Emmanuel Damián Montero tenía 25 años cuando murió, el 9 de enero de 2008, tras recibir un disparo efectuado por un policía bonaerense que intervenía en un robo en San Martín.

Casi dos décadas después, la Justicia volvió a resolver sobre el caso. Esta vez fue por el reclamo indemnizatorio presentado por los familiares de la víctima. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín modificó los montos establecidos inicialmente y fijó una reparación que supera los $153 millones, más los intereses correspondientes.

El policía David Alfredo Escarlón, quien efectuó el disparo, había sido condenado a ocho años de prisión por homicidio simple y a diez años de inhabilitación especial para ejercer funciones policiales. La condena quedó firme.

La mañana del 9 de enero de 2008, Emmanuel y un primo perseguían a las personas que momentos antes les habían robado una motocicleta.

Durante esa persecución intervino Escarlón, que en ese momento era agente de la Policía bonaerense. El efectivo efectuó varios disparos con su arma reglamentaria y uno de ellos alcanzó a Montero.

La investigación penal terminó con la condena del policía por homicidio simple. La sentencia fue confirmada por la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense y quedó firme.

Tras la muerte de Emmanuel, su madre y quien era su pareja iniciaron una demanda contra la Provincia de Buenos Aires. La expareja también actuó en representación de la hija de la víctima, que era menor de edad.

El padre de Montero inició por su parte otra acción contra la Provincia y contra Escarlón. Ambos expedientes terminaron acumulados.

Sin embargo, las causas tuvieron recorridos diferentes.

En 2016, la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a un recurso presentado por la Fiscalía de Estado y rechazó definitivamente la acción promovida por el padre contra la Provincia. Por ese motivo, en ese expediente la obligación de pagar quedó exclusivamente en cabeza de Escarlón.

En la otra causa, en cambio, la Provincia y el exagente quedaron alcanzados solidariamente por la condena.

El primer fallo indemnizatorio fue dictado el 5 de julio de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.

En aquella oportunidad, se estableció una reparación de $2.299.182,85 para la madre, la expareja y la hija de Emmanuel. Para el padre se fijaron otros $655.460,95.

El fallo fue apelado tanto por la Provincia como por los familiares. Escarlón también intentó cuestionarlo luego de presentarse en el expediente.

El exagente había sido declarado rebelde y, en agosto de 2021, solicitó la nulidad de las actuaciones. El pedido fue rechazado y posteriormente la Cámara confirmó esa decisión.

Uno de los principales planteos de Escarlón fue que había actuado en un “acto de servicio” y que, por esa razón, debía ser la Provincia la que asumiera la condena económica.

La Cámara rechazó ese argumento.

Los jueces señalaron que no existía constancia de que el episodio hubiera sido declarado administrativamente como un acto de servicio y remarcaron que la situación tampoco resultaba compatible con la condena penal que había quedado firme.

Escarlón había sido condenado por homicidio simple, no por un accionar considerado legítimo o realizado en legítima defensa. Por ese motivo, el tribunal descartó que pudiera trasladarse exclusivamente al Estado provincial la responsabilidad económica.

Durante la apelación también se discutieron distintos componentes de la reparación, entre ellos el daño psicológico, el tratamiento psicológico, el daño moral y la pérdida de chance.

Los familiares solicitaron que los montos fueran actualizados porque los valores establecidos en 2021 habían perdido poder adquisitivo.

La Cámara consideró que se trataba de una deuda de valor y que correspondía determinar la reparación tomando en cuenta valores actuales.

De esa manera, modificó sustancialmente las indemnizaciones y estableció una reparación total de más de $153 millones, sin incluir los intereses.

En el expediente donde la Provincia quedó alcanzada, el Estado bonaerense y Escarlón deberán responder solidariamente. En la causa iniciada por el padre de Emmanuel, en cambio, el responsable del pago es exclusivamente el exagente.

La Cámara también determinó pautas para el cálculo de los intereses, que en buena parte de los rubros deberán computarse desde el 9 de enero de 2008, fecha de la muerte de Emmanuel, hasta el momento del efectivo pago.

La Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los jueces y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. De esta manera, el debate podría retomarse el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico analizan realizar una nueva presentación.

El planteo había sido formulado por los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños contra los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, y contra el fiscal Sandro Abraldes.

La resolución fue dictada por el juez Gustavo Bruzzone. Tras conocerla, los abogados de Álvarez comenzaron a analizar los fundamentos y anticiparon que podrían recurrir la decisión.

Los representantes legales del músico cuestionaron el procedimiento utilizado para resolver la recusación y consideran que la resolución debería ser anulada.

“Debería ser declarada nula porque no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba”, sostuvieron los defensores al analizar el fallo.

Además, adelantaron cuáles serán los próximos pasos que estudian adoptar: “Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”.

Según indicaron, la respuesta a esa eventual presentación no llegaría antes del lunes, fecha prevista para la continuidad del debate.

El pedido de recusación había sido presentado el lunes 7 de septiembre, cuando se reanudó la audiencia luego de la suspensión provocada por una descompensación de Álvarez.

Antes de que comenzaran las nuevas declaraciones previstas para esa jornada, los abogados formularon el planteo contra los integrantes del tribunal y el fiscal. Entre sus argumentos señalaron distintas situaciones que, desde su perspectiva, podían poner en duda la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso.

En particular, cuestionaron determinadas decisiones adoptadas durante el debate y la negativa a incorporar un informe elaborado por un médico. Según la defensa, ese documento advertía sobre los riesgos que podría implicar la continuidad del juicio para la salud del acusado.

En aquella presentación, los abogados sostuvieron que existían circunstancias que “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”.

Al analizar el planteo, Bruzzone consideró que los argumentos presentados por la defensa no alcanzaban para demostrar una falta de imparcialidad objetiva por parte de los magistrados.

