Una investigación de la Justicia Federal de Morón permitió desarticular una red dedicada a la venta ilegal de vaporizadores con derivados de THC, una nueva modalidad del mercado clandestino de marihuana en la Argentina. Los operativos fueron realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en distintos puntos del país, donde se secuestraron más de 340 dispositivos, gomitas con cannabis, dinero y armas de fuego.

Por orden del juez Jorge Rodríguez, la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico efectuó 17 allanamientos en Del Viso, San Nicolás, Castelar y Córdoba capital, tras detectar una red que ofrecía los productos en posteos de Instagram y grupos de Telegram.

En los procedimientos, se incautaron 87 paquetes de gomitas de cannabis, 16 balanzas de precisión, 3,5 millones de pesos, 42 mil dólares, 12 teléfonos celulares y una pistola Bersa calibre 9 mm. Seis personas fueron detenidas, aunque ninguna con antecedentes ligados a grandes estructuras del narcotráfico.

Según fuentes judiciales, los vaporizadores incautados —de marcas Lost y Torch— contenían derivados de THC no mencionados explícitamente en la Ley de Drogas, como THC-A (ácido tetrahidrocannabinólico) y THC-P, un análogo más potente. Aunque el primero no es psicoactivo en su forma ácida, al calentarse se transforma en THC, la molécula que sí tiene efectos psicoactivos y cuya tenencia está penalizada en el país.

Un funcionario judicial explicó que “son variantes sintéticas que están dentro de la definición de la ley argentina. No están nombradas, pero están penadas”.

El negocio de los vaporizadores, que en Estados Unidos representa el 25 % del mercado de cannabis recreativo —valuado en unos 45.000 millones de dólares—, ha crecido en el país y se comercializa por internet a precios de entre 75.000 y 90.000 pesos por unidad. Su aparente discreción y la ausencia de humo los convirtieron en un producto atractivo, aunque los especialistas advierten sobre los riesgos para la salud, incluyendo enfermedades pulmonares como EVALI, identificada en 2019 por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Los investigadores destacan que esta modalidad representa un cambio en el mercado ilegal del cannabis, que ya no se centra en la marihuana prensada sino en productos elaborados con extractos y derivados químicos de alto valor comercial.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo este miércoles once allanamientos simultáneos en Reconquista y Avellaneda, en el marco de una causa por juegos de azar clandestinos. La investigación, que avanza bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, apunta a una organización que ofrecía recargas para apuestas de manera ilícita a través de redes sociales y plataformas digitales.

Durante los procedimientos, efectivos de la División Especial – Región IV aprehendieron a dos mujeres —identificadas como C.P.S. y B.A.L.— y a un hombre identificado como L.E.N., quien se desempeña como personal policial. Además, otras 10 mujeres fueron notificadas en el marco de la misma causa.

En los domicilios allanados se secuestraron:

Todos los elementos fueron incorporados como pruebas en la causa, que tramita bajo supervisión del fiscal Nicolás Maglier.

En continuidad con las actuaciones, se informó que, por disposición del fiscal interviniente, B.A.L., L.E.N. y C.P.S. pasaron de estar en calidad de aprehendidos a la condición de detenidos comunicados, permaneciendo alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia penal santafesina.

Los procedimientos forman parte de una investigación por infracción al artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la captación y explotación de juegos de azar sin autorización, delito penado con hasta seis años de prisión.

En el departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático detectó un desmonte ilegal de 47,5 hectáreas de bosque nativo clasificado como Categoría I – Zona Roja, es decir, de máxima conservación ambiental. Además, constató que la firma Algoservicio S.A. inició obras para una planta algodonera sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental obligatorio.

Ante la gravedad del hecho, se procedió a la clausura del predio, el cese inmediato de las actividades y se presentó una denuncia ante la Justicia. Esto derivó en una acción de amparo colectivo ambiental impulsada por la Procuración General de la Corte Suprema de Santa Fe.

“Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias. En Santa Fe promovemos la producción, pero siempre dentro del marco de la ley”, advirtió el ministro Enrique Estévez.

El Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado dictó una medida cautelar que prohíbe toda intervención en el bosque ubicado en el distrito de Logroño, y ordenó el retiro inmediato de maquinaria y materiales de construcción del lugar.

Además, se exigió que la empresa se abstenga de futuras acciones sobre la zona afectada, al tratarse de un territorio protegido por la Ley Provincial 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que se enmarca en la Ley Nacional de Bosques N° 26.331.

El caso fue descubierto gracias a una alerta del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que monitorea con imágenes satelitales los desmontes no autorizados en el país. Esta herramienta permitió iniciar una investigación provincial que derivó en el operativo.

Las secretarías de Biodiversidad y de Ambiente comprobaron in situ que la obra se desarrollaba sin el EIA correspondiente, lo que representa una violación directa a la normativa ambiental vigente en Santa Fe (Ley 11.717).

“La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen”, afirmó Estévez. Y agregó: “En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”.

La Provincia reafirmó que el cuidado ambiental y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para el desarrollo productivo. El desmonte no autorizado afecta la fertilidad del suelo, favorece la erosión y perjudica los recursos hídricos, además de agravar el cambio climático.

El Sistema de Alerta Temprana genera informes quincenales y está disponible para toda la ciudadanía, promoviendo la participación activa en la defensa de los ecosistemas nativos. Gracias a esta herramienta, las autoridades pueden actuar con rapidez ante intervenciones ilegales como la que se dio en Logroño.

Durante un patrullaje preventivo en zona rural, agentes de la Guardia Rural Los Pumas de Huanqueros detuvieron a un ciudadano que trasladaba productos cárnicos sin autorización legal, lo que derivó en la notificación de una infracción al artículo 119 de la Ley Provincial N°13.774, por faenamiento sin autorización.

El operativo tuvo lugar cuando los uniformados procedieron a identificar una camioneta, conducida por un hombre mayor de edad. Tras verificar la documentación del vehículo y consultar sobre su procedencia, el conductor manifestó haber salido de un campo perteneciente a su patrón.

Con su consentimiento, se realizó una requisa minuciosa del rodado, donde se hallaron bolsas de nylon con cortes de carne vacuna. Según relató el hombre, la carne —aproximadamente 120 kilos en pie— provenía de un animal faenado en el campo del empleador y era para consumo personal.

Ante la falta de acreditación legal de la faena, los efectivos secuestraron los productos cárnicos y trasladaron el procedimiento a la dependencia policial, donde se iniciaron las diligencias investigativas correspondientes.

El caso fue comunicado a la Unidad Fiscal de San Cristóbal, desde donde el fiscal en turno dispuso la formulación de causa por infracción a la normativa vigente. Asimismo, se estableció que, una vez presentada la documentación que acredite la propiedad del animal, se proceda a la devolución de la carne secuestrada.

Los gendarmes al inspeccionar el rodado de un ciudadano, detectaron que trasladaba las aves dentro de tres cajas.

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Este sábado, en horas de la mañana, los efectivos del Escuadrón Seguridad Vial Autopista “Sur” desplegados sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas a la altura del peaje “Tristan Suarez” detuvieron la marcha de un vehículo.

Al momento de la inspección, los uniformados escucharon sonidos provenientes del baúl. Al abrirlo, en presencia de testigos, los gendarmes hallaron 150 patos pekin que estaban distribuidos en tres cajas plásticas de color amarillo.

La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°2 de Ezeiza dispuso el secuestro de las aves y que el conductor quede en libertad supeditado a la causa.