La presión fiscal sobre la cadena láctea argentina continúa consolidándose como uno de los principales factores que limitan su competitividad, tanto en el mercado interno como en el frente exportador.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios para el Progreso (CEPP), a pedido del Centro de la Industria Lechera (CIL), la carga tributaria promedio alcanza el 38% del precio final de los productos.

El estudio se inscribe en un contexto de elevada presión impositiva a nivel nacional, que pasó de representar cerca del 21% del Producto Bruto Interno en la década de 1990 a niveles cercanos al 40% en la actualidad. Si bien se registraron algunas reducciones puntuales, especialistas advierten que persisten tributos considerados distorsivos que impactan directamente sobre los costos de producción.

Entre ellos, se destacan Ingresos Brutos y el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, comúnmente conocido como “impuesto al cheque”, que incrementan la carga a lo largo de toda la cadena.

En el mercado doméstico, los productos lácteos presentan una carga impositiva cercana al 38% del precio final, con variaciones menores según la categoría. Dentro de esta estructura, el IVA representa aproximadamente el 45% del total de impuestos, mientras que los tributos distorsivos —como Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque— concentran cerca del 25%.

El informe advierte además que, en escenarios donde predominan grandes empresas con mayores alícuotas, la carga fiscal puede escalar hasta el 42% en determinados productos.

En cuanto a la distribución de la recaudación, los impuestos nacionales concentran el 79% del total. Sin embargo, al considerar el esquema de coparticipación, el peso real de provincias y municipios se incrementa significativamente, alcanzando el 55% de los tributos efectivamente asignados.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el estudio es la eliminación de los reintegros a la exportación para productos lácteos, actualmente fijados en 0%. Este mecanismo, contemplado en el Código Aduanero, tiene como objetivo devolver los impuestos internos abonados durante el proceso productivo para evitar distorsiones en los precios internacionales.

No obstante, desde 2024 el sector quedó excluido de este beneficio tras la suspensión y posterior eliminación del régimen, lo que impacta de lleno en su competitividad externa.

Según las estimaciones del CEPP, el reintegro teórico debería ubicarse entre el 5,5% y el 7% del valor exportado. Incluso, si se incorporan las contribuciones patronales, la carga total sobre exportaciones podría alcanzar entre el 9,8% y el 12,1%.

Dentro de esta estructura, Ingresos Brutos vuelve a aparecer como el tributo de mayor incidencia, seguido por el impuesto al cheque. Además, cerca del 60% de la carga impositiva considerada para estos cálculos corresponde a tributos subnacionales.

Frente a este escenario, el informe propone una serie de medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector lácteo.

En materia de exportaciones, plantea restablecer un esquema de reintegros basado en la carga tributaria efectiva, con el objetivo de equiparar condiciones frente a competidores internacionales.

Para el mercado interno, recomienda avanzar en la reducción o eliminación de impuestos distorsivos que encarecen el precio final, especialmente Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque.

A nivel general, el trabajo sugiere reducir los costos de importación de insumos, revisar el esquema de contribuciones patronales para fomentar el empleo e impulsar incentivos a la inversión, como la amortización acelerada.

Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la trazabilidad, combatir la informalidad y simplificar el sistema tributario, en particular para pequeños y medianos productores que enfrentan mayores dificultades administrativas.

El sector tambero argentino muestra hoy un buen nivel de actividad productiva, aunque con una preocupación creciente por la rentabilidad. Un informe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), elaborado a partir de un relevamiento de la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), advierte que la presión impositiva se consolidó como uno de los principales factores que condicionan la actividad.

El dato central del trabajo es el peso del esquema tributario: un establecimiento lechero debe afrontar al menos 37 tributos por año y la carga fiscal puede absorber hasta el 42% de sus ventas. Desde la entidad ruralista señalaron que se trata de “la realidad del sector tambero en relación a la presión impositiva que atraviesa” y advirtieron que “el número de impuestos y la renta perdida resultan abrumadores”.

Ante este escenario, CRA planteó “la imperiosa necesidad de avanzar en una reforma tributaria que incentive la inversión y facilite una rápida salida de la informalidad”.

El diagnóstico se inscribe en un contexto particular para la lechería. A enero de 2026, el informe destaca un “crecimiento productivo sostenido”, impulsado por mejoras en la eficiencia, incorporación de tecnología y condiciones climáticas favorables, con proyecciones de aumento para el resto del año. No obstante, la contracara es una “alerta creciente sobre la rentabilidad”, ya que los costos —con los impuestos como componente clave— continúan presionando los márgenes del sector.