En su resolución, explicó que “la defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva, de conformidad con los lineamientos establecidos en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El magistrado también hizo referencia a los cuestionamientos formulados por los abogados sobre las decisiones adoptadas durante las audiencias. Según sostuvo, esos planteos expresan principalmente una disconformidad con la manera en que los jueces llevan adelante el debate.

En ese sentido, señaló que los defensores se limitaron a manifestar “su discrepancia con las decisiones adoptadas por los jueces durante el desarrollo del debate, las cuales fueron dictadas en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento procesal les reconoce para la conducción del juicio”.

Bruzzone agregó que esas resoluciones “no implican, por sí mismas, adelantamiento alguno de opinión sobre las cuestiones a debatirse en el marco del juicio”.

Con el rechazo de la recusación, el debate por el crimen de Cristian Díaz podría retomarse el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, la posibilidad de que la defensa presente un nuevo recurso podría modificar nuevamente el escenario.

El proceso había quedado interrumpido después de que los abogados de Álvarez solicitaran apartar a los integrantes del tribunal y al fiscal. Ahora, tras la decisión de Bruzzone, la defensa evalúa las alternativas judiciales antes de la fecha prevista para la próxima audiencia.

El caso tiene como acusado a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El debate oral había atravesado distintas suspensiones antes de llegar a la actual instancia.

La historia que durante más de dos años quedó asociada a una bolsa negra abandonada junto al puente de la Plaza Escalante tuvo este jueves su desenlace judicial. Jésica Silvia Sosa, de 42 años, fue condenada a 25 años de prisión por el homicidio de Omar Alberto Pogliani, cometido en febrero de 2024 en una vivienda de calle 1º de Mayo al 4700, en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada en la Sala 6 del primer piso de los tribunales santafesinos, en el marco de un procedimiento abreviado. El tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio Carraro, Pablo Busaniche y Susana Luna, mientras que el fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, representó al Ministerio Público de la Acusación.

Sosa reconoció su responsabilidad como autora del homicidio, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía y acordó la pena impuesta. Los familiares de Pogliani fueron informados del acuerdo y manifestaron su conformidad.

El crimen ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 29 de febrero de 2024. Pogliani, de 70 años, vivía en un departamento ubicado en un pasillo de 1º de Mayo al 4700. Allí mantenía una relación con Sosa, quien era trabajadora sexual.

Según estableció la investigación, ambos protagonizaron una discusión durante la cual Sosa atacó a Pogliani y le provocó la muerte.

Los vecinos escucharon aquella madrugada gritos y golpes provenientes de la vivienda. Alguien llamó al 911 y un móvil policial llegó hasta el lugar. Los agentes golpearon la puerta, pero nadie respondió y finalmente se retiraron.

Cuatro días después, la escena sería reconstruida a partir de una serie de indicios mucho más perturbadores.

Marchi explicó durante la audiencia que, después del homicidio, Sosa conservó el cuerpo dentro de la vivienda e intentó desmembrarlo e incinerarlo en el patio. Durante esos días, vecinos del lugar habían percibido olor a quemado y una mujer llegó a pedir cajas de cartón con el argumento de que las utilizaría para quemar basura.

El domingo 3 de marzo, cerca del mediodía, una vecina que paseaba a su perro por la Plaza Escalante se encontró con una bolsa de consorcio negra abandonada junto al puente.

El perro olfateó el envoltorio y, al moverlo, dejó al descubierto lo que parecían ser partes de un cuerpo humano. La mujer dio aviso al 911 y pocos minutos después la plaza quedó rodeada de patrulleros y acordonada.

El primer policía que se asomó al interior de la bolsa terminó descompuesto. Los peritos de la Policía de Investigaciones comenzaron entonces a trabajar sobre la escena y encontraron restos humanos que luego serían vinculados con Pogliani.

La investigación llevó esa misma noche hasta la vivienda de 1º de Mayo al 4700. Allí fueron encontrados rastros de sangre, material óseo y restos que habían sido incinerados en el patio.

Al día siguiente, Sosa fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía.

Durante la investigación, Sosa ensayó una explicación diferente. En marzo de 2024, al momento de discutirse su prisión preventiva, declaró ante la jueza Celeste Minniti y definió lo ocurrido como una “película de terror”.

En aquella oportunidad intentó responsabilizar a un supuesto “trapito” de la zona. Según su relato, ese hombre la había engañado, golpeado y obligado a colaborar en el traslado de los restos. También sostuvo que no mantenía una relación de pareja con Pogliani y que él contrataba sus servicios como trabajadora sexual.

La hipótesis no pudo ser corroborada. Por el contrario, la evidencia reunida durante la investigación permitió sostener la acusación contra Sosa. Los testimonios de vecinos ubicaron a la mujer junto a Pogliani durante la madrugada del crimen y aportaron datos sobre la conflictiva relación que ambos mantenían.

La Fiscalía sostuvo además que fue Sosa quien, después de permanecer varios días con el cuerpo en la vivienda, trasladó parte de los restos hasta la Plaza Escalante.

La causa atravesó más de dos años de investigación. En marzo de 2026, la Justicia había extendido por un año la prisión preventiva de Sosa mientras la Fiscalía aguardaba los resultados de pericias genéticas sobre elementos encontrados en la vivienda.

Este jueves, finalmente, la investigación terminó con una condena. Sosa, que fue asistida por la defensora pública, Betina Dongo, aceptó su responsabilidad penal y la pena acordada con la Fiscalía. El tribunal integrado por Carraro, Busaniche y Luna impuso 25 años de prisión por el homicidio de Pogliani.

A. R. M. tiene 22 años y está acusada de haber matado a su pequeño hijo de seis años, Izan, en su hogar de la ciudad de San Justo, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre. Este lunes, fue imputada por la fiscalía como autora de homicidio agravado y el juez José Luis García Troiano dispuso que permanezca en prisión hasta que su estado de salud mental termine de ser evaluado.

