Con 149 a favor, 100 en contra y cero abstenciones quedó aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.

Tras unas diez ocho horas de debate, la Cámara baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.

El tratamiento se dio en una sesión extraordinaria que arrancó a las 11.18, con una jornada larga y cargada de tensión, donde se colaron cuestiones de privilegio entre tandas de oradores, y con el telón de fondo de un caso que el Ejecutivo.

Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo de la Ley para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta de Provincias Unidas no fue aceptada. Luego, fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto.

El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación quirúrgica de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

En el arranque del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será “un gran paso para Argentina” y defendió que el sistema vigente es “ineficiente”, no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea fue clara: aún con pocos casos, el Estado “tiene que actuar”, y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció “cruel”.

Enfrente, Victoria Tolosa Paz (UxP) lo calificó como “mamarracho jurídico” y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —“delito de adulto, pena de adulto”— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados “no durlock en cárcel de adultos”. Insistió en que el problema “no se soluciona con marketing” ni “cambiando la edad como si fuera un juego de póker”.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un “vacío de política pública” sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría “no fueron tenidos en cuenta”. También remarcó que el abordaje presupuestario es “ínfimo” y que no incluye con claridad el impacto provincial.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: “el que le vote que sienta vergüenza”, dijo, y advirtió que bajar la edad no resuelve y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco “vayan a buscar como soldaditos” a chicos aún más chicos, de 10, 11 y 12, si el sistema cambia el umbral.

Del lado oficialista, el libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta. “No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental”, planteó.

Entre los respaldos, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar a 14 años, pero dejó una advertencia que atravesó a varios dialoguistas: descree que el Gobierno “ponga el presupuesto” real para infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro “cerca de 7.000 dólares”, y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en provincias.

Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate “necesario” y “postergado”, con una ley de casi 50 años frente a una “violencia desbordada”. Y marcó una línea que sintetizó el consenso: “es prudente” dejar la edad en 14 porque no hay “consenso científico” para ir más abajo y por la “capacidad real del Estado”.

En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa el territorio: el narcotráfico como red de captura. Dijo que Santa Fe “reclama” un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos “agarren” a los chicos. Pero sumó un límite: la inversión social “tiene que darse en conjunto” y no puede recaer solo en las provincias.

La iniciativa, ya con media sanción, pasó al Senado. Allí el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, poroteo fino y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.

EL

En la antesala de la audiencia en tribunales de Santa Fe para definir cuáles son las medidas a tomar con los menores de edad acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el gobierno provincial detalló parte de su propuesta y abordaje.

Desde las 11 horas se realizó la audiencia multipropósito presidida por el juez Gustavo Urdiales y que también cuenta con la presencia de representantes de ambas partes del caso.

Desde el gobierno santafesino, el máximo enviado fue el Ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, quien habló con CyD Litoral antes de ingresar a la discusión: “Hicimos una propuesta que después está en manos de Fiscalía y se va a discutir en la audiencia en el marco de lo que la ley nos permite hoy en día”.

Cococcioni hizo foco en la edad de la punibilidad de los menores como el foco del debate del sistema penal juvenil: “Creemos que hay que discutir urgentemente la baja la baja con posibilidad a nuestro criterio de perforación del mínimo, es decir, de ir más abajo de la edad en casos excepcionales, graves que lo ameriten y cuando hay un dictamen de peritos que acreditan que el menor tuvo la capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.

“Para aquellos menores que siempre pueda haber que no resulten punibles, tiene que haber a nuestro criterio la posibilidad de una medida restrictiva, una medida en algunos casos hasta de internación”, agregó el ministro.

De cara a la discusión nacional, el funcionario de Seguridad adelantó que la Casa Gris se puso “a disposición de los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe para ir también al Congreso y dar esa discusión”.

Daniela León, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, complementó las expresiones de Cococcioni: “Hemos hecho una propuesta de las medidas que están previstas hoy en el nuevo código”, y aclaró que no se pueden dar precisiones sobre las mismas “porque aún no está el resultado de la audiencia”.

“El organismo de aplicación va a ser la Secretaría de Niñez, pero en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es lo que tenemos para decir, no podemos hablar de las propuestas porque se hablará luego del resultado de la audiencia”, remarcó la funcionaria.

Tras ser consultada por El Litoral sobre la viabilidad de un traslado de los menores de edad acusados de matar al joven santotomesino, León indicó que si es posible, luego de que el abogado de la víctima, Bruno Rugna, hiciera pública la intención.

Un ejemplo reciente de esta metodología es el caso del joven de 16 años que cometió ocho robos durante el mes de enero en San José del Rincón y fue trasladado al E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela.

León detalló que desde el área de Niñez de la provincia se han elevado “más de 15 actas de intervenciones, hemos tenido entrevistas a los progenitores, en algunos casos a familia ampliada, también a los propios adolescentes y todo ese material lo tiene el fiscal”.

Cococcioni también indicó al respecto: “Respecto de las personas que serían objeto de la medida, no se le ha anticipado tengo entendido, y eso es algo que tiene que formar parte de lo que se discute. Son medidas que eventualmente impondrá un magistrado y tendrán que cumplirlas”.

“Obviamente ha habido un contacto y una contención desde el principio con la familia de Jeremías, no sólo por cuestiones relativas al al la información sobre la causa, sino también en la el acompañamiento, en la contención, el poder escucharlos y que sepan que con todas las herramientas que tengamos en la provincia de Santa Fe va a estar para acompañar las víctimas”, comentó el encargado de la cartera de Seguridad.