De acuerdo a lo que cita el diario La Nación, de cara a 2026, Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es “indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera”

Además, remarcaron que, al desacelerarse la inflación, “se ve amenazada la sustentabilidad a pesar de la mayor producción y el impulso a la inversión a través de financiamiento especial”. Es decir, el mayor volumen no alcanza para compensar el peso de la estructura de costos.

En las charlas con productores y otros eslabones de la cadena, Meprolsafe y Carsfe detectaron “una realidad dramática: informalidad superior al 40%, en ventas, en compras y en RRHH y presencia de productos fraudulentos en el mercado, todo esto con el justificativo de la alta presión fiscal”.

En Carsfe, entidad afiliada a CRA, remarcaron: “Realmente, pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en la Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal”.

La carga, advirtieron, es “insoportable”. De hecho, señalaron que “la carga impositiva promedio para una empresa puede representar hasta el 42% de sus ventas”. Ese peso se distribuye en “tributos de diversa índole: nacionales, provinciales y municipales”.

Remarcaron que "la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad"Gza. Norberto Ferrari

Entre los impuestos nacionales, mencionaron el Impuesto a las Ganancias, sobre el cual sostuvieron: “Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado es justo”.

También pusieron el foco en el IVA: “Posee una alícuota general que es del 21% sobre las ventas, con tasas reducidas del 10,5% para ciertos sectores. Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos”.

Sobre el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, afirmaron que “cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto” y reclamaron: “Pedimos su eliminación”.

En la misma línea, sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono indicaron que “se deben eliminar respecto de los consumidores ya que esto favorecería los sistemas productivos”.

También apuntaron a los impuestos internos sobre tecnología y electrónicos: “La eficiencia y la innovación productiva está directamente relacionada con poder acceder a estas herramientas. Solicitamos se eliminen directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo”.

En cuanto a retenciones y percepciones, que operan como pagos a cuenta, fueron tajantes: “Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo”. A su vez, valoraron el monotributo, aunque pidieron “mayores controles ante maniobras de evasión”.

A nivel provincial, destacaron el peso de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural, mientras que a nivel local cuestionaron que las tasas municipales se cobran “casi siempre con el compromiso de prestar servicios que no se prestan”.

Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es “indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera”, entre ellos mantener “la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos frente a la escalada de costos y la presión fiscal”, mejorar la competitividad y asegurar financiamiento para seguir invirtiendo.

En su conclusión, resumieron el escenario: “El sector tambero argentino, que generó el mayor aumento mundial de producción en el 2025, hoy muestra dinamismo productivo hacia 2026, pero la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad, requiriendo políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos”.

LA NACION

La medida, implementada en abril a partir de un reclamo histórico de los sectores productivos, permitió reintegrar $ 3.219.132.959 mediante transferencias directas a la CBU declarada por cada contribuyente.

En los primeros nueve meses de aplicación del régimen, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió, hasta diciembre de 2025, un total de $ 3.219.132.959 en concepto de saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Los reintegros se realizaron a contribuyentes que iniciaron el trámite de manera digital a través del sitio web del organismo.

La decisión se enmarca en una instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro orientada a generar alivio fiscal para los sectores productivos, y se complementa con otros beneficios contemplados en la Ley Tributaria 2026, que busca mejorar la competitividad y la previsibilidad del esquema impositivo provincial.

“Fuimos dando respuestas claras e innovadoras: primero, con la determinación de reintegrar los saldos directamente en la cuenta bancaria del contribuyente, y luego ampliando el universo de quienes pueden solicitar la devolución, estén o no en situación de riesgo fiscal”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez.

Las declaraciones aluden a las modificaciones introducidas en agosto, cuando se elevó el tope mensual de devolución hasta los $ 10 millones y se habilitó el acceso al régimen a contribuyentes categorizados con Riesgo Fiscal 2 y 3. En la etapa inicial, el beneficio alcanzaba únicamente a quienes no registraban riesgo o se encontraban en el nivel 1.

De este modo, la política de devoluciones amplió su alcance y consolidó un mecanismo que apunta a corregir distorsiones habituales del tributo, especialmente en actividades con saldos técnicos recurrentes, como la industria, el comercio mayorista y determinados servicios.

¿Cómo realizar el trámite en línea?

Hasta diciembre se registraron 2.535 solicitudes de devolución. El trámite es simple y se realiza de manera íntegramente digital en www.santafe.gob.ar/api. Allí, el contribuyente debe seleccionar la opción “Ingresos Brutos - Solicitud Devolución / Compensación - Saldo a Favor Autorizado”.

Luego, al ingresar al Sistema de Gestión de Devoluciones con CUIT y Clave Fiscal, se debe informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Una vez aprobada la solicitud por la API, el monto correspondiente se transfiere automáticamente a la cuenta declarada, sin necesidad de gestiones adicionales. 

