudas que le reclamaban penalmente (1/3 del total), con miras a canalizar el resto vía convocatoria de acreedores, lo que le significaría un gran alivio porque el grueso de ese pasivo no estaba registrado y se le iba a ser muy difícil a los ahorristas cobrarlo.

Un caso de películaHerrera era uno de los financistas más renombrados de Rosario con más de 30 años de intachable trayectoria, paso por la Bolsa de Comercio y el mercado de futuros Rofex, pagando los mejores rendimientos del circuito. Es más, por años pagó una tasa de interés del 7 al 12 por ciento anual en dólares a sus ahorristas, un rendimiento único en el mercado.

Y si bien su frente era la agencia de Bolsa que supo ser de su suegro (Fernández Soljan), el grueso de sus negocios los canalizaba a través de una mesa personal paralela en la que decía tomar fondos de manera privada para realizar complejas operaciones de futuros en el mercado de Chicago, y eran precisamente esos negocios los que, decía, le generaban el rendimiento superlativo que le ofrecía por años a sus clientes.

Su default ocurrió a finales de 2021 por una deuda que se estima ronda los 30 millones de dólares. En 2020 empezaron a trascender sus primeros problemas de liquidez ya que no estaba en condiciones de devolver los depósitos que algunos ahorristas le querían retirar, si bien el pago de interés se mantenía sin problemas. No obstante en 2021, la situación se empezó a tensar cuando crecía la cantidad de ahorristas que no podían sacar sus fondos.

En octubre del año pasado la situación estalló cuando no pudo cubrir un faltante de 800 mil dólares en los saldos de sus cuentas en Fernández Soljan. Fue ahí que el Mercado de Futuros Matba Rofex informó la situación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y lo corrió del cargo de tesorero que tenía en la entidad. El órgano de control suspendió las operaciones de Fernández Soljan y ahí se desató la corrida sobre su financiera personal entrando ya en noviembre en un default total.

En diciembre del año pasado, Herrera presentó la convocatoria de acreedores. Según la presentación judicial. dijo tener por su negocio privado 36 acreedores a los que les debe 7 millones de dólares. Si a eso se le suma la deuda en Fernández Soljan y otros préstamos contraídos, su pasivo en blanco rondaría los11 millones de dólares. Y como el grueso de su problema es la deuda blue, en el mercado se estima su deuda en torno a los 30 millones de dólares.

Pero el juez de primera Marcelo Quiroga le rechazó el pedido de convocatoria por inconsistencias. Fue así que Herrera apeló antes de la feria judicial de enero. Pero a principios de junio, el tribunal de apelaciones volvió a negar la apertura. La resolución lleva la firma de los jueces Pablo Cifré, Ivan Kvasina y Ariel Ariza.

El revés en segunda instancia fue un duro golpe a su estrategia judicial. Es que luego de prometer sin cumplirle a sus clientes un acuerdo privado, y sin nunca haber podido explicar las razones de su crisis de manera convincente, Herrera había apostado a una solución en el marco de la convocatoria. Pero al serle rechazada esa instancia, el empresario igual les decía a sus ahorristas que estaba preparando los papeles para volver a presentarse.

En rigor, el financista nunca pudo presentar una "hoja de ruta" de cómo devolvería el dinero. Tampoco pudo ser muy preciso en las explicaciones sobre su crisis. Según les aseguraba a sus ahorristas tiene todo el dinero depositado en Estados Unidos, pero lo tiene inmovilizado y por eso no lo puedo girar a otras cuentas.

Al estallar su crisis, algunos ahorristas lo denunciaron penalmente. Y fue así que sus domicilios (comerciales y particulares) fueron allanados y quedó inhibido en sede civil e interdicto en sede penal, además de embargado, y por eso no puede disponer de sus bienes.

Herrera acumula unas 60 denuncias penales, pero ya hay listas para presentarse otras tanda similar. Y también está avanzada una acción colectiva de al menos 60 inversores damnificados. Incluso, hay damnificados que pidieron la detención de Herrera, su esposa y sus dos hijos, entendiendo que hay riesgo de fuga.

Pero el dato es que en los allanamientos, que encabezó el fiscal Miguel Moreno, a principios de año no se hallaron nunca indicios del supuesto fondo en el que colocaba el dinero para invertir en complejas operaciones financieras el mercado de futuros de Chicago, lo que alienta las hipótesis de que ese puede estar ante un esquema “ponzi” en el que Herrera podía mantener el giro siempre y cuando consiguiera nuevos inversores para pagarle intereses a los viejos ahorristas y que nunca le pidan el capital.

Es más, en las audiencias civiles a las que asistió producto de las acciones civiles que ahorristas también iniciaron en su contra, Herrera negó ante el juez y las partes haber operado en el mercado de Chicago, como les prometía en privado a sus clientes con el dinero que recibía.

Precisamente, uno de los factores que alientan la hipótesis de una simple estafa es que Herrera nunca pudo explicar con claridad cómo se le provocó el descalce. Siguiendo esa línea, la Justicia deberá indagar si el dinero de sus clientes se perdió por negocios financieros que salieron mal en algún momento o si Herrera se lo quedó (en total o en parte).

Si bien el grueso de los fondos que manejaba eran en negro, Herrera supo mantener su clientela limpia de inversores pesados o de negocios turbios, lo que le permitió estirar el default un año sin tener que afrontar situaciones complicadas.