Una importante presencia policial sorprendió este domingo al ambiente del automovilismo argentino durante la actividad oficial en el Autódromo Roberto Mouras. En pleno desarrollo de las competencias de TC Pick Up, TC Pista Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento dentro del predio por orden judicial.

El procedimiento fue encabezado por agentes de la PFA bajo instrucciones del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata y estuvo relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en las habilitaciones del circuito platense.

Según trascendió, entre 50 y 70 efectivos participaron del operativo mientras continuaba la programación deportiva en pista, en una escena que generó sorpresa y tensión dentro del autódromo.

La inspección judicial se suma a una serie de controles y allanamientos que vienen desarrollándose desde finales de 2025 tanto por parte de la Policía Federal como de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), en medio de un contexto judicial cada vez más complejo alrededor de la conducción de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

La causa que involucra a Hugo y Gastón Mazzacane

El operativo en La Plata aparece además conectado con la investigación judicial que involucra a Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la ACTC respectivamente.

Semanas atrás, la Justicia había allanado también la sede central de la entidad automovilística en el marco de una causa por presunta evasión fiscal y defraudación al Estado.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por ARCA en La Plata, luego de detectar inconsistencias en declaraciones fiscales correspondientes al período 2021-2024. A partir de allí, la fiscal federal Laura Roteta avanzó sobre el entramado empresarial vinculado a los dirigentes.

De acuerdo con la causa, la Justicia sospecha de un esquema de vaciamiento patrimonial sostenido durante años para dificultar el pago de impuestos y ocultar movimientos financieros.

Las maniobras investigadas alcanzarían cifras cercanas a los 4.000 millones de pesos y estarían relacionadas con operaciones realizadas a través de la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora de bebidas perteneciente al grupo empresario investigado.

Entre los elementos bajo análisis aparecen ventas no registradas, presuntas maniobras de evasión tributaria y transferencias de bienes entre distintas empresas vinculadas.

Como parte de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal, Hugo y Gastón Mazzacane fueron procesados y además sufrieron el embargo de aproximadamente 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias.

Mientras continúa el avance de la investigación, el operativo realizado este domingo en el autódromo platense volvió a poner bajo la lupa a la ACTC y profundizó el impacto institucional dentro del automovilismo nacional.

La Policía Federal Argentina llevó adelante allanamientos en la sede de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), ubicada en el barrio porteño de Caballito, en el marco de una investigación judicial por presunta violación de la ley de marcas.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa que apunta a directivos de la entidad que regula la categoría más popular del automovilismo argentino.

Durante el operativo, efectivos de la División Delitos Fiscales secuestraron documentación en formato digital y papel, además de computadoras, con el objetivo de analizar posibles irregularidades.

Según fuentes judiciales, el expediente se inició tras una denuncia que expuso una disputa empresarial vinculada al uso de marcas en repuestos utilizados en autos de competición.

A partir de las pruebas recolectadas, la Justicia buscará determinar si existieron maniobras irregulares y establecer eventuales responsabilidades de los dirigentes de la ACTC en el circuito de comercialización de piezas presuntamente apócrifas.

Además de la sede central, la orden judicial incluyó las oficinas de la Asociación de Corredores y Propietarios de Automóviles de Competición (Acpac).

La investigación no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. También se realizaron procedimientos en ocho talleres de equipos de Turismo Carretera ubicados en distintas localidades, entre ellas Malagueño, General Baldissera (Córdoba), Esteban Echeverría, Mar del Plata, Ramos Mejía, Arrecifes y Gualeguaychú.

El objetivo de estas medidas es reconstruir el circuito de los repuestos investigados y determinar su origen y distribución.

El expediente no es el único frente judicial que involucra a la conducción de la ACTC. Días atrás, en una causa tramitada en La Plata, el juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento de Hugo Mazzacane, presidente de la entidad, junto a su hijo Gastón Mazzacane y otros implicados.

En ese caso, se investiga una presunta maniobra de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta, con montos que superarían los 5.500 millones de pesos entre 2021 y 2023, y que podrían escalar a más de 8.000 millones si se incluye el período 2024.

El Turismo Carretera, organizado por la ACTC desde 1939, es considerado uno de los campeonatos más emblemáticos del país e incluso figura en el Libro Guinness como el más antiguo del mundo en su tipo.

En este contexto, la investigación judicial pone el foco sobre una de las instituciones más relevantes del deporte motor argentino, mientras se aguardan avances en la causa para esclarecer los hechos denunciados.

Con allanamientos en marcha y documentación bajo análisis, la causa avanza en una etapa clave. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en el uso de marcas dentro del Turismo Carretera, en un proceso que podría tener impacto institucional y deportivo.

El  juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó al piloto de Turismo Carretera Gastón Mazzacane, a su padre Hugo Héctor Mazzacane —presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera— y a otros empresarios en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado un esquema destinado a ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos mediante la utilización de sociedades vinculadas, operaciones en efectivo y una contabilidad paralela. El objetivo, de acuerdo al expediente, habría sido generar una aparente insolvencia para frustrar el cobro de las obligaciones por parte del Estado.

La causa involucra a varios integrantes del grupo económico, entre ellos Liliana Mónica Videla, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez, además de firmas como Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A..

El monto investigado supera los 5.500 millones de pesos correspondientes al período 2021–2023, y asciende a más de 8.000 millones si se incluye 2024. Según estimaciones oficiales, el perjuicio al fisco rondaría los $3.965 millones.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias y movimientos patrimoniales sospechosos.

Cómo operaba el presunto esquema

La investigación, encabezada por la fiscal federal María Laura Roteta, permitió reconstruir el funcionamiento del grupo empresario. Según el Ministerio Público Fiscal, se detectaron circuitos de ventas no registradas, desvío de fondos y transferencia de activos hacia otras sociedades del mismo entramado.

Entre las maniobras señaladas figuran el uso de estructuras paralelas para continuar la actividad comercial, el traspaso de bienes para evitar embargos y el vaciamiento progresivo de la empresa principal.

Allanamientos y pruebas

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable y financiera, además de dinero en efectivo. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían desarrollado durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con el objetivo de evadir tributos y obstaculizar la acción del Estado para cobrar la deuda fiscal.