La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de productos domisanitarios importados que eran vendidos en plataformas online sin autorización sanitaria en Argentina.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a proteger a consumidores ante artículos cuya seguridad, eficacia y composición no pudieron ser verificadas.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 2638/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada por tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por áreas técnicas del organismo nacional.

Según detalló la ANMAT, las actuaciones comenzaron a partir de consultas vinculadas con la legitimidad de distintos productos de origen extranjero promocionados y comercializados por internet.

Durante las inspecciones se detectó que los artículos no tenían registro ante el organismo sanitario y tampoco identificaban datos de establecimientos elaboradores, fraccionadores o importadores responsables habilitados.

Entre los productos alcanzados por la prohibición figuran aerosoles y limpiadores utilizados para máquinas de afeitar profesionales, además de productos destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas.

La disposición prohíbe específicamente todos los lotes de los siguientes productos:

“JBL Professional Blade Spray 5 en 1”

“BaByliss PRO All In One Clipper Spray”

“Wahl Blade Ice”

“Saloon Plus Cool Care Plus 5 en 1”

“Glass Cook Top Cleaner & Polish”, de WEIMAN

“Cook Top Cream”, de WEIMAN

“Cook Top Cleaning Kit”, de WEIMAN

De acuerdo con el organismo, varios de estos artículos eran promocionados como limpiadores, lubricantes y desinfectantes para máquinas de afeitar, mientras que otros estaban orientados a la limpieza de superficies de cocinas vitrocerámicas.

Los inspectores comprobaron que los rótulos estaban escritos en inglés y que las etiquetas no incluían información obligatoria vinculada al establecimiento elaborador ni datos de inscripción sanitaria en Argentina.

Además, desde la ANMAT señalaron que las acciones promocionadas en los envases, como limpieza y desinfección, corresponden a categorías de productos que deben contar obligatoriamente con habilitaciones específicas y controles regulatorios para garantizar su seguridad.

El organismo también explicó que los enlaces donde se ofrecían estos productos fueron remitidos al área encargada del monitoreo y fiscalización de publicidad y promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria, con el objetivo de avanzar sobre la comercialización online de los artículos observados.

La autoridad sanitaria nacional advirtió que, al no existir registros oficiales ni datos verificables sobre las empresas responsables de la importación o fabricación, no es posible garantizar las condiciones de manufactura ni la composición de los productos.

En ese sentido, la ANMAT remarcó que tampoco puede asegurarse que las formulaciones utilizadas contengan ingredientes autorizados por la normativa vigente ni que los productos sean eficaces y seguros para el uso doméstico o profesional.

La disposición destaca además que tanto los establecimientos elaboradores como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros sanitarios para poder comercializarse legalmente en el país.

Por este motivo, las áreas técnicas del organismo recomendaron prohibir el uso, la distribución y la venta en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de comercio electrónico.

La resolución también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a organismos vinculados con la defensa del consumidor y a distintas áreas nacionales encargadas del control normativo y comercial.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Chile hizo lugar a una acción judicial iniciada por la Polla Chilena de Beneficiencia -una empresa estatal encargada de la administración de los juegos de azar- y ordenó a bloquear los sitios web de casas de apuestas online, acusando que no están autorizadas por la legislación nacional vigente.

El fallo salió por unanimidad y sostiene que “la apuesta deportiva online, como lo es la actividad que denuncia la recurrente de autos, se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, revistiendo a las deudas contraídas en dichos juegos de azar de objeto ilícito, como asimismo sancionando penalmente a quienes posibilitan dicha actividad como a quienes participan de ella”.

La Polla Chilena de Beneficiencia, en su denuncia, sostuvo: “Es una actividad ilegal, identificada y denunciada por la Superintendenta de Casinos ante el Ministerio Público, afectando gravemente el ejercicio de su derecho de propiedad sobre la autorización exclusiva y excluyente de ejecución de las apuestas deportivas en modalidad en línea”.

► Te puede interesar: La AUF no logró destrabar el conflicto y sigue el paro

Son 12 los sitios web que deberán dejar de funcionar según pronunció la Tercera Sala de la Corte Suprema: Betano, Betway, Betcris, Coolbet, Juega en Línea, 1xbet, Rivalo, Betsson, Rojabet, Betwarrior, Betsala, Mi Casino.

La decisión judicial se da casi en simultáneo de la presentación de un “recurso de protección” por parte de la ANFP por la resolución del Ministerio de Justicia de Chile, quien le puso un plazo de 30 días para terminar su contrato con Betsson.

A través de un comunicado, la casa madre del fútbol chileno explica: “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), informa que presentará un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Oficio Nº5293 de la Subsecretaría de Justicia, notificado por este organismo el viernes 1 de septiembre recién pasado. En dicho oficio, la Subsecretaría de Justicia instruyó a la ANFP, entre otras medidas, dejar sin efecto el contrato que ésta mantiene vigente por el naming del campeonato de Primera División y Primera B, en un plazo de 30 días”.

Y por último, argumenta: “La ANFP estima que el Ministerio de Justicia y DD.HH. carece de las atribuciones legales para dictar el Oficio Ordinario Nº593, en especial, en lo referido a contratos vigentes. Por lo tanto, impugnará ese acto administrativo a fin de que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho y asegure a la ANFP, como a toda persona jurídica, los derechos básicos que la Constitución le garantiza”.

Doble Amarilla