La audiencia multipropósito se realizó durante la tarde, en los tribunales de la capital provincial, donde el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por las fiscales Laura Urquiza y Daniela Montegrosso.

La defensa de A. R. M., por su parte, fue realizada por la abogada Betina Dongo, del servicio público. Ella planteó inicialmente la invalidez del acto, pero el magistrado no hizo lugar al pedido. La profesional también dejó claro que no iba a cuestionar la autoría del hecho.

En tanto, la joven acusada participó de manera remota del acto, a través de una videollamada, y se limitó a responder cuando el juez le preguntó por sus datos personales. Luego, quedó en silencio ante otras consultas vinculadas con el hecho.

Se encuentra alojada en la Cárcel de Mujeres de la capital provincial, en un pabellón especial de aislamiento para su resguardo, con asistencia interdisciplinaria permanente, según informó el Servicio Penitenciario.

La defensora solicitó que nuevamente ella sea trasladada al Hospital Mira y López, especializado en salud mental, pero el doctor García Troiano también descartó de plano esa posibilidad, por el momento.

El magistrado dispuso que la madre de Izan permanezca alojada en el ámbito del Servicio Penitenciario, con una “restricción de la libertad ambulatoria”, y demandó celeridad para que ella sea evaluada cuanto antes por la Junta de Salud Mental de la provincia.

La evaluación interdisciplinaria determinará si la imputada está en condiciones de comprender los actos procesales y si al momento del hecho ilícito era capaz de entender la criminalidad de su conducta.

El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada, en una casilla ubicada en calle Sylvestre Begnis al 1400, entre Pedro Millan y Sin Calle - cortada 27, de San Justo, donde vivía la mujer con su hijo.

La familia paterna del pequeño se enteró de lo que había ocurrido poco después del mediodía.

El abuelo de Izan fue hasta la vivienda y desde allí llamó a la Central de Emergencias 911 para denunciar que su nuera había matado a su nieto.

Cuando personal del Comando Radioeléctrico llegó a la escena confirmó la tragedia.

El niño estaba muerto, recostado sobre la cama. A su lado, dormía la mamá. Testigos de ese momento relatan que la mujer dijo que escuchaba voces y otras incoherencias.

Según se determinó luego en la autopsia, Izan murió por asfixia por estrangulación manual mediante la compresión intrínseca del cuello, lo que le produjo la oclusión de las vías aéreas superiores. Habría fallecido varias horas antes, entre la madrugada y la mañana de ese día.

La mujer fue detenida de inmediato y trasladada poco después -por sugerencia de profesionales de la Policía de Investigaciones- al Hospital Mira y López, donde fue asistida antes de ser remitida al Servicio Penitenciario de la provincia.

El Litoral

La tranquilidad de la tarde del viernes se vio interrumpida por un violento episodio que volvió a conmocionar al barrio Monseñor Zaspe de Rafaela. Un hombre murió luego de sufrir varias heridas provocadas con un arma blanca durante una pelea ocurrida en el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Francia al 2600, entre J. Arias y R. Peterlin.

El hecho se registró cerca de las 15 horas, cuando varias personas se encontraban reunidas en el domicilio. Según los primeros datos incorporados a la investigación, por motivos que todavía buscan determinarse, se habría iniciado una discusión que derivó en una agresión con consecuencias fatales.

La víctima sufrió al menos tres heridas de arma blanca: dos de ellas en la zona de la espalda y otra a la altura de la axila. Tras el ataque, se solicitó la presencia del servicio de emergencias, cuyos profesionales asistieron al hombre en el lugar. Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento.

Luego del episodio intervino personal policial y la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para reconstruir la secuencia de lo ocurrido y establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas. Además, ya tomó el caso el fiscal de homicidios, Martín Castellano.

En el marco de las primeras actuaciones, tres personas fueron detenidas: un menor de edad y dos mayores, un hombre y una mujer.

Los investigadores continúan con la toma de testimonios, el análisis de las pruebas recolectadas y las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

La víctima fue identificada como Alexandro Pérez, de 30 años.

Con este episodio, Rafaela suma su segundo homicidio en lo que va de 2026. El primer crimen del año había ocurrido el pasado 12 de mayo en el barrio 2 de Abril, donde Andrés Acosta, de 34 años, perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca durante una pelea registrada en la vía pública.

El hecho generó conmoción en ese sector de la ciudad y derivó en una investigación encabezada por la Fiscalía de Homicidios, que permitió la detención de un joven de 22 años señalado como presunto autor del ataque. Posteriormente, el acusado fue imputado por homicidio doloso simple y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaba la causa.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Chaco, incorporó un nuevo elemento con el informe médico realizado a Victoria Luz Cantero, su pareja y actualmente imputada por homicidio agravado por el vínculo.

El examen fue practicado el 2 de agosto de 2026, el mismo día de la detención, por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco.

Según el informe, Cantero presentaba eritemas, excoriaciones y equimosis en distintas zonas del cuerpo, entre ellas la espalda, uno de los brazos, el pliegue de un codo y ambas rodillas.

El médico interviniente indicó además que las lesiones tenían varias horas de evolución y resultaban compatibles con traumatismos producidos por o contra un elemento duro.

El informe adquiere importancia dentro del expediente porque podría ayudar a reconstruir lo ocurrido antes de la muerte de Álvarez Guardia.

Sin embargo, la pericia no permite establecer por sí sola cómo se originaron las lesiones ni quién las provocó, por lo que ese punto continúa bajo investigación.

En torno al origen de las marcas existen versiones contrapuestas.

Familiares de la víctima sostienen que podrían haberse producido durante la detención de Cantero y cuestionan que sean consecuencia de una agresión previa.

La defensa, por su parte, podría utilizar el informe para sostener la hipótesis de que la joven habría sido agredida antes del hecho, aunque esa interpretación deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas en la causa.

