Un grave error de seguridad dejó al descubierto información sensible de usuarios de Pornhub Premium y de diversas compañías del sector tecnológico, exponiendo datos privados de cerca de 200 millones de personas en todo el mundo.

La filtración fue atribuida al grupo de hackers ShinyHunters, conocido por ataques de alto impacto, y permitió el acceso indebido a correos electrónicos, ubicaciones, historiales de búsqueda, registros de visualización y descargas realizadas por los usuarios, lo que generó una fuerte preocupación en la industria digital.

Según informó el sitio especializado Bleeping Computer, los atacantes advirtieron que podrían utilizar el material sustraído para maniobras de extorsión y estafas dirigidas, elevando el nivel de riesgo para los usuarios afectados.

De acuerdo a las investigaciones, el incidente se originó a partir de un ataque contra Mixpanel, una empresa dedicada al análisis de métricas digitales, cuya infraestructura fue vulnerada a comienzos de noviembre.

Los delincuentes lograron extraer aproximadamente 94 gigabytes de información, correspondientes a más de 200 millones de registros, lo que impactó no solo en Pornhub Premium sino también en compañías que utilizan los servicios de Mixpanel, entre ellas OpenAI y CoinTracker.

Tras una investigación interna, Mixpanel reconoció una exportación no autorizada de datos, confirmando la magnitud del episodio y ampliando su alcance a múltiples plataformas y servicios digitales.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que la cantidad y el tipo de información obtenida permiten reconstruir con precisión los hábitos de consumo digital de los usuarios, lo que convierte a este episodio en una de las filtraciones más severas registradas en el sector, tanto por volumen como por la sensibilidad de los datos comprometidos.

Desde ShinyHunters anticiparon que planean contactar de manera directa a suscriptores de la versión premium, utilizando la información robada para ejercer presión y perfeccionar estrategias de extorsión, un aspecto que agrava aún más la situación.

A siete años del femicidio de Leila Rodríguez, la joven de 24 años asesinada por su expareja y padre de su hija en San Juan, su madre denunció que la cuenta de Facebook de la víctima fue hackeada y utilizada para subir fotos provocativas.

La situación, lejos de ser un simple incidente digital, representa para la familia una nueva forma de violencia. “La perpetua la llevamos nosotros”, expresó con dolor Paula Morales, madre de Leila, en diálogo con Tiempo de San Juan. “Todos los días sufrimos la pérdida de nuestras hijas y que vengan ahora y hagan esto es tremendo. Que me escriban y me digan que mi hija está en línea es muy doloroso, porque hasta hoy la sigo esperando. Es una mezcla de rabia, bronca y asco. Necesitamos tranquilidad”.

La familia no descarta que detrás del hackeo esté Esteban Pacheco, el femicida condenado a prisión perpetua, o alguien de su entorno. Por eso reclamaron medidas urgentes de protección ante este hostigamiento digital.

El caso de Leila no es aislado. Laura Requena, mamá de Brenda Requena —asesinada en 2019—, denunció que su femicida, Diego Álvarez, “suele poner ‘Me Gusta’ en los posteos donde recuerdo a mi hija”.

En la misma línea, Anabela Recabarren, madre de Thalía Recabarren —víctima en 2016—, relató que todavía recibe llamadas anónimas. “Atienden y no habla nadie, solo se escucha respirar, igual que cuando todavía no encontraban el cuerpo de la chica”, explicó Victoria Villalón, referente de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio.

“El hostigamiento empieza durante los juicios y continúa con los femicidas sentenciados”, agregó Villalón, quien adelantó que el colectivo buscará reunirse con el nuevo director del Penal de Chimbas, Carlos Suárez, para exigir que los femicidas no tengan acceso a teléfonos celulares dentro de la cárcel.

Además, las familias pidieron que los jueces de Ejecución Penal den explicaciones y adopten medidas concretas para terminar con este hostigamiento que, aseguran, reabre heridas y prolonga el sufrimiento.

Casación confirmó la sentencia. Para los jueces él captaba a las menores de edad a través de las redes sociales.

Confirmaron la condena a diez años de prisión para Carlos Ioselli conocido “Camus Hacker” por el delito de trata de personas y producción de pornografía infantil.

Así lo dispuso la Cámara Federal de Casación, que desestimó las apelaciones presentadas “Camus hacker” y Gastón Rubén Favale, este último condenado a 15 años por también haber cometido abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad.

Según determinó la Justicia “Camus Hacker” realizaba el primer contacto con las víctimas a través de Instagram o Facebook y posteriormente Favale concretaba los encuentros con las menores en un albergue transitorio.

Lo hacía con "adolescentes vulnerables" que luego era sometidas a sesiones de fotos de contenido sexual para distribuir y vender en Internet.

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Les ofrecía trabajo de modelos o en la industría del espáctaculo que en realidad no existía. "Camus Hacker" está detenido en la cárcel de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por videoconferencia el año pasado. Es ahí donde será notificado de que su recurso de apelación no fue aceptado.

Camus Hacker saltó al conocimiento público en 2015 al filtrar fotos y filmaciones sexuales que fueron viralizadas y luego subidas a páginas con contenido pornográfico de personas del mundo de la farándula.

Entre sus víctimas estuvo Susana Giménez, a quien amenazó con difundir material privado de su nieta, Lucía Celasco.

El fallo de Casación avala la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal número seis por los delitos de “promoción, facilitación y comercialización de pornografía infantil respecto de seis víctimas, agravado por haberse concretado dicha finalidad y por haber sido cometido mediante engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.

El fallo dio por acreditado que desde abril de 2016 a junio de 2018:

los imputados -bajo la falsa alegación de tener una empresa de modelaje-, obtenían material fotográfico y fílmico pornográfico de menores, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad

Camus Hacker ya tenía una condena a tres años de prisión en suspenso por otro caso de extorsión, que quedó unificada ahora con la pena de 10 años de cumplimiento efectivo.

El Tribunal oral ordenó el año pasado el decomiso de todos los dispositivos electrónicos secuestrados para proceder luego a su venta, previa destrucción del contenido de índole privado referido a la actividad criminal. Ese dinero era para una compensación económica a favor de las seis víctimas.