La reforma laboral volvió a quedar plenamente en el centro de la escena judicial y política. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves dejar en suspenso la medida cautelar que había frenado parte de la normativa y, de este modo, 82 artículos recuperaron vigencia inmediata.

La decisión fue adoptada por los camaristas María Dora González y Víctor Pesino, integrantes de la Sala VIII, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo de primera instancia del juez Horacio Ojeda.

Hasta ahora, la cautelar impulsada por la CGT mantenía suspendidos puntos neurálgicos de la ley durante tres semanas. Entre ellos, figuraban cambios en el cálculo de indemnizaciones, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), nuevas reglas para huelgas y servicios esenciales, el banco de horas y la fragmentación de vacaciones.

Con esta resolución, todos esos aspectos vuelven a entrar en vigencia mientras continúa el trámite judicial de fondo.

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el nuevo esquema para calcular las indemnizaciones por despido.

A partir de ahora, quedan excluidos del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones no gozadas, premios, propinas y otros adicionales no mensuales ni habituales.

Esto implica una reducción del monto final que percibe el trabajador respecto del régimen anterior.

Además, la normativa establece que la base salarial no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto por el convenio colectivo aplicable a la categoría.

La ley también incorpora un mecanismo de actualización por inflación más un adicional del 3% anual, y habilita el pago en cuotas de sentencias laborales: hasta seis cuotas para grandes empresas y doce para pymes.

Otro de los ejes centrales es la reactivación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Se trata de un sistema destinado a financiar indemnizaciones por despido mediante una cuenta específica e inembargable que deberá constituir cada empleador.

El fondo se integrará con aportes obligatorios mensuales:

Los recursos acumulados solo podrán utilizarse para afrontar obligaciones derivadas de despidos.

Este punto había sido uno de los más cuestionados por la central obrera.

Jornada laboral: hasta 12 horas

La reforma también restablece cambios profundos en la organización del tiempo de trabajo.

La jornada diaria podrá extenderse de 8 a 12 horas, siempre que se garantice un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal de 35 horas.

Este esquema busca otorgar mayor flexibilidad a empresas y trabajadores, especialmente en sectores con picos de actividad.

Vuelve además el denominado “banco de horas”.

Este sistema permite compensar horas trabajadas extra no necesariamente con pago adicional, sino mediante:

Se trata de una modificación que impacta directamente en la modalidad tradicional de liquidación de horas extras.

La normativa reactivada modifica el régimen de vacaciones.

El empleador deberá otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque ambas partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período.

La novedad principal es que podrán dividirse en tramos no menores a siete días.

Esto habilita, por ejemplo, dividir 14 días en dos semanas separadas.

La ley además establece que, cuando no se otorguen en simultáneo a toda la planta, cada trabajador deberá tener vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Otro cambio relevante es la forma en que se computa la antigüedad.

Se reconocerá desde el inicio de la relación laboral, incluyendo contratos sucesivos a plazo.

Sin embargo, si el trabajador deja la empresa y vuelve a ingresar, la antigüedad previa dejará de computarse si transcurrieron más de dos años entre ambas relaciones.

Este punto modifica el criterio anterior, que contemplaba períodos más extensos.

La reforma restablece restricciones en medidas de fuerza.

Las actividades consideradas esenciales deberán garantizar al menos un 75% de funcionamiento durante una huelga.

Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% del servicio.

Otro punto polémico que vuelve a regir es la exigencia de autorización previa del empleador para realizar asambleas dentro o fuera del establecimiento laboral.

La norma establece que el sindicato podrá convocarlas siempre que no afecten el funcionamiento normal de la actividad ni perjudiquen a terceros.

La ley mantiene vigente la figura del repartidor independiente.

Esto implica que el vínculo con plataformas de reparto o servicios digitales no será considerado relación laboral, sino contrato de servicio independiente.

Es uno de los aspectos más observados por especialistas en derecho laboral y economía digital.

La reforma también ratifica la prioridad de los convenios de empresa o regionales por sobre los sectoriales.

A la vez, limita la llamada ultraactividad, es decir, la continuidad automática de un convenio vencido hasta la firma de uno nuevo.

Con la nueva redacción, vencido el convenio, sus condiciones dejan de regir salvo nueva negociación.

