El fiscal regional de 5.ª circunscripción Dr. Carlos María Vottero se refirió a una de las aristas más sensibles del informe de gestión presentado en consonancia con los datos expuestos por la fiscal general ante la Legislatura: el crecimiento y la necesidad de visibilizar los suicidios como parte de las muertes violentas.

Si bien socialmente los homicidios dolosos suelen generar mayor impacto, Vottero remarcó que las cifras muestran una realidad más amplia y preocupante, que involucra también a las muertes por accidentes de tránsito y a los suicidios.

“Hicimos hincapié en lo que son las muertes violentas. Si bien lo que genera mayor impacto son los homicidios dolosos, es decir, las muertes causadas intencionalmente por un tercero, lo cierto es que estamos atravesando desde hace bastante tiempo una enorme problemática”, expresó.

En ese sentido, explicó que la decisión del Ministerio Público de la Acusación es comenzar a poner en agenda estos datos para trabajar de manera interinstitucional y buscar estrategias que permitan bajar los niveles de muertes violentas.

“Hemos tomado la decisión de empezar a visibilizar esta enorme problemática, para empezar a tomar datos a través de informes y explicaciones, y tratar de mejorar trabajando interrelacionadamente con distintas instituciones, organismos y actores del Estado”, señaló.

Vottero explicó que dentro del concepto de muertes violentas se incluyen los homicidios dolosos, las muertes ocurridas en accidentes de tránsito, comúnmente calificadas como homicidios culposos, y los suicidios.

“Cuando hablamos de muertes violentas me refiero a los homicidios, a las muertes ocurridas en accidentes de tránsito y a los suicidios”, indicó.

Según precisó, durante 2025 se registraron en toda la provincia 448 suicidios, 306 muertes en accidentes de tránsito y 210 homicidios dolosos.

“Como ustedes verán, es mucha la diferencia. Los homicidios dolosos, que socialmente son los que generan un impacto mucho mayor, son muchos menos que las muertes en accidentes de tránsito, y ni hablar de los suicidios, que son mucho más que las muertes en accidentes de tránsito”, remarcó.

Para el fiscal, esta comparación permite dimensionar la magnitud del problema y la necesidad de no limitar la discusión pública únicamente a los homicidios intencionales.

El fiscal regional insistió en que las tres categorías deben ser abordadas como muertes violentas y requieren una mirada integral por parte del Estado. “Las tres constituyen muertes violentas”, afirmó.

Además, aclaró que desde el Ministerio Público de la Acusación cada una de estas investigaciones demanda el mismo nivel de trabajo, aunque no siempre tengan la misma visibilidad pública.

“El MPA, en cada una de estas investigaciones, trabaja de la misma manera, y cada investigación a cargo de un fiscal requiere el mismo esfuerzo”, explicó.

Y agregó: “Socialmente parece que lo que requiere un esfuerzo es un homicidio doloso o un femicidio. Lo cierto es que no. Se investiga de igual manera y hay que llevar adelante todas las diligencias investigativas en relación a un suicidio o una muerte en accidente de tránsito”.

Vottero remarcó que el trabajo de los fiscales en casos de suicidios o siniestros viales muchas veces no queda expuesto públicamente, aunque implique la misma responsabilidad investigativa.

“El trabajo de un fiscal que no está visibilizado respecto de estos dos tipos de muerte es exactamente igual que el del homicidio doloso, que sí está visibilizado”, sostuvo.

Dentro del ámbito de la Fiscalía Regional 5, el fiscal indicó que durante el último año se registraron 43 suicidios, con mayor incidencia en la ciudad de Rafaela, seguida por Sunchales.

“Nosotros dentro del ámbito de la Fiscalía Regional 5 tuvimos 43 el año pasado, y la mayoría se dio en la ciudad de Rafaela, seguida por Sunchales”, precisó.

Consultado sobre las edades de las personas que toman esta determinación, Vottero señaló que el mayor impacto se observa entre los 20 y los 39 años, aunque aclaró que el informe contiene datos más detallados. “Entre 20 y 39 años, mayormente”, indicó.

El fiscal sostuvo que contar con información precisa es el primer paso para comprender el fenómeno y definir políticas de abordaje desde distintas áreas del Estado.

“Hay que empezar a visibilizar toda esta temática, esta enorme problemática en aumento”, afirmó.

Vottero consideró que el aumento de casos exige que cada sector del Estado asuma el rol que le corresponde, especialmente en relación con la prevención, el acompañamiento y la salud mental.

“Se ha tomado la decisión para que distintos actores del Estado empiecen, cada uno desde su lugar, a abordarla. Porque si esto se sigue no visibilizando, va a seguir aumentando”, advirtió.

En esa línea, remarcó la importancia de trabajar desde los datos, pero también desde una mirada sanitaria y social.

“Hay que empezar por los números, los datos, los informes, empezar a dar a conocer todo esto”, señaló.

Finalmente, coincidió en que la problemática está directamente vinculada con la salud mental y que ese debe ser uno de los ejes centrales del abordaje.

“Está relacionado totalmente con la salud mental. Está todo vinculado”, concluyó.

