El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una decisión que comenzará a regir este jueves 15 de enero y que tiene como objetivo principal bajar los precios al consumidor y ampliar la oferta tecnológica en el país.

La disposición está contemplada en el Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, y forma parte del plan de apertura comercial impulsado por la actual gestión. Hasta ahora, los celulares importados tributaban un arancel del 8%, que anteriormente había sido del 16%. Con la nueva medida, la alícuota queda en 0%.

Según estimaciones del sector, la eliminación de los aranceles podría generar una baja de precios de entre un 10% y un 30%, dependiendo del modelo, la marca y la velocidad con la que las empresas importadoras actualicen sus listas de precios.

No obstante, especialistas advierten que el efecto no será inmediato, ya que hay stocks en circulación con costos anteriores y la logística de importación lleva su tiempo. Además, la inflación y la evolución del tipo de cambio podrían influir en la magnitud del impacto.

Mientras el Gobierno apuesta por una apertura del mercado que facilite el acceso a tecnología de punta, la medida generó fuertes críticas en la industria nacional, especialmente en Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la producción de celulares ensamblados localmente.

Cámaras empresarias y sindicatos de la región señalaron que la quita de aranceles pone en riesgo la competitividad de la producción nacional y amenaza con una caída en el empleo. Argumentan que sin una política de protección o reconversión industrial, el país podría volverse excesivamente dependiente de la importación.

Desde el Ejecutivo, la eliminación del arancel se enmarca en una estrategia de apertura económica y desregulación del comercio exterior. Según voceros oficiales, los principales objetivos de la medida son:

Fomentar la competencia entre marcas y distribuidores para mejorar precios y calidad.

Ampliar la oferta de dispositivos disponibles, incorporando tecnología de última generación.

Reducir la brecha de acceso a celulares en comparación con otros mercados internacionales.

Con la quita total de aranceles a la importación de celulares, el Gobierno busca alivianar los precios en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo. Sin embargo, la medida deja abierta la discusión sobre el futuro de la industria local y los efectos estructurales de una apertura sin compensaciones productivas.

EL 

Mientras la Argentina política -en antesala electoral- debate si Javier Milei debía bajar retenciones o financiar con recursos cesantes los mayores presupuestos a las universidades, las jubilaciones o el Garrahan, los análisis económicos proyectan cuánto podría bajar la recaudación fiscal (o incluso subir con el paso del tiempo). Pero también señalan que, incluso con la baja en la carga fiscal, hay productores que no tendrían renta.

Es una ecuación en la que se deben cargar los costos de producción y flete, los precios internacionales de los granos y el nivel del dólar, además de la carga tributaria al sector. Tomando caso por caso, la presión fiscal varía de acuerdo a la productividad del suelo o la cercanía a los puertos, aún sin calcular el riesgo que siempre supone el factor climático.

Un informe del Ieral/Fundación Mediterránea ha señalado que con la baja parcial de retenciones los márgenes agrícolas proyectados para la campaña 2025/26 se ubican en US$ 467/ha para productores propietarios en zona núcleo, US$ 170/ha para arrendatarios en esa misma región, US$ 149/ha para propietarios en zona extrapampeana y –US$ 28/ha para arrendatarios extrapampeanos.

"Comparados con la rentabilidad promedio de las últimas ocho campañas (2017/18–2024/25), y asumiendo rendimientos teóricos constantes en el tiempo, estos márgenes resultan inferiores en US$ 103, 54, 49 y 23 por hectárea, respectivamente. La carga tributaria continuará siendo muy elevada en 2025/26, y vista en perspectiva, se ubicará en niveles muy similares al promedio de las últimas ocho campañas".

El supuesto de rendimientos del análisis "busca aislar el impacto de factores climáticos o sanitarios sobre la rentabilidad -como la sequía de 2023 o la "chicharrita" en 2024-, de modo que las comparaciones reflejen únicamente cambios en precios, costos e impuestos", aclara el informe firmado por Franco Artusso, en nombre de los investigadores sección Agroindustrial del Ieral.