ARCA modificó el régimen del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas realizadas a través de plataformas digitales, como Mercado Libre, mediante la Resolución General 5794/25 publicada en el Boletín Oficial. La norma actualiza montos y parámetros que definen cuándo un vendedor online debe inscribirse en IVA o en el régimen de monotributo y busca adaptar la normativa al crecimiento del comercio electrónico.

El cambio establece que quienes vendan por internet y no estén inscriptos en IVA, no sean exentos ni alcanzados, ni formen parte del monotributo, pasarán a ser considerados alcanzados si realizan operaciones de forma habitual, frecuente o reiterada. La resolución precisa que la habitualidad se verificará cuando se supere el umbral de $750.000 o cuando el vendedor realice más de 10 operaciones mensuales.

Los usuarios serán clasificados como “sujetos no categorizados” desde el mes siguiente al que se verifique la habitualidad. Dejarán de estar alcanzados cuando se inscriban en IVA o en Monotributo o cuando cese la habitualidad. ARCA explicó que los montos previos estaban desactualizados frente al aumento de precios y al crecimiento del comercio electrónico, y que la medida pretende brindar mayor certeza a contribuyentes y operadores.

La resolución obliga a las plataformas digitales a garantizar la identificación tributaria de los operadores mediante CUIT, CUIL o CDI. Ese requisito busca facilitar la trazabilidad fiscal de las transacciones concertadas o perfeccionadas a través de esos servicios.

Además, las percepciones que se apliquen deberán figurar de forma clara y discriminada en las facturas. La norma sustituye la notificación por Documento Fiscal Electrónico que informaba motivo y alícuota de percepción por una consulta disponible en el servicio con Clave Fiscal “Nuestra Parte”.

ARCA indicó que la actualización de parámetros permitirá una fiscalización más efectiva y mayor transparencia para los usuarios y las plataformas, que deberán adaptar sus sistemas de facturación e identificación.

La Resolución General 5794/25 entra en vigor el 1 de diciembre de 2025 y se aplicará a las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha. Los vendedores que superen los umbrales deberán inscribirse en el régimen correspondiente.

Para muchos pequeños vendedores la modificación implicará la necesidad de tramitar CUIT o CDI y evaluar si corresponde pagar IVA o afiliarse al monotributo. Las plataformas tendrán que ajustar sus procesos para evitar sanciones administrativas.

El nuevo régimen genera un cambio operativo para plataformas y comerciantes y condiciona la inscripción fiscal de quienes venden habitualmente por internet.

El Litoral

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una nueva escala de impuestos internos para autos, motos y otros vehículos, medida que eleva significativamente el umbral a partir del cual los modelos quedan alcanzados y que podría generar bajas en los precios de algunos cero kilómetros.

Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez, hasta el 30 de noviembre los automóviles con precio de fábrica igual o superior a $63.166.936,50 (sin IVA) tributaban el 18% de impuestos internos. Debido a que este impuesto se aplica sobre sí mismo, la alícuota efectiva ascendía al 21,95%. En ese esquema, los vehículos sin impuesto interno tenían un valor al público cercano a los $85.600.000.

Desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, el umbral se incrementó a $74.314.009,43, por lo que los autos sin impuesto interno ahora podrán venderse al público por hasta aproximadamente $102.600.000, un ajuste del 17,65%.

El especialista indicó que esta modificación deja fuera del tributo a modelos que hasta ayer estaban alcanzados, generando una potencial baja en el precio final de hasta $16.300.000. “Si la terminal mantiene el precio neto y el margen bruto del concesionario, la disminución podría rondar los $16.311.923, es decir, una baja del 13,71%”, detalló Domínguez.

Sin embargo, advirtió que la reciente devaluación del peso podría contrarrestar este efecto: algunas terminales habían evitado aumentos para no quedar alcanzadas por el impuesto, y ahora podrían corregir precios en lugar de bajarlos. “La reducción dependerá de cada marca y su estrategia comercial”, evaluó.

El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre, exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y, para compensar, crea un tributo mínimo para los "ultrarricos".

"Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo", celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter). El mandatario destacó que fue una "victoria de la democracia y de la justicia social" y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. "El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte", agregó.

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, establece:

Impuesto cero para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (unos 930 dólares).

Impuesto reducido (descuento) para quienes cobran entre 5.000 y 7.350 reales mensuales (unos 1.300 dólares).

Según el gobierno, esta medida beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

"Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más", declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.

La reforma fue una de las "promesas estrella" de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.

“Se llevan el 20% o más”. Así, sin filtro, resumió un usuario su enojo en redes sociales al referirse a las nuevas comisiones que cobra Mercado Libre. La frase, replicada una y otra vez en X (ex Twitter), refleja el creciente malestar de pequeños y medianos vendedores que sienten que la empresa de Marcos Galperin les está asfixiando con cargos que, aseguran, hacen inviable seguir trabajando dentro del sistema.

