En abril de 2023, la ciudad de Rafaela y la región se vieron conmocionadas por una serie de allanamientos realizados en propiedades de un grupo inversor, tras ser denunciado por presuntas estafas.

El Dr. Carlos Farías Demaldé, quien representaba los intereses del mencionado grupo, presentó su renuncia como abogado defensor en el marco de una causa llevada adelante por el fiscal Guillermo Loyola, de la Fiscalía Regional de la ciudad.

Los allanamientos fueron llevados a cabo en viviendas particulares, incluyendo la sede de la inmobiliaria en el barrio 9 de Julio, una fábrica de ladrillos en la localidad de Egusquiza y una vivienda en el barrio San José, perteneciente a una contadora que había trabajado previamente para el grupo. Durante los procedimientos, se incautó documentación y equipamiento tecnológico considerados relevantes para la investigación por estafa.

Los problemas financieros tanto para el grupo inversor como para los inversores afectados habrían comenzado aproximadamente en noviembre del año anterior, cuando el grupo dejó de pagar los intereses pactados con las personas que habían invertido sus ahorros en moneda nacional y extranjera. Esto generó preocupación y alarma entre cientos de ahorristas que se vieron perjudicados al no recibir los beneficios económicos prometidos.

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Ante la creciente inquietud de los afectados, el grupo intentó establecer reuniones con asesores legales para abordar la situación y ofrecer planes de devolución, aunque estos planes no cumplieron con las expectativas de los ahorristas. A pesar de algunas medidas cautelares presentadas inicialmente en un Juzgado Civil y Comercial, la falta de respuestas concretas llevó a que la investigación recayera en manos del fiscal Loyola, quien procedió a los allanamientos.

Cientos de ciudadanos de Rafaela resultaron damnificados por la presunta estafa, y las estimaciones señalan que el monto involucrado podría ascender a varios millones de dólares. La operación de inversión implicaba que el capital entregado por los ahorristas se mantuviera durante un año, renovándose anualmente, y solo se podían retirar los intereses mensuales. Sin embargo, todo colapsó en noviembre del año anterior, desencadenando graves consecuencias financieras para numerosas personas.

El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad, afectando la confianza de los ciudadanos en el sector inmobiliario y generando incertidumbre sobre el destino de sus ahorros. El abogado defensor, el Dr. Carlos Farías Demaldé, sorprendentemente renunció a representar a la firma acusada, aunque hasta el momento no se han revelado las razones detrás de su decisión.