"La carga tributaria total -entendida como el porcentaje de la renta generada (ingresos menos costos) que el productor no puede apropiarse por efecto de los impuestos- se reduce entre 6 y 14 puntos porcentuales tras la desgravación" de retenciones.

"No obstante, seguirá siendo muy elevada: alcanza entre el 53% y el 70% para propietarios y arrendatarios de la zona núcleo, y entre el 68% y el 112% en la zona extrapampeana. Que en todos los casos supere el 50% implica que, en dólares por hectárea, el productor seguirá perdiendo más por impuestos que lo que logra conservar como ingreso neto", expresa el análisis.

Y sentencia que "para arrendatarios de la zona extrapampeana" el cálculo "ayuda a comprender una preocupación recurrente en el sector: los impuestos vuelven inviable la actividad en zonas marginales, de menor productividad y mayor distancia a los puertos, especialmente si hay que pagar alquiler. Sin embargo, si continúa el proceso de desgravación de los DEX, muchas de estas tierras podrían volverse rentables y reactivarse la expansión de la frontera agrícola".

La carga tributaria total alcanza entre el 53% y el 70% para propietarios y arrendatarios de la zona núcleo, y entre el 68% y el 112% en la zona extrapampeana. Que en todos los casos supere el 50% implica que, en dólares por hectárea, el productor seguirá perdiendo más por impuestos que lo que logra conservar como ingreso neto.

Cabe recordar que la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que, de mantenerse la baja de retenciones y sin brecha cambiaria, el agro podría generar U$S28.800 millones adicionales en los próximos 10 años. A su vez Iaraf calculó que este año el costo fiscal máximo de la reducción de derechos de exportaciones agroindustriales puede ser del orden de 0,10% del PBI, teniendo en cuenta que se incrementará la recaudación del impuesto a las Ganancias y del Iva, así como de mayor dinámica a Ingresos Brutos, lo que beneficia a las provincias, porque coparticipan los dos primeros gravámenes y porque el restante es recaudación propia.

La recaudación nacional por derechos de exportación caería en la presente campaña agrícola, entre US$ 53,9 y US$ 71,8 por hectárea (una pérdida del 22 % respecto al escenario sin desgravación)". Sin embargo esa no es una cifra que va plena al bolsillo de los productores.

"La recaudación tributaria total (nación + provincias) se reduce proporcionalmente menos (entre 9% y 15%). Esto se explica, principalmente, por una mayor recaudación del impuesto a las ganancias y en menor medida de otros tributos (ingresos brutos, cheque).

"Las provincias -dice el Ieral- captarían entre US$ 6,2 y US$ 14,6 adicionales por hectárea (un aumento del 12% al 21% según la zona), mientras que Nación perdería entre US$ 37 y US$ 60,7 por hectárea (una caída del 15-18%)". Eso sin contabilizar los casos de arrendatarios en zona extrapampeana.

Ignacio Hintermeister - Campolitoral - El Litoral 

El domingo 22 de junio, un apostador se convirtió en millonario al acertar los seis números ganadores del Quini 6 - Siempre Sale, embolsando un premio de $233.961.372. 

Sin embargo, debido a la legislación fiscal vigente, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) —que desde octubre de 2024 reemplaza a la AFIP— retendrá más de $65 millones en impuestos, reduciendo considerablemente el monto final a percibir.

La normativa que rige desde hace décadas indica que el Impuesto a las Ganancias sobre premios de juegos de azar se aplica en un 31% sobre el 90% del total ganado. De este modo, el cálculo aplicado fue:

El pozo millonario del “Siempre Sale” fue el único en encontrar ganador entre todas las modalidades del Quini 6, ya que tanto el Tradicional ($615 millones), La Segunda ($508 millones) como la Revancha ($1.053 millones) quedaron vacantes.

El resultado del sorteo fue: Siempre Sale 06-13-17-27-32-40

La Lotería de Santa Fe, que administra el juego, confirmó además que el pozo para el próximo sorteo del 25 de junio superará los $3.000 millones, despertando grandes expectativas entre los jugadores.