El Litoral

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, fijó postura sobre la baja de la edad de imputabilidad y expresó su respaldo a la discusión impulsada a nivel nacional. En un pronunciamiento público, cuestionó el uso de menores como “escudo del delito” y reclamó herramientas concretas para enfrentar la violencia.

“Basta de usar a los menores, es hora de que la justicia sea real. Como dice Maximiliano Pullaro, necesitamos herramientas para frenar la violencia. Queremos una Rafaela segura, donde el esfuerzo de los honestos valga más que la impunidad de los delincuentes”, sostuvo el mandatario local. 

El posicionamiento de Viotti se dio en el marco de la decisión del Gobierno nacional de incluir la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La medida fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni.

El decreto habilitó el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de modificar el esquema vigente y permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados. El actual régimen establece los 16 años como edad mínima de punibilidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se manifestó a favor de una reforma del régimen penal juvenil, especialmente en casos de delitos graves. Lo hizo tras el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad. 

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó Pullaro, quien además cuestionó el enfoque garantista en materia penal y remarcó que la discusión debe centrarse en la gravedad del delito más que únicamente en la edad del autor.

En ese contexto, el intendente Viotti alineó su postura con la del gobernador y con el debate nacional en curso, remarcando la necesidad de avanzar en cambios que, según expresó, permitan fortalecer la seguridad y reducir la impunidad.

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil, luego de ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad.

En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el mandatario provincial al fijar su postura sobre el debate penal juvenil.

Pullaro también cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años la política penal en la Argentina. “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, planteó.

En esa línea, profundizó su mirada: “Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

El gobernador recordó antecedentes que marcaron su posición sobre la imputabilidad. “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”, señaló.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón, insistió en que la discusión no debe concentrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho. “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo.

Pullaro agregó que “no es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, y remarcó que se trata de un debate estructural que el país debe dar.

En su análisis, el gobernador advirtió sobre el rol que cumplen las organizaciones criminales en estos escenarios. “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”, afirmó.

Por eso, sostuvo que la normativa debe ajustarse al presente: “Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”.

En esa línea, cerró con una definición política sobre el rumbo que impulsa: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan”.

EL 

El cruento crimen de Jeremías Monzón llegó a los medios nacionales por estas horas por la viralización del supuesto video filmado mientras era asesinado. Las imágenes, se filtraron y la familia pide que cesen de compartirlas al tiempo que busca saber cómo se hizo público.

Mientras tanto, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido en la ciudad de Santa Fe previo a Navidad. Cientos de posteos de usuarios conmocionado por el calibre de lo que en teoría muestran las imágenes.

Tal es el estado de perplejidad que lo ocurrido también copó la agenda de legisladores nacionales. Como el caso de Patricia Bullrich, quien además viene como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El caso volvió a poner arriba de la mesa de las discusiones nacionales el Código Penal aplicado a los jóvenes. En concreto, la edad de imputabilidad.

A través de su perfil en X, la ahora senadora nacional Bullrich posteó: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Y siguió: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Expresiones parecidas tuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando este miércoles se le preguntó en rueda de prensa sobre este hecho.

“Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, insistió el mandatario, y remarcó que la criminalidad cambió y exige respuestas legales acordes.

“El delito debe pagarse como si lo cometiera un mayor”, sintetizó Pullaro al argumentar su postura. Para el gobernador, no se trata de una discusión ideológica sino de una respuesta institucional frente a nuevas formas de criminalidad que ya no encajan en marcos legales diseñados décadas atrás.

“La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”, concluyó Pullaro en diálogo con la prensa.

EL

Se trata del bonaerense Ramiro Gutiérrez, quien también planteó que no se deben conceder excarcelaciones a personas que posean armas de fuego sin documentación.

Un diputado nacional del Frente de Todos reclamó que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años y pidió que no haya excarcelación para las personas que sean detenidas con armas de fuego sin documentación.

Se trata del bonaerense Ramiro Gutiérrez, quien presentó en octubre pasado un proyecto de ley para ampliar el universo de personas imputables por la Justicia ante la comisión de delitos.

"Estamos viviendo una situación muy complicada. Hay gente armada en la vía pública que, así como hay gente que toma la decisión de ir a trabajar, toman la decisión de salir con un arma a robar o matar", sostuvo el legislador.

En declaraciones radiales, el dirigente oficialista señaló que su iniciativa legislativa busca "darle nuevas herramientas a la Policía y a los jueces para que cuando encuentren a una persona con un arma no puedan ser excarceladas".

Al referirse al asesinato del empresario Andrés Blaquier, cometido el pasado fin de semana por dos jóvenes de 18 años con antecedentes, Gutiérrez afirmó que el autor de los disparos "es un asesino".

"A partir de los 14 años de edad esta persona comprendía perfectamente lo que hacía", subrayó el diputado nacional.

En ese sentido, consideró necesario modificar la responsabilidad penal, lo que propone en su iniciativa: "Es un histórico proyecto de (Sergio) Massa de hace varios años, que volvimos a recrear. La edad es la posibilidad de comprensión, un joven a los 14 años comprende perfectamente que un arma es un instrumento capaz de matar a otro".

"Hay una ostentación absoluta de la portación de armas, un culto que se ve en las redes", lamentó el dirigente oficialista.

Las iniciativas para bajar la edad de imputabilidad son cuestionadas por organismos de derechos humanos y espacios dedicados a la infancia y la juventud, como UNICEF.