La polémica se reavivó en los últimos días a raíz de un cambio en el esquema de tarifas que rige desde julio: además de la tradicional comisión por venta (que puede rondar entre el 13% y el 17%), ahora se sumó un cargo fijo por unidad vendida, que llega a los $2.400 si el producto cuesta menos de $33.000. “No hay manera de sostener eso con artículos económicos, te comen los costos”, se quejan en foros de emprendedores.

Pero el enojo va más allá del número. El nuevo sistema establece tarifas diferenciadas según la provincia del comprador. Córdoba, Santa Fe y Jujuy, por ejemplo, tienen comisiones más altas por ser consideradas de "alta carga fiscal" en Ingresos Brutos. En Corrientes, Río Negro o Formosa, en cambio, los porcentajes bajaron levemente. La decisión fue interpretada como una jugada política, en línea con el discurso del gobierno nacional sobre la “competencia fiscal” entre provincias.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los primeros en reaccionar: “Acá no hubo ningún aumento de impuestos. Esta es una estrategia comercial de Mercado Libre, no una medida impositiva provincial”, declaró tajante. Desde la empresa, en cambio, justificaron la decisión como una forma de “transparentar” los costos asociados al sistema tributario local.

Mientras tanto, los usuarios acumulan reclamos. “Te cobran como si fueras una multinacional y ni siquiera te dan soluciones cuando hay problemas”, escribió una usuaria. Otro fue más directo: “Mercado Libre va en declive, se queda con el 20% y encima te cobra por usar su plataforma de pagos”.

Algunos ya evalúan mudarse a otras plataformas o apostar por la venta directa vía redes sociales. “Por eso ahora muchos están volviendo al Marketplace de Facebook”, aseguran desde grupos de comerciantes autogestionados. Lo que parece quedar claro es que el clima está lejos de calmarse: los vendedores sienten que están en desventaja, y el gigante del e-commerce, por ahora, responde con números fríos y reglas que no todos están dispuestos a aceptar.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto de ley para que los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles se distribuyan entre las provincias y se destinen a obras e inversiones que mejoren la calidad de vida de los argentinos en todo el país y no solo en el AMBA.

Actualmente, por cada litro de nafta o gasoil se pagan aproximadamente $7 en concepto de este impuesto, que solo en lo que va de 2025 ya le permitió al Estado nacional recaudar 1,5 billones de pesos.

En paralelo, el diputado santafesino cuestionó que durante 2024 el Gobierno nacional eliminó los subsidios al transporte en el interior del país mientras los mantiene en el AMBA y, en simultáneo, suspendió los fondos destinados al mantenimiento y la construcción de rutas, autopistas, gasoductos y acueductos en Santa Fe. A esto se suma la deuda que la Nación mantiene con la provincia, que supera el billón de pesos y corresponde al financiamiento de las jubilaciones.

“Presenté este proyecto porque la Argentina se ha vuelto cada vez más federal para recaudar y cada vez más unitaria para repartir. No podemos seguir aceptando que los recursos de todos se usen para financiar los privilegios de los porteños”, afirmó Mirabella.

La propuesta, adelantada en su libro La República de Santa Fe, acompaña el reclamo de los gobernadores de las 23 provincias argentinas, quienes exigen que los fondos del Impuesto a los Combustibles se distribuyan de forma federal.

El Gobierno nacional oficializó una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso a bienes tecnológicos, reducir precios y fomentar el desarrollo industrial. A través del Decreto 333/2025, publicado este 20 de mayo, se modificaron los aranceles de importación y las tasas de impuestos internos para diversos productos clave del mercado electrónico y digital.

Entre las medidas destacadas, se resolvió reducir progresivamente a 0% el arancel para la importación de teléfonos inteligentes (NCM 8517.13.00) y celulares portátiles (NCM 8517.14.31), que actualmente tributan un 8% como Derecho de Importación Extrazona (DIE). La exención total regirá desde el 15 de enero de 2026.

Además, se eliminó la posición arancelaria correspondiente a las videoconsolas y máquinas de videojuego (NCM 9504.50.00) del Anexo V del Decreto 557/23. Esto implica que estos dispositivos dejarán de tributar un 35% en concepto de DIE y pasarán a abonar el 20% estipulado en el Arancel Externo Común (AEC).