Otro de los datos incorporados al informe médico señala que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.

La investigación busca ahora precisar la secuencia previa al crimen y determinar si las lesiones detectadas guardan relación temporal y material con el episodio investigado.

La fiscal que interviene en la causa también mencionó públicamente una expresión que Cantero habría realizado mientras se encontraba en el Hospital Julio C. Perrando.

Según explicó, la joven habría manifestado ante efectivos policiales que se había defendido luego de un conflicto en el que Álvarez Guardia presuntamente le había roto el teléfono celular.

La propia fiscal aclaró que esa expresión no tiene validez como declaración judicial, debido a que no fue realizada bajo las condiciones formales correspondientes.

El informe médico se suma ahora a las demás pruebas del expediente, entre ellas los resultados de la autopsia, testimonios y otros elementos que deberán ser analizados para establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y determinar responsabilidades penales.

La investigación por la muerte de Lautaro Rodrigo Britos, el joven de 22 años que falleció después de permanecer seis días internado con graves quemaduras, continúa en San Luis mientras su pareja, Luna Agüero, permanece detenida.

La joven, de 20 años y madre de dos hijos junto a la víctima, está imputada por homicidio agravado por el vínculo e incendio intencional en concurso real.

En las últimas horas, su abogado defensor, Diego González, volvió a cuestionar la hipótesis de la Fiscalía y aseguró que Agüero sostiene que no inició intencionalmente el incendio registrado el pasado 30 de julio en una vivienda del barrio La Ribera.

El defensor contó que encontró a su clienta “triste” y sostuvo que, mientras Britos permanecía internado, la joven preguntaba permanentemente por su estado de salud.

“Lo único que quería es que su pareja se recuperara, para volver a estar juntos y criar a sus hijos”, manifestó González.

Según el abogado, Agüero no consideraba que la relación estuviera definitivamente terminada y mantenía la expectativa de recomponer el vínculo.

Britos, sin embargo, murió seis días después del incendio debido a las graves lesiones sufridas.

El episodio ocurrió el 30 de julio en una vivienda de la manzana 7258 del barrio La Ribera.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, Agüero llegó al lugar donde se encontraba Britos y posteriormente se produjo una discusión.

Durante una audiencia ante la jueza de Garantías N.º 3, Natalia Pereyra Cardini, la joven relató que había ido hasta la vivienda por una situación vinculada con su relación sentimental.

Según su declaración, durante el encuentro hubo una discusión con insultos, empujones y golpes. En determinado momento comenzó el incendio, aunque Agüero aseguró desconocer cómo se originaron las llamas.

La defensa sostuvo que “de ningún modo Luna fue con combustible a prenderle fuego al hombre que amaba” y remarcó que será la investigación la que deberá determinar de qué manera comenzó el fuego.

La imputada presentó además una quemadura en una de sus piernas, aunque la lesión no habría revestido gravedad.

La fiscal instructora Gisela Milstein había informado que la joven acudió por sus propios medios a un hospital después del episodio y recibió atención médica.

La investigación deberá establecer ahora la mecánica precisa del incendio y determinar si existieron elementos que permitan sostener la hipótesis de una acción intencional.

Agüero fue trasladada desde una comisaría de Villa Mercedes al Servicio Penitenciario de San Luis, donde permanecerá inicialmente durante cuatro meses bajo prisión preventiva.

Una vez cumplido ese período, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga de la medida en función del avance de la causa.

Los investigadores también analizan el posible rol de una hermana de la imputada, quien presuntamente la habría acompañado hasta la vivienda aquella noche. Su eventual responsabilidad todavía forma parte de las medidas investigativas.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer cómo comenzó el incendio y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.

El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 confirmara la fecha y rechazara el pedido de suspensión presentado por la defensa del músico.

El debate se desarrollará durante 11 audiencias previstas para agosto y septiembre en los tribunales porteños. El proceso busca determinar la responsabilidad del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Los abogados de Álvarez habían solicitado que se suspendiera el inicio del juicio al considerar que todavía existían recursos pendientes de resolución. Para fundamentar el planteo, hicieron referencia al artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y respaldó la postura de la fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, había sostenido que el juicio oral constituye el ámbito correspondiente para resolver las cuestiones pendientes y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes.

Además, el representante del Ministerio Público cuestionó que la participación en las audiencias pudiera ser considerada una actividad riesgosa para el acusado, teniendo en cuenta sus recientes apariciones públicas, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Uno de los puntos centrales para definir el inicio del proceso estuvo relacionado con la capacidad de Álvarez para participar del debate.

Un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el músico posee la capacidad cognitiva necesaria para afrontar las distintas etapas del juicio. A partir de esas conclusiones, el juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la aptitud psiquiátrica del acusado.

El tribunal consideró que no correspondía postergar indefinidamente el proceso a la espera de tratamientos de rehabilitación. En ese sentido, señaló que una eventual interrupción o falta de continuidad de esas terapias podría derivar en nuevas postergaciones.

Los magistrados también remarcaron la obligación del Estado de garantizar que las víctimas puedan acceder a un proceso con celeridad y obtener una respuesta judicial.

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, durante el enfrentamiento el músico habría sacado una pistola calibre 6,35 de su campera y disparado contra Díaz. La víctima recibió varios impactos en la cabeza y murió como consecuencia de las lesiones y una hemorragia interna.

Luego del episodio, Álvarez se habría retirado del lugar.

Otros delitos que serán juzgados

Además del homicidio de Díaz, el músico deberá responder en este proceso por otros hechos denunciados.

La acusación también contempla los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su mánager y de una amiga. Estos episodios habrían ocurrido en noviembre de 2016.

Un proceso que sufrió varias postergaciones

La causa había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el proceso fue suspendido posteriormente debido a informes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental del acusado.