Los gobernadores de las provincias, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, volvieron a encontrarse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tuvieron un encuentro con representantes del Gobierno nacional y redactaron un proyecto de ley elaborado en forma consensuada para redistribuir el Impuesto a los Combustibles (ITC) y destrabar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), luego de denunciar la falta de respuestas por parte de la Casa Rosada.

En el encuentro de este lunes hubo representación de 22 de los 24 distritos. Los únicos ausentes fueron Formosa y Corrientes.

Pullaro viajó al encuentro con el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Ante la falta de acuerdo entre la Casa Rosada y las provincias, los mandatarios resolvieron dar otro paso como es presentar un proyecto de ley en el Congreso para que los recursos del ITC vuelvan a las provincias. El planteo de los gobernadores es modificar la distribución de impuesto eliminando los fondos fiduciarios (muchos ya eliminados por este gobierno) y asignando todo lo que tiene como destino esos fondos fiduciarios a distribuir entre las provincias.

El ITC nació en abril de 2005 cuando el Congreso dictó Ley N° 26.028 que creó el impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil con afectación específica al desarrollo de proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes; a compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor, al transporte de cargas por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga.

Para su instrumentación fueron creándose fidecomisos para afectar los fondos, muchos de los cuales fueron derogados por este gobierno a partir de la sanción de la llamada Ley Bases.

Ayer, al finalizar la cumbre en el CFI, los dirigentes presentes firmaron un documento anticipando que el proyecto de ley contemplará la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el ITC "para que tanto Nación como las 24 provincias jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina".

En el mismo sentido, incluirán que el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y las provincias "de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria", teniendo en cuenta el "marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno nacional como de las provincias".

El texto que se presentará en el Congreso aclara que la iniciativa "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis".

Semanas atrás, los distritos le habían presentado una iniciativa similar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a dar una respuesta para el siguiente encuentro. Ayer llevaron la contraoferta su número dos, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, los mandatarios consideraron que la contestación "tuvo gusto a poco".

En concreto, las provincias ahora buscarán que un 48% del impuesto a los combustibles líquidos sea administrado por Nación mientras que el 52% restantes quede en manos de las jurisdicciones. La idea, tal como aclara el comunicado final, es que los montos se distribuyan a través del índice de coparticipación federal.

Los gobernadores crearon una comisión que tendrá a cargo la redacción del proyecto que, en principio, contará con el visto bueno de los 24 dirigentes de todo el país. Será una puerta de entrada para negociar más que un fin en sí

Terminado el encuentro en el CFI, los gobernadores se cuidaron de deslizar posturas personales y buscaron dar una señal de peso con el comunicado conjunto. De hecho, no hubo voceros que manifestaran ante los medios los menesteres de la reunión.

En la Casa Rosada se limitaron a bajarle el tono al encuentro y apenas ponderaron que se desarrolló en buenos términos, al tiempo que pusieron el énfasis sobre la voluntad de diálogo entre la partes. En cambio, sí admitieron que sostendrán las conversaciones en diversas mesas de trabajo, donde los distritos llevarán sus inquietudes.

La reunión de este lunes es la continuidad de la que tuvo lugar el pasado 3 de junio, cuando los jefes provinciales pusieron sobre la mesa un pliego de reclamos transversales a Nación. El resultado de dicho encuentro fue un pedido de audiencia con Javier Milei, que, si bien no se concretó, si derivó en una reunión de un puñado de gobernadores con Guillermo Francos.