El fallo no resuelve el fondo de la discusión, pero sí tiene efecto inmediato. En la práctica, las modificaciones vuelven a aplicarse mientras la Justicia analiza la constitucionalidad de la norma.

La resolución representa un respaldo transitorio para el Gobierno nacional en uno de los capítulos más sensibles de su agenda económica.

La previa del Mundial 2026 volvió a quedar bajo la lupa por un doble frente de conflicto en Estados Unidos. Por un lado, trabajadores del SoFi Stadium, una de las sedes del torneo, amenazaron con iniciar una huelga si la FIFA no toma posición frente al rol que podría tener el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. Por otro, un informe internacional encendió señales de alerta sobre el escenario de seguridad y derechos humanos de cara al campeonato.

El foco inmediato está puesto en Los Ángeles. Allí, el sindicato Unite Here Local 11, que representa a alrededor de 2.000 trabajadores de servicios de comida del SoFi Stadium, exigió que la FIFA deje afuera al ICE de cualquier función vinculada al Mundial en esa ciudad. Además, reclamó protección para los empleos sindicalizados, mejores condiciones laborales y respaldo para iniciativas de vivienda asequible. Según Reuters, los empleados siguen sin contrato laboral a poco más de dos meses del comienzo del torneo y advirtieron que podrían ir a la huelga si no reciben respuestas.

Entre los puntos planteados por el gremio también aparece el rechazo al uso de inteligencia artificial y automatización si eso implica la eliminación de puestos de trabajo. El sindicato sostuvo además que intentó reunirse en reiteradas oportunidades con la FIFA, pero que no obtuvo respuesta. Reuters consignó que tanto FIFA como los responsables del estadio evitaron hacer comentarios sobre el conflicto.

La tensión creció todavía más a partir de declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En febrero, ese organismo afirmó que la oficina de coordinación del Mundial dentro del DHS cumple un rol central en la seguridad del evento, mientras que reportes periodísticos señalaron que ICE, especialmente a través de Homeland Security Investigations, sería una pieza clave del operativo general. Esa perspectiva es justamente la que el sindicato considera una amenaza para trabajadores y asistentes.

En ese contexto, un informe de Amnistía Internacional agregó un nuevo factor de preocupación. El documento sostuvo que Estados Unidos atraviesa una “emergencia de derechos humanos” marcada por políticas migratorias discriminatorias, detenciones masivas y arrestos arbitrarios, y advirtió que ese escenario podría afectar no solo a los aficionados que viajen al Mundial, sino también a trabajadores, periodistas y comunidades locales.

El reporte también alertó sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y a la protesta durante el torneo. Según Amnistía, la combinación entre deportaciones, detenciones y debilitamiento de garantías legales podría derivar en represalias frente a manifestaciones pacíficas en el marco de un evento de alcance global.

Así, a semanas del arranque de la Copa del Mundo, la organización enfrenta un escenario incómodo: conflictos laborales en una sede clave, preocupación por el rol de las agencias migratorias y cuestionamientos de organismos internacionales sobre las condiciones en las que se desarrollará el evento más importante del fútbol.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por supuestamente “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.

La presentación fue realizada por el abogado de la cartera, Fernando Soto, quien confirmó que actuó por “orden expresa” de la ministra. Según el escrito al que accedió Noticias Argentinas, Soto acusa al dirigente estatal de haber incurrido en el delito previsto en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, al “amenazar” el orden constitucional.

La denuncia se basa en declaraciones públicas de Aguiar, quien afirmó: “Nuestro trabajo es provocar la crisis de este gobierno”, en referencia al futuro proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. Para el Ministerio, esas expresiones, realizadas por quien representa a trabajadores estatales, constituyen un intento deliberado de “afectar el ejercicio del mandato popular” del presidente Javier Milei.

Soto sostuvo que resulta “plausible” imputar una “amenaza pública e idónea” orientada a obstaculizar la gestión del Gobierno nacional e impedir el ejercicio de sus facultades constitucionales.

“Solicito que se tenga por presentada la denuncia contra Rodolfo Aguiar por el delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática y que se inicie el correspondiente sumario penal”, concluyó el abogado en el escrito entregado al Juzgado Federal.

Por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 el gobierno de Javier Milei limitó el derecho a huelga, debido a que amplió las actividades consideradas esenciales.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirmó artículo 3 de la normativa publicada hoy en el Boletín Oficial.