El trámite volvió a frenarse en 2021 y luego en marzo de 2023, hasta que nuevas evaluaciones determinaron que Álvarez cuenta con las condiciones cognitivas necesarias para participar del debate oral.

El Litoral

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia sumó una prueba que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido: el teléfono celular de la víctima fue entregado a la Justicia por la madre de Victoria Luz Cantero, la joven imputada por el crimen.

El dispositivo quedó incorporado al expediente luego de que la mujer prestara declaración testimonial. Aunque por su vínculo familiar tenía la posibilidad de abstenerse, decidió brindar su testimonio ante los investigadores.

Según informó la defensa de Cantero, durante la declaración la mujer también sostuvo que existía una relación atravesada por situaciones de violencia entre su hija y la víctima.

La Fiscalía buscará acceder al contenido del teléfono para reconstruir las últimas horas de Guardia y establecer con mayor precisión qué ocurrió antes y después de la agresión.

Las pericias estarán orientadas a revisar llamadas, mensajes, conversaciones y cualquier otro elemento digital que pueda aportar información relevante para la causa.

De acuerdo con el abogado defensor, Cantero conoce la clave de acceso al dispositivo y esa información será entregada a la Fiscalía para facilitar el análisis.

Uno de los puntos que todavía deberá aclararse es cómo el celular de la víctima terminó en poder de la familia de la imputada. Desde la defensa aseguraron que el aparato había sido puesto a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación.

Facundo, hermano de Cantero, también declaró y afirmó que fue quien trasladó al joven hasta el Hospital Julio C. Perrando después de la agresión.

Según su relato, recibió una llamada del propio Guardia, quien le habría manifestado: “Victoria me cortó y me está sangrando, nos estamos peleando”.

El testigo explicó que se dirigió junto con su esposa hasta una vivienda del barrio 100 Viviendas. Allí encontraron a la víctima herida, sentada en un sillón y expresando que sentía dolor.

Ambos lo asistieron y lo trasladaron de urgencia al hospital. Sin embargo, la herida de arma blanca en el cuello comprometió arterias y venas vitales y provocó el fallecimiento del joven.

La defensa sostuvo además que Cantero acompañó a su pareja al hospital junto con su hermano y su cuñada, y que colaboró para intentar contener la hemorragia.

Más tarde, debido al estado de alteración que presentaba, sus familiares llamaron a su madre para que fuera a buscarla.

Con el teléfono ya incorporado al expediente y las nuevas declaraciones testimoniales, la Fiscalía espera avanzar en la reconstrucción de los momentos previos al ataque y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

La querella que representa al padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, solicitó la detención de otras cinco personas por su posible participación o conocimiento de lo ocurrido.

El pedido fue presentado este martes por la abogada Fernanda Alaniz y alcanza a la madre y a una hermana de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, además de tres personas que alquilaban habitaciones en la vivienda de barrio Cofico donde la joven fue vista por última vez con vida.

La solicitud será analizada por el fiscal Raúl Garzón, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para ordenar las detenciones o rechazar la medida.

La querella sostiene que las dos familiares de Barrelier podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento sobre los hechos ocurridos entre el 23 y el 30 de mayo.

El planteo también incluye a tres inquilinos de la casa ubicada en Juan del Campillo al 878, donde Agostina ingresó durante la noche del 23 de mayo.

“Debido a las dimensiones del lugar, es altamente probable que hayan escuchado un presunto grito o pedido de auxilio”, argumentó Alaniz en la presentación.

Hasta el momento, la Justicia no resolvió el pedido ni atribuyó responsabilidades a las cinco personas señaladas por la querella.

La causa cuenta actualmente con cuatro imputados bajo detención.

Barrelier, expareja de la madre de Agostina, está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.

También se encuentran imputados Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, quien presuntamente habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo; Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier; y Osvaldo Fassetta, investigado por una posible colaboración logística en el traslado de los restos.

Según la reconstrucción de los investigadores, la adolescente salió de su casa durante la noche del sábado 23 de mayo para encontrarse con Barrelier.

La joven habría tomado un remís hasta la vivienda del acusado. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al domicilio, pero no captaron el momento de su salida.

La Fiscalía estima que el crimen se habría cometido entre las 23:30 del sábado y las 5:00 del domingo 24 de mayo.

Barrelier fue detenido durante el operativo de búsqueda y, en un primer momento, quedó imputado por privación ilegítima de la libertad, debido a que había sido la última persona que estuvo con Agostina.

El 30 de mayo, una semana después de la desaparición, el cuerpo de la adolescente fue encontrado descuartizado en un campo de barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

La investigación continúa y el fiscal Garzón deberá resolver ahora si avanza con las nuevas detenciones solicitadas por la querella.

Un joven de 29 años murió luego de recibir una puñalada en el cuello durante una discusión ocurrida en una vivienda de la ciudad chaqueña de Resistencia. Por el hecho, la Policía detuvo a su pareja, una joven identificada como Victoria Cantero.

La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, quien habría mantenido una discusión con la acusada antes de resultar gravemente herido con un arma blanca.

Tras el ataque, el joven fue trasladado por su cuñado al hospital Perrando, donde los médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica. Sin embargo, posteriormente confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un shock hipovolémico.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención de Cantero, señalada en la investigación como la presunta autora material del hecho.

La joven fue trasladada por efectivos de la Policía del Chaco a la Comisaría Quinta, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas para determinar cómo se produjo el episodio.

La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio. La eventual calificación legal y la pena dependerán de los resultados de la investigación y de lo que determine la Justicia.

Familiares de Álvarez Guardia difundieron mensajes en redes sociales para pedir justicia y reclamar que el caso sea visibilizado.

“No se pudo defender”, expresó la hermana de la víctima, quien acusó públicamente a la detenida y sostuvo que el crimen provocó un daño irreparable en la familia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que deberá reunir testimonios, peritajes y otros elementos para reconstruir las circunstancias de la muerte.

La Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Ceres detuvo este lunes a un hombre mayor de edad acusado de ser el autor de un homicidio ocurrido durante la madrugada en un local comercial ubicado en calle Amenábar al 500 de la ciudad de Ceres.

La investigación se inició luego de que efectivos policiales acudieran a un llamado de emergencia por un hecho violento. Al llegar al lugar, constataron que dos hombres habrían mantenido una discusión que terminó con una agresión mediante un arma blanca, provocando lesiones de gravedad a uno de ellos.

La víctima, un hombre de 33 años, fue trasladada inicialmente al hospital local. Debido a la gravedad de su estado de salud y al riesgo de vida, los médicos dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela.

Tras el ataque, personal policial preservó la escena del hecho y convocó a efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la víctima como consecuencia de las heridas sufridas. A partir de allí, la investigación avanzó bajo la carátula de homicidio doloso.

Los investigadores de la PDI Ceres realizaron distintas diligencias y lograron establecer el paradero del presunto autor, concretando posteriormente su detención.

Además, mediante entrevistas y tareas investigativas, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.

La intervención contó con la colaboración de Policía Científica, Bomberos Voluntarios de Ceres y personal de la Comisaría local de la Unidad Regional XIII San Cristóbal.

La causa es investigada por la Fiscalía Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal regional Carlos M. Bottero, con intervención de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Hemilce Fissore.

Un cuerpo calcinado fue hallado este lunes en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. El hallazgo ocurrió en la zona del Nudo 6 del complejo habitacional y quedó bajo investigación de la Justicia bonaerense, que intenta determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado dentro de un carro de mano que había sido incendiado. Tras la intervención de los efectivos para controlar las llamas, se constató la presencia de un hombre fallecido. La primera información incorporada a la causa señala que la víctima presentaría un disparo de arma de fuego en la cabeza.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial San Martín y fue iniciada como una investigación por averiguación de causales de muerte, con la hipótesis inicial de un posible homicidio. Personal de la Policía Bonaerense y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) trabajaron en el lugar para recolectar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses y de la autopsia para establecer con precisión cómo murió la víctima y si el disparo fue previo al incendio del cuerpo. También buscan avanzar en la identificación del hombre, ya que al momento del hallazgo no se había podido determinar su identidad oficialmente.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un supuesto ajuste de cuentas, aunque los investigadores mantienen abiertas otras hipótesis mientras avanzan las tareas de recolección de pruebas. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que todavía no existen certezas sobre el móvil del crimen.

Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Según trascendió, algunos registros habrían permitido observar a dos personas trasladando el carro hasta el lugar donde luego fue encontrado incendiado. Los sospechosos aún no fueron identificados debido a que, de acuerdo con las imágenes analizadas, tendrían el rostro cubierto.

Mientras continúa la investigación, los equipos judiciales trabajan para determinar quién era el hombre encontrado muerto y reconstruir sus últimos movimientos. La identificación resulta clave para establecer si existía algún conflicto previo, vínculos con otras personas o antecedentes que puedan aportar datos a la causa.

La autopsia será determinante para conocer la mecánica de la muerte y confirmar si la víctima recibió un disparo antes de ser incendiada. Además, los peritos deberán analizar los restos hallados y otros elementos recuperados en el lugar del hecho.

El episodio generó un operativo policial en el complejo habitacional Ejército de los Andes, mientras la Justicia continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se informaron detenciones ni personas imputadas por el hecho.

La causa permanece abierta y los investigadores esperan que el avance de las pericias, los registros de cámaras y la identificación de la víctima permitan determinar las circunstancias del crimen.

El Litoral

Un niño de 8 años fue encontrado muerto en una vivienda de la localidad misionera de Puerto Santa Ana, mientras que su madre permanece internada con custodia policial tras ser hallada con lesiones.

Fuentes policiales informaron que el operativo comenzó cerca de las 10 de este lunes tras un llamado recibido al 911, por lo que las autoridades concurrieron hasta el domicilio, en el barrio Nueva Ciudad del Este, donde constataron el deceso de Ilan Mareco Vázquez.

En la misma habitación encontraron a su mamá, una joven de 30 años, con heridas autoinflingidas, por lo que recibió atención por parte de Salud Pública y fue derivada al Hospital de Santa Ana, aunque luego la trasladaron al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, nosocomio en el que estaba internada bajo custodia policial por disposición judicial.

Además, la Justicia preservó la escena para el trabajo de la División Policía Científica, el médico policial y los peritos que intervienen en la causa, al tiempo que se toman testimonios que sean de importancia para la reconstrucción del suceso.

Los investigadores incorporaron al expediente distintos antecedentes policiales vinculados al entorno familiar del menor, mientras que se aguardan los resultados de la autopsia y demás pericias para esclarecer lo ocurrido.

El caso fue caratulado como homicidio seguido de suicidio y se espera que evolucione la salud de la madre para que preste declaración.

EL

Un hombre de 33 años murió tras ser apuñalado durante una discusión ocurrida en la madrugada de este lunes en la ciudad de Ceres. Por el hecho, el presunto autor del ataque ya se encuentra detenido.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre un hecho violento en un local comercial ubicado en calle Amenábar al 500.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se había producido una discusión entre dos hombres, circunstancia en la que uno de ellos agredió al otro con un arma blanca, provocándole lesiones de gravedad.

La víctima fue auxiliada en primera instancia por vecinos de la zona y trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital local.

Debido al estado crítico de salud y al riesgo de vida que presentaba, se dispuso su derivación inmediata en código rojo hacia el Hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela.

En las últimas horas, se informó el fallecimiento del hombre a causa de la gravedad de las heridas recibidas.

Paralelamente, en el sitio del suceso se resguardó la escena y se convocó al personal de Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.