Las provincias se quejan por la baja de los fondos que la Nación sí debe transferirle de manera automática por vía de la coparticipación. Una estimación del CFI advierte de que esos fondos tendrían una variación de -4% para final del año. El porcentaje de coparticipación es un recurso muy importante para las provincias ya que implica en muchos casos más del 50% de los recursos y sobre la caída varias provincias culpan a la Nación. Consideran que la baja de esos ingresos es consecuencia de algunas medidas desregulatorias que adoptó la gestión libertaria, como los cambios en los impuestos internos para celulares y otros dispositivos, así como la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

Además Nación dejó de lado programas que debieron ser asumidos por las propias provincias. No obstante, las provincias exhiben un panorama fiscal bajo control, tras un ajuste significativo en 2024 que permitió a 21 de los 24 distritos alcanzar superávit primario. Se estima que hubo una contracción del 15% del gasto en términos reales durante el año pasado.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó en la red X los alcances de la reunión de mandatarios en el CFI. "Acordamos la presentación de un proyecto de ley para coparticipar directamente recursos que nos pertenecen, sin afectar las finanzas nacionales, pero en defensa de nuestros intereses federales. Son fondos que se encuentran atrapados en fideicomisos, y que la nación no los está distribuyendo, y que son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones", informó.

X Gerardo Zamora

También el bonaerense Axel Kiciloff informó sobre el proyecto para garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables que les pertenecen a las provincias. "Un trabajo conjunto muy importante para consolidar el federalismo y defender los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo y que significan más salud, más educación, más infraestructura y más derechos para mejorar su futuro", señaló en X.

X Axel Kicillof

En tanto, el chubutense Ignacio Torres escribió que "seguimos impulsando una reforma fiscal que termine con el esquema distorsivo, regresivo y profundamente injusto que durante años ahogó a las economías regionales y castigó a la producción y al empleo". Dijo que con funcionarios nacionales se habló "para avanzar en la eliminación de todos los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Además, propusimos suprimir los Aportes del Tesoro Nacional y redistribuir ese 1% de la masa coparticipable federal según el coeficiente que le corresponde a cada provincia. Estamos hablando de derechos y obligaciones: porque sin un federalismo real, no hay futuro posible. Y porque ya es hora de que desaparezcan esas herramientas, funcionales a la casta política, que fueron utilizadas durante tantos años con la lógica del látigo y la chequera", marcó.

                                                                             X Axel Kicillof

El tucumano Osvaldo Jaldo señaló que firmaron el proyecto de ley que "permitirá que cada provincia pueda decidir cómo y dónde invertir, según sus propias necesidades". También establece la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aplicando criterios objetivos de urgencia y desbalance fiscal, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la Nación. Los presentes coincidimos en que se trata de una herramienta concreta para devolverle autonomía a los gobiernos provinciales".

X Osvaldo Jaldo

El tucumano se ocupó de agradecer especialmente al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, "por su disposición al diálogo institucional, ya que es fundamental que Nación y provincias podamos trabajar con responsabilidad y respeto mutuo".

El Litoral

Actualmente, en la ciudad de Rafaela se está viviendo un importante conflicto relacionado con el pago de los derechos de autor por parte de los organizadores de eventos y de los jóvenes que buscan abaratar costos en las graduaciones de fin de año.

La controversia surgió tras la aplicación del decreto 765/2024, que modifica el régimen de derechos de autor y establece que aquellos que obtienen un beneficio por la utilización pública de contenidos protegidos deben abonar una remuneración. Este decreto afecta directamente a los salones de fiesta, generando un fuerte debate entre los organizadores de eventos y las entidades como SADAIC y AADI-CAPIF, encargadas de la gestión de los derechos de los autores y productores musicales. 

En este contexto, surgen cuestionamientos sobre el monto a pagar y la forma en que se deben aplicar estos derechos, lo que ha generado una serie de reclamos y posturas encontradas en la comunidad rafaelina.

De hecho, desde la sanción del decreto 765/2024, que modifica el régimen de derechos de autor, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) ha expresado su rechazo y ha iniciado acciones legales para impugnarlo. En diálogo con Radio Rafaela, Guillermo Ocampo, director general de la entidad, aseguró que la norma “roza la inconstitucionalidad” y afecta el derecho de propiedad de los creadores musicales.

Uno de los principales puntos de conflicto es la aplicación del decreto a los salones de fiesta (y no a los organizadores del evento), lo que ha generado posturas a favor y en contra. “Más allá del debate constitucional, el mismo decreto establece que quien obtenga un beneficio directo o indirecto por la utilización pública de contenidos protegidos debe pagar un derecho de remuneración”, explicó Ocampo.

