Una red de corrupción presuntamente encabezada por el jefe de la Alcaidía de Rafaela, Norberto Núñez, quedó al descubierto tras una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos el pasado 22 de marzo. La misma derivó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), liderada por la fiscal Fabiana Bertero, que terminó con tres policías imputados por corrupción y connivencia con internos.

Según la acusación, los internos que abonaban una tarifa mensual de $100.000 accedían a teléfonos celulares, eran alertados antes de las requisas para ocultarlos y hasta podían obtener reposiciones si los perdían. También pagaban sumas de entre $500.000 y $2.000.000 para acceder a pabellones con mejores condiciones o evitar traslados a otras cárceles más estrictas del Servicio Penitenciario.

El “servicio completo” era administrado, siempre según la fiscalía, por Núñez junto a los policías Cristian Montiel y Alejandro Farías. En la audiencia del miércoles, el juez de Investigación Penal Gustavo Bumaguin dictó prisión preventiva sin plazo para Núñez y por 60 días para los otros dos imputados.

El hallazgo clave ocurrió el domingo 23 de marzo: en un armario metálico bajo llave en la oficina de Núñez, los investigadores encontraron 58 celulares (en la imputación eran 56). Estos equipos eran entregados a los internos, quienes podían usarlos para navegar por redes sociales, comunicarse con el exterior o incluso cometer nuevos delitos. La fiscal Bertero graficó la situación: “La Alcaidía funcionaba como un call center clandestino”.

Uno de los principales testigos es L.B., un interno con conocimientos en informática que estaba trabajando en un sistema de identificación de reclusos. Denunció que Núñez le encargó tareas como desbloquear teléfonos y borrar datos comprometedores. También afirmó que los policías le pidieron realizar inversiones en bitcoins.

La segunda testigo clave fue la subalcaldesa A.E.C., quien declaró que Núñez le mentía sobre el destino de los teléfonos incautados y observó conductas sospechosas como el paso constante de familiares por la oficina del jefe en días de visita. Bertero sugirió que estos ingresos ocultaban el pago de dádivas.

Durante los allanamientos, también se incautaron televisores, algunos de tipo smart conectados ilegalmente a la red WiFi de una estación de servicio YPF lindera. Si bien no está prohibido el uso de televisores en pabellones de buena conducta, la conexión a internet sí implica un serio riesgo de seguridad.

Además, se encontró cocaína en uno de los pabellones, aunque la fiscal no incluyó esta imputación al no haber pruebas de que los policías facilitaran el ingreso de la droga.

Amenazas desde la cárcel y pruebas destruidas

Un episodio que refuerza lo grave del caso fue narrado por la fiscal Bertero: una mujer víctima de violencia de género denunció haber recibido amenazas desde la Alcaidía. La fiscal Favia Burella ordenó secuestrar el celular con el que se enviaron los mensajes, pero el aparato nunca apareció. Según los testimonios, el teléfono —un LG azul— estaba en poder de Núñez, quien lo habría destruido a martillazos en la carpintería de la Jefatura para eliminar evidencias.

El abogado defensor de los policías, Carlos Farías Demaldé, cuestionó la credibilidad de los testigos. Señaló que L.B. está preso por presuntos abusos sexuales y tiene animosidad personal contra Núñez. Además, alegó que el jefe de Alcaidía no tenía poder para decidir traslados, ya que eso corresponde al Servicio Penitenciario.

Aun así, el juez consideró que hay pruebas suficientes de los hechos y que existe riesgo procesal si los imputados recuperan la libertad. El caso, sin embargo, promete seguir creciendo. Desde el MPA no descartan más imputaciones a medida que avance el análisis de los 58 celulares incautados.

En el mediodía de este lunes se llevó a cabo una audiencia imputativa virtual en la que la fiscal Fabiana Bertero formalizó cargos contra tres policías que prestaban funciones en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rafaela, acusados de diversos delitos cometidos dentro de la propia institución. 

Los imputados son Norberto Núñez (46 años, oriundo de Vera), Alejandro Farías (41, de Santa Fe capital) y Cristian Montiel (38, también de Vera), quienes se encuentran detenidos en la Alcaldía de la Unidad Regional I, a la espera de la audiencia de medidas cautelares prevista en principio para el miércoles 2 de abril a las 8:00 horas.

También participaron de la audiencia el abogado defensor de los 3 acusados, Carlos Farías Demaldé y el juez Gustavo Bumaguin.

Durante la audiencia, la fiscal Bertero expuso con detalle los hechos que motivaron la detención de los tres agentes. Entre las imputaciones más graves, se menciona que el jefe de la Alcaidía, Norberto Núñez, habría solicitado un millón de pesos a un interno para evitar su traslado. Además, se lo acusa de permitir el uso sistemático de un teléfono celular en la cocina de la Alcaidía por parte de otro interno, y de ofrecer beneficios carcelarios a cambio de pagos que iban desde 500 mil a 2 millones de pesos.

Asimismo, se le atribuye haber entregado de manera irregular un teléfono celular previamente secuestrado, y de facilitar la desaparición de evidencia vinculada a una causa por lesiones, al recuperar un celular del pabellón 2 previo a una requisa judicial.

Los oficiales Alejandro Farías y Cristian Montiel también fueron imputados por su participación directa en los hechos. Según la acusación, en junio de 2024 pidieron 100 mil pesos a internos del pabellón 3 a cambio de entregarles un celular y avisarles con anticipación sobre requisas, con el conocimiento del jefe de la Alcaidía.

Todo comenzó con una denuncia anónima que desencadenó una serie de allanamientos que se iniciaron desde el domingo 23 de marzo y se realizaron a lo largo de la semana en la Alcaidía, que dejó al descubierto un escandaloso hallazgo: 56 celulares, televisores y droga (8,8 gramos de cocaína) en una celda. A raíz de esto, se abrióuna causa paralela por tenencia indebida de estupefacientes, y se intensificó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

Finalmente, el viernes siguiente, y por orden de la Fiscalía Regional V, se concretaron las detenciones de los tres agentes, lo que dio paso a la formal imputación de este lunes.

La fiscal Bertero acusó a los tres policías por una serie de delitos que incluyen: exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad (reiterado), encubrimiento agravado, adulteración de evidencia y coautoría en extracciones ilegales

Los cargos están previstos en distintos artículos del Código Penal Argentino, con penas que podrían implicar prisión efectiva.