También se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de turno, mientras continuaban las diligencias investigativas para esclarecer completamente lo ocurrido.

Finalmente, el presunto autor del homicidio fue detenido. Personal de la UR XIII colaboró con efectivos de la PDI, que lleva adelante la investigación.

La investigación por el homicidio de Matías Gerardo Ochonga, el joven de 20 años asesinado durante la madrugada del domingo en el centro de San Francisco, permitió identificar al presunto autor del hecho, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía de la Departamental San Justo.

El único imputado en la causa es Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido como “Manay”, sobre quien pesa un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La Fiscalía de feria ordenó su inmediata detención luego de reunir los primeros elementos de la investigación. Sin embargo, el acusado aún no pudo ser localizado.

En el marco de la búsqueda, efectivos policiales realizaron allanamientos en domicilios de barrio Parque, La Florida y también en Frontera.

Pese a los procedimientos, hasta el momento no se logró concretar la aprehensión del sospechoso.

Según la información difundida, Guevara registra antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

Por ahora, Guevara es el único imputado por el homicidio y por los disparos que terminaron con la vida de Matías Ochonga.

La causa continúa bajo investigación, mientras la Policía mantiene activo el operativo para dar con el paradero del acusado.

La investigación por el asesinato de Matías Gerardo Ochonga, el joven de 20 años que fue baleado durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza en San Francisco, Córdoba, continúa avanzando. La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a un presunto ajuste de cuentas y ya hay un sospechoso identificado, que permanece prófugo.

Ochonga era oriundo de Frontera, en la provincia de Santa Fe, aunque tenía domicilio en el barrio San Cayetano de San Francisco, Córdoba.

Según la investigación, había recuperado la libertad el pasado 3 de julio luego de permanecer detenido por causas vinculadas con robos. Al momento del crimen se encontraba cumpliendo una condena bajo el régimen de libertad condicional.

Además, los investigadores determinaron que el joven tenía dos pedidos de captura vigentes cuando fue asesinado, aunque hasta el momento no trascendió a qué causas judiciales correspondían.

Una fuente vinculada a la causa aseguró que "lo estaban esperando a que saliera de la cárcel", una declaración que reforzó la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y todavía no confirmó oficialmente el móvil del crimen.

Tras conocerse el asesinato, familiares y amigos despidieron a Ochonga a través de las redes sociales y reclamaron que el caso no quede impune. "Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente", escribió uno de sus allegados.

La Justicia identificó como presunto autor del crimen a A.A.G., un joven de 25 años conocido con el apodo de "Manay". El acusado fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En el marco de la investigación, la Policía realizó allanamientos en los barrios Parque y La Florida, en San Francisco, y también en distintos domicilios de la localidad santafesina de Frontera. Durante uno de los procedimientos se secuestró un elemento considerado de interés para la causa, aunque el sospechoso no fue localizado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor aprovechó la multitud que celebraba la clasificación de la Selección argentina para acercarse a Ochonga y efectuarle tres disparos por la espalda a corta distancia. Luego escapó entre las personas que se encontraban en el lugar y no se registraron otros heridos.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:12 de la madrugada en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de San Francisco.

Debido a la gran cantidad de personas que ocupaban la zona, una ambulancia no pudo ingresar hasta el lugar. Por ese motivo, efectivos policiales trasladaron al joven en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El Litoral

La violencia volvió a dejar una víctima fatal durante la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe. Un joven de 18 años murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego tras un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones de Gorriti y Servando Bayo, en zona norte de la capital provincial.

La víctima fue identificada como Emmanuel Mariano Mendoza, de 18 años, cuyo fallecimiento dio origen a una causa caratulada como Homicidio por el uso de arma de fuego.

Según se supo, el episodio se desencadenó en la vía pública, donde por causas que son materia de investigación se produjo una gresca entre varios hombres. En medio del enfrentamiento se efectuaron disparos de arma de fuego que alcanzaron a Mendoza, quien perdió la vida en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

Como saldo del mismo episodio también resultaron lesionados otros dos jóvenes, B. G. y F. A., ambos de 18 años, quienes presentaban heridas que, en principio, fueron calificadas como de carácter no grave.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes del Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría 26ta., quienes confirmaron que la intervención obedecía a un homicidio registrado en la vía pública luego de una pelea entre varios individuos.

La investigación quedó bajo la órbita del área de Homicidios de la PDI, mientras que en el lugar trabajaron, como es de práctica, peritos en rastros y balística, especialistas de Fotografía Forense, Planimetría, Huellas y Rastros y Balística.

Durante varias horas los especialistas realizaron un relevamiento de la escena y, según trascendió, se habrían secuestrado algunas vainas servidas como así también observado rastros de sangre.

Otro de los datos a tener en cuenta apunta a que los pesquisas averiguan sobre la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas imágenes serían vitales para identificar a las personas que participaron del violento episodio.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni identificadas como responsables del homicidio. La investigación continúa orientada a determinar las circunstancias en que se produjo la gresca, el motivo del enfrentamiento y la identidad de quien efectuó el disparo fatal.

EL

El fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la investigación por el homicidio del policía Eduardo Damián López en Carcarañá, aseguró que las pruebas reunidas en los primeros días permiten sostener la imputación contra los dos acusados: Agustín Amarilla y Julio César Salazar.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el funcionario judicial destacó el trabajo de las distintas áreas policiales que intervinieron en la causa y que permitieron reunir elementos para la audiencia imputativa.

“Agradezco a todo el personal policial que trabajó intensamente en estos cuatro días. La División Operativa de PDI, Científica Forense, la comisaría de Carcarañá y el Comando Radioeléctrico de Roldán realizaron un enorme trabajo para reunir las evidencias que presentamos en la audiencia”, expresó Baños.

