La causa judicial contra Agostina Páez en Brasil sumó un actor inesperado y de peso. El Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas, una histórica organización brasileña vinculada a la defensa de los derechos civiles, pidió ingresar formalmente en el expediente como amicus curiae para influir en la resolución del caso.

El planteo apunta a endurecer la respuesta judicial frente a la acusación por injuria racial que enfrenta la joven argentina en Río de Janeiro. La ONG cuestiona la posibilidad de que el proceso se cierre con un acuerdo económico y sostiene que una salida de ese tipo enviaría un mensaje de impunidad.

Páez, de 29 años, aguarda en la Argentina la resolución final del juez Guilherme Duarte, del Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro. Para el CEAP, que la acusada espere el fallo fuera de Brasil ya representa por sí mismo una señal equivocada sobre la firmeza del sistema judicial frente a un hecho de discriminación racial.

La presentación del CEAP no busca una participación simbólica. Según explicó Carlos Nicodemos, abogado de la entidad y especialista en Derechos Humanos, la intención es aportar una mirada técnica que empuje al magistrado hacia una resolución más dura y con mayor impacto social.

La organización considera insuficiente que el caso se resuelva con una compensación económica para las víctimas. Hasta ahora, la discusión gira en torno a un resarcimiento equivalente a 120 salarios mínimos, unos 39 mil dólares al cambio actual, pero el CEAP rechaza que el expediente termine reducido a ese monto.

En cambio, la propuesta pasa por una sanción de mayor alcance. Si el juez acepta su ingreso en la causa, la ONG impulsará que Páez financie proyectos sociales concretos contra el racismo y la xenofobia, con participación de la sociedad civil de Brasil y también de la Argentina.

El argumento central del CEAP es que el daño no fue solo individual. Por eso, además de una indemnización por daño moral a quienes se sintieron agraviados, la organización pide una reparación colectiva dirigida a la sociedad brasileña.

“Buscamos una indemnización por el daño moral a la víctima, pero también una reparación colectiva a la sociedad brasileña”, explicó Nicodemos. La idea es que el fallo no quede atado únicamente al dinero, sino que ayude a discutir cómo se sancionan y se procesan públicamente los actos de racismo.

Para Ivanir dos Santos, coordinador del CEAP, en Brasil persiste una distancia preocupante entre la dureza de la ley y la aplicación concreta de esas normas. Según su lectura, el sistema suele ser más rápido para restablecer la comodidad del acusado que para reparar la dignidad de las víctimas.

Fundado en 1989, el CEAP reúne a representantes de la comunidad afrodescendiente y del movimiento de mujeres, y tiene una larga trayectoria en litigios vinculados a la discriminación racial. La organización incluso accionó contra empresas tecnológicas como Google y Spotify en expedientes por intolerancia.

En este caso, su estrategia se inscribe dentro de lo que define como “litigio estratégico”. La meta es impedir que un episodio de odio quede reducido a un incidente menor o a un problema turístico sin consecuencias estructurales.

La entidad también puso el foco en el entorno de Páez. Dentro del CEAP interpretan que el hecho ocurrido en Ipanema no fue un acto aislado, sino una conducta naturalizada en su ámbito íntimo. Esa lectura se apoya en las imágenes del padre de la joven repitiendo el gesto racista al momento del regreso de su hija al país.

El juez Duarte fijó plazo hasta el próximo jueves para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la incorporación del CEAP al proceso. Aunque no es habitual admitir a una ONG como amicus curiae en la primera instancia penal, la organización cree que la dimensión pública del caso puede abrir esa puerta.

La definición será importante porque puede modificar el tono del expediente. Si el magistrado admite la participación del CEAP, el caso podría dejar de encaminarse hacia un cierre económico rápido y pasar a una discusión más profunda sobre el tipo de sanción que corresponde frente a un episodio de injuria racial con repercusión internacional.

La próxima semana, entonces, asoma como un punto de inflexión para el futuro judicial de Agostina Páez y para el modo en que Brasil decidirá resolver un caso que ya excedió el plano individual.

El artífice del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei habló sobre los recursos económicos para el INT y el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), con graves acusaciones

El artífice del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei habló sobre los recursos económicos para el INT y el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), con graves acusaciones.

En una entrevista con Radio Mitre en la mañana del sábado, Federico Sturzenegger hizo referencia a las distintas desregulaciones en materia económica e hizo hincapié en la cultura.

"Las leyes de la cultura son de Onganía. No lo podes creer, te das cuenta que es una ley hecha para controlar el flujo de información y las ideas que la cultura le transmite a la sociedad. Un enfoque totalmente militarístico", explicó.

"Las leyes de la cultura son de Onganía. No lo podes creer, te das cuenta que es una ley hecha para controlar el flujo de información y las ideas que la cultura le transmite a la sociedad. Un enfoque totalmente militarístico",[ Federico Sturzenegger]

El ex titular del Banco Central, además, agregó: "Si para que vos hagas una producción cultural depende del favor del Estado no vas a tener un arte contestatario, transformaste la cultura en propaganda. Hay que hacer que el INCAA, el Instituto del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes financien a la cultura de una manera en la que la política no se pueda meter".

Al respecto, afirmó: "Va a cambiar la manera en la que se dan los subsidios, a una manera más transparente. Los kirchneristas montaron una gran estructura de control de la cultura, no solo en el Incaa, de manera más oculta también en el Instituto del Teatro". Y agregó: "Cuando ellos sacaron la Ley de Medios hicieron una cosa que se llamó asignación específica, le cobraron un montón de impuestos a los medios para financiar al Instituto de Teatro y al INCAA".

"Estos institutos reciben un montón de dinero, el Instituto del Teatro tiene un montón de seccionales, unidades básicas en todas las provincias desde la cual el kirchnerismo y La Cámpora repartían plata a la cultura. Ese es el punto de partida. Y como sociedad no sabemos cuánta plata era, porque era un chorro de guita que venía de estos impuestos que venía por un caño oculto y caía ahí", afirmó Sturzenegger.

Estos institutos reciben un montón de dinero, el Instituto del Teatro tiene un montón de seccionales, unidades básicas en todas las provincias desde la cual el kirchnerismo y La Cámpora repartían plata a la cultura. Ese es el punto de partida. Y como sociedad no sabemos cuánta plata era, porque era un chorro de guita que venía de estos impuestos que venía por un caño oculto y caía ahí.[ Federico Sturzenegger]

"¿Por qué no transparentamos los recursos? En vez de recibir los recursos de manera directa, el Incaa, el Instituto de Teatro va a tener que ir al Congreso y decir: 'Esto es lo que yo quiero hacer'. Y el Congreso, los diputados cuando aprueban el Presupuesto, van a decir lo que quieren votar para cine, que puede ser más que lo hay hoy, lo decidirán ellos. Pero no va a ser de una manera oculta. En cultura necesitamos que la asignación de fondos no tenga ninguna posibilidad de ser usada política porque creemos en la libertad, en la libertad de expresión, en el rol contestario del arte. Y no queremos que los dineros que vayan a la cultura sean ocultos, que sean transparentes", concluyó el economista.