La Policía de Santa Fe cuenta desde este jueves 5 de noviembre de 2026 con nuevas facultades legales para fiscalizar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares. La norma, sancionada por la Cámara de Senadores, permite a los uniformados solicitar el código IMEI de cualquier dispositivo móvil sin necesidad de contar con una orden judicial previa ni una investigación en curso.

Esta medida equipara a los dispositivos electrónicos con otros bienes muebles registrados, como los vehículos, estableciendo una suerte de tarjeta verde virtual. Los agentes podrán requerir la exhibición del identificador en operativos callejeros o ante cualquier sospecha. En caso de que el ciudadano se niegue a mostrar el código, el aparato podrá ser decomisado por las fuerzas de seguridad.

El International Mobile Equipment Identity, conocido como IMEI, es un código único compuesto por 15 dígitos que viene pregrabado de fábrica. Para acceder a esta información, los usuarios solo deben marcar la secuencia *#06# en la función de llamadas del teléfono, tal como si realizaran una comunicación común. También es posible encontrar este dato impreso en las cajas originales de los equipos.

La sanción definitiva de la ley se logró tras alcanzar la unanimidad en el recinto, tanto en general como en particular, luego de incorporar los cambios introducidos previamente por la Cámara de Diputados. Este consenso político marca un cambio significativo respecto a la situación vivida en septiembre, cuando el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo había enfrentado la resistencia del bloque peronista.

En aquella instancia anterior, los legisladores liderados por el senador Rubén Pirola habían votado a favor del tratamiento sobre tablas, pero posteriormente rechazaron el texto final. Argumentaron en ese momento que no habían podido realizar aportes sustanciales al proyecto debido a la celeridad que el oficialismo imprimió al debate. Finalmente, el acuerdo parlamentario permitió destrabar la iniciativa esta semana.

La nueva normativa busca combatir el mercado ilegal de dispositivos y fortalecer la capacidad preventiva de la fuerza en todo el territorio provincial. Con este respaldo legislativo, los efectivos policiales tienen ahora el marco legal necesario para realizar controles de rutina sin tener que justificar el motivo del pedido, consolidando una herramienta que las autoridades consideran clave para la seguridad pública en Santa Fe.