El fiscal explicó que la imputación se apoya, entre otros elementos, en una declaración considerada fundamental para ubicar a los acusados en el lugar del hecho y reconstruir la mecánica de la agresión.

“Hay un testimonio fundamental que ubica a los imputados en el lugar y permite acreditar cómo fue la agresión: un ataque desde atrás con un hierro de 49 centímetros”, afirmó.

Baños aclaró además una de las dudas que se había planteado desde el inicio de la investigación: si la muerte del policía había sido provocada por un piedrazo.

“Piedras hubo y muchas. Los policías fueron rodeados por unas 50 personas y recibieron piedrazos y gomerazos, pero la autopsia descartó que Damián López haya recibido un impacto de piedra en la cabeza”, señaló.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, la muerte fue causada por una lesión provocada con un hierro que ingresó en la parte inferior izquierda del cráneo.

“Ese hierro tuvo que ser cortado en el Samco de Carcarañá para poder trasladarlo al HECA y luego fue extraído. La profundidad de la lesión coincide plenamente con la autopsia”, detalló.

Según Baños, el elemento penetró aproximadamente diez centímetros, dato que coincide con los resultados forenses incorporados a la investigación.

La investigación continúa abierta y la Policía de Investigaciones sigue analizando registros audiovisuales para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido en el club.

“Necesitamos que quienes tengan videos o hayan presenciado los hechos se acerquen a aportar su testimonio para esclarecer completamente lo ocurrido”, pidió el fiscal.

Baños también se refirió a la hipótesis planteada por la defensa sobre una posible tercera persona involucrada. Al respecto, indicó que los videos analizados hasta el momento ubican a ese hombre en otro sector del predio.

De todos modos, aclaró que la causa sigue en curso y que no se descartan nuevas imputaciones si aparecen otros elementos de prueba.

El fiscal defendió el accionar de los efectivos que intervinieron durante los disturbios y confirmó que las cámaras corporales no registraron el episodio.

“El personal fue ampliamente superado. Eran cinco efectivos rodeados por unas cincuenta personas. En ese contexto vieron caer a un compañero y también fueron víctimas de la agresión”, sostuvo.

Antes de la audiencia, Baños mantuvo una reunión con Miguel Ángel López, padre del policía asesinado, para explicarle cómo se desarrollaría la instancia judicial y advertirle sobre la dureza de los detalles que iban a exponerse.

“Le expliqué cómo iba a desarrollarse la audiencia y que iba a escuchar detalles muy duros sobre la muerte de su hijo. Fue muy valiente al estar presente y escuchar toda la reconstrucción de los hechos”, concluyó.

Confirmaron en segunda instancia la condena a 23 años de prisión impuesta a Miguel Ángel Spahn, de 40 años, por el homicidio de Gonzalo Andrés Riatto, ocurrido en 2023 en la localidad de Lehmann, departamento Castellanos.

La resolución fue dictada por los camaristas Sergio Alvira, Cristian Fiz y Fabio Mudry, quienes resolvieron por unanimidad rechazar los planteos realizados por la Defensa y confirmar íntegramente el fallo apelado.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en las distintas etapas del proceso judicial.

“La condena había sido dispuesta en septiembre del año pasado en el marco de un juicio oral, cuya sentencia fue recurrida por la Defensa. Los camaristas rechazaron todos los agravios presentados y confirmaron íntegramente el fallo apelado”, indicó Castellano.

El fiscal explicó que el tribunal de segunda instancia consideró correctamente fundada la condena impuesta a Spahn, al valorar la gravedad del hecho y las circunstancias acreditadas durante el juicio.

“El tribunal de segunda instancia concluyó que la pena a 23 años impuesta a Spahn estuvo debidamente fundamentada, es razonable y proporcional al ilícito cometido”, subrayó Castellano.

En ese sentido, sostuvo que la Cámara descartó los cuestionamientos de la Defensa sobre la valoración realizada por el tribunal de juicio.

“Los magistrados de la Alzada señalaron que la Defensa no logró demostrar arbitrariedad en la sentencia y que sus cuestionamientos se limitaban a discrepar con la valoración realizada por el tribunal de juicio respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso”, agregó.

Entre los fundamentos de la resolución, los jueces tuvieron en cuenta la forma en que se produjo el homicidio, cometido con un arma blanca, y el accionar del condenado contra la víctima.

“Los camaristas destacaron la extrema gravedad del hecho delictivo, al considerar acreditado que Spahn persiguió a la víctima, quien intentó escapar y refugiarse en reiteradas oportunidades antes de ser agredido mediante múltiples puñaladas”, precisó el fiscal.

Castellano también remarcó que la Cámara valoró la continuidad del ataque y el impacto que el crimen tuvo en el entorno familiar de la víctima.

“Contemplaron especialmente la persistencia del ataque, la intensidad del accionar homicida y las graves consecuencias que el crimen produjo en la familia de Riatto”, manifestó.

El fiscal del MPA señaló además que el tribunal de segunda instancia desestimó un pedido de la Defensa vinculado a una nueva evaluación médica del condenado.

“El tribunal que revisó el fallo también rechazó un planteo de la Defensa acerca de la realización de una nueva Junta Médica para evaluar la salud mental del condenado”, indicó Castellano.

Según explicó, ese punto ya había sido tratado previamente y no existían nuevos elementos que justificaran volver sobre la cuestión.

“Esa cuestión ya había sido resuelta con anterioridad mediante una decisión firme y no se aportaron nuevos elementos que ameriten reabrir el debate”, sostuvo.

Por otra parte, Castellano informó que los camaristas dispusieron remitir copia del registro audiovisual de la audiencia de apelación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial.

“El objetivo es que se evalúen insinuaciones de la Defensa referidas a que la pena impuesta habría sido influenciada por el contexto político y social existente al momento del juicio”, puntualizó el fiscal. Spahn se encuentra condenado como autor de homicidio simple.