Según el texto del decreto, estas decisiones están en línea con la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, que autoriza a la Argentina a aplicar alícuotas reducidas, incluso del 0%, para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El nuevo marco también introduce una rebaja en la tasa de impuestos internos, pasando del 19% al 9,5%, para productos como aires acondicionados, grupos frigoríficos, monitores, televisores y teléfonos móviles. Estos bienes están detallados bajo una serie de posiciones arancelarias específicas dentro de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

La norma establece además que si estos productos son fabricados en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, por empresas amparadas en la Ley 19.640, la tasa será del 0%, siempre que se acredite su origen fueguino. Este beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2038, con el objetivo de sostener la producción y la inversión en la isla.

El Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de reducir los costos de producción, mejorar la competitividad de la industria y facilitar el acceso de la población a productos tecnológicos. Según se detalla en los considerandos, se espera que esto mejore la oferta, baje los precios y promueva la inclusión digital.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Las disposiciones entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, a partir del 21 de mayo de 2025.

Por último, se dio cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, como parte del procedimiento requerido para este tipo de decisiones con impacto impositivo y aduanero.

Con este nuevo paquete normativo, el Gobierno busca incentivar tanto el consumo como la producción local, al tiempo que alinea sus políticas con los compromisos internacionales asumidos en el marco del MERCOSUR.

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El gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de los impuestos de importación para diversos dispositivos tecnológicos.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo. El vocero y candidato a legislador porteño anunció una reducción en los derechos de importación de productos electrónicos, buscando generar una rebaja de 30% en los precios finales.

En el caso de la importación de celulares se realizará en dos tramos. En la primera etapa se reduce de 16 a 8% el impuesto desde su publicación en el Boletín Oficial que se realizará entre jueves y viernes. La segunda etapa será la reducción a cero desde el 15 de enero de 2026.

Los impuestos internos para celulares televisores y aires acondicionados también se bajarán, y pasarán del 19% al 9,5% y de 9% a 0% para los productos fabricados en Tierra del Fuego.

En paralelo, los impuestos de las consolas de videojuegos bajarán del 35% al 20%.

"La medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia. Se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%", indicó el comunicado de la Secretaría de Comercio.

Al respecto, la economista Natalia Motyl dialogó con Noticias Argentinas y se refirió a la baja de impuestos y en que precio rondarían los aparatos tecnológicos.

"Toda reducción en los aranceles a la importación de determinados productos tiende a generar una baja en los precios, ya que dichos aranceles funcionan como un costo adicional que termina trasladándose al consumidor final".

En el caso del Gobierno y la eliminación de impuestos anunciada hoy, aseguró que se suma una "posible reducción en los costos logísticos y financieros" como consecuencia de los "menores stocks inmovilizados".

Sin embargo, recalcó como positivo una "mejora en la competencia" y una "mayor estabilidad del tipo de cambio": "Son factores que también pueden presionar a la baja los precios finales".

En cuanto a los costos, la economista recalcó que se trata de "estimaciones preliminares" sujetas a la "efectiva implementación de las medidas", a su "traslado completo a precios por parte de importadores y comerciantes" y al "comportamiento del resto de las variables macroeconómicas".

Celular de alta gama: "Actualmente cuesta US$2566 y podría pasar a costar US$2052,80 con una baja del 20%, o US$1924,50 si la reducción alcanza el 25%".

Televisor LED de 43 pulgadas: "Su precio hoy en día es de US$637,30: pasaría a costar US$509,84 con una baja del 20%, o US$477,98 con una baja del 25%".

Aire acondicionado: "Hoy vale US$748. Podría reducirse a US$598,40 si se aplica una baja del 20%, o a US$561,00 con una baja del 25%".

Playstation 5: "Hoy en día se vende en torno a los US$1200 en el mercado local. Podría descender a US$900 con una baja del 25%, a US$840 con una baja del 30%, e incluso acercarse a los US$780 si la reducción llegara al 35% (como resultado de la caída del arancel del 35% al 20% y la baja del impuesto interno)".

Se puede acceder a las boletas en la web de la Provincia y pagarlas de manera electrónica. Para abonar de manera presencial no es necesaria la boleta en papel, solo el DNI.

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En el marco del Programa de Despapelización de la Administración Pública, el gobierno provincial informó que se dejaron de imprimir en papel y distribuir las boletas de los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano, y Patente Única Sobre Vehículos, que pueden pagarse de manera electrónica o presencial. De esta manera, se busca reducir el uso del papel en un 30% durante 2024, y priorizar medios digitales para comunicaciones oficiales, con el objetivo de promover un Estado más dinámico, moderno, tecnológico y menos burocrático.

Así lo informaron este jueves el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares; el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez; y la titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Daniela Bosco, quienes brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, donde además informaron los medios para acceder a las boletas a través de la web de la Provincia, la posibilidad de registro para obtenerlas en un correo electrónico, como así también los modos de pago vigentes y nuevos.