En este sentido, desde SADAIC consideran que los salones de eventos lucrativos (como puede suceder con la Sociedad Rural de Rafaela) entran en esta categoría, ya que alquilan espacios y utilizan música protegida, generando ingresos a partir de ella. “No nos cabe la menor duda de que deben pagar por el uso de obras protegidas”, sostuvo el directivo.

El debate llegó a Rafaela con el reclamo de padres y estudiantes organizadores la graduación de fin de año, quienes se manifestaron en contra del cobro de derechos de autor en fiestas privadas. “Sabemos que esto generó un fuerte debate en la comunidad y estamos buscando una solución que contemple todas las posturas sin afectar nuestros derechos”, afirmó Ocampo.

El directivo confirmó que SADAIC ya había respondido previamente a la Sociedad Rural sobre su postura, pero que, tras la reciente reunión con el Concejo Municipal de Rafaela, están evaluando alternativas. “Nos interesa proteger el derecho de los autores y compositores, pero también buscamos una salida que contemple el interés de todas las partes”, subrayó.

Otro punto de controversia es el monto que deben abonar los organizadores de eventos. En Rafaela se habló de un pago de 9 millones de pesos en concepto de derechos de autor, cifra que Ocampo aseguró desconocer. Además, explicó que SADAIC cobra un 4% del total, mientras que AADI-CAPIF percibe un 8% por los derechos de los intérpretes y productores fonográficos. “Muchas veces se suma el porcentaje de ambas entidades y se cree que SADAIC cobra el 12%, pero eso no es así”, aclaró.

Ocampo sugirió que también se consulte la postura de AADI-CAPIF, ya que ambas organizaciones intervienen en la regulación del pago de derechos musicales en eventos públicos.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Por lo pronto, desde SADAIC ratificaron que el impuesto deben abonarlo de todas maneras y que el canon (es decir, el porcentaje a pagar) debería definirse en los próximos días.

Este lunes, los concejales de Rafaela se reunieron con Claudio Gastaldi, gerente de la Sociedad Rural, para continuar con las discusiones sobre los impuestos que SADAIC y AADI CAPIF imponen a los organizadores de eventos, especialmente a las graduaciones de fin de año.

El encuentro fue una extensión de la reunión mantenida la semana pasada con un grupo de padres de distintas comisiones de egresados, quienes habían solicitado asesoramiento sobre la necesidad de abonar dichos tributos en los eventos escolares. Los padres expresaron su preocupación respecto a la obligatoriedad de estos pagos. 

En su intervención, Gastaldi aseguró que el salón continuará cobrando los impuestos correspondientes de SADAIC y AADI CAPIF hasta que exista una resolución judicial clara sobre el tema. 

La reunión en el Concejo Municipal sigue siendo una plataforma para analizar y gestionar posibles soluciones a esta problemática, que afecta a muchas familias y organizaciones en la ciudad.

A dos semanas de la publicación del Decreto 138/2025, que permite a los artistas administrar sus derechos de manera independiente o a través de otras sociedades de gestión, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) emitió un comunicado oficial en el que reafirma su rol y expresa su rechazo a la medida del Gobierno.

El decreto, publicado el 27 de febrero, establece que SADAIC no podrá intervenir sin autorización del autor o compositor en la celebración de acuerdos particulares, limitando su facultad de cobro solo a los usos en los que haya participado directamente. La normativa abre la posibilidad de que los artistas negocien de manera individual o elijan otras sociedades de gestión para la administración de sus derechos.

En su comunicado, la entidad sostuvo que "SADAIC somos nosotros, los autores y compositores argentinos. Somos una Sociedad Privada, Civil, Cultural, Mutualista sin fines de lucro, fundada en 1936, antes de que exista la ley".

Además, enfatizó que continuará gestionando los derechos de los creadores como lo marca la normativa vigente, dejando en claro que no desaparecerá ni modificará su funcionamiento.

