Un brutal crimen sacudió la ciudad de Barreiras, en Brasil, cuando un hombre asesinó a una mujer trans y, tras cometer el crimen, llevó su cuerpo hasta una comisaría para entregarlo. El presunto agresor, identificado como Sérgio Henrique Lima dos Santos, confesó haber matado a la víctima con una llave de estrangulamiento, conocida como “mata-león”.

Según la reconstrucción policial, la víctima —llamada Rhianna Alves— había sido contratada por el sospechoso para un encuentro sexual. Durante el trayecto en auto habrían discutido; él alegó que se sintió amenazado cuando ella, supuestamente, quiso sacar un objeto de su bolso, por lo que actuó en “legítima defensa”.

Pese a la confesión, las fuerzas de seguridad decidieron liberar al hombre. Esa decisión desató una ola de críticas de parte de la familia de Rhianna —que exige justicia— y de organizaciones de derechos humanos que denuncian un claro mensaje de impunidad hacia los crímenes contra personas trans.

“Le quitaron la vida a una persona llena de luz, no a una cifra más”, expresó una hermana de Rhianna en redes sociales, visiblemente indignada por la liberación del sospechoso. Parientes y activistas cuestionan la actuación policial y piden que el caso se encuadre sin dilaciones como un femicidio transfóbico.

Especialistas consultados coinciden en que la decisión de liberar al agresor, aún con confesión, —amparada en la presunción de inocencia prevista por la legislación brasileña— genera un precedente peligroso. Para ellos, enviar un mensaje de impunidad puede alentar nuevos ataques contra personas trans.

Mientras tanto, la comunidad exige que se acelere la investigación y se garantice justicia: cualquier demora, advierten, será interpretada como una señal de tolerancia hacia la violencia de género y transfóbica. El caso reaviva la urgencia de políticas de protección efectiva a los colectivos vulnerables.

El Litoral

El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, procesó al capo narco y a su sobrino. Además, avaló el pedido de Procunar de generar mayores controles y restricciones en los penales federales donde están alojados los jefes narcos.

Vos tenés que tener otro, por ahí siempre guardado. Dos o tres tirados por ahí, boludo … agarrá unos pedazos de carne, congelalos re bien, pero bien congelados y mételo ahí adentro… si sabés lo que tienen que renegar ellos para descongelarte un coso, tienen que ir con un martillo y darle martillazos…”

La escucha telefónica es de enero de 2023, cuando el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, demostraba cómo accedía a los celulares que su familia pasaba cuando lo visitaba. En este caso, en trozos de carne congelada.

Esta semana el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, que tiene jurisdicción sobre el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, procesó al líder de Los Monos, a su sobrino Uriel Cantero, conocido como “Lucho”, hijo de Claudio, asesinado el 26 de mayo de 2013.

El fallo también alcanzó a Triana Cantero, hija de Guille, y a una sobrina, Soledad Rivas. Eran las encargadas de armar una especie de locutorio en Rosario, donde Guille se comunicaba con ellas, que triangulaban las llamadas con otros miembros de la banda para organizar la venta de drogas.

A raíz de esta investigación, la justicia federal decidió restringir las comunicaciones y las visitas al jefe narco y a su sobrino Uriel Cantero. Algo similar se resolvió con respecto a otro capo narco santafesino, Esteban Lindor Alvarado, que está preso en el penal de Ezeiza y está acusado de ser uno de los ideólogos –junto con Claudio “Morocho” Mansilla– de los crímenes que sembraron el terror en Rosario a principios de marzo pasado.

En la investigación contra Guille Cantero y su sobrino se detectó que ambos usaban a familiares directos, con los que se comunicaban con el teléfono del penal, para triangular llamadas con otros miembros de la organización.

En ese plano, se detectó que en enero de 2024, Débora Soledad Rivas, conocida como Sole, recibió una llamada desde la cárcel a nombre de Cantero. Dijo “ese es Guille… yo le uno las llamadas”. El líder de Los Monos le pidió que le explique a la gente con la que debía contactarse con él que llamaran cada veinte minutos.

“Hemos de considerar que el uso indebido de las comunicaciones le permitió a Cantero hacer uso del teléfono de línea aportado por el Servicio Penitenciario Federal en pos de dirigir hechos intimidatorios”, señala el fallo. El jefe narco usaba a aquella joven como una suerte de “locutorio”, porque en realidad se comunicaba con otras personas con las que no tenía permitido hablar.

A pesar de las medidas de restricción que se aplicaron durante los últimos años, el jefe narco siempre encontró la manera de sortear los controles y seguir impartiendo órdenes desde la penitenciaría, como ocurrió en enero pasado, cuando se comunicaba con su sobrina y ella era quien triangulaba las llamadas con miembros de la banda criminal.