“Estas medidas tienen que ver con un programa que se llama Territorio 5.0 -explicó Tabares-, que es un programa estratégico de la provincia, que es integral porque aborda todas las dependencias del Estado, y que trabaja en la modernización y la simplificación de la administración pública, eliminando trámites que no agregan valor a nivel ciudadano ni a la provincia; y simplificando aquellos que venían siendo engorrosos. Siempre teniendo como estandarte la eficiencia del Estado, la calidad del servicio público, la participación ciudadana y la transparencia”, y afirmó que “este es un paso más para empezar a simplificarle la vida a los habitantes de la provincia, además de dejar de pedir papeles, documentos o certificados que el mismo Estado ya tiene”.

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Asimismo, el funcionario se refirió a la necesidad de los contribuyentes de poseer la ID Ciudadana, que “es la puerta de entrada al ecosistema digital que hoy día tiene la provincia de Santa Fe, con el que muchos santafesinos ya cuentan porque, por ejemplo, han accedido al Medio al Boleto Educativo, a Mi Escuela, y a distintos servicios donde necesitan la ID ciudadana, que la puede hacer cualquier santafesino con un proceso es muy sencillo: solo necesita el DNI y se hace a través santafe.gob.ar/idciudadana”.

Finalmente, Tabares recordó que “quienes necesiten asistencia pueden comunicarse con el Centro Único de Contactos de la Provincia al 0800 777 0801, para canalizar dudas”.

Ahorro para el Estado y descuento para los contribuyentes

Con este proceso de digitalización, la API dejará de imprimir un total de 3 millones de boletas (1,7 millones de los impuestos inmobiliarios y 1,3 millones correspondientes a Patente) por semestre, generando un ahorro de 300 millones de pesos anuales (en papel e insumos).

Los funcionarios destacaron que “desde el gobierno hemos articulado distintos canales digitales para permitir el acceso y pago de los impuestos y facilitarle la tarea a los contribuyentes”.

Para pagos electrónicos, ingresando a santafe.gob.ar/apiboletas se puede adherir al débito automático (en este caso los contribuyentes serán beneficiados con un descuento del 15% en cada cuota del impuesto adherido); por homebanking, a través de las redes Link o Banelco; y a través de la plataformas Pluspagos o Billetera Santa Fe. Mientras, de manera presencial se puede pagar en cualquier negocio adherido a Santa Fe Servicios, donde se deberá brindar el número de partida inmobiliaria, patente o CUIL. Además, Galíndez indicó que para los casos de Santa Fe Servicios y Billetera Santa Fe “ahora no tendrán la necesidad de contar con la boleta papel: solo con su DNI o el número de partida a abonar va a poder realizar el pago del impuesto”.

Para descargar las boletas de pago y credenciales, los contribuyentes deben acceder a santafe.gob.ar/apiboletas, donde también podrán suscribirse y recibir por mail las boletas a su correo electrónico, además de adherir al débito automático.

Finalmente, Bosco se refirió a la situación de personas mayores que no están habituadas al uso de tecnología, e insistió en que “cualquier persona que antes pagaba con la boleta, podrá hacerlo ahora en Santa Fe Servicios de la misma forma con su número de DNI, partida o dominio; no necesita ningún dispositivo para abonarla”. No obstante, aclaró que “en las delegaciones de API en toda la provincia se puede solicitar asesoramiento”.

Fuente: UNO

El director de la EPE, Hugo Marcucci, dijo que definen un plan especial de financiación a tasas diferenciales, para quienes no puedan pagar los aumentos.

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Ante el fuerte impacto de los aumentos que se esperan en las boletas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que lleguen a partir de abril, en estos momentos se ultiman los detalles para instrumentar un sistema de financiamiento a tasas diferenciales especialmente destinado a los clientes que no puedan hacer frente a los incrementos.

Así lo confirmó a AIRE el director de la EPE, Hugo Marcucci, quien aclaró que se trata de un plan especial para atemperar los mayores costos que se generan a partir del aumento del 150% en el precio de la energía eléctrica -desde el 1 de febrero de este año- y el incremento en el Valor Agregado de Distribución, que rige desde el 1 de marzo.

En estos momentos hay hogares que reciben boletas mensuales y otras bimestrales, aunque divididas en dos pagos iguales. En cualquier caso, el impacto global de los aumentos comenzará a reflejarse en las facturas que comiencen a llegar desde el 20 de abril.

La EPE ya cuenta con un plan de pagos de 24 cuotas, según la tasa activa del Banco de la Nación. Pero frente a los incrementos previstos en este período en particular, se ultiman los detalles para poner en funcionamiento otro sistema especial de financiación que apuntará, en principio, a facilitar el pago de estos aumentos.

La EPE define los detalles del plan especial de financiación

El anuncio oficial de esta herramienta se hará en los próximos días, ya que en estos momentos se terminan de definir ciertos detalles en el sistema de financiación y también en los sistemas internos de la empresa.