Desde la entidad señalaron que los decretos 138 y 150/2025 generan modificaciones perjudiciales para los autores y compositores, y cuestionaron la necesidad de cambiar un sistema que, según sostienen, "funciona bien".

"Nuestra sociedad está a la vanguardia de los formatos digitales con una administración que representa a 131 sociedades extranjeras y contratos de recaudación con las grandes plataformas de música y editoriales del mundo, como Spotify, Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, Universal, Sony, Warner y Kobalt", afirmaron.

Sobre el final del comunicado, SADAIC remarcó que no es ni ha sido nunca una oficina del Gobierno, aclarando que "nunca hemos solicitado subsidios del Estado. Todo lo hacemos con nuestro propio esfuerzo. Los autores y compositores pagamos impuestos y nuestros balances siempre fueron públicos y transparentes".

También destacaron que la sociedad seguirá protegiendo la salud de más de siete mil personas a través de su mutual.

La política de establecer el pago anual con descuentos atractivos para los contribuyentes de Impuesto Inmobiliario y Patente en la provincia generó "buenos resultados", según evalúan desde el gobierno. El último plazo para dichas cancelaciones vencía el pasado 28 de febrero y ante el volumen de interesados, se decidió una prórroga en los vencimientos para evitar que se saturase el sistema.

Procesados ya los primeros datos y según pudo confirmar El Litoral, el 32% de los contribuyentes de la provincia cancelaron el Impuesto Inmobiliario (Urbano o Rural) a través del pago único anual.

En total, fueron unas 550 mil partidas. Si se compara el dato con el año anterior, se registraron en 2025 alrededor de 102 mil contribuyentes más, respecto de los que habían elegido lo opción citada, en 2024.

En lo que respecta a la Patente Automotor, 300 mil usuarios realizaron el pago anual. Ello representa el 25% de las partidas que emite la Administración Provincial de Impuestos para el citado tributo. Según confirmaron fuentes oficiales, el número registrado representa unas 64 mil partidas más que en 2024.

La metodología citada le generó al fisco un ingreso de dinero constante y sonante que superó los 85 mil millones de pesos. Concretamente, por Inmobiliario ingresaron al erario público 42.200 millones de pesos, en tanto que por Patente se recaudaron 43.200 millones.

El gobierno provincial promovió el pago anual para ambos impuestos con ventajas significativas; dispuso el 35% de descuento por el mero hecho de optar por la citada opción, sumó otra quita del 20% para quienes fueran contribuyentes cumplidores y eliminó la sexta cuota, para el caso del Inmobiliario.

Para el caso de la Patente, también aplicó un 35% de descuento, y en ambos casos (Patente e Inmobiliario), el pago anual permitió "congelar" los valores de los impuestos y evitar los aumentos que están previstos para el segundo semestre.

EL

Las vecinales de Rafaela pidieron a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) que detenga sus reclamos por el cobro de derechos de autor en salones vecinales, a pesar de la vigencia de un decreto presidencial.

.

La controversia entre SADAIC y la Federación de Entidades Vecinales (FEV) continuó sin resolverse. SADAIC defendió su postura, asegurando que su tarea es la recaudación de derechos de autor, no de impuestos. Reafirmó que los cobros en salones de fiestas, bares y otros lugares que utilicen música son legales y respetan la normativa vigente.

Por su parte, las vecinales argumentaron que el Decreto 765/24 del Gobierno Nacional establece claramente que las entidades sin fines de lucro, como las vecinales, no están obligadas a pagar por estos derechos. Afirmaron que todas sus reuniones son privadas y que, por lo tanto, no corresponde el cobro. También señalaron que consultas legales y a la Defensoría del Pueblo confirmaron esta interpretación.

La escuelita de fútbol del barrio 2 de Abril, en búsqueda de la iluminación para las canchas

En un comunicado, las vecinales pidieron a SADAIC que deje de realizar intimaciones y presiones tanto a las entidades como a los vecinos. Criticaron lo que consideraron una "amenaza" de SADAIC de extender los reclamos a Talleres Vecinales, señalando que esto no es posible según el decreto vigente, que protege actividades educativas.