Y agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare". 

Mientras que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".

El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones. 

Se incluyeron como servicios esenciales: 

También,

Uno de los primeros representantes del sector sindical que salió a repudiar la medida fue el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, quien lamentó que el Gobierno "intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral".  

                                                           X Hugo "Cachorro" Godoy

"Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir", agregó en su cuenta de X.

El Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.

El primer rechazo desde el sindicalismo fue de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que encabeza Juan Carlos Schmid: hará el martes próximo un plenario de secretarios generales en la sede de la CGT para evaluar el conflicto, mientras crece la idea de realizar protestas.

El titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, manifestó a Infobae “el repudio y el rechazo” al decreto porque “viola la autonomía sindical y el derecho de huelga protegido por la Constitución Nacional y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Por su parte, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), sostuvo que “el Gobierno recurre a metodologías antidemocráticas y antijurídicas” con el decreto 340 y también cuestionó otro decreto, el 341, mediante el cual el Poder Ejecutivo “se excluye de la paritaria nacional docente y se reserva el derecho de vetar lo que eventualmente se acuerde” en materia salarial.

En la misma línea, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que “la modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal” y advirtió que “este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones”.

El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.

Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

Een el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:

a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Luego, establece que “una comisión independiente y autónoma, denominada Comisión de Garantías, integrada según se establezca en la reglamentación por 5 miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria, podrá, mediante resolución fundada, calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes, cuando se diere alguna de las siguientes circunstancias:

a) La extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad;

b) La actividad afectada constituyere un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública;

c) La interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de parte de la población; y

d) la interrupción o suspensión de la producción pudiere poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y/o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal.

Los trabajadores, quienes denunciaron que la última oferta del Gobierno rechazada este lunes estaba "muy por debajo de la inflación" y era "totalmente inaceptable", piden una suba salarial del 7%.

Una huelga ferroviaria de cuatro días arrancó este martes en Reino Unido y complicó el desplazamiento de miles de británicos hacia sus lugares de trabajo, en el marco de un conjunto de acciones sindicales para protestar contra la inflación y exigir mejores salarios.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), 40.000 de sus miembros que trabajan en la red Network Rail y en 14 compañías ferroviarias participan en la huelga.

La medida de fuerza continuará hasta el sábado y se retomará en enero durante otros cuatro días, dijo RTM, informó la agencia de noticias AFP.

Los trabajadores piden una suba salarial del 7% y denuncian que el Gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak está "obstruyendo deliberadamente" las vías para llegar a un acuerdo

Se estima que solo el 20% de los servicios ferroviarios operarán durante la medida de fuerza, que se desató tras fracasar las negociaciones con la empresa.

Network Rail, la compañía pública que administra la red ferroviaria británica, solicitó a la población que evite viajar a menos que sea absolutamente necesario.

El sindicato anunció que la última oferta de pago del Gobierno, rechazada este lunes, estaba "muy por debajo de la inflación" y era "totalmente inaceptable".

"Nuestros miembros no quieren aceptar la oferta... el valor del acuerdo no es lo suficientemente alto", dijo RTM en un comunicado.

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Aunque es "optimista" de que se pueda llegar a un acuerdo, el secretario general de RMT, Mick Lynch, dijo a la cadena BBC que el Gobierno necesita "ayudar a facilitarlo".

Solo en octubre ya se han perdido 417.000 jornadas laborales por conflictos sociales en Reino Unido, el nivel más alto desde noviembre de 2011, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Además de los trabajadores ferroviarios, los guardias de seguridad de los trenes Eurostar con destino al continente europeo y los policías de fronteras que controlan los pasaportes en los aeropuertos también irán a la huelga en los próximos días, lo que obligará al Gobierno a desplegar personal militar para realizar los controles.

También se verá afectado el sector sanitario, ya que enfermeras anunciaron una huelga sin precedentes este jueves y el 20 de diciembre, a la que se unirán los conductores de ambulancias y sectores de la administración, así como el sector privado.

"La prioridad económica número uno del Gobierno es controlar la inflación, (...) para que la gente pueda hacer frente al coste de la vida", declaró hoy el ministro de Transportes, Mark Harper, en la radio Times, recordando que el ejecutivo ha proporcionado "ayudas considerables" a los hogares para compensar la subida de los precios de la energía.