Paritarias: Maximiliano Pullaro confirmó que evalúan descontar los días no trabajados a los docentes

Si bien se estudian otros mecanismos de financiación del pago de cuotas que pueden instrumentarse de manera permanente, en este caso se trata de un sistema especial y definido para hacer frente a estos aumentos.

Desde la EPE aseguran que el incremento promedio en el costo de la distribución de la energía será de 8.000 pesos por boleta, y de 2.000 pesos en el caso de los jubilados y los clientes con tarifa social.

El aumento en el precio de la energía, que depende de políticas nacionales, fue del 150% desde el 1 de febrero.

Marcucci explicó que aproximadamente el 30% del valor que aparece en las boletas corresponde al pago de impuestos, el 40% al costo de la energía y el 30% a la distribución que realiza la EPE.

Fuente: Aires de Santa Fe.

En los próximos días, las compañías de prestación de servicios de salud darán luz verde al cuarto incremento consecutivo por encima de los dos dígitos. También está vinculado con el DNU firmado por Javier Milei.

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En un marco en el que rigen diversas cautelares en contra del DNU del presidente Javier Milei, las empresas de medicina prepaga estarían preparando un nuevo incremento de hasta casi un 20% para sus planes a raíz de un impuesto que comenzaría a regir a partir de abril.

En los próximos días, las compañías de prestación de servicios de salud darán luz verde al cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Las subas estipuladas rondarán entre el 16 y el 19%, de acuerdo a cada empresa, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Según explicaron representantes de las principales empresas del sector, el incremento que llegará en el próximo mes también está vinculado con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, pero no por la desregulación sobre el sector. En este caso, al incremento llega de la mano de la creación de un nuevo impuesto.

La nueva carga tributaria es del 20% sobre los adicionales que paga un trabajador por un plan superador al que le ofrece su obra social. Su aplicación podría hacerse efectiva con retroactividad al mes de diciembre, según publicó La Política Online.

Pablo Moyano aseguró que en los próximos días van a anunciar “un paro general o una gran marcha”

El dinero recaudado por las empresas servirá para financiar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual tiene por fin garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) para todos los afiliados del sistema, además de compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales o tratamientos complejos.

Actualmente, las obras sociales sindicales (OSS) aportan un 15% al FSR. Y a partir de abril, las prepagas deberán acompañar a las OSS con un aporte del 20%. No obstante, resta saber que ocurrirá con la vigencia del DNU a partir de lo que se defina en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que en el Senado el decreto ya fue rechazado.

Fuente: Rosario3.

La iniciativa era discutida este martes en la Comisión de Análisis Tributario. Habrá estabilidad fiscal para Pymes, aumento de Inmobiliario en función de la inflación y morigeración para contribuyentes cumplidores. Aumentará Ingresos Brutos para actividad financiera y juegos.

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El Ministerio de Economía termina de definir por estas horas los detalles del proyecto de la Ley Impositiva que regirá durante el 2024. El jueves, la iniciativa será remitida a la Legislatura en tanto que para este martes fue citada la Comisión de Análisis Tributario. La integran tanto diputados como senadores de oficialismo y oposición, así como entidades representativas de la producción, el comercio, la construcción y la industria. En ese ámbito, los funcionarios del Poder Ejecutivo expondrán los lineamientos generales del mensaje, antes de que ingrese a las cámaras.

Su redacción, según se había acordado en la transición, había quedado en manos de la nueva gestión. De ese modo, fue la administración de Omar Perotti la responsable de elaborar el proyecto de Presupuesto para el año que viene, pero es la gestión de Maximiliano Pullaro la que determinará la política tributaria que regirá durante el próximo ejercicio.

Lineamientos

Consultado oportunamente por El Litoral, el ministro de Economía, Pablo Olivares, adelantó los lineamientos del proyecto. Dijo que la provincia "hará un esfuerzo" para que las pymes y "sectores que producen" no deban afrontar una mayor carga tributaria. De se modo, ratificó que se prorrogará la "estabilidad fiscal" y adelantó que el beneficio se extenderá para "las empresas que no sean pymes pero que estén radicadas en la provincia".

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En otro orden, anticipó que "no habrá aumento de la alícuota de Ingresos Brutos para el sector agropecuario, la industria, el comercio, el transporte y la construcción". En cambio, reveló que sí habrá incrementos "para los servicios derivados del sector financiero y el juego".

En cuanto al Inmobiliario, Olivares adelantó que el incremento será en función del índice inflacionario del último año – de acuerdo con los datos difundidos este martes por el IPEC, la provincia acumula de enero a la fecha un 146% de inflación, en tanto que anualizado, el índice se eleva al 160%-, aunque con una morigeración para quienes tengan sus impuestos al día.