De un reciente relevamiento, del cual participaron más de 100 comerciantes de los Centros Comerciales Abiertos (CCA) Paseo del Centro, Paseo Roca y Paseo Yrigoyen (63,6% de ellos dueños, 22,4% responsables o encargados y 14% empleados), surge que más del 50% ha tenido problemas asociados a la actividad que desarrollan los lavacoches en el espacio público.

Así, casi el 80% de los consultados considera que la presencia de lavacoches tienen un impacto negativo o muy negativo para su negocio, pues existe una percepción generalizada de que la actividad que estos desarrollan desincentiva la concurrencia de vecinos y visitantes al sector. Del análisis de los datos relevados, se desprende que el mayor impacto negativo tiene que ver con las tensiones e incomodidades que sienten quienes transitan la zona por actitudes intimidatorias (incluso extorsivas) de parte de los lavacoches hacia los vecinos, y conflictos (muchas veces violentos) entre los propios lavacoches. También surge el hecho de que la constante actividad genera acumulación de residuos y provoca olores desagradables, afectando la calidad del entorno urbano.

Uno de los comerciantes comentó: “Considero que debe tratarse este tema con la seriedad que merece, ya que para muchos clientes resulta muy incómodo y molesto que estén en forma muy insistente en los estacionamientos, y eso hace que muchas veces no quieran venir al local para no tener que pasar por ese momento.” En el mismo sentido, otro señaló que “siendo el centro un lugar lindo, cálido y agradable, no me parece correcto que -quienes circulan y tienen intenciones de comprar- tengan que lidiar con gente que te obliga o genera inseguridad a la hora de ver si te lavan o cuidan el auto”.

La preocupación de los comerciantes consultados radica en que lo anteriormente señalado afecta la imagen y percepción general de la zona, lo que tiene su correlato en términos comerciales y, por ende, económicos. Ante esta problemática, entienden que resulta necesario que el Gobierno local asuma un rol activo para generar entornos ordenados, seguros y atractivos, tanto para los vecinos como para los visitantes: en efecto, el 93,5% considera necesario que el Municipio aborde el tema. Respecto a esto, los comentarios relevados expresaron cuestiones como “es el momento de hacer algo”, “hace más de 30 años que se trata el tema y sigue igual”, y “es un cuento de nunca acabar”.

Es así que desde la Comisión de Comercio & Servicios del CCIRR, se reiteran los planteos para acordar estrategias que apunten a la consolidación de los CCA como espacios de convivencia, disfrute y encuentro.

El encuentro fue encabezado por la ministra Celia Arena y el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, con la participación de todas las provincias, Fiscalía Federal y ONG's.

Se desarrolló este jueves y viernes, en el Salón “Rodolfo Walsh” de Sede de Gobierno en Rosario, la XVIII reunión Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Con la participación de la mayoría de las provincias, en la apertura de la primera jornada, brindó la bienvenida al cónclave el coordinador Nacional del Consejo y secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

En la oportunidad, Mena explicó:

El órgano está nucleado por todas las jurisdicciones que componen nuestro Estado Federal, el Estado Nacional, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Legislativo, organizaciones de la sociedad civil, y tiene como misión principal adoptar las políticas federales para luchar contra este enorme flagelo. Como siempre decimos, la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y por eso desde el año 2007 se logró constituir una verdadera política de Estado para enfrentar este flagelo, con un Consejo Federal donde todos y todas las personas, los funcionarios públicos responsables de prevenir, combatir este aberrante delito y asistir a las víctimas

En tanto, como anfitriona de la reunión, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Celia Arena, agradeció la participación de autoridades nacionales, representantes de la mayoría de las provincias y ONG's, y destacó la instancia de “articulación, porque si bien es un delito de carácter federal, la política y el compromiso de cada uno de los estados provinciales y de las organizaciones civiles que trabajan en el tema es fundamental”.

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“Hay un primer punto que es el de la búsqueda de las personas víctimas de trata, de explotación sexual o laboral, que es estratégico, pero también lo es la instrumentación de las políticas vinculadas a la persecución de la ruta del dinero en este delito que es un gran negocio”. Al respecto, mencionó “el establecimiento de una delegación de la Unidad de Información Financiera” en Rosario, con lo que significa “la cercanía para poder investigar y la conexión con otro tipo de delitos como la narco criminalidad y otros conexos”, agregó la ministra.

Por último, Arena subrayó, por parte del “gobernador Omar Perotti, el gran compromiso de trabajar por cada una de estas personas, por las familias, pero además por el compromiso que tenemos con este tema desde la perspectiva de derechos humanos, de género y diversidad”.

Conclusiones de la jornada y próxima reunión

Durante las jornadas se debatieron las comisiones “Para la prevención del delito de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas”; “Para la persecución y sanción a los responsables del delito de trata de personas”; y “Para la supervisión de la unidad de bienes embargados”.

Al término de las jornadas, la secretaria y subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol y Anatilde Bugna respectivamente, explicaron que se expuso el informe de gestión 2020-2022 que será presentado ante el Congreso de la Nación y que se debatieron casos testigos a los fines de proponer mejoras en el abordaje de los mismos además de las conclusiones de las comisiones.

Por último, se realizó el sorteo de las próximas organizaciones de la sociedad civil que integrarán el Consejo y se votó la próxima sede: Tucumán.