Según se desprende del fallo, los fiscales federales fueron comprobando cómo “la narcocriminalidad organizada intramuros en los establecimientos carcelarios a lo largo del tiempo” continuaba, ya que “las medidas que se aplicaron a lo largo de los últimos años para su erradicación no resultaron suficientes”, y que “a pesar de los esfuerzos adoptados, éstas fueron sistemáticamente transgredidas”.

Robaron en un deposito de mercadería y hasta defecaron allí

Esta estrategia de conducir la banda criminal desde la cárcel es algo que hace Cantero desde hace años. En 2020, los investigadores detectaron que Guille había organizado al menos dos estructuras para la comercialización de estupefacientes desde la cárcel federal, y que el lugar de detención desde el cual habría llevado a cabo las actividades es uno de los tres que tiene el Servicio Penitenciario Federal como de máxima seguridad, por lo que se entendió que las medidas adoptadas durante su alojamiento no dieron el resultado buscado.

El 4 de marzo de año 2022, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, a instancia de los fiscales, ordenó la aplicación de varias medidas de seguridad dirigidas a evitar que el líder de Los Monos continuara realizando maniobras criminales desde su lugar de detención. En ese momento, se ordenó su alojamiento en un sector que impedía el contacto con otros internos vinculados al narcotráfico o crimen organizado. También se dispuso el control de los abonados con quienes mantenía comunicaciones, con limitación de horario. Y además la realización de requisas aleatorias cada 14 días para constatar que no tuviera celulares dentro de la cárcel. Pero Cantero logró sortear esas maniobras.

Luego, ante los sucesivos fracasos en los controles, en enero de 2024, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich implementó el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo”. El Servicio Penitenciario Federal logró individualizar a los presos de “alto riesgo”, es decir, aquellos que tienen capacidad de fugarse o generar violencia en las ciudades, y los separó del resto de la población carcelaria. Entre ellos se encontraban varios narcos rosarinos, como Cantero, su sobrino Uriel, alias “Lucho”, y Esteban Alvarado.

Con esta nueva resolución judicial las medidas de restricción se agudizan. Porque el juez Rodríguez dispuso que Cantero tiene prohibidas las comunicaciones con el exterior y solo podrá mantener entrevistas con su abogado defensor. Esto era lo que había solicitado Procunar, en la causa en la que señaló que era necesario “aumentar las medidas de seguridad sobre las condiciones de detención” del líder de Los Monos y de su sobrino.

Según se plantea en la resolución judicial y en el pedido de los fiscales Diego Iglesias y Sebastián Basso, a los que tuvo acceso La Nación, el refuerzo de restricciones busca “detener las interacciones indebidas con personas que operan bajo sus órdenes en el planteamiento y ejecución de actos de tráfico de drogas y de violencia, todo ello en un contexto de criminalidad organizada”.

El juez ordenó el cese de las comunicaciones telefónicas de Guille y de Lucho por fuera de sus abogados. Prohibió el ingreso a prisión de las dos personas, un hombre y una mujer, que estaban autorizadas a visitarlo en prisión. Las medidas que fueron consideradas como las “únicas razonables” para “hacer cesar la actividad de la organización narcocriminal en la que Cantero ejerce su liderazgo”.

El magistrado dispuso que se libren oficios notificando la medida al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a las autoridades Marcos Paz y a los tribunales en los que se encuentren registradas las numerosas causas penales que acumula el preso rosarino.

El líder de Los Monos suma condenas por más de 100 años de prisión en ocho causas penales por ser el jefe de la conformación original de la banda, por dirigir atentados a tiros a objetivos judiciales, un secuestro, amenazas a un juez y por el tráfico y comercio de drogas, entre otros delitos.

Su sobrino Lucho, en tanto, está acusado de liderar una célula propia con más de veinte integrantes dedicada a cometer distintos delitos en la zona sur de la ciudad. Fue detenido en enero de 2022 tras la difusión de un video en la cual disparaba una ametralladora desde una terraza del barrio 17 de Agosto. Un año antes había posado en una foto con el cantante trapero Zaramay exhibiendo un fusil y otras armas. También fue ligado al atentado a tiros contra un móvil de la Policía de Acción Táctica en cercanías del Casino City Center.

La resolución judicial se produjo días después de que el gobernador Maximiliano Pullaro, bajo el concepto del “aislamiento pleno” y con la idea de suspender visitas íntimas y llamadas, planteara endurecer aún más las condiciones de detención de los presos de alto perfil, cuyo régimen de detención ya se vio restringido apenas asumió y tras la aprobación de reformas a la reglamentación del encierro.