Están previstas medidas de fuerza esta semana desde otros sectores, como correos, mientras para fines de esta semana están anunciadas acciones similares de los empleados que trabajan en el mantenimiento de autopistas y de los encargados de las maletas en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Un número no determinado de personas iniciaron este sábado una huelga en Irán en el marco de las protestas desencadenas en el país tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini durante su detención.

La información fue divulgada por ONGs, pero es difícil evaluar el verdadero alcance de las protestas debido a que el Gobierno ha restringido el acceso a Internet.

Las protestas se desataron hace cinco semanas tras la muerte de Amini, de 22 años, quien fue detenida en una estación de trenes y golpeada por llevar mal colocado el hiyab, el velo con el que las musulmanas cubren su cabello.

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Según el relato de su hermano, que estaba junto a ella en la estación, la joven iba a ser trasladada a una comisaría para recibir un curso de como comportarse, pero en cambio fue llevada una hora y media más tarde a un hospital de Teherán, al que llegó inconsciente. Dos días después murió.

Las protestas, las más importantes en Irán desde las de 2019 contra el aumento del precio de los combustibles, han causado al menos 215 muertos, entre ellos 27 niños, según Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, Noruega.

Las mujeres iraníes, muchas de ellas con la cabeza descubierta, lideran las manifestaciones cantando consignas contra el poder y enfrentándose a las fuerzas de seguridad.

Según el medio de comunicación en línea 1500tasvir "Internet está desconectado o muy débil en muchas ciudades", aunque ellos han podido sortear el bloqueo.

El último video que publicó, se escuchan bocinas de motos y autos en las calle de Teherán.

En otro tuit, informan que hay huelgas en ciudades como Sanandaj, Bukan y Saqez", esta última es la ciudad natal de Masha Amini.

El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, también informó de huelgas de comerciantes en Bukan, Sanandaj y Saqez y Marivan.

En otros lugares de Irán, decenas de estudiantes aplaudieron y cantaron en una manifestación en la universidad Shahid Beheshti de Teherán, según un video tuiteado hoy por 1.500tasvir.

En tanto, decenas de trabajadores se reunieron frente a una fábrica de chocolate en Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán oriental, según otros videos que circulan en redes pero que no han sido verificados.

Este viernes, un sindicato de docentes convocó una huelga nacional en el país para este domingo y el lunes.

En un comunicado, el Consejo de Coordinación de los Sindicatos de Docentes declaró que la "sentada" es una respuesta a la "opresión sistemática" de las fuerzas de seguridad en las escuelas.

Los manifestantes acusan a las autoridades iraníes de llevar a cabo una campaña de detenciones masivas y de prohibiciones de viajar, y la lista incluye a atletas, periodistas, abogados y celebridades.

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Repercusión en el mundo

En el extranjero, las manifestaciones de solidaridad con las protestas en Irán también continuaron con eventos en Tokio y Alemania.

Alrededor de 80.000 personas marcharon en Berlín en solidaridad con "las valientes mujeres y los manifestantes en Irán", en palabras de la ministra alemana de la Familia, la ecologista Lisa Paus.

Entre los participantes en esta manifestación organizada por un colectivo de mujeres, algunos llevaban carteles con el lema "Mujeres, Vida, Libertad", mientras que también se vieron banderas kurdas.

Los líderes iraníes acusan a los occidentales de fomentar lo que ellos llaman "disturbios".

La comunidad internacional ha condenado la represión y varios países junto a la Unión Europea han impuesto sanciones a dirigentes y entidades iraníes.

En paralelo a las protestas, la atleta iraní Elnaz Rakabi, que participaba de una competencia den Corea del Sur, no usó el velo para competir, lo que fue interpretado como un apoyo a las manifestaciones por la muerte de Amini.

Al llegar a Teherán fue recibida por una multitud, pero lo joven calmó las aguas diciendo declaró que no llevó el hiyab por un error.

La BBC, citando fuentes "bien informadas" dijo que Rekabi está desde ayer bajo arresto domiciliario y agregó que fue presionada para efectuar esa confesión en la que dijo que no usó el velo porque hubo cambios en el programa de la competencia y cuando la llamaron para competir no lo encontraba.

Según la cadena británica, las autoridades iraníes la amenazaron con secuestrar los bienes de su familia si no efectuaba esa declaración.