La Federación de Entidades Vecinales reconoció los derechos de los autores, pero sostuvo que SADAIC está actuando fuera del marco legal. Acusaron a la entidad de imponer montos arbitrarios antes del decreto y resaltaron que, desde su promulgación, la cuestión es "abstracta", ya que no corresponde ningún cobro.

Finalmente, las vecinales consideraron las acciones de SADAIC como un intento de "gravar las economías de las vecinales y los vecinos", calificándolas de un "acto de codicia". Destacaron la desigualdad entre las vecinales y la organización, pero afirmaron que su lucha se basa en la "razón, la decencia y el compromiso social".

De acuerdo a la última actualización, el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias quedó en 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, es decir, una remuneración de $1.980.000 brutos o casi $1.700.000 netos.

.

La suba del piso del Impuesto a las Ganancias, que impulsó el ministro de Economía, Sergio Massa, y está vigente desde octubre, se verá reflejado en el bolsillo de los trabajadores desde hoy, debido a que el tributo descuenta sobre los sueldos del mes previo.

El nuevo piso, con una elevada cantidad de Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de referencia, fue publicado en el Boletín Oficial y aprobado en el Congreso de la Nación.

De esta manera, a partir de noviembre, el 99,2 por ciento de los trabajadores y jubilados no pagarán Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo a la última actualización, el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias quedó en 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, es decir, una remuneración de $1.980.000 brutos o casi $1.700.000 netos.

Sortean los ejes temáticos del debate entre Massa y Milei de cara al balotaje

Quienes no perciban ese monto bruto en su recibo de sueldo del mes de octubre no serán alcanzado por el gravamen.

En ese sentido, desde el Gobierno anunciaron en los últimos días que más de un millón de trabajadores argentinos se verán beneficiados con entre $50 y $500 mil más en su bolsillo por la modificación de Ganancias.

"Más de un millón de trabajadores argentinos van a recibir entre 50 y 500 mil pesos más en el bolsillo por la eliminación del Impuesto a las Ganancias", remarcó Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

El Gobierno de Brasil promulgó este martes un decreto para regular el mercado de apuestas deportivas que establece un impuesto del 18 por ciento sobre las ganancias de las empresas del sector, con la expectativa de recaudar al menos 2.000 millones de reales (420 millones de dólares) este año.

Lo recaudado por la iniciativa del Gobierno del presidente Lula da Silva se destinará a las áreas de «seguridad pública y educación básica», mientras que otra parte irá a «clubes deportivos» y «acciones sociales».

El decreto ejecutivo, publicado en el Diario Oficial de la Unión, entra en vigor desde este martes, aunque tendrá que ser ratificada por el Congreso en un plazo de 120 días. Además, especifica que se tributarán los premios recibidos por el apostador con un 30% en concepto de impuesto sobre la renta, respetando la exención a las personas con ingresos de hasta 2.112 reales (445 dólares).

►Te puede interesar: Busquets:"Es muy fácil jugar con Messi"

Vale recordar que el mercado de apuestas deportivas, ya ampliamente asentado a lo largo del mundo, fue noticia este año en Brasil por la investigación y condena a ocho futbolistas involucrados en arreglos de partidos, incluido el argentino exLanús y Platense Kevin Lomónaco.

La nueva normativa dispone que «solamente las empresas habilitadas» podrán ofrecer apuestas «relacionadas a eventos deportivos oficiales, organizados por federaciones, ligas y confederaciones». El resto «incurrirán en prácticas ilegales y tendrá prohibido publicitarse, inclusivo en medios digitales».

Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, estimó que, a medida que avance la reglamentación del sector, el potencial de recaudación anual puede oscilar entre los 6.000 y los 12.000 millones de reales (1.250 y 2.500 millones de dólares).

En esta sintonía, el Gobierno brasileño también envió al Parlamento un proyecto de ley complementario con mecanismos para fiscalizar la actividad, que se estima que mueve alrededor de 21.000 millones de dólares al año en el país vecino.(ANSA)