"La intención es que los contribuyentes cumplidores tengan un incremento que esté por debajo de la línea de inflación y en línea con lo que han crecido los salarios. Ésa es la prioridad", planteó. Del mismo modo, anticipó que habrá medidas para que "los productores de mediana o pequeña escala que produzcan en sus propios campo, tengan aumentos más atenuados".

Presupuesto

En otro orden, Olivares confirmó que pese a la nueva coyuntura económica nacional, el proyecto de presupuesto provincial 2024 que ya cuenta con media sanción otorgada todavía durante la gestión anterior, no sufrirá cambios.

"El proyecto – sostuvo-, enviado en el contexto de transición, prevé mecanismos para adecuarse porque ya se preveía que las variables nacionales nominales que se utilizaron para confeccionar el proyecto provincial, podían cambiar. Por eso, entendemos que no es necesario modificar el texto", sostuvo. Asimismo, advirtió que la alternativa de cerrar el año sin presupuesto obligaría a reconducir el del ejercicio actual. "Eso sería peor aún, porque implicaría que nos deberíamos arreglar con muchos menos recursos todavía", concluyó.

Fuente: EL

El gobernador Perotti afirmó que no habrá actualizaciones en el corto plazo. En el caso de la energía eléctrica, la EPE contemplaba un aumento cercano al 20 por ciento a partir de septiembre, mientras que a Aguas Santafesinas le quedaba pendiente un 10 por ciento de lo autorizado en marzo.

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El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, confirmó el congelamiento de las tarifas de agua y luz en la provincia en el corto plazo. “No va a haber aumento. Siempre hemos sido cuidadosos de acompañar la situación que se estaba viviendo”, dijo el jefe de la Casa Gris en relación a la decisión tomada en medio del contexto inflacionario del país.

En el caso de la energía eléctrica, tras el último aumento del 35 por ciento aplicado en marzo de este año por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), se había dejado abierta la posibilidad de una nueva suba a partir de septiembre en torno al 20 por ciento, siempre sujeto a cómo impactará el índice de precios, pero no se hará efectiva.

Tampoco habrá modificaciones en la tarifa de Aguas Santafesinas (Assa), pese a que en marzo se autorizó un incremento escalonado del 80 por ciento, del que quedaba pendiente un 10 por ciento en el quinto bimestre de 2023.

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“Asumimos y congelamos; poco a poco fuimos generando algunas modificaciones, pero nunca estuvieron por encima del costo de vida o sobre los incrementos salariales”, indicó Perotti.

Fuente: SFC

El organismo aclaró que "razones de administración tributaria aconsejan adecuar con carácter de excepción" las fechas de vencimiento.

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La AFIP adelantó al 23 y 24 de febrero el vencimiento para el cumplimiento de la determinación e ingreso de distintas obligaciones impositivas, que originalmente estaba fijado para 27 y 28 de este mes.

A través de la Resolución General 5323/23, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que "razones de administración tributaria aconsejan adecuar con carácter de excepción las fechas de vencimiento para el cumplimiento de la determinación y/o el ingreso de ciertas obligaciones impositivas cuyo vencimiento original fuera fijado para el 27 y 28 de febrero" de este año.

Así, estableció que el 23 y 24 de febrero -según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)-, serán las fechas de vencimiento para el cumplimiento de las obligaciones de determinación y/o ingreso del Impuesto al Valor Agregado.

Según lo dispuesto, los vencimientos del 23 serán para los CUIT terminados en 6 y 7; los del 24, para los finalizados en 8 y 9. Ese calendario rige para la presentación de la declaración jurada del IVA del régimen general y el ingreso del saldo resultante correspondientes al período fiscal enero de 2023, al igual que para Libro IVA Digital.

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También para el ingreso diferido del saldo resultante de la declaración jurada del IVA para micro y pequeñas empresas del período fiscal noviembre de 2022 y presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal enero de 2023.

La misma decisión se tomó para la presentación de la declaración jurada del IVA para la actividad agropecuaria del período fiscal enero de 2023 e ingreso anual del impuesto correspondiente a ejercicios con cierre el mismo mes.

Además, estableció con carácter de excepción el 24 de febrero como fecha de vencimiento para la determinación y/o ingreso de las obligaciones tributarias con vencimiento original fijado para el 27, para los siguientes impuestos:

-Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS). Ingreso de las percepciones practicadas entre el 16 y 22 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

-Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. Ingreso de las sumas percibidas y/o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, del período comprendido entre el 16 y 22 de febrero.

-Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos. Ingreso del gravamen correspondiente a las localidades o boletos entregados entre el 16 y 22 de febrero. NA